este Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara CON LUGAR la oposición del Tercero, ciudadana AIDA MARIELA QUINTANA DE GUTIÉRREZ, ya identificada, en contra del acto de embargo preventivo ejecutado por el Juzgado Tercero Ejecutor de Medidas de los Municipios Iribarren, Crespo y Urdaneta de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, realizado en fecha 19 de Julio del año 2005, con ocasión al procedimiento de Cobro de Bolívares (procedimiento especial por Intimación) que el ciudadano Vincenzo Borzellino Cusumano ha instaurado en contra del ciudadano Miguel Jesús Gutiérrez Quintana.

.... y en vista de que tal actuación no es contraria a derecho, ni a los intereses del Beneficiario antes mencionado, es por lo que este Tribunal en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, le imparte a dicha conciliación, su HOMOLOGACION, conforme a lo establecido en los artículos 315 y 375 de la Ley Orgánica de Protección del Niño y del Adolescente. .....

.... y por cuanto tal actuación no es contraria a derecho ni al orden público ni a las buenas costumbres, o a alguna disposición expresa de la Ley, este Tribunal la ADMITE cuanto ha lugar en derecho, désele entrada y anótese en los libros respectivos. En consecuencia, revisado como ha sido el acto conciliatorio, suscrito por las partes antes mencionadas, por ante la Defensoría de Protección del Niño y del Adolescente del Municipio Palavecino del Estado Lara....

....... no es contraria a derecho ni al orden público ni a las buenas costumbres, o a alguna disposición expresa de la Ley, este Tribunal la ADMITE cuanto ha lugar en derecho, désele entrada y anótese en los libros respectivos. En consecuencia, revisado como ha sido el acto conciliatorio, suscrito por las partes antes mencionadas, por ante la Defensoría de Protección del Niño y del Adolescente del Municipio Palavecino del Estado Lara......

/Por lo antes expuesto este Tribunal en funciones de Control N° 1 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, acuerda de conformidad con el artículo 264 del Código Orgánico Procesal Penal la AMPLIACION DEL REGIMEN DE PRESENTACION a los ciudadanos MILAGROS MENDOZA, JUAN SUAREZ, LUIS CHIRINOS, HADDAD SAMIR, LISBETH BRICEÑO, ALFONSO GALLARDO, JOSE PIÑA, ISRAEL SANDRO Y VICTOR MELENDEZ, titulares de la Cédula de Identidad N° 15.778.695, 7.321.166, 10.770.803, E- 82.092.734, 13.922.838, 10.769.201, 14.482.689, 21.554.361 y 19.828.752 respectivamente cada 45 días, así como también mantener la medida de prohibición de salida del país, en atención con el Artículo 256 Ordinal 3° y 4° del Código Orgánico Procesal Penal.- Líbrese boletas.-Notifíquese a las partes.- Notifíquese al Ministerio Público.- Regístrese.- Cúmplase.

NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE: PRIMERO: "En cuanto a la solicitud planteada por la Fiscalía esta se acuerda a tal efecto se ordena Oficiar al PANACED para la realización del examen Psicológico. SEGUNDO: Verificado como ha sido el cumplimiento de las dos medidas cautelares impuestas con anterioridad por el Tribunal, visto que el proceso sigue y los hechos que se le imputan al adolescente son importantes y se esta en plena fase de investigación y por cuanto la victima ni su representante legal esta presente para verificar si se esta cumpliendo efectivamente la medida impuesta, esta medida cautelar se mantiene por ser pertinente y necesario; en consecuencia se RATIFICAN LAS Medidas Cautelares previstas en el Art. 582, literales "b", "c y "f" de la LOPNA. Ofíciese. Es todo. Término se leyó y conformes firman siendo las 10:55 a.m.- LA JUEZA DE CONTROL Nº 02 DRA. WENDY C. AZUAJE PÉREZ .....

Este Tribunal Superior de lo Contencioso Tributario de la Región Centro Occidental ADMITE el presente Recurso Contencioso Tributario en cuanto a lugar en derecho, por cuanto se encuentran llenos los requisitos establecidos en los artículos 259, 260, 261, 262 y 266 del Código Orgánico Tributario.

Observa este Juzgado que la parte actora reclama dos (02) días por prestación por antigüedad adicionales. Al respecto, debe este Juzgado declarar la Improcedencia del mismo, toda vez que de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Trabajo, en concordancia con lo establecido en el Artículo 97 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, la prestación por antigüedad adicionales se genera a partir del segundo año de servicio, lo cual no es lo ocurrido en el caso de marras, toda vez que la relación laboral que unió a las partes en el presente juicio fue menor a este tiempo, en razón de lo cual resulta forzoso para este Juzgado declarar la improcedencia del mismo. Y así se decide.

Como consecuencia de lo anterior, quien Juzga, debe resaltar que visto que transcurrió íntegramente el lapso para que las partes ejercieran los Recursos de Ley, sin que ninguna de ellas por sí o por medio de apoderado judicial alguno (válidamente facultado) y en tiempo útil procediera a tal fin, la Sentencia recurrida se encuentra definitivamente firme, por lo que la Apelación interpuesta ni siquiera debió ser oída por el Tribunal de la causa.

Con base en lo expuesto, resulta forzoso para quien juzga, en virtud de las circunstancias ya descritas, aplicar las consecuencias jurídicas establecidas la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, y declarar desistida la apelación interpuesta por el ciudadano Enrique Gutiérrez, en su condición de representante estatutario de la Sociedad Mercantil SEGURIDAD LA GUADALUPE C.A, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero del Municipio Iribarren de esta Circunscripción Judicial en fecha 03/11/2006, en el juicio que por cobro de prestaciones sociales incoaran los ciudadanos WILMARK AGUILAR y CARLOS RAFAEL SEQUERA, venezolanos, mayores de edad, de este domicilio, titulares de las cédulas de identidad Nros. 10.184.703 y 10.127.030 respectivamente contra la UNIVERSIDAD CENTROOCCIDENTAL LISANDRO ALVARADO (UCLA) y SEGURIDAD LA GUADALUPE. Y así se decide.