Noticia Detallada - TSJ Regiones

Este viernes 10 de febrero la jueza rectora y magistrada Ana Casanova Rosales, sostuvo una reunión con los jueces y juezas del área civil de la Circunscripción Judicial del estado Táchira, a fin de evaluar la actuación del sistema de justicia en torno a la Ley para la Regularización y Control de Arrendamientos de Viviendas.

En presencia de más de 30 jueces, la magistrada Casanova destacó que hay que revisar el impacto de las decisiones y, en este sentido, exhortó a los administradores de justicia a "agotar la vía de conciliación" para buscar la solución a la problemática que se suscita en materia de arrendamiento.

"Hay que tratar de dirimir estos conflictos entre el arrendatario y el arrendador, no podemos obviar el carácter social y conciliador que deben tener las audiencias y sentencias (...) hay que llevar a la conciencia a los inquilinos con problemas y a los inquilinos problemáticos", enfatizó.

Asimismo, la jueza rectora de la entidad andina, recordó que el Estado esta trabajando sistemáticamente para solventar la deuda social que en materia de vivienda tiene con los venezolanos, construyendo de manera acelerada complejos habitacionales, sin embargo la demanda sigue aumentando con el paso del tiempo.

"Tenemos una responsabilidad, un rol social y no podemos eximirnos de esta problemática, todos los que integramos del "Poder Público Nacional" debemos coadyuvar para que se garantice el Estado de derecho y de justicia social, pues nuestras acciones y ejecutorias están encaminadas en la administración de justicia y en el cumplimiento de la Carta Magna", resaltó.

La máxima representante de la casa de la justicia en el Táchira, emplazó a los jueces y juezas a no adoptar una posición netamente jurídica, sino asumir el papel de orientadores sociales con la finalidad de solucionar el problema y no agravarlo.

Finalmente, recordó la importante reflexión que hizo recientemente la magistrada y presidenta del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Luisa Estella Morales, sobre el impacto que tiene la garantía de una vivienda digna y propia en la disminución de la criminalidad.