En Virtud de las razones antes expuestas, este Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano WILLIAMS ANTONIO SOSA SUAREZ, identificado en autos en contra de TASCA RESTAURANT LOS NERIOS SEGUNDO: Se ordena a TASCA RESTAURANT LOS NERIOS que pague al ciudadano WILLIAMS ANTONIO SOSA SUAREZ, identificado en autos la cantidad Bs.F. 39.805,55 por concepto de indemnizaciones por despido injustificado, vacaciones, bono vacacional , utilidades, Indemnización de Antigüedad y Compensación por Transferencia establecidas en el artículo 666 LOT, más el resultado de la experticia complementaria del fallo respecto a la antigüedad e intereses acordados, realizada por un único experto nombrado por el Tribunal.

Por los razonamientos antes expuestos, éste Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, y como consecuencia de ello la extinción del proceso. SEGUNDO: Se ordena el archivo del expediente y la remisión del mismo al Depósito de Expediente del Archivo Judicial Regional. TERCERO: No hay condenatoria en costas en atención a lo dispuesto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil, por aplicación analógica según remisión expresa del artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

En virtud de lo expuesto por las partes, este Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, por cuanto la Mediación ha resultado positiva de conformidad con lo previsto en el artículo 133 de la LOPT, y por cuanto no han resultado vulnerados derechos irrenunciables del EX TRABAJADOR, ni normas de orden público, HOMOLOGA LA MEDIACIÓN CELEBRADA POR LAS PARTES impartiéndole el correspondiente efecto de Cosa Juzgada y da por terminado el presente juicio. Por último, el Tribunal acuerda las copias certificadas de la presente transacción anteriormente solicitadas. Es todo. Terminó, se leyó y conformes firman.

Es importante señalar que la última actuación del trabajador en el procedimiento administrativo fue en fecha 25 de mayo de 2010, en el acto de ejecución forzosa de la providencia administrativa, en donde se solicitó de oficio la apertura del procedimiento sancionatorio por al incumplimiento del empleador. A partir de ese momento y durante todo el procedimiento sancionatorio, el trabajador no mostró interés en la ejecución efectiva de la providencia ni exigió otro traslado para verificar el reenganche. En consecuencia, es evidente la falta de interés actual del querellante en la fase final de las vías ordinarias; resultando forzoso para quien aquí decide declarar INADMISIBLE el amparo constitucional interpuesto, decisión de carácter formal que no produce cosa juzgada material. Así se decide.

El criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 955 de fecha 23 de septiembre de 2010 establece que el conocimiento de los recursos de nulidad contra las providencias administrativas emanadas de los inspectores del trabajo en materia de inamovilidad, y los amparos constitucionales relacionados a la ejecución de tales providencias lo conocerán los Tribunales del Trabajo en Primera Instancia, no incluyendo en el conocimiento de éstos a las providencias dictadas por el mismo órgano administrativo del trabajo en otros procedimientos, como en este caso que se trata de un procedimiento colectivo de realización de referéndum sindical para determinar cual sindicato administrará la convención colectiva a realizarse. En conclusión, en criterio de quien sentencia no corresponde el conocimiento al Juzgado de Primera Instancia de Juicio, sino a los Juzgados Superiores en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, por lo que conforme.....

DECISIÓN Por las consideraciones precedentemente expuestas, éste Juzgado Superior Primero en lo Civil y Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la apelación interpuesta por el abogado JORGE ELIÉCER VÁZQUEZ M., Apoderado Judicial de la parte demandada. No hay condenatoria en costa por la naturaleza de la decisión. Déjese copia certificada de la referida sentencia de conformidad con lo establecido en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Regístrese y publíquese.

DISPOSITIVA En atención a las consideraciones que preceden este Tribunal de Primera Instancia Penal en Funciones de Control Nº 11 del Circuito Judicial Penal del estado Lara, Extensión Carora, Administrando Justicia en nombre de la República de Venezuela y por Autoridad de la Ley, vista la aprehensión ADRIAN RAMON PERNIA, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-18.968.35, declara: PRIMERO: Con Lugar la solicitud fiscal y DECLINA LA COMPETENCIA en razón del Territorio Juzgado de Control del Estado Táchira. SEGUNDO: Líbrese oficios correspondientes. La parte dispositiva del presente auto fue dictada en audiencia celebrada el día de hoy 18 de Abril de 2011 en presencia de todas las partes quedando debidamente notificadas. Es todo, regístrese, publíquese y cúmplase. La Juez de Control Nº 11 La Secretaria Abg. Neddibell Giménez Jiménez ASUNTO PRINCIPAL: KP11-P-2011-1604

Se DECLARA: PARCIALMENTE CON LUGAR la apelación interpuesta por el Abogado Armando Goyo Medina, inscrito en el Inpreabogado bajo el N° 27.110 en su condición de endosatario en procuración contra la sentencia definitiva de fecha 6 de Diciembre del 2010 por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de esta Circunscripción Judicial; por lo que en consecuencia se declara parcialmente con lugar la demanda interpuesta por este como endosatario en procuración, condenándose a la demandada ciudadana Mirla Victoria Teran de Montero, ya identificada, a pagar al accionante los siguientes conceptos: PRIMERO: La cantidad, de DIEZ MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 10.400,00); monto este que es el equivalente a la cantidad de DIEZ MILLONES CUATROCIENTOS MIL BOLIVARES (Bs. 10.400.000,00) por el cual fue aceptada la letra de cambio, SEGUNDO: La indexación practicada sobre la cantidad de DIEZ MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES (Bs. 10.400,00); por un solo perito designado por .....

Por las razones antes expuestas, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: CON LUGAR la acción de CUMPLIMIENTO DE CONTRATO DE ARRENDAMIENTO, incoada por el ciudadano RAÚL AZPARREN MACIAS, contra las ciudadanas CARMEN YOLANDA ROJAS URDANETA Y GLADIS MARIA ROJAS DE POCATERRA, todos identificados en la parte superior de esta sentencia. SEGUNDO: En consecuencia, se condena al demandado a entregar el inmueble que le fue dado en arrendamiento, constituido por un Apartamento ubicado en la Urb. Club Hípico Las trinitarias, Residencias Los Piso, Apartamento Nº 66, de la ciudad de Barquisimeto, estado Lara. TERCERO: Se condena en costas a la parte demandada. CUARTO: No se ordena la notificación de las partes, por haber salido dentro del lapso establecido por la ley.

Este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, DECLARA SIN LUGAR LAS CUESTIÓNES PREVIAS OPUESTAS, prevista en el artículo 346, ORDINAL 3º y 6º, en concordancia con el artículo 340 ordinales 8, y 9 del Código de Procedimiento Civil, opuesta por la parte demandada entidad COOPERATIVA CASCO 177, R.L., representada por los ciudadanos VÍCTOR SEGUNDO RODRIGUEZ LEAL y JOSÉ MARIA GANDARA VÁSQUEZ, en el presente juicio de COBRO DE BOLIVARES, incoado por la entidad mercantil Sociedad Mercantil DISTRIBUIDORA URES, C.A., representada por la ciudadana EDDY COROMOTO ADAN, todos antes identificados. Se condena en costas a la parte demandada por haber resultado vencida en la incidencia de conformidad con el artículo 274 del Código de Procedimiento Civil. Se advierte expresamente que la contestación de la demanda tendrá lugar de conformidad con la regla.....