De este modo, al examinarse el interés principal, se observa que la estimación de la demanda fue realizada en la cantidad de DOS MILLONES SESENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS CUARENTA Y UN BOLIVARES CON NOVENTA CENTÍMOS (Bs. 2.069.541,90), lo que quiere decir que la estimación no supera las tres mil unidades tributarias (3.000), por cuanto para el momento de la interposición de la demanda el valor de la unidad tributaria era de Bolívares veintinueve mil cuatrocientos (Bs. 29.400,00), es decir que el momento del interés principal solo asciende a setenta con treinta y nueve unidades tributarias, monto inferior al de las tres mil unidades tributarias (3.000 UT) exigidas como condición de admisibilidad del Recurso de Casación en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en consecuencia el Recurso de Casación anunciado debe ser declarado inadmisible. Y así se decide.

Por los razonamientos de hecho y de derecho que anteceden, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el recurso de Apelación interpuesto por la parte actora recurrente contra la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, en fecha 31 de noviembre de 2005. SEGUNDO: PARCIALMENTE CON LUGAR la demanda incoada por el ciudadano YLVIO PEÑA contra ENVI C.A., en consecuencia se condena a esta última a pagar los siguientes conceptos y montos: Bs. 83.337,99 por concepto de diferencia salarial: Bs. Bs. 490.244.82, por concepto de pago de hora extras diurnas. Bs. 839.891,01 por concepto de Vacaciones y Bono Vacacional fraccionado. Bs. 1.187.671,4 por concepto de participación en los Beneficios fraccionado. Bs. 1.005.085,8 por concepto de Prestación por Antigüedad. Bs. 521.671 por con.....

Por los razonamientos de hecho y de derecho que anteceden, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: PARCIALMENTE CON LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la parte demandada recurrente contra la decisión dictada por el Juzgado Quinto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, en fecha 25 de octubre de 2005. SEGUNDO: Se condena a la demandada al pago de Bs. 5.364.264,60, por concepto de salarios caídos al ciudadano Alfredo Rigual. TERCERO: Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas. CUARTO: Se MODIFICA la Sentencia apelada, en cuanto el momento a partir del cual debe computarse los salarios caídos y la condenatoria por dicho concepto

//este Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, con fundamento en los artículo 250, 251 del Código Adjetivo Penal, DECRETA LA MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, contra ALFREDO ANTONIO ROJAS venezolano, soltero, nacido en Barquisimeto el 16-11- 1954, de 51 años de edad, carpintero, titular de la Cédula de Identidad No 5.241.712; residenciado en El Cuji, sector El Jayo Arriba, Las Piedras, Avenida Manuel Piar, casa s/n, de bloques sin frisar, cerca de la cancha, de esta Ciudad. Por la presunta comisión del delito de DISTRIBUCIÓN EN PEQUEÑAS CANTIDADES DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÓPICAS, tipo penal previsto en el artículo 34 de la Ley Orgánica Contra el Tráfico y el Consumo de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. Se ordenó reconocimiento médico Psiquiátrico al imputado. .....

Por las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, declara DESISTIDO el recurso de amparo intentado por el ciudadano Lisandro Jesús Matheus en contra del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en sede constitucional, administrando Justicia, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la Acción de Amparo Constitucional interpuesto por el ciudadano WILFREDO GEOMAR SALAS PEREIRA en su carácter de Presidente de la Sociedad Mercantil MATADERO YACAMBÚ C.A., venezolano, mayor de edad, jurídicamente capaz, cédula de identidad Nº V- 7.393.152 y domiciliado en el Municipio Torres del Estado Lara., debidamente asistido de Abogado RAUL ARTURO GIMÉNEZ CARRERO, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 84.426 contra la resolución dictada por el representante Alcalde del MUNICIPIO TORRES DEL ESTADO LARA, quien estuvo asistido de Abogados LIZET VIOLETA PÉREZ TERÁN, NORELYS LUCENA GONZALEZ, CARLOS ALFREDO PÉREZ TERÉN E ILEANA PORTELES MEZA inscritos todos en el .....

En virtud de las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, en sede constitucional, administrando Justicia, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara SIN LUGAR la Acción de Amparo Constitucional interpuesto por el ciudadano RICHARD JOSÉ ALEGULLAR PAEZ, venezolano, mayor de edad, contra el COMISARIO CLETO HERNÁNDEZ HIDALGO, venezolano, mayor de edad y de este domicilio en cu condición de jefe de la División de Asuntos Internos de las Fuerzas Armadas Policiales del estado Lara.

Auto dejando constancia de la no comparecencia.

Se declaró procedente el derecho de Cobro de Honorarios Profesionales fijándose oportunidad para la designación de los Jueces Retasadores.-

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Juzgado del Municipio Andrés Eloy Blanco de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Sanare, 11 de Abril del 2.006 195 ° y 147° Vista la diligencia suscrita por el ciudadano HENRY MENDOZA, identificado a los autos, que riela al folio 25 en la presente causa; mediante la cual indica que su hija YASNERY DEL CARMEN, beneficiaria en la presente causa, cumplió la mayoría de edad y que la misma no se encuentra estudiando, así mismo la ciudadana LUCILA PEREZ, parte actora en la presente causa, en fecha 05 DE Abril del 2006, corroboró que su hija cumplió la mayoría de edad y que actualmente no se encuentra cursando estudios de ningún tipo, analizado el documento de identidad y constatada la situación, en consecuencia Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y en aplicación del artículo 383 literal b de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente SE DECLARA EXTINGUIDA la obligación alimentaria .....