Ninguna prueba aportó al proceso la contribuyente para tratar de desmentir lo aseverado por la Administración Tributaria, razón por la cual el Tribunal acogiendo la presunción de veracidad y legalidad del acto administrativo impugnado, considera procedente el rechazo de estos créditos por monto de Bs. 31.411.695,80. Así se declara.

SIN LUGAR el recurso de apelación interpuesto por el abogado OLIVER JESUS MEJIAS, en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, en contra de la sentencia de fecha 18 de diciembre de 2006, dictado por el Juzgado Séptimo de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial del Trabajo. SEGUNDO: SIN LUGAR la defensa de prescripción opuesta por la parte demandada. TERCERO: SIN LUGAR la demanda por Cobro de Prestaciones sociales, incoada por el ciudadano WILLIAMS NAVA PADRON contra la empresa MONTEIROS Y FERREIA S.R.L. (EL MESON DE SAN BERNARDINO). Se confirma el fallo recurrido. No hay condenatoria en costas, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

DESISTIDO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el ciudadano GERALD GARCIA, actuando en su condición de apoderado judicial de parte actora, en contra de la decisión de fecha veintiséis (26) de enero de 2007 dictada por el Juzgado Noveno de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Circuito Judicial del Trabajo, en la demanda incoada por el ciudadano CARLOS MODESTO AVILA YARCE contra la ASOCIACION CLUB DE SUB OFICIALES PROFESIONALES DE LA FUERZA ARMADA NACIONAL. No hay condenatoria en costas a la parte actora recurre, de conformidad con lo previsto en el artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

Por todas las consideraciones, este Juzgado Primero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Primero: Por estrictas razones de orden público constitucional, la reposición de la presente causa, al estado que el Juez Primero de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial, libre el oficio de notificación a la Procuraduría General de la República, de la sentencia dictada en fecha 18 de diciembre de 2006, y una vez que conste en autos dicha notificación, y transcurridos los 30 días continuos, a que se contrae la disposición del artículo 95 eiusdem, comiencen a transcurrir los días para el ejercicio de los recursos legales pertinentes. Segundo: Dada la naturaleza del fallo, no hay condenatoria en costas.

Declara CON LUGAR la demanda por RESOLUCIÓN DE CONTRATO incoada por la sociedad mercantil BANCO FEDERAL, C. A. contra el ciudadano MANUEL RAMÓN PARRA ESCALONA. En consecuencia: PRIMERO: se declara RESUELTO el contrato de venta con reserva de dominio depositado ante la Notaría Pública Sexta del Municipio Chacao del Estado Miranda el 09 de octubre de 1998, bajo el Nº 95236 mediante el cual la sociedad mercantil AUTO RÚSTICOS ARAURE, C. A. vendió al ciudadano MANUEL PARRA ESCALONA un vehículo marca Chrysler, modelo PL3A Neón LX edición aniversario, clase automóvil, tipo sedán, año 1998, color rojo, serial de carrocería 8Y3HS36C5W1824793, placas FAK-65W, que cedió en ese mismo acto la mencionada empresa al BANCO FEDERAL, C. A.; SEGUNDO: se declara que las sumas de dinero pagadas por el demandado hasta el momento de interposición de la demanda quedan en beneficio del demandante como justa compensación por el uso del vehículo; TERCERO: se condena al ciudadano MANUEL PARRA ESCALONA al pa.....

HOMOLOGA el desistimiento efectuado por la abogada MILAGROS J. GUAREPE a nombre de la demandante, ampliamente identificada en el encabezamiento de esta decisión y, en consecuencia, se ordena el archivo del expediente.

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Tercero Superior del Trabajo del Circuito Judicial del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad de la Ley, declara: PRIMERO: Sin lugar la apelación interpuesto por el abogado TOYN VILLAR VILLEGAS en su carácter de apoderado judicial de la parte actora, contra la decisión dictada en fecha 27 de septiembre de 2006 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial del Trabajo, con motivo a la demanda incoada por BRAULIO IVÁN SALAZAR contra COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL DE TELÉFONOS DE VENEZUELA (CANTV); SEGUNDO: Se confirma la decisión dictada en fecha 27 de septiembre de 2006 por el Juzgado Sexto de Primera Instancia de Juicio de este Circuito Judicial del Trabajo, con motivo a la demanda incoada por BRAULIO IVÁN SALAZAR contra COMPAÑÍA ANÓNIMA NACIONAL DE TELÉFONOS DE VENEZUEL.....

Este Tribunal LA ADMITE POR CUANTO HA LUGAR EN DERECHO, por no ser contraria al orden público, a las buenas costumbres y procede a HOMOLOGAR el presente CONVENIMIENTO DE RÉGIMEN DE VISITAS, en los términos allí expuestos, indicándosele a las partes que la presente homologación tiene fuerza ejecutiva; todo de conformidad con el artículo 387 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y el Adolescente. Expídase por secretaría copias certificadas, de conformidad con lo establecido en el artículo 112 del Código de procedimiento Civil. Líbrese oficio a la Oficina de Atención al Público, a los fines de remitirle copia certificada de la presente resolución, para que sea entregada a los interesados.

En consecuencia este Tribunal de protección del Niño y del Adolescente de esta misma Circunscripción Judicial, Sala de Juicio N° Dos (02), administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA dicha acta en los mismos términos expuestos, dándole carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 387 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.

En consecuencia este Tribunal de protección del Niño y del Adolescente de esta misma Circunscripción Judicial, Sala de Juicio N° Dos (02), administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, HOMOLOGA dicha acta en los mismos términos expuestos, dándole carácter de sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, de conformidad con lo establecido en el artículo 387 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente.