DISPOSITIVA En virtud de los razonamientos anteriormente expuestos, este Juzgado Sexto en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, ordena a solicitud del Ministerio Público la imposición de Medida Cautelar Sustitutiva a la Privación de Libertad a favor del ciudadano LUIS ALEJANDRO SUAREZ PINTO venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 13.785.426, por la presunta comisión del delito de PORTE ILICITO DE ARMA, previsto y sancionado en el artículo 277 del Código Penal, de conformidad con lo dispuesto en los ordinales 3° del artículo 256 del Código Orgánico Procesal Penal, ordenándose la tramitación de la causa por las vías del procedimiento penal Abreviado y la inmediata remisión de la documentación de las presentes actuaciones al Juzgado Unipersonal de Juicio de este Circuito Judicial Penal que por distribución corresponda, a los fines .....

Por todos los razonamientos antes expuestos, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: DESISTIDO EL RECURSO DE APELACIÓN interpuesto por el abogado NIL MARCANO, en su carácter de apoderado judicial de la parte demandada, plenamente identificados en autos, contra la decisión dictada por el Juzgado Primero de Primera Instancia de Juicio del Trabajo en fecha 16 de marzo de 2006, que declaró Con Lugar la demanda incoada por el ciudadano Ángel Alberto Franco SEGUNDO: Se condena en costas a la parte demandada recurrente. TERCERO: Se confirma la decisión apelada.

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas este Juzgado Superior Segundo de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y, por autoridad que le confiere la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación ejercido por la abogado Maryoluy Urrieta, apoderada judicial de la parte demandada, contra la Sentencia de fecha 09/02/2006 dictada por el Juzgado Segundo de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial, SEGUNDO: Se condena en costas del Recurso a la parte recurrente de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 60 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. TERCERO: Se CONFIRMA en todas sus partes la Sentencia recurrida

Por los razonamientos de hecho y de derecho que anteceden, este Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: SIN LUGAR el Recurso de Apelación interpuesto por la parte actora recurrente contra la decisión dictada por el Juzgado Tercero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo, en fecha 20 de enero de 2006. SEGUNDO: Se CONFIRMA la Sentencia apelada. TERCERO: Se exonera de costas a la parte actora, de conformidad con el Artículo 64 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo

Visto lo anterior, este Juzgado observa que, una vez consumada la jubilación, la recurrente no logró demostrar la supuesta coacción ejercida contra su persona, expresada en su libelo de demanda, y que la obligara a aceptar tal beneficio en los términos acordados en la Planilla de Jubilación; y tampoco comparte esta Alzada los criterios expuestos por la parte actora como fundamento para revisar los conceptos pretendidos como parte integrante del salario y que obligarían a recalcular el monto con el cual fue acordada la jubilación, ya que en Sentencia de la Sala de Casación Social del Tribunal Supremo de Justicia de fecha 29/05/2000 se estableció que en caso de acogerse el trabajador al beneficio de jubilación sólo recibiría el pago de los beneficios e indemnizaciones normales a que tiene derecho por la ruptura del vínculo, la pensión de jubilación vitalicia y el disfrute de servicios médicos, planes de becas, fianza de arrendamiento, vivienda, caja de ahorro, más una contribució.....

DISPOSITIVA Por todos los razonamientos antes expuestos este tribunal de Primera Instancia en lo Penal en función de juicio 5, Administrando Justicia en Nombre de la Republica Bolivariana de Venezuela por Autoridad de la Ley, declara: IMPROCEDENTE, la solicitud realizada por el Defensor Privado Napoleón D Jesús Orellana de ampliar medida cautelar a los Acusados WILMER GONZALES Y ANGEL SULBARAN. Así se decide. Es todo. Notifíquese. Regístrese. Cúmplase.

Este Tribunal de Control Nº 1 del Circuito Judicial Penal, admite dicha solicitud considerando que concurren las circunstancias previstas en el artículo 248 del Código Orgánico Procesal Penal; por lo que ordena la aplicación del Procedimiento Especial respectivo, de conformidad con el artículo 372 y 373 Ejusdem. Con relación a la medida cautelar solicitada ante este Tribunal, se estima que en el presente caso, estamos en presencia de las previsiones contempladas en el Artículo 253 del Código Orgánico Procesal Penal, motivo por el cual, con la imposición de una medida cautelar sustitutiva se asegura que el imputado de cumplimiento a los actos del proceso, en consecuencia, se considera proporcional en los términos previstos en el Artículo 244 del Código Orgánico Procesal Penal, imponer las medidas cautelares sustitutivas previstas en el Artículo 256 numerales 3°(consistente en la obligación de presentarse periódicamente una vez cada quince días ante la Prefectura de Quibor), 5° (prohibic.....

Por las razones expuestas, este Tribunal de Control Nº 1, administrando justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, de acuerdo a las previsiones legales contenidas en el Artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, acuerda imponer la medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad al ciudadano MATÍAS GONZALO ARAPES, anteriormente identificado. Y en relación a los ciudadanos OSCAR ALEXANDER BARCO Y DOUGLAS JOSÉ PEROZO se les impone la Medida Cautelar Sustitutiva establecida en el articulo 256 ordinal 3 del Código Orgánico Procesal Penal consistente en la obligación de presentarse periódicamente una vez cada quince días ante la prefectura del municipio Urdaneta. Se ordena la tramitación de la causa por las vías del procedimiento penal ordinario. Se ordena Notificar a las partes de la publicación de la presente decisión.

DISPOSITIVA Por todo las razones antes expuestas este Tribunal de Juicio Nro. 5 del Circuito Judicial del Estado Lara, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley ACUERDA LA REVISION DE LA MEDIDAD de conformidad con el 264 del Código Orgánico Procesal Penal y en consecuencia EXTENDER LA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE PRESENTACIÓN, de las acusadas MAIROBIT HERNANDEZ Y SILVESTRA TERAN plenamente identificadas a cada veinte (20) días, la cual comenzara a regir a partir de su Notificación. Notifíquese a las partes. Regístrese. Publíquese. Cúmplase.

este Juzgado Cuarto en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, emite los siguientes pronunciamientos: PRIMERO: CONDENA a los ciudadanos JOSÉ RAFAEL CASTILLO REYES, EDUARDO JOSÉ MANZANARES Y ERIKA MARYELIS ALVARADO MANZANARES (ampliamente identificado en autos) a cumplir la pena de UN (01) AÑO DE PRISION por ser autores responsables del delito de Aprovechamiento de Cosas Provenientes del Delito, previsto y sancionado en el Artículo 470 del Código Penal concatenado con el Articulo 482 ejusdem a UN (01) AÑO DE PRISION, calculándose la pena con base a lo dispuesto en las normas sustantivas y procesales respectivas; SEGUNDO: Se imponen como penas accesorias a la principal, las consagradas en el artículo 16 del Código Penal vigente; TERCERO: Como punto previo a la presente decisión se ordenó la sustitución de la medida privativa de libertad dictada contra los acusad.....