D I S P O S I T I V A Por las razones anteriormente expuestas, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en función de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Judicial en nombre de la República y por autoridad de la Ley, NIEGA EL BENEFICIO DE REGIMEN ABIERTO, al penado JUAN BAUTISTA PERALTA, titular de la cédula de identidad Nº 9.614.054, debido al incumplimiento del requisito establecido en el ordinal 3° del artículo 500 del Código Orgánico Procesal Penal. Regístrese la presente decisión y remítase con Oficio al Director del Centro Penitenciario de la Región Centro Occidental del Estado Lara y al Jefe de la Unidad Técnica de Apoyo al Sistema Penitenciario de esta ciudad. Notifíquese al Fiscal Decimotercero del Ministerio Público, a la Defensa y al penado. Cúmplase.-

Por todas las razones de hecho y de derecho ya expuestas, este Tribunal de Primera Instancia en funciones de Ejecución No. 3 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, eleva ante la Corte de Apelaciones el presente RECURSO DE REVISION, todo de conformidad con lo establecido el ordinal 6º del artículo 470 en relación con el ordinal 6º del artículo 471 ambos del Código Orgánico Procesal Penal, en el asunto que se le sigue al penado: ANGEL MAXIMO ALVARADO MADRID, cédula de identidad Numero 3.539.407 Remítase el presente escrito contentivo de Recurso de Revisión y los anexos citados, a la Unidad de Alguacilazgo a los fines de que sea aperturado el cuaderno separado para su correspondiente remisión a la Corte de Apelaciones a los fines legales pertinentes. Líbrese el correspondiente oficio de remisión, emplazece al Fiscal del Ministerio Público y notifíquese a la defensa y al penado. Regístrese. Publíquese y Cúmplase.

Se EXHORTA al Ciudadano Juez de Ejecución del Circuito Judicial Penal del Estado Barinas, a quien le corresponda por distribución la vigilancia y supervisión de la condena que le fuera impuesta al ya mencionado Ciudadano: OTONIEL JOSE ADAN CASTILLO, Venezolano, mayor de edad, portador de la cédula de identidad Nro.15.171.635 y condenado a cumplir la pena de CUATRO (04) años y cuatro (4) meses de prisiòn por la comisión del delito de ROBO AGRAVADO EN GRADO DE FRUSTRACION, previsto y sancionado en el articulo 460 en relación con el artículo 80 en su último aparte todos del Código Penal, por lo que, una vez abocado el Juez ejecutor correspondiente, pueda ejecutar dentro de las facultades que le son propias entre otras las siguientes diligencias: 1. Como medio para la materialización de la vigilancia al régimen penitenciario, realizar las inspecciones que considere pertinentes, al Centro donde se encuentra el penado, pudiendo hacerlo comparecer a los fines de su correspondiente control 2.....

DEJANDO A SALVO DERECHOS A TERCEROS, aprueba la mencionada justificación y DECLARA TITULO SUPLETORIO DE POSESION Y DOMINIO a favor de los Identidad omitida en concordancia con el articulo 65 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y Adolescente, antes identificados, sobre las bienhechurias que se determinan en el presente Decreto, el cual para su registro debe acompañarse de autorización del propietario del terreno, sea público o privado, conforme al acuerdo dictado por la Corte Suprema de Justicia en Sala Político Administrativa de fecha 1° de Abril de 1970.

HOMOLOGA el convenimiento referente a Régimen de Visitas, suscrito entre los ciudadanos MELANYELA CAROLINA URDANETA ABREU y HARRY JOSE GOMEZ, anteriormente identificados, en los términos ya expresados. Téngase el presente auto como una Sentencia Firme, haciendo saber a las partes que dicho acuerdo puede ser modificado posteriormente según las necesidades de la beneficiaria. Expídanse las copias certificadas que las partes soliciten.

HOMOLOGA el convenimiento referente a Régimen de Visitas, suscrito entre los ciudadanos DANIEL ENRIQUE PEREZ SEQUERA y ELINEL YANGEVIS VALERA CASTILLO, anteriormente identificados, en los términos ya expresados. Téngase el presente auto como una Sentencia Firme, haciendo saber a las partes que dicho acuerdo puede ser modificado posteriormente según las necesidades de la beneficiaria. Expídanse las copias certificadas que las partes soliciten.

este Tribunal de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, de conformidad con lo establecido en artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, HOMOLOGA el acuerdo suscrito por los ciudadanos JEAN CARLOS PEÑA ALVAREZ y DEXSY YANNELIS RIERA ROJAS, y ordena que se tenga como una Sentencia Firme, haciendo saber a las partes que dicho acuerdo puede ser modificado posteriormente según las necesidades de las beneficiarias. Expídanse las copias certificadas que las partes soliciten.

este Tribunal Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley declara FIRME el Decreto Intimatorio dictado en fecha 21-12-2000 en el presente juicio ...

este Juzgado de Protección del Niño y del Adolescente del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley y a tenor de lo previsto en el artículo 177, Parágrafo 4to. Literal “B” de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño y del Adolescente, CONCEDE AUTORIZACION SUFICIENTE, a la adolescente Identidad Omitida (De Conformidad Con El Artículo 65 De La Ley Orgánica Para La Protección Del Niño Y Del Adolescente, antes identificada, para que contraiga matrimonio con el ciudadano BLADIMIR JOSÉ CADEVILLA, también identificado.

En virtud de lo anteriormente expuesto este Tribunal Superior se acoge a lo establecido en la Ley del Estatuto de la Función Pública, y por cuanto en el presente caso transcurrieron más de tres (3) meses como se dejó establecido, se deduce la caducidad del mismo y en virtud de ello se declara INADMISIBLE la querella funcionarial (Cobro de Prestaciones Sociales) interpuesta por el ciudadano Julio Cesar Álvarez Velasco, contra el Ministerio del Poder Popular del Interior y Justicia, por haber operado la caducidad conforme a lo previsto en el Artículo 94 de la Ley del Estatuto de la Función Pública, y así se decide