REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
CIRCUITO JUDICIAL PENAL
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
CORTE DE APELACIONES

Barquisimeto, 02 de Julio de 2010.
Años: 200° y 151º
ASUNTO: KP01-R-2010-000115
ACUMULADO: KP01-R-2010-000119
ACUMULADO: KP01-R-2010-000125
ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2006-005297

PONENTE: ABG. YANINA BEATRIZ KARABIN MARIN.

Las Partes:
Recurrentes: ABG. PEDRO JOSÉ TROCONIS DA SILVA, en su condición de Defensor Privado del ciudadano DIDIER ENRIQUE CONTRERAS CAMARGO. Así mismo presentó escrito de apelación la ABG. ROCIO DEL VALLE VALBUENA CORDERO, en su carácter de Defensora Privada del ciudadano IVAN LEAL SUAREZ, de igual forma presentaron recurso de apelación los abogados MARIA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ VILLACACERES y DANIEL GERARDO ESCALONA RUMBOS, en su condición de Defensores Privados del ciudadano SANTIAGO ADOLFO VILLEGAS DELGADO.
Recurrido: Tribunal de Primera Instancia en Funciones de Juicio N° 4, de éste Circuito Judicial Penal del Estado Lara.
Delitos: OCULTAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS SUSCEPTIBLES DE SER DESVIADOS PARA LA ELABORACIÒN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÒPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el articulo 4 numeral 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con el artículo 88 del Código Penal.
MOTIVO: Apelación de Sentencia, contra la decisión proferida por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio N° 04 de este Circuito Judicial Penal, de fecha 25-03-2010 y fundamentada en fecha 06-04-2010, mediante el cual CONDENA a los ciudadanos SANTIAGO ADOLFO VILLEGAS DELGADO por el delito de OCULTAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS SUSCEPTIBLES DE SER DESVIADOS PARA LA ELABORACIÒN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÒPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el articulo 4 numeral 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con el artículo 88 del Código Penal, a cumplir la pena de CATORCE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION, más multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido correspondiéndole al Tribunal de Ejecución determinarlo una vez realice el avaluo; al ciudadano IVAN LEAL SUAREZ, por el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 numeral 2 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, a cumplir la pena de DIEZ AÑOS DE PRISION, más multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido correspondiéndole al Tribunal de Ejecución determinarlo una vez realice el avaluó y al ciudadano DIDIER ENRIQUE CONTRERAS, por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, a cumplir la pena de DIEZ AÑOS DE PRISION, más multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido correspondiéndole al Tribunal de Ejecución determinarlo una vez realice el avaluo.

CAPITULO PRELIMINAR

Corresponde a esta Corte conocer de los Recursos de Apelación de sentencia interpuestos por el ABG. PEDRO JOSÉ TROCONIS DA SILVA, en su condición de Defensor Privado del ciudadano DIDIER ENRIQUE CONTRERAS CAMARGO, así como del escrito de apelación interpuesto por la ABG. ROCIO DEL VALLE VALBUENA CORDERO, en su carácter de Defensora Privada del ciudadano IVAN LEAL SUAREZ, y el recurso de apelación los abogados MARIA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ VILLACACERES y DANIEL GERARDO ESCALONA RUMBOS, en su condición de Defensores Privados del ciudadano SANTIAGO ADOLFO VILLEGAS DELGADO, contra la decisión proferida por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Juicio N° 04 de este Circuito Judicial Penal, de fecha 25-03-2010 y fundamentada en fecha 06-04-2010, mediante el cual CONDENA a los ciudadanos SANTIAGO ADOLFO VILLEGAS DELGADO por el delito de OCULTAMIENTO DE PRODUCTOS QUIMICOS SUSCEPTIBLES DE SER DESVIADOS PARA LA ELABORACIÒN DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES Y PSICOTRÒPICAS, previsto y sancionado en el artículo 31 de la Ley Orgánica Contra el Trafico Ilícito de Sustancias Estupefacientes y el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto en el articulo 4 numeral 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, en concordancia con el artículo 88 del Código Penal, a cumplir la pena de CATORCE AÑOS Y SEIS MESES DE PRISION, más multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido correspondiéndole al Tribunal de Ejecución determinarlo una vez realice el avaluo; al ciudadano IVAN LEAL SUAREZ, por el delito de LEGITIMACION DE CAPITALES, previsto y sancionado en el artículo 4 numeral 2 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, a cumplir la pena de DIEZ AÑOS DE PRISION, más multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido correspondiéndole al Tribunal de Ejecución determinarlo una vez realice el avaluó y al ciudadano DIDIER ENRIQUE CONTRERAS, por el delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, previsto y sancionado en el encabezamiento del artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, a cumplir la pena de DIEZ AÑOS DE PRISION, más multa equivalente al valor del incremento patrimonial ilícitamente obtenido correspondiéndole al Tribunal de Ejecución determinarlo una vez realice el avaluo.

Recibidas las actuaciones en fecha 18 de Mayo de 2010, se le dio entrada a esta Corte de Apelaciones, correspondiéndole la ponencia a la Juez Profesional Dra. Yanina Karabin Marín, quien con tal carácter suscribe la presente decisión y estando dentro del lapso legal para decidir, lo hace en los siguientes términos:

Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 451 del Código Adjetivo Penal, en fecha 03 de Junio del año 2010, se admitieron los recursos de Apelación, por no concurrir ninguno de los supuestos a que se contrae el artículo 437 ejusdem. De conformidad con el artículo 456 ejusdem, se realizó la Audiencia Oral en fecha 15 de Junio de 2010 y acogiéndose al lapso establecido en el tercer aparte de la citada norma legal, se pasa a dictar pronunciamiento con fundamento en los siguientes términos en atención a lo siguiente:
TITULO I
DE LOS REQUISITOS LEGALES EXIGIDOS PARA RECURRIR POR APELACIÓN.

CAPÍTULO I.
LA LEGITIMACIÓN DEL RECURRENTE.

En efecto, en la presente causa, se observa que el ABG. PEDRO JOSÉ TROCONIS DA SILVA, actúa en la Causa Principal, como Defensor Privado del ciudadano DIDIER ENRIQUE CONTRERAS CAMARGO, la ABG. ROCIO DEL VALLE VALBUENA CORDERO, en su carácter de Defensora Privada del ciudadano IVAN LEAL SUAREZ, y los ABOGADOS MARIA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ VILLACACERES y DANIEL GERARDO ESCALONA RUMBOS, en su condición de Defensores Privados del ciudadano SANTIAGO ADOLFO VILLEGAS DELGADO, por lo que en consecuencia los prenombrados profesionales del derecho, se encontraban legitimados para ejercer el recurso de apelación interpuesto.
CAPÍTULO II
INTERPOSICIÓN Y OPORTUNIDAD PARA EJERCER RECURSO DE APELACIÓN.

En tal sentido, observa este Tribunal Colegiado, vistas las actuaciones y los cómputos efectuados por orden del Tribunal de la decisión recurrida, donde certifica que: desde el día 16-04-2010, día hábil siguiente al vencimiento del lapso establecido en el artículo 365 del Código Orgánico Procesal Penal, hasta el día 30-04-2010, transcurrieron (10) días hábiles, lapso a que se contrae el artículo 453 del Código Orgánico Procesal Penal, y los Recursos de Apelación fueron interpuestos en fechas 20/04/2010 el primero y 21/04/2010 el segundo y el tercero. Por lo que todas las apelaciones fueron oportunamente interpuestas. Y así se declara.

Igualmente en relación al lapso previsto en el artículo 454 del Código Orgánico Procesal Penal, se deja constancia que el mismo transcurrió desde el día 03-05-2010, hasta el día 07-05-2010, sin que el Ministerio Público ejerciera su derecho a contestar ninguno de los recursos de apelación interpuestos.

CAPÍTULO III
DEL AGRAVIO Y POSIBILIDAD DE IMPUGNAR LA DECISIÓN RECURRIDA:

Esta Alzada considera, por interpretación auténtica contextual del artículo 436 del Código Orgánico Procesal Penal, que debe existir un agravio invocado por el recurrente legitimado, ocasionado por la decisión que se pretende recurrir y que por ello le sea desfavorable. No considerándose necesario la demostración expresa del agravio; mientras que el mismo pueda ser inferido de los fundamentos que motivan el recurso, y bastando el hecho de haberse fundamentado legalmente la causal de motivación del mismo.

PRIMER RECURSO DE APELACIÓN

En el escrito de apelación interpuesto por el ABG. PEDRO JOSÉ TROCONIS DA SILVA, en su condición de Defensor Privado del ciudadano DIDIER ENRIQUE CONTRERAS CAMARGO, dirigido al Juez de Primera Instancia en funciones de Juicio Nº 04, de este Circuito Judicial Penal, el recurrente expone como fundamento, entre otros, textualmente lo siguiente:
“… (Omisis)…
I
FUNDAMENTOS DEL RECURSO DE APELACIÓN.
Mi defendido DIDIER ENRIQUE CONTRERAS fue condenado por el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio del Circuito Judicial Penal del estado Lara, en echa 25 de marzo del 2010, a diez años de prisión por el delito de legitimación de capitales, de conformidad con lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, el cual establece lo siguiente:
(Omisis)…
Ahora bien, la publicación del texto íntegro de la mencionada sentencia fue publicada en fecha 6 de abril de 2010 y a los efectos de que la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, pueda precisar con claridad la fundamentación de este Recurso de Apelación y así determinar cuáles son los vicios en que incurre la sentencia impugnada y a los efectos de acatar lo establecido en el primer aparte del artículo 453 ejusdem, es por lo que procedo separadamente a fundamentar los motivos con la absolución que se pretende, en la siguiente forma:
II
PRIMER MOTIVO.
De conformidad con lo establecido en el numeral 4 del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denunciamos la violación de la ley por inobservación en la aplicación del artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal.
En el texto de la recurrida, podemos apreciar que el Tribunal a quo acreditó el carácter de experto y dio valor probatorio a funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalisticas que practicaron ilegítimamente una “experticia financiera” para presuntamente demostrar que el origen de los bienes, haberes o beneficios de mi defendido de mi defendido (Omisis)…, son producto de actividades ilícitas o de delitos graves, a sabiendas por propio dicho de las expertas, que NO POSEÍAN TITULO EN LA MATERIA RELATIVA AL ASUNTO OBRE EL CUAL DICTAMINARON.
En efecto, en la sentencia recurrida podemos observar, que el tribunal a quo valoró par fundar su decisión las testimoniales de las expertos DESIREE COROMOTO GONZALEZ RIVERO y ALEXANDRA ARRAEZ QUINTERO quienes depusieron sobre una experticia financiera presuntamente elaborada para demostrar, que los haberes, bienes e ingresos del acusado DIDIER ENRIQUE CONTRERAS, procedían de actividad ilícita; pero del propio testimonio de las ciudadanas, se dio por demostrado, que ninguna tenía el titulo en la materia sobre la cual dictaminaban, que ninguna tenía el titulo de CONTADOR PUBLICO o LICENCIDADO EN ADMINISTRACIÓN, sino , la una era TECNICO SUPERIOR EN CONTABILIDAD y LA OTRA PARA LA FECHA DE LA EXPERTICIA ERA INVESTIGADORA SIN TITULO EN MATARIA (SIC) CONTABLE, determinándose en forma fáctica en la sentencia recurrida, la violación de la ley por inobservancia de la norma jurídica prevista en el artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, cuyo tenor es el siguiente:
(Omisis)…
Consideramos necesario, a los efectos de demostrar la presente denuncia partiendo de la base cierta de la norma antes transcrita, pasar a reproducir parcialmente, las testimoniales de las funcionarias ya mencionadas, con el fin de que esa honorable Sala Única de la Corte de Apelaciones de este digno Circuito Judicial Penal, aprecie violación de ley invocada por inobservancia de la misma.
A tal efecto, de la sentencia recurrida podemos observar lo siguiente:
(Omisis)…
Y en relación al otro experto de la recurrida se desprende:
(Omisis)…
De la traslación parcial antes hecha, nos demuestra, que la funcionaria ALEXANDRA ARRAEZ QUINTERO NO POSEIA TITULO EN LA MATERIA PARA EL MOMENTO DE LA ELABORACIÓN DE LA EXPERTICIA FINANCIARA y la funcionaria DESIREE COROMOTO GONZALEZ RIVERO NO TENIA IGUALMENTE TITULO EN ESA MATERIA SINO TAN SOLO POSERIA CONOCIMIENTO MEDIOS EN LA MISMA, que de acuerdo con la Ley que regula el ejercicio de la contaduría pública, un Técnico Superior en Contaduría, no está capacitado y facultado para la realización de EXPERTICIAS o INFORMES CONTABLES, pues esta actividad está limitada a los Contadores Públicos y a los profesionales que limite la Ley de Ejercicio de la Contaduría Publica, que en su artículo 3 establece:
(Omisis)…
Del contenido de la norma anterior, obtenemos la claridad, de quienes pueden ser considerados expertos en materia contable y en consecuencia a quienes la ley les autoriza la práctica de experticias a fines a su profesión.
Pero podría surigir la duda en la práctica, si un Técnico Superior en Contaduría o Contabilidad, ¿Puede eventualmente realizar experticias contables?, la respuesta es “NO” pues, de acuerdo al artículo 7 de la Ley de Ejercicio de la Contaduría Pública, consagra:
(Omisis)…
Como podemos ver, la norma antes transcrita establece las actividades que requiere la intervención directa de un contador público o los profesionales que la ley acredita la actividad de la contaduría, cualquier otra persona que realice algunas de la diligencias establecidas, en la norma, son considerados por la ley especial como infractores y así lo dice el artículo 5:
(Omisis)…
Nótese la claridad con que está redactada la norma anterior, en cuanto a la protección de la profesión del ejercicio de la Contaduría Pública, tan es así que el propio texto de la Ley especial establece sanciones para quienes realicen actividades propias de un Contador Público y el inicio de la investigación por parte del Ministerio Público, de quienes ilegalmente ejerza actividades propias de la profesión y así lo estable los artículos 24 numeral 1 y artículo 25 de la Ley Ejercicio de la Contaduría Pública, que reza:
(Omisis)…
En resumen, en la actividad de la Contaduría Pública NO le es permitido a un Técnico Superior en Contabilidad suscribir DICTAMENES COPNTABLES, y mucho menos EXPERTICIAS PARA SER INCORPORADAS EN JUICIO, toda vez que ello es de exclusivo conocimiento del profesional que posee Titulo en la materia, siendo el caso, que la experticia practicada por la funcionaria del Cuerpo de Investigaciones científicas Penales y Criminalisticas DESIREE COROMOTO GONZALEZ RIVERO es una experticia destinada a determinar el estado financiero de mi defendido (Omisis)…, realizada por solicitud del Ministerio Público, para fines judiciales, lo que a tenor del artículo 7 literal “a”, debe obligatoriamente ser realizada por un CONTADOR PUBLICO y no por un TECNICO SUPERIOR, a quien la ley del ejercicio de la Contaduría Pública no le acredita el suscribe dictámenes contables; evidenciándose así, que ésta funcionaria, no tenia la capacidad para suscribe (sic) dicha experticia contable y es en base a ello que existe en la sentencia que hoy recurrimos, un grave (Sic) violación de ley por inobservancia del artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, siendo la prueba del ejercicio ilegal de la profesión de Contador Público y en consecuencia la incapacidad de firmar experticias contables y deponer como tal, el propio dicho de la mencionada funcionaria DESIREE COROMOTO GONZALEZ RIVERO quien declaró sobre los anexos que rielan en las piezas 27 y 45, que tratan sobre un Experticia Contable y una Experticia Complementaria de la primera, reconociendo que dichos dictámenes fueron realizados y suscritos por ella, pero que durante el interrogatorio, reconoció que era TECNICO SUPERIOR EN CONTABILIDAD y que NO PODIA SUSCRIBIR O VISAR DOCUMENTO CONTABLES.
Ahora bien, dicho lo anterior, la defensa durante el interrogatorio y al momento de las conclusiones orales, luego de dejar por probado la falta de capacidad profesional como perito de la ciudadana DESIREE GONZALEZ, por no poseer titulo en la materia, los juzgadores inobservaron esta situación y decidieron dar pleno valor probatorio a esta declaración, así como a las documentales realizadas, lo que constituye una violación del contenido del artículo 328 del Código Orgánico Procesal Penal, que exige que los expertos imperativamente deben poseer titulo en la materia relativa al asunto sobre el cual dictaminan.
Pero peor aún resulto, darle valor probatorio a la experta ALEXANDRA ARRAES QUINTERO, quien al ser preguntada en plena sesión de juicio oral y público, reconoció que para la fecha de la práctica de la experticia contable, no tenia titulo de contador publico y que a penas acababa de terminar la licenciatura en criminalistica (que tampoco guarda relación con el ejercicio de la contaduría pública), y que hasta la fecha de su deposición, cursado (sic) estudios de Contador Público, lo que significa que de acuerdo a la ley adjetiva penal, no puede ser considerada perito de conformidad con lo previsto en el artículo 238 ejusdem, pero, el a quo, considero en el texto de la recurrida lo siguiente:
(Omisis)…
Resulta inaceptable, que habiéndose demostrado que las funcionarias que practicaron la presunta experticia contable NO POSEÍAN TITULO EN LA MATERIA RELATIVA AL ASUNTO SOBRE EL CUAL IBAN DICTAMINAR, sus testimonios y las documentales realizadas, hayan sido consideradas por el juzgador, situación ésta, que por afectar el orden público debe ser de obligatorio pronunciamiento par la Honorable Sala Única de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal.
Ciudadanos jueces de alzada que hayan de conocer la presente denuncia, se ha demostrado con el propio texto de la sentencia, que el Tribunal a quo inobservó al contenido del artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, al valorar dos testimoniales de unos falsos expertos por no poseer titulo en la materia y sus informes periciales, concluyendo de esta manera que incurrieron en la VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA de la norma mencionada.
SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE
Sobre la base de todo lo expuesto, visto que el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal constituido en Tribunal Mixto, incurre en violación de la ley por inobservancia del artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, a (Sic) darle valor probatorio a unas pruebas testimoniales y documentales que proviene en franca violación de la ley, y es justicia que la honorables Sala Única de la Corte de Apelaciones de esta Circunscripción judicial declare CON LUGAR el presente motivo y acuerde la nulidad de la sentencia apelada y proceda a dictar una decisión propia sobre el presente asunto con base a las comprobaciones de hechos ya fijados por la decisión recurrida, tal y como lo establece el primer aparte del artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.
III
SEGUNDO MOTIVO.
De conformidad con lo establecido en el ordinal 4° del artículo 452 del Código Orgánico Procesal Penal, denunciamos la violación de ley por errónea aplicación de una norma jurídica, en virtud de no haber considerado e interpretado en forma acertada lo establecido en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
Ahora bien, a los fines de adminicular nuestra denuncia con la sentencia condenatoria, es oportuno y se hace necesario realizar un análisis de los hechos acreditados por el Tribunal.
La referida labor tiene como finalidad hacer un símil comparativo de estos, en contraste con los elementos que conforman el tipo penal de legitimación de capitales previsto en el encabezamiento del artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, a objeto de que esta Honorable Sala Única de la Corte de Apelaciones pueda evidenciar objetivamente la errónea aplicación de la norma que se invoca mediante la actividad recursiva aplicación del tipo penal de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES.
Al respecto, comencemos por extraer del tipo penal el elemento condicionante que hace que la conducta lícita de quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios, sea considerada como ilícita y es necesariamente la acreditación cierta de una actividad ilícita o delito grave, de tal manera, que no basta con atribuir en forma simplista una presunta cualidad de poseedor o propietario de capitales, bienes, haberes o beneficios, sino que debe ACREDITARSE que el origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas o de delitos graves…”, tal y como taxativamente lo prevé la norma.
De lo anterior, se hace obligatorio entrar a desmembrar párrafo a párrafo el texto de la recurrida, a los efectos de determinar, si en su fundamento, el juzgador determinó o dio por demostrado la actividad ilícita o delito grave, para posteriormente dar por demostrado, que la presunción de inocencia que ampara a mi defendido fue desvirtuado, pues de lo contrario de no encontrarse la correcta interpretación de la norma denunciada como violada, en cuanto a las actividades Ilícitas o delitos grave que se citan en la sentencia, estaríamos en presencia de un grotesco ERROR EN LA APLICACIÓN DE LA NORMA.
Para nosotros, consideramos que el tribunal a quo, en la sentencia condenatoria que hoy recurrimos, incurrió en errónea interpretación del artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, pues, al considerar la responsabilidad penal de mi representado, sólo manifestó que no se pudo determinar el origen del patrimonio de mi representado (lo cual no es la previsto en el artículo 4 de la Ley Orgánica Delincuencia Organizada). Al respecto indicamos:
A.- ACTIVIDADES ILÍCITAS O DELITOS GRAVES INDICADOS EN LA SENTENCIA:
En la recurrida el juzgador considero para dar demostrado la actividad ilícita o delito grave que dio origen al patrimonio de DIDIER CONTRERAS, lo siguiente:;
(Omisis)…
En este extracto, el tribunal manifiesta que con esta declaración se da por demostrado el envió de sustancias estupefacientes por parte del ciudadano ADHIS ROMERO, pero que le parece inverosímil que desconozca a quien pertenece. Partiendo de esta motivación de la sentencia condenatoria, comparte la defensa que se encuentra demostrada la conducta del señor ROMERO y su responsabilidad al hacer uso del procedimiento especial de admisión de los hechos, así como dar credibilidad a esta testimonial cuando hace referencia al origen de la sustancia ilícita pero no entendemos es, como considera el juzgador a este testigo para dar por demostrado que la actividad ilícita o delito grave que cometió ADHIS ROMERO sea el origen del patrimonio de mi defendido DIDIER CONTRERAS, tal y como lo requiere la norma que prevé el delito de Legitimación de Capitales.
A.2. Se dice en la narración de los hechos que considera demostrados el tribunal, la existencia de una urea, sin embargo, la existencia de esa sustancia no es considerada por el juzgador como el origen de la actividad ilícita o delito grave que produce el patrimonio de mi defendido, tal y como lo requiere la norma.
A.3. Se habla en la narración de los hechos que el tribunal estima acreditado, de la existencia de traza de cocaína en una finca llamada el Palmichal en un procedimiento de barrido que no guarda ninguna relación con mi defendido. No obstante, el tribunal no lo atribuye como la actividad ilícita o delito grave que de origen al patrimonio de DIDIER CONTRERAS.
Una vez identificadas las posibles actividades ilícitas que se desprenden de los órganos de prueba y sostenidas desde el inicio por la representación Fiscal, podemos perfectamente concluir, que no se demostró ni así fue señalado por el Ministerio Público, cual de ellas es actividad presuntamente ilícita que dio origen al patrimonio de DIDIER CONTRERAS.
Es oportuno indicarle a la Honorable Sala Única de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del estado Lara, que la TOTALIDAD DE LAS TESTIMONIALES evacuadas en juicio dieron por probado que NO conocen a DIDIER CONTRERAS, y en consecuencia, desconocen si cometió una actividad ilícita o delito grave, o si su patrimonio proviene de esa actividad ilícita, ninguna prueba lo relacionan con los hechos presuntamente ilícitos citados en este punto y el propio tribunal tampoco cito esta actividad ilícita como la generadora del patrimonio de mi defendido.
Al respecto transcribo la parte motiva de la sentencia a los fines de que se aprecie la ausencia de la indicación de esta actividad ilícita en errónea interpretación de la norma con la cual acuso y cuyo elemento condicionante obliga a que el patrimonio provenga de esas actividades Ilícitas o delitos graves. Veamos en consecuencia la motivación en cuestión:
(Omisis)…
El tribunal nunca indico en este extracto de la recurrida, cual es la actividad ilícita o delito grave demostrado en el contradictorio, que hace ilícito el patrimonio de mi defendido requisito indispensable para la existencia del delito por el cual condeno. Además, en el texto de la decisión, se puede apreciar, que utiliza a deposición de las expertos Descree González y Alexandra Arráez, las cuales fueron tratadas en la primera denuncia de este escrito, en cuanto a la ilicitud de sus declaraciones por incumplimiento de lo previsto en el artículo 238 del Código Orgánico Procesal Penal, pero lo más grave es que con lo expuesto por estas funcionarias da por demostrada que el patrimonio de mi defendido deviene de una actividad ilícita o delito grave.
B.- DE LOS HECHOS DEMOSTRADOS A TRAVES DE LAS TESTIMONIALES.
De las testimoniales escuchadas en el contradictorio, podemos decir, que el tribunal a quo no sólo incurre en error al equivocar los elementos que demuestran la actividad ilícita o grave por el cual condeno a mi representado, sino que en su errónea interpretación de la norma prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánizada Contra la Delincuencia Organizada, trata de dar por demostrada el tipo el tipo del delito de legitimación de capitales, con las testimoniales evacuadas en el curso de juicio oral y público, pero de dichas deposiciones, no surge ningún elemento que de por demostrado el hecho acreditado. NO se desprende de esas testimoniales ninguna actividad ilícita o delito grave en el que haya participado mi defendido, sólo interpreta el tribunal, que el hecho de no haber demostrado el origen de sus fondos, constituye el delito de legitimación de capitales, CUANDO ESA INTERPRETACIÓN ES ERRÓNEA, pues el delito de imputado depende de que dichos capitales, haberes, bienes, de hayan obtenido de una actividad ilícita o delito grave, lo cual no quedó debidamente demostrado y de ahí la errónea aplicación denunciada.
Es por ello que al advertir las deposiciones de los expertos y testigos puede apreciarse que no reflejan una actividad ilícita o delito grave ejecutado por Didier Enrique Contreras, por el contrario, manifiestan en su totalidad desconocer a mi representado o desconocer que haya realizado alguna conducta ilícita.
Al respecto es menester extraer los siguientes datos relevantes que se desprenden de las testimoniales de expertos que se indican a continuación:
TESTIMONIALES POR EXPERTOS:
(Omisis)…
Podemos apreciar de las testimoniales parcialmente transcritas, que no se evidencia de contenido que las funcionarias haya mencionado actividad ilícita o delito grave alguno cometido directa o indirectamente por mi representado Didier Enrique Contreras, incluso se puede advertir que NI SIQUIERA determinaron la ilicitud del origen de los fondos de mi representado.
Ahora bien, si no mencionan estas funcionarias el elemento condicionante requerido en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada (actividad ilícita o delito grave), se desprende incuestionablemente que el tribunal a quo incurrió en errónea aplicación de la norma (legitimación de capitales), debido a que le resultaba imposible pretender adminicular los hechos con los elementos del tipo penal, tal como se aprecia de estas Testimoniales.
(Omisis)…

Ciudadanos Jueces Profesionales de las anteriores testimoniales se evidencia y se acentúa aún más la errónea aplicación de la norma prevista en el artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, por cuanto NO hacen mención (sic) actividad ilícita o delito grave presuntamente imputable a Didier Enrique Contreras, pero además aporta todo un acervo probatorio de las actividades que fueron narradas por el Ministerio Público, pero que no las testimoniales ni las documentales evacuadas PROBARON EN ESTE JUICIO QUE DICHAS ACTIVIDADES GUARDARAN CON MI DEFENDIDO.
Es importante acotar, que las actividades ilícitas o delitos graves no fueron señalados por el Tribunal en su motivo.
(Omisis)…
Los anteriores expertos deponen sobre una Urea localizada en una fina (El Palmichal) la cual no es propiedad de Didier Contreras, ni le fue localizada a mi representado. No obstante, tampoco indican actividad ilícita o delito grave ATRIBUIDO NI directa NI indirectamente al ciudadano Didier Enrique Contreras.
En consecuencia, estamos ante una prueba más de las errónea aplicación de la norma por parte del Juez a quo, ya que mi defendido no fue condenado por los hechos allí narrados (la ubicación de una supuesta Urea) y a pesar de n tener el elemento condicionante (actividad ilícita o delito grave) del artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, se adminiculan al mimso sin corresponderse a los elementos del tipo penal.+
De igual forma, a continuación señalaré 3 expertos acreditados por el Tribunal, que en igual no indican actividad ilícita alguna o delito grave que haya originado el Patrimonio de Didier Contreras y, con ello, no haber incurrido (como en efecto lo hizo) el Tribunal del Juicio número cuatro del Estado Lara en errónea aplicación de la norma, como explique en el párrafo inmediatamente anterior:
(Omisis)…
Ciudadanos Jueces Profesionales de la Sala Única de la Corte de Apelaciones de este Circuito Judicial Penal, fue considerados (sic) por el tribunal a quo, para fundar la sentencia condenatoria contra Didier Enrique ]Contreras las referencias testimoniales, manteniendo igual condición que toidas las acnteriroes, esto es, no indican actividad ilícita o delito grave atribuido a Didier Conteras, ni cometido en sus propiedades o realizada sobre objetos que le fueran decomisados a él; sin embargo, el Juzgador aplica erróneamente la norma correspondiente al delito de legitimación de capitales, a pesar de que estas testimoniales de los expertos NO se subsumen dentro de los elementos de ese tipo penal en su encabezamiento (art. 4 de la LOCDO).
Asimismo, las siguientes testimoniales no indicaron actividad ilícita o delito grave que haya dado origen al patrimonio del acusado DIDIER ENRIQUE CONTRERAS:
(Omisis)…
Ciudadanos jueces de alzada, de las VEINTISIETE (27) TESTIMONIALES valoradas por el Tribunal, demuestran la errónea aplicación de la norma contenida en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada en cuanto al delito de LEGITIMACIÓN DE CAPITALES, por parte del Juzgador Cuarto de Primera de Primera Instancia en Funciones de Juicio constituido en tribunal mixto, en su sentencia condenatoria, en virtud de que el contenido de esas exposiciones no expresa el elemento condiciónate objetivo para la existencia del tipo penal como lo es la actividad ilícita o delito grave atribuido a mi representado como condición sine qua non para que se produjera la subsunción de los hechos en el derecho; o dicho en otra palabras, para que la resultas de las pruebas evacuadas durante el Juicio pudieran acreditar el delito erróneamente atribuido en la decisión publicada en fecha 6 abril del 2010, por el contrario ciudadanos jueces profesionales las 27 testimoniales demuestran que NO EXISTE ACTIVIDAD ILCITA O DELITO GRAVE que origine el patrimonio de mi representado, toda vez que los deponentes ni siquiera lo conocen, no saben quién es, no tienen conocimiento de actividades ilícitas que directa o indirectamente hayan dado origen a su patrimonio.
En resumen, evacuadas, analizadas y estudiadas las testimoniales, es forzoso concluir, que del juzgador, incurrió en errónea aplicación de la norma prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica contra la Delincuencia Organizada, primer porque no se evidencia la existencia de una actividad ilícita o delito grave que guarde relación con el patrimonio de DIDIER CONTRERAS, más sin embargo, el tribunal erróneamente aplica la norma penal sustantiva para condenar al justiciable, y todo por una errada interpretación de la misma, al equivocar el sentido de la norma y en consecuencia el espíritu del Legislador, entre el no determinar el origen de los fondos que pudieran haberse obtenidos lícitamente y con el origen de los fondos obtenidos a través de actividades ilícitas o delitos graves.
C.- DE LOS HECHOS ACREDITADOS POR EL TRIBUNAL LUEGO DE VALORAR LAS PRUEBAS INCORPORADAS POR SU LECTURA AL JUCIO (SIC):
Igual que hemos efectuado con las testimóniales, consideramos necesario, hacer un análisis sobre las documentales incorporadas por su lectura al juicio oral y público, a los efectos de dar por demostrada la presente denuncia de violación de ley por errónea aplicación del artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, a los fines de probar que en ellas hubo similitud e lo evidenciado en las testimoniales, por parte del juez a quo, toda vez que como se ha explicado anteriormente, el sentenciador considero que se desvirtuó la presunción de inocencia del acusados (sic) DIDIER CONTRARAS, por considerar que se demostró el delito previsto en el encabezamiento del artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, sin que las documentales aporten los elementos de ese tipo penal, es decir, la actividad ilícita o delito grave que dio origen al patrimonio de mi representado.
De las documentales tenemos:
(Omisis)…
El tribunal da todo el valor a esta documental, porque se prueba el dictamen pericial que concatenado con lo dicho por el experto Carlos Conteras, no dejo lugar a dudas de la existencia de la sustancia controlada (UREA). Pero debemos acotar, que esta testimonial no guarda relación con mi defendido, ni señala que esta haya cometido directa o indirectamente alguna actividad ilícita que haya dado origen a su patrimonio como lo requiere la norma.

(Omisis)…
El tribunal le da valor probatorio a esta documental, por cuanto la misma fue controlada por los órganos encargados de la investigación y por todas las partes en su oportunidad procesal referente a que existía traza de cocaína en la finca, donde estaba almacenada la urea, pero esta testimonial no guarda relación con mi defendido.
(Omisis)…
Estas documentales antes transcritas, que fueron valoradas por el tribunal en todo valor probatorio, que concatenada con el dicho de los expertos que la suscriben y la partes que participaron en alguna de ellas, ratificada las experticias por los que las suscribieron, en sí mismas, no guarda relación con el acusado DIDIER CONTRERAS, ni señalan que éste haya realizado alguna actividad ilícita o participado en un delito grave, que haya dado origen a su patrimonio como lo requiere la norma por la cual fue condenado.
Ahora bien, en relación a la documental de “movimientos bancarios del ciudadano Didier Contreras del Banco de Venezuela” (anexo 49 desde el folio 01 al 226) y en el Banco mercantil en el anexo 50 desde el folio 04 al 64), el tribunal las valoró como un indicio por cuanto a decir del juzgador, (Omisis)… Ahora bien, con la relación de movimientos bancarios de las cuentas de mi defendido, erróneamente el tribunal considera que existe el indicio de que mi defendido cometió el delito de legitimación de capitales porque tiene movimientos bancarios que no pueden demostrar y por eso lo considera autor del delito señalado, pero resulta ser que el espíritu de la norma no es ese, sino, que el origen de los fondos sea de una actividad ilícita o delito grave, previamente demostrado y cometido por mi defendido, lo cual nunca existió en el contradictorio.
Otra documental considerada por el tribunal que presuntamente, demuestra la conducta ilícita de mi representado son:
(Omisis)…
El tribunal expresa en la recurrida, no darle valor probatorio a estas dos documentales, por cuanto considera que del análisis hecho, si bien fueron realizadas por parámetros aceptados en las ciencias económicas (contaduría), los datos en ellas contenidos según el tribunal fueron hecho a conveniencia del acusado Didier Contreras, pero no manifiesta el juzgador de donde obtuvo esa convicción.
(Omisis)…
El tribunal da valor probatorio a esta documental, por cuanto fue realizada por un tribunal de la República dentro de su competencia y se da por probado la existencia de cada uno de los bienes que la componen. Ahora bien, esta testimonial no guarda relación con mi defendido, ni señala que este haya cometido directa e indirectamente esa u otra actividad ilícita que haya originado su patrimonio como lo requiere la norma por la que fue condenado.
(Omisis)…
El tribunal da todo el valor probatorio, por cuanto se demuestra la conducta dolosa de los acusados Didier Contreras e Iván Leal. Esta testimonial no señala, que Didier Contreras haya cometido directa o indirectamente una actividad ilícita que haya originado su patrimonio como lo requiere la norma por la que fue condenado, y mucho menos indica una conducta dolosa.
(Omisis)…
El tribunal le da valor probatorio a las documentales señaladas anteriormente, por considerar que con ellas se demuestra, sin ninguna duda se realizaron operaciones mercantiles, tales como ventas, compras, sin la justificación del origen del dinero y que concatenado con las pruebas antes valoradas traen a la convicción al tribunal que todas esas operaciones se realizaron para legitimar el dinero proveniente de la actividad ilícita, como lo es el tráfico de sustancias prohibidas por la legislación venezolana. Asimismo, que se demuestra la utilización de algunos predios rústicos para desviar sustancia controlada por ser posible su utilización en la elaboración de la cocaína y sus derivados, siendo unos de los delitos por lo que hoy se condena. Ahora bien, el tribunal acredita estas documentales limitándose a indicar que son hechas las compras y ventas para legitimar el dinero proveniente del tráfico de sustancias prohibidas, sin indicar cual, cuando, donde, como y quienes cometieron esa actividad o delito grave y como participó mi defendido en esas operaciones financieras y, que de las mismas obtuvo su patrimonio.
(Omisis)…
El tribunal da valor de indicio a las documentales antes transcritas, por cuanto a su decir, tiene la certeza de la existencia de los documentos donde se acreditan las operaciones mercantiles y bancarias, pudiéndose deducirse (sic) el ingreso y posesión de numerarios (dinero) no justificadas con (sic) de la actividad profesional y comercial del acusado Didier Contreras; incluso se aprecian operaciones mercantiles bancarias en dinero extranjero para satisfacer operaciones mercantiles fueras de las fronteras patrias, así como la participación de los acusados Iván Leal en la realización de Informe Contable de ajuste de valores patrimoniales del ciudadano Didier Contreras; asimismo el acusado Santiago Villegas intentando justificar la libre comercialización de la urea al consignar sus abogados un comunicado emanado de la DARFA y un oficio emanado de UEMAT Barinas del año 2006, en razón del programa Plan Siembra, de fecha posterior al hecho investigado. El juez acredito las transparencias bancarias hechas por Didier Cotreras obviando que en el juicio quedó probado que eran realizadas por mi defendido a las empresas que le vendían motos en el Japón.
Por último, esas documentales no indican que el origen del patrimonio de mi defendido, provenga de una actividad ilícita o delito grave como lo requiere la norma.
(Omisis)…
EL (sic) tribunal le valor (sic) probatorio a esta documental, por cuanto se demuestra el justiprecio del inmueble, el cual es una suma considerable, factible de adquisición solo para personas con riquezas conocidas, siendo imposible dicha adquisición para el acusado Didier Contreras con dinero de procedencia licita, lo que hace concluir al tribunal que esta operación sólo tenía como fin la legitimación de capital ilícito el poder de éste y los imputados (con orden de aprehensión) Felipe, Ernesto y Alcides Ocampo, sobre quienes existe suficientes elementos de convicción para estimarlos como autores o participes en los delitos de tráficos de sustancias psicotrópicas o estupefacientes. El tribunal acredita en esta testimonial hechos que no constan en ella, toda vez que el avaluó del inmueble no dice que mi representado haya pagado esa cantidad, no dice que Felipe y Ernesto Ocampo, guarden relación con ese inmueble y hace valoraciones sobre personas no colocadas a derecho violando el principio de no juzgamiento en ausencia y tampoco de indica en esta documental un hecho ilícito o delito grave como origen del patrimonio de mi defendido.
(Omisis)…
Del anterior análisis de las documentales acreditas (sic) ha quedado probado el hecho denunciado en este recurso de apelación, es decir, la errónea aplicación de la norma prevista en el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, por cuanto no guardan relación con ninguna actividad ilícita o delito grave imputable a Didier enrique Contreras en esas documentales, sino que es evidente que al servir de fundamento de la sentencia condenatoria con aplicación de la norma que prevé el delito de legitimación de capitales, sin que en modo alguno quedaren satisfechos los elementos del tipo penal, es una clara prueba de la errónea aplicación de la norma tantas veces referida, a saber el artículo 4 ejusdem en su encabezamiento, por parte del tribunal a quo.
SOLUCIÓN QUE SE PRETENDE
Sobre la base de todo lo expuesto, visto que el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Funciones de Juicio de este Circuito Judicial Penal, constituido como tribunal mixto incurre en violación de la ley por errónea aplicación del artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, es Justicia que la honorable Corte de Apelaciones de esta Circunscripción judicial declare CON LUGAR el presente motivo y acuerde la nulidad de la sentencia apelada y proceda a dictar una decisión propia sobre el presente asunto con base a las comprobaciones de hechos ya fijados por la decisión recurrida, tal y como lo establece el primer aparte del artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.
PETITORIO
De conformidad con todos los argumentos de HECHO y de DERECHO expuestos y, sobre la base de los fundamentales (sic) expuestos, solicito respetuosamente que el presente recurso sea AMITIDO y sustanciado conforme a derecho, procediendo a fijar la audiencia oral prevista en el artículo 456 del Código Orgánico Procesal Penal. Por último, que una vez sustanciado el presente recurso procedan a lo siguiente:
PRIMERO: Declare CON LUGAR los MOTIVOS contentivos de las respectivas denuncias de vicios contenidos en la recurrida, específicamente, la VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA DE UNA NORMA JURÍDICA contenida en el artículo 238 el Código Orgánico Procesal Penal, y la denuncia del vicio de VIOLACIÓN DE LA LEY POR ERRÓNEA APLICACIÓN DE LA NORMA JURÍDICA contenida en el artículo 4 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada.
SEGUNDO: Con ocasión de la declaratoria con lugar de las denuncias interpuestas, solicito que de conformidad con los (sic) previsto en el artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal, procedan a DICTAR UNA NUEVA DECISIÓN PROPIA sobre la base de los HECHOS ACREDITADOS en el Juicio celebrado siendo que lo ajustado a Derecho es que dicha sentencia sea ABSOLUTORIA en virtud de los elementos que acreditan la inocencia de mi representado y la licitud de sus actividades, y una vez dictada la misma se proceda según lo dispuesto en el artículo 458 ejusdem procedan a decretar la inmediata libertad inmediata de Didier Enrique Contreras Camargo…”


SEGUNDO RECURSO DE APELACIÓN

Así mismo consta el escrito de apelación interpuesto por la Abg. Rocío del Valle Valbuena Cordero, en su condición de Defensora Pública del ciudadano IVAN LEAL SUAREZ, en el cual expone entre otras cosas lo siguiente:
“…(Omisis)…
I
FUNDAMENTOS DEL RECURSO
Revisado como ha sido por ésta defensa la decisión dictada por el Juez de Juicio Nro 4 esta claro que el mismo incurrió en el supuesto señalado en el ordinal 4to del artículo 452 del COPP, el cual establece que el Recurso de Apelación se fundará cuando exista “Violación de la Ley por inobservancia o errónea aplicación de una norma jurídica” como es el caso de nos ocupa.
Observamos que el mencionado supuesto legal prevé dos circunstancias disímiles, inobservancia de la ley u errónea aplicación de la misma, ambas, a criterio de ésta parte fueron infringidas en diferentes ocasiones en la decisión aquí recurrida, por las razones que a continuación expongo:
II
DE LA ERRONEA APLICACIÓN POR FALTA DEL ELEMENTO SUBSTANCIAS DEL DELITO ATRIBUIDO.
El Ciudadano IVAN LEAL SUAREZ fue condenado por el Tribunal Cuarto de Juicio del Estado Lara, en fecha 25 de marzo del 2010, a diez años de prisión por el delito de legitimación de capitales, de conformidad con el ordinal segundo del artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, el cual establece lo siguiente:
(Omisis)…
Es menester para esta defensa destacar que la representación del Ministerio Público presentó como único elemento de prueba en contra de mi representado “El Informe Pericial Financiero” realizado por dos expertas de la Guardia Nacional al Trabajo presentado por el contador Público Independiente Ivan Leal denominado Informe Contable de Ajuste de Valores Patrimoniales del ciudadano Ernesto Ocampo Ospino e Informe Contable de Ajuste de Valores Patrimoniales del ciudadano Alcides Ocampo Franco”. En consecuencia se incorporan como prueba la declaración de las funcionarias que suscribieron dicho informe Pericial, con esto dejo sentado que es solo ese hecho y ningún otro lo que le fue atribuido a mi representado, como se desprende de la acusación presentada por el Ministerio Público.
Por otra parte para tomar tal decisión el Tribunal de Juicio valoró una serie de hechos con los cuales estimó acreditada la participación de Iván Leal en el supuesto antes transcrito, vale decir declaró o dio por probado los supuestos de la norma penal sustantiva con hechos que en ningún caso configuran el delito atribuido infringiendo así el orden jurídico por indebida o errónea aplicación.
Si bien es cierto ésta Ley trajo consigo un cambio en el modelo o paradigma al extraer de la norma que regula los delitos relacionados con Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas incorporando a la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada, dejando a un lado la necesaria y exclusiva vinculación de los delitos relacionados con drogas par ala verificación de la Legitimación de Capitales, esto no quiere decir que no sea necesaria para la consumación del delito de Legitimación de Capitales existencia del delito principal o elemento condicionante establecido en la propia norma, por lo tanto en nuestro caso se requiere que “el ocultamiento o encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, propiedad u otro derecho de bienes” se deriven de una actividad ilícita o delito grave.
Es de lógica elemental que el delito que aquí nos ocupa sanciona la actividad mediante la cual se pretendan dar apariencia de legalidad al dinero, bienes o haberes que provienen de actividades ilícitas, por lo que debe estar determinada e identificada tal actividad, cosa que no ocurrió en la Sentencia recurrida pues el Tribunal jamás expresó de manera clara y precisa que actividad ilícita probada dio origen a la actuación de mi representado. Pues para el momento del desarrollo del juicio las únicas personas declaradas culpables de algún delito era SONIA LUCIA FRAILE Y ADHIS RAFAEL ROMERO y como quedó demostrado y jamás contradicho el Lic. Iván Leal Suárez realizó un Informe Contable en relación a dos personas diferentes de éstas, así como de las otras personas que fungían como acusados en éste proceso como lo son el Abg. Didier Contreras Camargo y el ciudadano Santiago Adolfo Villegas, no encontrando entonces ésta parte relación entre la actuación de Iván Leal y las únicas acciones ilícitas conocidas en el proceso no solo en el desarrollo del mismo sino de los hechos planteados por el Ministerio Público.
En relación a éste punto debo destacar un extracto de la declaración de la Lic. Thais Ulloa Pérez (una de las dos expertas que suscribieron el Informe pericial contra mi defendido) a pregunta de ésta defensora, como en efecto lo hago:
(Omisis)…
Lo importante de éste pequeño extracto es que la Experta se estaba refiriendo a el trabajo de mi representado, dejando así su opinión como Experta en la materia la necesidad de que exista la “Comisión de un Delito”, sin embargo no fue así apreciado por el Juzgador pues condenó sin observar la falta de este requisito para la configuración del Supuesto de Hecho que prevé el artículo 4 de la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada.
III
ERROR EN LA APLCIACIÓN DE LA NORMA CONTENIDA EN EL 2 APARTE DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGANICA CONTRA LA DELINCIENCIA ORGANIZADA POR INEXISTENICA DE LAS ACCIONES INHERENTES A SU COMISIÓN
Para la comisión del delito aquí estudiado se requiere que el sujeto activo incorpore o pretenda incorporar en actividades legales aquellos bienes, haberes, capitales o beneficios obtenidos ilícitamente y con ello dar o pretender dar apariencia de legalidad a su origen, de legalidad a su origen. Es decir la conducta desplegada debe ir orientada a ello por los medio adecuados y necesarios lo que jamás ocurrió en éste caso.
Paso inmediatamente a demostrar lo aquí planteado trayendo a éste acto cada uno de los hechos que el Tribunal erróneamente tomó para condenar a mi defendido, tales como:
Declaración de la ciudadana Luisa Garzón (de la cual extraigo los aspectos relacionados con mi defendido Iván Leal):
(Omisis)…
Vemos claramente como se equivoca el Juez al expresar que el hecho de que mi representado llevara la contabilidad de una empresa y que cobrara de manera mensual y no por nómina reflejaba una relación de dependencia cuando sabemos que en la realidad es todo lo contrario, este tipo de prestación de servicio muestra la actividad INDEPENDIENTE que como Contador Público Independiente (valga la redundancia) desarrollaba Iván Leal. Existiría dependencia si éste recibiera su contraprestación económica a un trabajador dependiente.
Por otra parte éste ello (sic) particular no fue elemento en contra de mi representado en la acusación fiscal incurriendo así el juzgador en error en la calificación de los hechos que consideró probados pues no estuvo éste hecho jamás en controversia.
(Omisis)…
Es falso que los objetos llamados por el testigo “de interés criminalistico” dieron como resultado la determinación de la responsabilidad penal de mi representado, al contrario al ser analizados como fueron en la fase de investigación éstos elementos, tales como, libros de contabilidad, carpetas, información contable contenida en la computadora de Iván Leal etc., por el órgano de investigación Comando ]Regional Nro 1, no hubo ninguna imputación al respecto, señal clara de que mi representado en su función como Contador Público Independiente llevó la contabilidad a la empresa investigada de forma adecuada y transparente pues de ella no se generó ningún elemento en contra de mi representado como se desprende de la acusación presentada por el Ministerio Publico.
Por lo expuesto queda demostrado el error del Tribunal al Pretender acreditar como delito unos hechos que jamás lo constituyeron pues ¿COMO PUDO INCURRIR IVÁN LEAL EN EL DELITO DE LEGITIMACIÓN DE CAPITALES O CUALQUIER OTRO CON HECHOS QUE NO GENERARON NINGUNA IPUTACIÓN NI TUVIERON CONSECUENCIA JURIDICA ALGUNA.?
Llegamos al punto de disertar sobre la exposición de la ciudadana Thais Ulloa Pérez, experta contable adscrita al Comando Regional Nro 1. la cual fue una de las dos personas que suscribieron el Dictamen Pericial financiero por el cual mi defendido fue traído a juicio, dada su importancia debo extraer amplio texto de lo que fue su deposición.
(Omisis)…
Como vemos lo manifestado por la experto en contra de mi representado en ningún caso hace deducir que éste incurrió en el delito de Legitimación de Capitales bajo la forma de “Ocultamiento, encubrimiento de la naturaleza, origen, ubicación, destino, movimiento, propiedad, u otro derechos (sic) de bienes, ni bajo9 ninguna otra forma pues la acción desplegada por él se materializó en un Instrumento de carácter privado con base a una de las normas que rige su oficio (que es el mismo de la experta) como lo es la norma denominada Servicio Especial del Contador Público (SECP 47) trabajo completamente incapaz de general (sic) las consecuencias jurídicas y económicas arriba indicadas por tratarse de un servicio encauzado por la constante protección del profesional, toda vez, que por esa naturaleza de independencia la misma norma atribuye toda la responsabilidad de los resultados a la persona que solicita el servicio especial.
Incurre en error el Juez al establecer que mediante la elaboración del Informe realizado por mi representado bajo la Norma que rige la actuación de los Contadores Públicos denominada SECP 4 es posible dar apariencia de legalidad a un bien pues el objeto del trabajo no es atribuible cualidad jurídica alguna, mal podría entonces decirse que tiene la capacidad de arrogar cualidad de ninguna clase. Entonces es necesario precisar aquí, ¿cómo se le da, apariencia de legalidad a un bien, a los fines de proporcionarle legalidad? Para así determinar qué actividad debe realizar una persona para darle apariencia de legalidad a un bien. Sabemos que las actividades o procedimientos que generan la legalidad de un bien es la adquisición por compra, construcción, herencia, etc., operaciones que tienen sus formas propias para legalizarse, tales como facturas, registros públicos civiles y7p mercantiles y demás formas de ésta índole que conocemos. Esto implica que si una persona tiene la voluntas de darle a un bien la apariencia de legalidad, realizaría operaciones encaminadas a obtener facturas falsas, registros fraudulentos de compra ventas, creación de hipotecas e inversiones de cualquier clase de modo que confundan los bienes ilícitos dentro de un patrimonio lícito. De modo que para legitimar capitales bajo esa forma expresada por el Juzgador como lo es “dar apariencia de legalidad” es menester desplegar conductas dirigidas a simular tal legalidad, a través de medios idóneos, capaces y necesarios pero JMAS SE UTILIZARÍA COMO MEDIO DE COMISIÓN UN INFORME CONTABLE DE CARÁCTER PRIVADO, REALZIADPO EN BASE A NORMAS QUE REGULAN LA ACTUACIÓN DEL PROFESIONAL DE LA CONTADURÍA QUE PARTICULARMENTE EXLCUYE A CUALQUIER TERCERO DEL CONOCMIENTO, INTERVENCIÓN Y DE DAR SIQUIERA UNA OPINIÓN ACERCA DEL ALACANCE DEL INFORME MISMO, LIMITANDO A LA MINIMA EXPRESIÓN LOS EFECTOS Y CAPACIDAD DE DICHO INFORME.
La declaración de Jessica Meza Cova: Aquí es preciso detenernos al analizar la siguiente situación, siendo ésta experta quien suscribe en compañía de la anterior el Dictamen Pericial por el cual mi representado fue acusado llevado a juicio y condenado, entendemos que su declaración complementa la declaración de la Lic. Thais Ulloa y que ambas declaraciones deben llevar igual dirección y perseguir el mismo objetivo, sin embargo ni fue así pues el Tribunal en relación a esta declaración NADA DIJO CON RESPECTO A LA ACTUACIÓN DE IVAN LEAL SUAREZ, pues esto fue lo que expuso de esa deposición:
(Omisis)..
Sorprende a ésta parte que siendo ésta declaración un elemento de prueba que en principio fue presentado para que obrara en contra de mi patrocinado, en su desarrollo no fue así, pies la experta fortaleció los puntos de la Defensa favoreciendo así la situación jurídica nuestra, sin embargo el Juzgador no tomó esto en consideración.
Aquí es válido volver a preguntarnos cómo es tomada esta declaración en contra de Iván Leal cuando ni para el Tribunal en su sentencia condenatoria se desprende de ella alguna acción que derive la comisión del delito de Legitimación de Capitales, recrudeciendo la violación aquí denunciada.
DOCUMENTALES EN CONTRA DE IVAN LEAL SUAREZ
(Omisis)…
Debo aclarar que el sentenciador diferencia las dos primeras documentales presentándolas como instrumentos diferentes e independientes, siendo que se trata de la misma prueba documental.
Aquí es necesario preguntar ¿Cómo pudo Ivan Leal Justificar bienes? ¿Cuál fue la acción o actividad concreta, suficiente y efectiva para ello?
Así mismo, cómo pudo dar valor probatorio según el testimonio del experto cuando las expertas no fueron contestes en sus declaraciones, como se evidencia de las actas, punto que más adelante profundizaremos.
(Omisis)…
Estas pruebas señaladas por el Tribunal no pueden ser utilizadas en contra de mi representado, toda vez que no fueron promovidas en su contra ni se desprendió de su evacuación algún elemento en su contra. Es un evidente error material cometido por el Juzgador. Tampoco se corresponde con la (sic) los hechos planteados en juicio el que el Juez acredite una experticia de ajuste de valores patrimoniales de Didier Contreras hechas por mi representado, pues ello no existió como elemento promovido, mucho menos evacuado en el juicio. Otro error del Tribunal.
He señalado una a una las pruebas que tanto en la acusación como en la sentencia obraron en contra de mi defendido, quedando claro que de ninguna se desprende una acción concreta desplegada por mi representado tendiente a la comisión del delito por el cual fue condenado.
IV
VIOLACIÓN POR INOBSERVNCIA DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO (ART. 24 APARTE INFINE DE LA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
El artículo 24 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su parte final instaura en nuestro ordenamiento jurídico el principio de que la duda favorece al reo.
(Omisis)…
Este es un principio Universal, de hecho es posible invocarlo en cualquier estado de la causa y ante cualquier instancia, pues él se crece ante los elementos alegados como probados creando un manto protector de quien lo invoca.
Como ya sabemos mi representado fue traído a juicio con un solo elemento de prueba en su contra el cual es el Dictamen Pericial suscrito por las expertas contables adscritas al Comando Regional Nro 1 con su respectivo complemente constituido por las declaraciones que sobre su experticia las mismas realizaron en el Juicio Oral y Público.
Es el caso que las expertas en sus declaraciones no fueron contestes pues en los puntos básicos de sus conclusiones cada una emitió un concepto diferente como se evidencia de las actas levantadas.
Observemos las grandes contradicciones en aspectos señalados como relevantes en la experticia, a continuación comparo y confronto:
Con respecto al punto de la Auditoria u Obligación de Iván Leal como Contador Público independiente desarrollando un servicio especial bajo la norma SECP 4 bastante debatido en el juicio, las expertas expresan cada una lo siguiente:
(Omisis)…
Observamos con claridad la disparidad de opiniones en cuanto a la obligatoriedad o no para el Lic. Leal de revisar los bienes descritos en la documentación aportada por el solicitante, así como de los originales de los documentos entregados como insumo para elaborar su trabajo. Para la Teniente Ulloa si era necesaria la revisión pero par la Teniente Cova no, (como lo expresa la norma SECP 4). Punto importantísimo pues de allí pretendió el Ministerio Público determinar una acción dolosa por parte de mi patrocinado, cosa que no logró no sólo por la contradicción en los dichos de las expertas, sino por el texto de la propia norma SECP 4 que en contenido establece que el Contador Público al regirse por ella debe señalar que NO AUDITO como veremos más adelante.
En relación a otro punto importante, intempestivamente en el desarrollo del juicio la Representación fiscal hace referencia a la supuesta necesidad de que existiese en el Informe presentado por el Lic. Leal una carta compromiso o contrato, digo intempestivamente porque en el Dictamen Pericial las expertas no lo señalan.
(Omisis)…
Como vemos se incorpora de forma intempestiva este criterio de la necesidad de La existencia de un contrato compromiso El cual par Thais Ulloa era necesario para establecer los parámetros pero par la Lic. Meza no se hizo a esta necesidad pues esa es la verdad, no establece la norma que éste contrato exista físicamente en el Trabajo presentado por el Contralor pues dicho acuerdo puede ser incluso verbal.
Por otra parte las expertas se contradicen también en cuanto a la determinación de que si el Trabajo elaborado por mi defendido es o no un Servicio Especial prestado por un Contador Público (SECP 4) lo cual fue y es determinante en la defensa de Iván Leal pies la mencionada norma fue el instrumento guía utilizado por éste, del cual se deriva que su actuación no genera compromiso alguno como se deduce de la simple lectura de la misma.
(Omisis)…
Es irrebatible que siendo ésta la única prueba en contra de mi representado, al presentarse contradicciones e incongruencia entre las expertas que lo firmaron en igualdad de condiciones, ellas mismas generaron dudas en cuanto a la valoración del débil jurídico, como lo es Iván Leal Suárez y obligatoriamente declarar una sentencia Absolutoria, lo que no hizo casi a capricho motivo por el cual hoy denuncio tal violación.
Al respecto la Sala de Casación Penal en decisión Nro 049 de fecha 26-02-10 en el expediente C-09-418 establece los siguietns puntos de suma importancia:
(Omisis)…
Como vemos a juicio del máximo Tribunal no le es dado al Juez decidir a según sui libre albedrío desconociendo así lo que como Principio Universal se conoce como IN DUBIO PRO REO, el cual obliga a que en caso de dudas generadas por las incongruencias encontradas en las pruebas, el Juez debe decretar obligatoriamente una Sentencia absolutoria, lo que no ocurrió en este Juicio, por lo que hoy recurrimos a ésta alzada.
V
VIOLACIÓN DE LA LEY POR INOBSERVANCIA DE UNA NORMA JURÍDICA (ARTÍCULOS 12 Y 18 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL)
El juez a quo incurrió en violación de la ley al inobservar las normas previstas en la norma Adjetiva Penal las cuales nacen del ejercicio genuino del Derecho a la defensa, pues dejó de valorar el testimonio del único testigo presentado por esta parte, Lic. Darío Borrero, quien fue presentado como Testigo Experto, condición que nace de haber tenido conocimiento directo de los hechos pues para la fecha de su ocurrencia fungía como Vicepresidente del Colegio de Contadores del Estado Táchira, Institución a la que le fue presentado el caso del Lic. Iván Leal Suárez, para su análisis y discusión.
Después que el testigo experto declara y explica de forma clara e inequívoca sobre la actuación del Lic. Iván Leal, a la luz de la norma SECP 4 por ser el instrumento utilizado par ala elaboración del Informe Contable objeto del proceso, trayendo al proceso elementos técnicos necesarios para comprender la actuación del Profesional de la Contaduría Pública, el Juez presidente indica lo siguiente:
(Omisis)…
Ciertamente el juez Presidente del Tribunal mixto no valora el testimonio del Testigo experto desconociendo el objetivo de dicha declaración pues el Lic. Darío Borrero no declaro como un contador público más, lo hizo con la calificación que le daba el ser Contador Público pero con conocimiento directo de los hechos pues éstos se reducen a un trabajo o informe de naturaleza contable que fue analizado por éste en la plena investigación por habérsele pedido opinión al Gremio que en ese momento como vicepresidente representaba.
(Omisis)…
Evidentemente ésta errónea apreciación coloca a esta parte en desigualdad con el Ministerio Público, pues todas las pruebas de la representación Fiscal fueron planteadas con un objeto, e interés particular, siendo que a la fiscalia le es posible conducir por el camino por ella deseado por ser quien dirige la investigación, incluyendo con esto todos los Organismos de seguridad que son auxiliados y sin embargo no fue ninguna de ellas desestimadas. Violando así la igualdad de las partes. Comprometiendo seriamente el Tribunal su objetividad.
(Omisis)…
El Juez presidente en la sentencia no hizo el mínimo ejercicio de confrontar las declaraciones de las Expertas Contables con la del Testigo Experto presentando por esta parte, violando así este principio llamado Contradicción. No se observa un análisis exhaustivo por separado de cada testimonio, y luego su respectiva comparación o cotejo que haga inferir que se valoró y respeto el punto de derecho de cada una de las partes y que la decisión es producto de la confrontación de las pruebas en igualdad de condiciones. Es por esto que la doctrina denomina al Juez el “Perito de Peritos”
VI
VIOLACIÓN POR INOBSERVARCIA DEL ALACANCE DE LA NORMA SERVICIO ESPECIAL DEL CONTAOR PUBLICO (SECP 4)
Conocemos que en nuestro ordenamiento como en todo ordenamiento jurídico, existe una Jerarquía de Leyes y normas, encontrando como principal norma la Constitución de la República, seguidamente están las Leyes Orgánicas, le siguen las Leyes ordinarias y así van sucediendo están en el orden de prelación hasta llegar a los decretos y reglamentos. Aquí se encuentran las normas aprobadas por los gremios profesionales para regir su actuación. Este es el caso de la SECP 4, norma de actuación de los contadores públicos, la cual establece los parámetros sobre los que se basa un Contador Público para realizar labores o servicios en el ejercicio independiente de su profesión. Al ser aprobada por un organismo de reconocimiento nacional como el único que puede emitir Principios de Contabilidad de Aceptación General, por lo tanto sus disposiciones sin de obligatorio cumplimiento aún para las personas que no son profesionales de la Contaduría Pública.
Es el caso que quedó plenamente probado que mi representado realizo el Informe bajo ésta norma por lo que también queda claro que su contenido era obligante par el al momento de elaborar su Trabajo.
Por lo tanto mi representado se apegó a lo establecido en dicha norma por loo que en su informe debía contener a la luz de la norma lo siguiente:
Que fue realizado de acuerdo a la norma secp 4.
El señalamiento de los insumos con los que trabajo por lo tanto señaló que trabajó con documentos fotocopiados como única evidencia y soporte. (Art. 22).
Que la suficiencia de los procedimientos es solamente responsabilidad de los interesados.
Que el informe está restringido a las partes que han convenido en el trabajo. (Art. 6)
Que no representa compromiso alguno acerca de la suficiencia de los procedimientos tanto el propósito por el cual ha sido requerido u otro propósito. (Art. 22)
Q2ue se elaboró en aplicación de procedimientos convenidos.
Que no fue contratado para una auditoria (Art. 9 y 22)
Como vemos la propia norma exime al contador de responsabilidad toda vez que se (sic) el Trabajo se basa en un acuerdo particular por lo que su alcance va a depender del interés que tenga el usuario sobre determinados hechos concretos.
La limitación la coloca el cliente, el contador se concreta a realizar la labor tal y como se la encomendaron, por tanto el único responsable del procedimiento utilizado es el cliente quien será el único usuario del mismo, pues otras personas podrían dar otras interpretaciones equivocadas en relación a lo examinado.
El contador estaba protegido a la luz de la norma aplicada y ésta circunstancia fue desconocida por el Juzgador en detrimento del derecho a la defensa del ciudadano Iván Leal Suárez.
VII
PRETENSIÓN Y PETITORIO
El presente recurso de Apelación se realiza con fundamento en el artículo 452, ordinal 4, del Código Orgánico Procesal Penal, pues todas las violaciones se circunscriben a ese ordinal, por ende, la solución pretendida es la consagrada ene. Artículo 457 del Código Orgánico Procesal Penal.
Por lo expuesto solicito respetuosamente a esa corte de Apelaciones DECLARE CON LUGAR el presente recurso de apelación en primer lugar por violación de la ley por inobservancia y en segundo por errónea aplicación de la norma jurídica mediante la cual fue condenado mi defendido (Omisis)…
En virtud de que la consecuencia de la procedencia del presente Recurso de Apelación por los motivos expuestos, es que esa CORTE DE APELACIONES DICTE UNA DECISIÓN PROPIA, ese es el segundo pedimento de esta parte, pues confía que será aplicado debidamente el ordenamiento jurídico a nuestro caso.
Como tercer pedimento solicito que la decisiónm que se tome sea una SENTENCIA ABSOLUTORIA de mi patrocinado (Omisis)…
Como cuarto pedimento esta parte demanda que conforme al 458 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordene la libertad del referido ciudadano…”


TERCER RECURSO DE APELACIÓN

De igual forma, en el escrito de apelación interpuesto por los abogados MARIA DE LOS ANGELES GONZÁLEZ VILLACACERES y DANIEL GERARDO ESCALONA RUMBOS, en su condición de Defensores Privados del ciudadano SANTIAGO ADOLFO VILLEGAS DELGADO, se expone como fundamento entre otras cosas, lo siguiente:

“(Omisis)…
II
PREVIO
EL (sic) derecho a la presunción de inocencia, en el proceso penal trae como consecuencia “un desplazamiento de larga prueba a las partes acusadoras a quienes incumbe exclusivamente (y nunca a la defensa) probar los hechos constitutivos de su pretensión penal” (Pico Junio, 1997, 162), tal desplazamiento no es producto de un inventada costumbre que se materializa en una concesión graciosa del Estado, sino que por el contrario, es así por constituir un derecho y de naturaleza constitucional, por tanto goza de las características de irrenunciabilidad, sin posibilidad de ser relajada sin ocasionar una afrenta constitucional con la consecuente nulidad de la actuación atentatoria a éste derecho.
El estado de inocencia de la persona humana constituye un derecho fundamental que se garantiza en todo estado de la investigación y del proceso por el artículo 49 de nuestra Constitución:
(Omisis)…
Así, la prueba de la culpabilidad que debe reflejar una sentencia condenatoria no puede ser el resultado de la arbitrariedad, por el contrario la actividad probatoria (Omisis)… y esto se debe evidenciar en el análisis del propio acervo recibido en el Juicio, permitir una sentencia que no explique el convencimiento que le producen las pruebas evacuadas o que llegue a conclusiones fuera de lo incorporado con elementos extraprocesales y sin sustrato probatorio, es tanto como condenar a todo acusado, pues bastará la palabra de los acusadores para sufrir el castigo, retomando el oscurantismo de las viejas praxis del proceso inquisitivo no propio de ésta nueva generación del proceso penal.
En casos como el presente observamos una condena que se funda en el vacío, pues luego de leer la extensa sentencia no encontramos respuesta a todas las interrogantes que se presentaron en el Juicio, no entendemos el camino lógico que lleco a los Jueces de los hechos probados a la norma penal y esto no trae otro resultado que la promesa incumplida de impartir justicia.
III
FUNDAMENTOS DEL PRESENTE RECURSO DE APELACION
i
PRIMER MOTIVO DE IMPUGNACIÓN
FALTA DE MOTIVACIÓN
ERRORES EN EL ESTABLECIMIENTO DE LOS HECHOS
ERRORES IN JUDICANDO FACTI
Denunciamos como primer motivo de apelación la inmotivación de la sentencia recurrida, cuyo vicio ha sido defendido por nuestra jurisprudencia como:
(Omisis)…
Este, aparece contemplado en el artículo 452, ordinal 2do. del Código Orgánico Procesal Penal así:
(Omisis)…
El cual procedemos a fundamentar así:
FUNDAMENTOS DEL PRIMER MOTIVO DE APELACIÓN
PRIMERO
EL TRIBUNAL DEJO DE VALORAR DE FORMA EXPRESA ELEMENTOS PROBATORIOS PROMOVIDOS POR LA DEFENSA TENDIENTES A DEMOSTRAR LA INOCENCIA DE SANTIAGO VILLEGAS DELGADO
El Tribunal de la recurrid incurrió en inmotivación del fallo por haber omitido el análisis y valoración de determinadas pruebas, que de haber sido valoradas hubiesen modificado el resultado del proceso, por tal razón en cumplimiento de lo establecido en sentencia 0289 del 24 de abril del 2001, procedo a identificar cuales fueron esas pruebas así:
PRIMERA: Acta de Prueba Anticipada de estudios de suelos inserto en la pieza N (Sic) 09 folios 2958 al 2961 y pieza N-10 3003 al 3005.
SEGUNDA: Testimonio de la ingeniero Lency Yasmir Chacon Padilla.
(Omisis)…
Pues bien, éstas dos pruebas de la defensa que el Tribunal no valoró ni analizó, sí aportan elementos de inculpabilidad de nuestro defendido SANTIAGO ADOLFO VILLEGAS DELGADO, quien afronta cargos por el ocultamiento ilícito de sustancias precursoras de sustancias estupefacientes, y que a lo largo del debate desde la apertura hasta las conclusiones fue alegado que la urea en el PLAMICHAL LOS ABUELOS Y LA ROSAREÑA, y en el curso del debate, la primera prueba evidencia la presencia en los suelos del PLAMICHAL, LOS ABUELOS Y LA ROSALEÑA de “hidroxido de amonio”, que según la experto Lency Chacon tal resultado comporta que ha sido aportado al suelo el Hidróxido de Amonio y éste es una forma como se absorbe el nitrógeno, principal elemento que aporta la urea.
Por lo cual, el Tribunal de haber analizado y valorado éstas pruebas hubiese llegado a la conclusión que efectivamente los suelos del PALMICHAL, LOS ABUELOS Y LA ROSAREÑA, estaban siendo fertilizados con un compuesto nitrogenado como lo es la Urea, para el momento en el cual ocurrieron los hechos. Prueba que adminiculada con el testimonio de los obreros trabajadores en dicha finca constituye una prueba de certeza que la urea incautada en el palmichal era utilizada la fertilización de los suelos.
TERCERA: PRUEBA DE INFORME: a la empresa comercializadora El roble de los andes situada en la calle 1 con vía la morita el piñal municipio Fernández feo Estado Táchira, mediante la cual la misma remitió Copia certificada de la renovación del registro del régimen legal 4 y del permiso de adquisición traslado y uso emanada por el director de armamiento de la fuerza Armada Nacional cursante en la pieza 52 folio 60 al 64 del presente asunto, sobre la cual el Tribunal se limitó a manifestar:
(Omisis)…
Esta prueba que el Tribunal decidió por una parte, no dar valor probatorio alguno, más sin embargo el propio Tribunal manifiesta que sí demuestra la autorización de ésta empresa para vender el producto, si aporta elementos de inculpabilidad que debieron ser valoradas por el Tribunal y comparadas con otras pruebas, pues haberlo hecho, el Tribunal hubiese valorado que tanto el encargado de la finca OSCAR PABON, así como la secretaria del Colibrí LUIS MAGMOLIA GARZON manifestaron que la urea era adquirida a ésta empresa, la cual posee los permisos para la venta del producto en cuestión y por tanto fue adquirido de forma licita.
Así las cosas, esta ausencia de valoración y análisis de cada uno de los elementos producidos en el desarrollo del proceso, máxime cuando fueron elementos aportados por la defensa para su descargo, constituye una violación a la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, tal y como lo ha expresado nuestra Sala de Casación Penal en sentencia 455 de fecha 2 de agosto de 2007.
De ésta manera dejamos fundamentado el primer motivo de apelción consistente en la FALTA DE FUNDAMENTOS DE LA SENTENCIA APELDA, pues de suyo la ausencia de valoración de las pruebas antes descritas, comporta la causal establecida en el artículo 452, ordinal 1do, del Código Orgánico Procesal Penal, sin embargo, la sentencia es igualmente inmotivada por falta de fundamentación, por las razones siguientes:
SEGUNDO
FALTA DE VALORACIÓN INTEGRA DE PRUEBAS
ABSTENCIÓN DE PRONUNCIARSE DE LOS HECHOS DE DESCARGO
PRIMERO: El Tribunal valora el testimonio de los ciudadanos: Oscar Alfonso Pabón Rangel, José Antonio López Carvajal Y Jesús Osorio León en éste sentido:
(Omisis)…
Y el testimonio de los ciudadanos Candelario Aguilar, José Gregorio Ramírez Méndez, Rafael Jiménez Rojas, Luís David Jiménez Gutiérrez y Juan Ramón Jaimes Parada, además de lo anterior, manifiesta el Tribunal haber obtenido el convencimiento de la relación de Gustavo Quiroz como dueño y en algunos casos a Alcides Ocampo como “amigo” del primero.
Pues bien, es el caso (Omisis)… que el Tribunal incurrió en una valoración parcial y sesgada de las declaraciones de éstos NUEVE TESTIGOS, quienes en su mayoría son testigos comunes, promovidos por la Fiscalia y la Defensa, y en la promoción de la pruebas de la defensa de Santiago Villegas, se promovió la declaración de estos obreros de las fincas a los fines de demostrar:
(Omisis)…
Razón por la cual, el Tribunal omitió analizar y valorar sus dichos en cuanto aquello que fue objeto de la prueba, que forma parte de la transcripción de las actas donde constan las declaraciones de los mismos en la propia sentencia, donde consta que los mismos afirmaron de forma unánime que SNTIAGO VILLEGAS, no impartía instrucciones acerca del uso o almacenamiento de la urea, además fueron contestes en afirmar que la urea incautada en la hacienda el PALMICHAL era utilizada por ellos mismos para los potreros de dicha hacienda y de la hacienda LOS ABUELOS, como fertilizante y para combatir de un insecto denominado “candelilla”, de la como podrá notarse de las siguientes citas de la propia sentencia, hechos alegados desde la apertura del Juicio Oral y Público sobre los cuales el Tribunal no dijo ABSOLUTAMENTE NADA.
Lo cual puede comprobarse de la propia lectura de la transcripción de su declaración en el mismo texto de la sentencia, de los cuales, nos permitimos citar parcialmente así:
(Omisis)…
SEGUNDO: Por otra parte, es de sorprender la falta de motivación del Tribunal Ad Quo respecto a la declaración del experto CRLOS JAVIER CONTRERAS APARCICIO, al cual, si bien el Tribunal le dio el siguiente valor:
(Omisis)…
Sigue bajo el mismo vicio, puesto que en primer lugar manifiesta demostrar una relación de causalidad entre una sustancias encontrada en una empresa de encomienda y la incautada en una causa de habitación, sin que podamos conocer de qué causa y de qué efecto refiere el Tribunal pues no se expresa en su valoración ni en el presunto hecho que establece. Y en segundo lugar, pero aun de mayor relevancia constituye el hecho de que el experto en referencia, depuso en juicio acerca de los siguientes dictámenes por el realizados: (según se evidencia de la propia relación de la sentencia recurrida)
(Omisis)…
Cada uno de ellos analiza una muestra distinta y cada resultado es diferente pues se trataron de diferentes objetos de estudio realizados por la misma persona, sin que el Tribunal haya manifestado que valor le da a cada una de sus deposiciones, ni qué se demuestra con cada uno de ellos y cómo relaciona el hecho demostrado con la culpabilidad de los acusados.
Y la más grave de sus omisiones se refiere a las deposiciones del experto respecto a ACTA DE VERIFICACIÓN DE SUSTANCIAS, de fecha 04-10-2005 inserta al folios 1104 de la pieza nro.05 y la EXPERTICIA QUIMICA N° 1652, cursante a los folios 18894 al 18895, P. 7 de fecha 30/09/2005, la cuales tendieron a establecer si la urea encontrada en la hacienda el PLAMICHAL estaba contaminada con cocaína, como repetición de una verificación practicada en el día anterior por un experto diferente en la cual una de las muestra arrojo una posible contaminación, de la cual se solicito nulidad y el juez ordeno volverla a realizar, el cual sometido al interrogatorio, respondió:
(Omisis)…
Luego, el Ministerio Público sustento su acusación en el hecho que la UREA estaba contaminada, y pretendió valerse de dos medios probatorios, uno el Acta de Verificación de sustancia estupefacientes y psicotrópicas de fecha 03/10/2005, suscrita por el Juez Jorge Ochoa, inserta en el folio 6133 al 6136 de la pieza N° 18 del presente asunto, a la cual el Tribunal le dio el siguiente valor:

(Omisis)…
Y por otra parte con la declaración del experto JORGE SANCEDO ZAMBRANO, al cual el Tribunal le dio el siguiente valor:
(Omisis)…
Que como podemos ver es el mismo valor probatorio dado a la declaración de C arlos Contreras. Por nuestra parte, a los fines de demostrar que la urea no estaba contaminada, promovimos, además de la declaración del experto CARLOS CONTRERAS el Acta de Verificación de sustancia estupefacientes y psicotrópicas de fecha 04/10/2005, suscrita por el Juez Jorge Ochoa, inserta en el folio 6140 y 6141 de la pieza N° 18 del presente asunto, la cual fue valorada por el Tribunal así:
(Omisis)…
Generándose entonces en el juicio la existencia de dos experticias una que habla de una posible contaminación y otra que dice que no ésta contaminada, situación que fue además debatida en juicio con las delcarciones de ambos expertos, hecho que no fue analizado ni valorado por el Tribunal en ninguna parte de la sentencia, pues en el establecimiento de los hechos llego a la siguiente conclusión:
(Omisis)…
Pero la misma fue totalmente inmotivada pues no apreció ni comparó el dicho de cada uno de los expertos, para que las pares pudiéramos conocer que peso probatorio dio a cada declaración y cada experticia máxime cuando se trataban de dos experticias y dos declaraciones de expertos con conclusiones diferentes sobre un mismo hecho. Esta ausencia de motivación, nos impide conocer a las partes el proceso lógico que lo llevó a la conclusión que sí estaba contaminada y que motivo le hizo dsechar la experticia y la declaración del experto que afirma que la urea no estaba contaminada.
Por ésta razón, no dudamos en afirmar que tal hecho se estableció con prescindencia absoluta de valoración de la declaración y la experticia antes descrita pues la misma afirmó que la Urea no se encontraba contaminada, lo cual la hace inmotivada y así solicitamos que sea dclarado.
TERCERO
EL TRIBUNALÑ DA PLENO VALOR PROBATORIO
SIN EXPRESAR QUE HECHOS DA POR PROBADOS NI COMO ESTOS INCIDEN EN
LA CULPABILIDAD DE NUESTRO DEFENDIDO
(Omisis)…
Como puede notarse en ninguna de éstas valoraciones podemos las partes, ni ésta Corte de Apelaciones conocer que hechos da por demostrados el Tribunal con tales declaraciones ni cómo esos hechos influyen en la culpabilidad de cualquiera o ninguno de los acusados lo cual hace nuevamente inmotivada la decisión por ésta razón.
Situación que se repite con las siguientes pruebas:
(Omisis)…
Pues para todas y cada una de ellas la valoración fue una sola, sin expresa qué hecho da por demostrado y ésta fue la siguiente:
(Omisis)…
NOVENO: Acta de inventario de Bienes muebles e inmuebles por su naturaleza y destilación y nombramiento de interventor y Administrador judicial 25-09-2005 inserta en la pieza 04 folios 942 al 945.
(Omisis)…
DECIMO: Acta de Inventario de Bienes Muebles por su naturaleza y Destinación y nombramiento de Interventor y Administrador Judicial de fecha 24-09-2005. Hacienda Los Abuelos folios 1.623. al 1.625 pieza N-18 (auto de fecha 26-10-2007).
(Omisis)…
DÉCIMOPRIMERO: Acta de Inventario de Bienes Muebles por su naturaleza y Destinación y nombramiento de Interventor y Administrador Judicial de fecha 24-09-2005 Hacienda Manzanares De Navay folios 6.126 al 6.128 pieza NB-18 (auto de apertura de fecha 26-10-2005),
DECIMOSEGUNDO: Acta de Inventario de Bienes Muebles por su naturaleza y Destinación y nombramiento de Interventor y Administrador Judicial Hacienda El Palmichal de fecha 22-09-2005 del Palmichal pieza N-18 folios 6117 al 6120 (auto de apertura de fecha 26-10-2005),
Así, incurre la recurrida en inmotivación de su fallo cuando las actas de inventario de bienes para el tribunal demuestran la existencia de los bienes que la componen, sin que de tal afirmación podamos conocer las partes cuáles son esos bienes, ni cuál es la incidencia de éstas pruebas en la responsabilidad de los acusados, pues la mención que se demuestra una relación de causalidad, es algo que no se evidencie de tales actas y más aun sin que exprese cual causa y cual efecto se refiere, lo cual hace igualmente inmotivada la sentencia por ésta causa.
DECIMO TERCERO: Experticia Financiera distinguida con el N- Co-Ca-D-