Este Juzgado Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y de Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Ciudad Bolívar, en nombre de la República y por autoridad de la Ley, declara: Primero: CON LUGAR el recurso de apelación ejercido por el ciudadano Douglas Belloso, asistido por el Abg. Alejandro Inaudi. Segundo: IMPROCEDENTE la apertura de la incidencia conforme a lo previsto al artículo 607 de nuestro ordenamiento adjetivo civil, a los fines que "dilucidar" la ubicación exacta del bien inmueble (local comercial arrendado) supra identificado objeto a restituir a su arrendatario-apelante, según mandamiento constitucional ordenado por este juzgado en fecha 28-03-2016. En consecuencia, se ordena al Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Heres de este mismo Circuito y Circunscripción Judicial, restituya de manera INMEDIATA al ciudadano Douglas Belloso en su condición de arrendatario la posesión del local comercial Nº.....

Ahora bien, ciertamente que la competencia para declarar el divorcio por mutuo consentimiento le corresponde en principio a los jueces de paz, cuando no hay niños o adolescentes en el matrimonio conforme a la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, o a los jueces de protección del niño, niña y adolescente conforme a las normas de la Ley Orgánica de Protección del Niño, Niña y del Adolescente cuando sí existan en el matrimonio, como lo determinó la Sala Constitucional, sin embargo es un hecho notorio judicial que los jueces de paz, aún cuando existen varios designados por el Tribunal Supremo de Justicia, sin embargo en la actualidad no han sido autorizados para tramitar los procesos previstos en la ley que rige sus actividades ni para celebrar matrimonios, por cuanto a la presente fecha no se ha completado la inducción de estos jueces por parte del Máximo Tribunal para que entren en plenas actividades. No obstante, aún cuando no han entrado en plenas act.....

Se dicto SENTENCIA INTERLOCUTORIA, en la presente causa de OBLIGACION DE MANUTENCIÓN, DECLARA de OFICIO la Perención anual de la Instancia en el presente juicio incoado por la ciudadana: DANIELA ALEJANDRA LAREZ CONTRERAS, en contra del ciudadano RAMON ELIGIO APARACIO, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 267 Ordinal 1º Código Procedimiento Civil, concordancia con el artículo 269 ejusdem, y en tal virtud declara; extinguido el presente juicio. Se deja constancia que la presente sentencia, no fueron dializados el día correspondiente 15/12/2016, debido a fallas en el servidor del sistema Juris 2000, el cual fue enviado a la Ciudad de Caracas, para su reparación según información suministrada por el personal Técnico.-

Ahora bien, por cuanto se desprende del escrito presentado por los mencionados cónyuges, anteriormente identificados, que celebraron el matrimonio civil en fecha Dieciocho (18) de Diciembre de 2015, por ante el Registro Civil de la Parroquia Unare, Puerto Ordaz, Municipio Caroní del Estado Bolívar, según consta del Acta de Matrimonio; que su último domicilio conyugal lo fijaron en la Avenida Antonio de Berríos, cruce con Calle Mariño, Callejón la Ceiba, Casa Nº 100, San Félix, Municipio Caroní del Estado Bolívar; que durante el matrimonio no procrearon hijos, por las razones allí expuestas han convenido su SEPARACIÓN DE CUERPOS Y BIENES, de conformidad con el artículo 189 del Código Civil en los términos contenidos en el referido escrito y así piden al Tribunal que sea decretada; observando el Tribunal que en atención al domicilio conyugal es competente para conocer de la referida solicitud conforme lo dispone el artículo 762 del Código de Procedimiento Civil; advirtiendo asimismo, que.....

este Juzgado Segundo (2º) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, extensión Puerto Ordaz, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara INADMISIBLE LA OFERTA REAL DE PAGO, conforme a lo establecido en el artículo 124 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, por no haber corregido el Libelo de Demanda.

Por tales razones considera este Juzgado que las medidas solicitadas no están ajustadas a derecho y en consecuencia de ello en nombre de la República bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, conforme a los artículos 26, 49 ordinal 1ro, 253 y 257 de la Constitución Nacional y los artículos 12, 15, 585, 586, 588 ordinal 1ro y 3ro y 600 del Código de Procedimiento Civil SE NIEGAN LAS MEDIDAS DE PROHIBICION DE ENAGENAR Y GRAVAR Y EMBARGO CAUTELAR solicitadas por la parte actora y así expresamente se establece.- .-

Mediante Resolución PJ0832017000019, se dicto sentencia definitiva, declarando con lugar, la presente solicitud de separación de cuerpos, interpuesto por los ciudadanos JOSE RIVAS y MARIA MENA. Se deja constancia que la presente sentencia, no fue dializada el día correspondiente, debido a fallas en el servidor del sistema Juris 2000, el cual fue enviado a la Ciudad de Caracas, para su reparación según información suministrada por el personal técnico.

Se deja constancia que en fecha 20/01/2017 no se pudo dejar cosntancia motivado a que hubo fallas interrupcion en sistema juris 2000, es por lo que se esta dejando constancia de ellos en la fecha 24/17/2016 y que mediante Resolucion Nº PJ0832017000031 SE DICTÓ SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITVA DECLARANDO DESISTIDO EL PROCEDIMIENTO Y EXTINGUIDA LA INSTANCIA.

Este Tribunal Superior en lo Civil, Mercantil, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el recurso ordinario de apelación ejercido por el ciudadano Cesar Trinidad León, asistido por el abogado Pedro Rafael Goitia Manzano, inscrito en el IPSA, bajo el N° 9566, contra la sentencia dictada por el Tribunal Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, de fecha 16 de septiembre de 2016. SEGUNDO: INADMISIBLE la demanda de acción mero declarativa, incoada por el ciudadano Cesar Trinidad León, contra de los ciudadanos Ramón De Jesús Silva y Carmen Zenaida Rodríguez Romero. TERCERO: Queda así CONFIRMADA la sentencia apelada de fecha 16 de septiembre de 2016.

Se ordena a los querellados, ciudadano: RICHARD NORIEGA, y otros, PARALICEN inmediatamente la construcción del muro medianero o cerco perimetral iniciado, en caso de no cumplir con la orden impartida entrarán en desacato y las obras construidas en contravención de la orden del Tribunal serán destruidas por cuenta del dueño y los respectivos gastos serán abonados por éste conforme al artículo 714 ejusdem. Conforme al artículo 714 del Código de Procedimiento Civil y 785 del Código Civil fija al querellante una fianza de 4.500.000,00 a fines de asegurar al querellado el resarcimiento del daño que la suspensión de la obra le pueda producir en caso de ser declarada infundada. -