Por razones de técnica procesal el Tribunal pasa a resolver en primer lugar la cuestión previa opuesta por la parte demandada a la demandante contenida en el artículo 346, ordinal 8° del Código de Procedimiento Civil, relativa a la existencia de una cuestión prejudicial que debe resolverse en un proceso distinto, como lo es el juicio penal que ha de instaurar el Fiscal del Ministerio Público por ante los Tribunales Penales del Estado Lara, en razón de las lesiones sufridas por el ciudadano Rafael A. Rivolta y Henry Cortéz Angulo. Esta Juzgadora observa que efectivamente consta en autos que aún cuando fue alegada la cuestión previa antes mencionada, la parte demandante no ha realizado pronunciamiento o contradicción alguna respecto a la misma, concerniente a la existencia de una cuestión prejudicial que deba resolverse en proceso penal las cuales constan en copias fotostáticas del expediente administrativo N° 0731-06 de la Unidad Estadal de Vigilancia de Tránsito Terrestr.....

este Tribunal Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA CON LUGAR la solicitud de divorcio, fundamentada en el Artículo 185-A del Código Civil y por consiguiente Disuelto el Vinculo Matrimonial contraído por los ciudadanos IGOR ALFONZO MARRUFFO CADENAS y GIOVANNA PASCUCCI STELLUTO, por ante la Prefectura del Municipio Iribarren, del Estado Lara, en fecha 19 de Octubre de 1.991, bajo el acta Nº 45, del Libro de Registro Civil de matrimonios llevados por ese Despacho durante el año 1.991

este Tribunal, administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, de conformidad con el Artículo 177 Parágrafo Primero Literal “ I “ de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, el artículo 165 y siguientes del Código de Procedimiento Civil y el artículo 185 numeral 2 del Código Civil, se declara CON LUGAR la acción de DIVORCIO intentada por el ciudadano RODOLFO ANTONIO SILVA BETANCOURT en contra de la ciudadana ANA GRISELDA GALVIS. En consecuencia queda DISUELTO EL MATRIMONIO que existía entre estos dos ciudadanos, el cual fue contraído ante la Prefectura del Municipio Alberto Arvelo Torrealba, del Estado Barinas, en fecha 21 de Octubre de 1.987

este Tribunal de Protección de Niños y adolescentes del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley y a tenor de lo establecido en el Artículo 76 Primer Aparte de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y de los Artículos 365, y 366 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños y Adolescentes DECLARA CO LUGAR, la demanda de Revisión de la Obligación Alimentaría formulada por la ciudadana Leydy Johann Rueda Muñoz, en contra del ciudadano Jean Carlos Colina Castillo, ambos identificados, en consecuencia se fija como monto de obligación alimentaría que el obligado debe pasar a su hijo, la cantidad equivalente al 30% del sueldo bruto mensual que devengue obligado alimentista, y que deberán ser retenidos en forma quincenal a través del ente empleador.

PRIMERO: DECLARA CON LUGAR, el Recurso de Apelación interpuesto por el ciudadano ALIRIO ANTONIO MEJIA SARMIENTO, asistido por la ABOG. LUIS ORANGEL ANGULO CHAVIEL, contra la decisión dictada por el Juzgado de Primera Instancia en funciones de Control N° 3 de éste Circuito Judicial Penal, en fecha 20 de Marzo de 2006, mediante la cual negó la entrega de un vehículo solicitado.

En virtud a las consideraciones precedentes y acogiendo el anterior criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, este Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, sede en Barquisimeto, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en la demanda incoada por la ciudadana MILTZA ADELFA PAEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. 9.256.218, domiciliada en la ciudad de Acarigua, Estado Portuguesa, asistido por el abogado MARCO ANTONIO APONTE venezolano, mayor de edad, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 48.747, por NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO EMANDO DEL MINISTERIO DE EDUCACION CULTURA Y DEPORTE DEL ESTADO PORTUGUESA. Archívese el presente expediente. Así se decide, Administrando Justicia y por Autoridad de la Ley

PRIMERO: Se declara CON LUGAR el recurso de nulidad intentado por la ciudadana AUXILIADORA LINARES DE MORALES contra la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO MOTATAN DEL ESTADO TRUJILLO. SEGUNDO: Se declara la nulidad del acto administrativo de fecha 03/02/2005. En consecuencia se ordena la reincorporación de la ciudadana Auxiliadora Linares de Morales a su lugar de trabajo y a titulo indemnizatorio la cancelación de los salarios caídos previa experticia complementaria del fallo. TERCERO: No se condena en costas por tratarse de un ente público.

En virtud de las consideraciones precedentemente expuestas, este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia, actuando en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara CON LUGAR el amparo cautelar organizativo y, ordena como mandamiento de amparo, la suspensión de los efectos del parágrafo cuarto, de la cláusula 7 del Contrato Colectivo suscrito para el período 2004-2006, entre los trabajadores docentes adscritos al Estado Portuguesa representados por los sindicatos SINVEMAP filial de la FEDERACIÓN VENEZOLANA DE MAESTROS, SPTD filia FETRAMAGISTERIO, SINDITEP filia FENATEV, SITE filial FETRASINEP, SINDICATO UNICO DE DOCENTES ESTADALES JUBILADOS Y PENSIONADOS DEL ESTADO PORTUGUESA, SINDICATO DE EDUCADORES AFINES Y CONEXOS DEL ESTADO PORTUGUESA (SINET) filia de FETRAENSEÑANZA, SINDICATO UNICO INTEGRAL DE TRABAJADORES DE LA EDUCACION DEL ESTADO PORTUGUESA (SUITEEP),.....

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, declara INADMISBLE la acción de amparo constitucional propuesta, de conformidad con lo establecido en el artículo 6.1 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, por cesar la situación jurídica infringida objeto de la acción de amparo. Así se decide, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley

Por los razonamientos antes expresados, este Tribunal de Primera Instancia del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en funciones de Juicio Nº 2, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, en aplicación del procedimiento especial contemplado en el artículo 376 del Código Orgánico Procesal Penal, de conformidad con lo establecido en los Artículos 278, 16, 37, 74 ordinal 4° del Código Penal vigente para el momento de los hechos CONDENA al ciudadano EDGAR ALEXANDER OCANTO TERAN, anteriormente identificado, por los hechos que le imputara la representante del Ministerio Público y que el mismo voluntariamente admitiera a través de su declaración, los cuales configuran el delito de PORTE ILICITO DE ARMA DE FUEGO, previsto y sancionado en el artículo 278 del Código Penal; se le impone la pena de un (01) año y seis (06) meses de prisión y las accesorias de ley contempladas en el artículo 16 del mencionado Código. Se estima como fecha provisional .....