PRIMERO: Se declara Parcialmente Con Lugar la querella funcionarial por Cobro de Diferencia de Emolumentos interpuesta por el ciudadano Marco Antonio Fernández contra la Alcaldía de Palavecino del Estado Lara. SEGUNDO: Se ordena a la Alcaldía de Palavecino del Estado Lara cancelarle a la parte querellante la cantidad de Nueve Millones Quinientos Sesenta Y Dos Mil Quinientos Cincuenta y Ocho Bolívares con Ocho Céntimos (BS. 9.562.558,08) por concepto de Diferencia de Emolumentos (dietas) dejados de percibir desde el 01 de junio del 2003 hasta el 30 de agosto del 2005. TERCERO: No hay condenatoria en costas vista la naturaleza del fallo.

PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano GIOMAR PASTOR ROJAS TOVAR contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA. SEGUNDO: Se ordena el pago del bono vacacional y bonificación de fin de año causados desde el 01-01-1996 hasta el 31-12-00, y los intereses moratorios ordenados a pagar en al presente decisión desde el 01-01-96 hasta la fecha de ejecución del fallo, calculados en base a la tasa fijada por el Banco Central de Venezuela, para lo cual se ordena una experticia complementaria del fallo que cuantifique el monto de los mencionados bonos y el calculo de los intereses. TERCERO: No hay condenatoria en costas dada la naturaleza del fallo.

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano ALDRIN JOSE SEQUERA SANCHEZ contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón del principio de igualdad Constitucional, ya que si bien no puede condenarse a la Administración Pública mal podría condenarse a los particulares.

PRIMERO: Se declara SIN LUGAR la querella funcionarial interpuesta por el ciudadano FREDDY GONZÁLEZ contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO IRIBARREN DEL ESTADO LARA. SEGUNDO: No hay condenatoria en costas en razón del principio de igualdad Constitucional, ya que si bien no puede condenarse a la Administración Pública mal podría condenarse a los particulares

Se declara CON LUGAR el amparo cautelar intentado por los ciudadanos ELVIS LARA PEÑA, NELSON CANELONES GUEVARA, HENDER ARIAS ZAMBRANO, YERALDY ECHEVERRÍA PÉREZ, YBRAHIM RODRÍGUEZ, CARLOS DÚRAN, LUIS PÉREZ, YORMAN ROJAS GRANDA, CARLOS RODRÍGUEZ GUEDEZ Y JOSÉ RIVAS MENDOZA en contra del CONSEJO DIRECTIVO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL EXPERIMENTAL POLITÉCNICA “ANTONIO JOSÉ DE SUCRE” (UNEXPO). SEGUNDO: Se ordena como mandamiento de amparo la suspensión de los efectos de la Resolución Administrativa Nº CD-VRB-2006-34-01, de fecha 08 de agosto del 2006, Sesión Extraordinaria Nº 2006-34, que fue adoptada y aprobada por el Consejo Directivo de la Universidad Nacional Experimental Politécnica “Antonio José de Sucre”, y en consecuencia se ordena la inmediata reincorporación de los quejosos a sus actividades académicas dentro de la Universidad.

En el caso que se examina, el último acto procedimental ocurrió el día 15 de Mayo de 2006, momento en que se admitió la demanda, por consiguiente habiendo transcurrido más de un año, de inactividad y falta de impulso de proceso, este Tribunal Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Circunscripción Judicial de la Región Centro Occidental, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, de conformidad con lo dispuesto por el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia aparte décimo catorce, DECLARA CONSUMADA LA PERENCION DE OFICIO, en virtud de que la instancia se ha extinguido de pleno derecho por paralización de la causa por más de un año.

este Tribunal declara INADMISIBLE in limine litis la presente Demanda por caducidad de la Acción de Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, interpuesta por la ciudadana DELLA SOLEDAD COLMENARES venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 7.451.779, a través de sus apoderados judiciales, abogados ERNESTO CARVAJAL y LUYMAR HERNÁNDEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 113.811 y 114.303. Notifíquese de la presente decisión a la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil Así se declara, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley.

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara IMPROCEDENTE las medidas cautelares solicitadas por JOSE NICOLAS MENDEZ y MARIA FLORIDA GALAVIS DE MENDEZ contra el JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL MERCANTIL Y TRANSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA

este Tribunal declara INADMISIBLE in limine litis la presente Demanda por caducidad de la Acción de Cobro de Prestaciones Sociales y otros conceptos laborales, interpuesta por la ciudadana BEATRIZ MARÍA FERNÁNDEZ venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad número 5.126.812, a través de sus apoderados judiciales, abogados ERNESTO CARVAJAL y LUYMAR HERNÁNDEZ, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 113.811 y 114.303. Notifíquese de la presente decisión a la parte demandante de conformidad con lo establecido en el artículo 251 del Código de Procedimiento Civil Así se declara, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley.

En consecuencia este Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, Administrando Justicia, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara INADMISIBLE la presente acción de amparo interpuesta por la ciudadana ERKIS ROSANNA PANNILLO CAMACARO, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 10.840.816, a través de su apoderado judicial abogado en ejercicio LUIS EDUARDO PEREZ RAMONES, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 90.063, de conformidad con el artículo 6 Ordinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales.