DISPOSITIVA Por razones anteriormente expuestas, este Tribunal de Control Nro 9 del Circuito Judicial penal del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley DECRETA: PRIMERO: Se ordena la remisión de las presentes actuaciones a la Fiscalía de Transición que corresponda SEGUNDO: Se acuerda la Imposición de la Medida cautelar sustitutiva, de conformidad con el articulo 256 ordinale cuarto que consiste en prohibición de salida del estado al imputado José Luís Urbina, titular de la cedula de identidad N° 11196569. Regístrese, Cúmplase

DECISIÓN Ante estas consideraciones este sentenciador comparte los fundamentos de la Fiscalía del Ministerio Público, toda vez que dicha solicitud encaja y se adecua perfectamente a lo dispuesto en el artículo 318, ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal. En consecuencia, este Tribunal Segundo de Control, Administrando Justicia en Nombre de la República y por Autoridad de la Ley, DECLARA EL SOBRESEIMIENTO DE LA CAUSA, del presente proceso, en perjuicio de Distribuidora y Licores, C. A., de conformidad con lo dispuesto en el artículo 318 ordinal 2º del Código Orgánico Procesal Penal. Causa No. 13-F04-1226-01. Regístrese y Notifíquese a las partes. Líbrese boleta al Fiscal del Ministerio Público. Cúmplase.

Por las razones precedentemente expuestas este Juzgado Superior Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, decide: PRIMERO: Se declara PARCIALMENTE CON LUGAR la Querella Funcionarial por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES interpuesta por el ciudadano MIGUEL CONTRERAS en contra de la ALCALDÍA DEL MUNICIPIO SAN RAFAEL DE ONOTO DEL ESTADO PORTUGUESA. SEGUNDO: A los fines de cancelar las prestaciones sociales al querellante se ORDENA realizar una experticia complementaria del fallo de conformidad con lo establecido en el artículo 249 del Código de Procedimiento Civil, tomando como base los montos acordados en el presente fallo. TERCERO: No hay condenatoria en costas por tratarse de un ente de la Administración Pública.