TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

-EN SU NOMBRE-
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, Dieciocho (18) de Noviembre del dos mil veinticinco (2.025)
215º y 166º

ASUNTO : KH02-M-2022-000017

PARTE ACTORA: Ciudadano ANTHONY JOSE RAFAEL MONTES DE OCA ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 17.018.708, de este domicilio, actuando como Director Principal de PROMEDICAL CENTER, CA, empresa privada domiciliada en Barquisimeto, Estado Lara e inscrito en el Registro Mercantil Segundo del Estado Lara, en fecha 17 de Mayo del año 2011, bajo el N° 2. Tomo 52-A y cuya última modificación estatutaria consta en el acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas registrada ante esta misma Oficina de registro en fecha 14 de mayo del 2021, bajo el N°70, tomo 6-A RM365.-

APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE ACTORA: Ciudadanos JOSE GREGORIO CERMEÑO DELGADO y CARLOS LUIS ARMAS LOPEZ, debidamente inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 66.374 y 58.641, respectivamente, de este domicilio.-

PARTE DEMANDADA: Aseguradora MULTINACIONAL DE SEGUROS, CA.. inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el 22 de Marzo de 1983, bajo el N° 41, Tomo 1-A, siendo una de su última modificación la Protocolizada ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida de fecha 13 de julio del año 1999, bajo el N°55, Tomo A-14, anotado en la superintendencia de seguros con el N 91, RIF J-09013400-0, y de este domicilio.

APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyó.-

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
JUICIO COBRO DE BOLÍVARES (Vía Ordinaria)
(PERENCION DE LA INSTANCIA)

-I-
SECUENCIA PROCEDIMENTAL
Antes de pronunciarse quien aquí juzga, y en virtud de la designación efectuada en sesión de fecha 11/10/2024, con oficio N° TSJ/CJ/OFIC/2374-2024 emitida por la Comisión Judicial del Tribunal Supremo de Justicia, por la cual se designó como Juez Provisorio del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara al abogado DANIEL ALBERTO ESCALONA OTERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad N° V-17.306.596, y en virtud del beneficio de jubilación concedido a la Juez Provisorio Johanna Dayanara Mendoza Torres; y previa convocatoria realizada y debidamente juramentado por la Rectoría Civil en fecha 04/11/2024 según acta N° 25/2024; quien suscribe el Juez Provisorio DANIEL ALBERTO ESCALONA OTERO se aboca al conocimiento de la presente causa, de conformidad con lo establecido en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil, y procede a emitir el pronunciamiento en los siguientes términos:
Se inició el presente juicio por COBRO DE BOLIVARES VIA ORIDNARIA, intentado por el Ciudadano ANTHONY JOSE RAFAEL MONTES DE OCA ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 17.018.708, de este domicilio, actuando como Director Principal de PROMEDICAL CENTER, CA, EMPRESA PRIVADA DOMICIALIDA EN BARQUISITO, Estado Lara e inscrito en el Registro Mercantil Segundo del Estado Lara, en fecha 17 de Mayo del año 2011, bajo el N° 2. Tomo 52-A y cuya última modificación estatutaria consta en el acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas registrada ante esta misma Oficina de registro en fecha 14 de mayo del 2021, bajo el N°70, tomo 6-A RM365, asistido por el abogado JOSE G CERMEÑO D, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 66.374, de este domicilio, contra la Aseguradora MULTINACIONAL DE SEGUROS, CA.. inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el 22 de Marzo de 1983, bajo el N° 41, Tomo 1-A, siendo una de su última modificación la Protocolizada ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida de fecha 13 de julio del año 1999, bajo el N°55, Tomo A-14, anotado en la superintendencia de seguros con el N 91, RIF J-09013400-0, y de este domicilio; siendo presentada la demanda en fecha 05 de Agosto del 2022, dándole entrada este Juzgado mediante auto de fecha 09 de Agosto del 2022. De este modo y para el día 16 de Septiembre del 2023, este Juzgado dictó auto mediante el cual admitió la presente demanda.-
Para en fecha 23 de Septiembre del 2024, la parte actora compareció y otorgó poder apud acta a los abogados Gregorio Cermeño y Carlos Luis Armas, inscritos en el IPSA bajo los Nos.- 66.374 y 58.641, respectivamente; y en misma fecha consignó diligencia con los fotostatos necesarios para la compulsa respectiva, ordenando este Juzgado mediante auto de fecha 27 de Septiembre del 2022, librar la compulsa, siendo consignada por el Alguacil del Tribunal, tanto la compulsa como el recibo de citación sin firmar de la parte demandada.-
Más adelante y en fecha 29 de Noviembre del 2022, la parte actora mediante diligencia peticionó que la citación se hiciere a la parte demandada vía telemática, negándola este juzgado mediante auto de fecha 14 de Diciembre del 2022, en acatamiento a la Resolución No 001-2022 de fecha 16/06/2022 emanada de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia e instó a la parte actora a gestionar la citación de la parte demandada mediante comisión. Siendo de esta manera, la parte actora en fecha 20 de Diciembre del 2023, consignó diligencia mediante la cual solicitó se comisione a un Tribunal de Municipio en los Cortijos de Lourdes Caracas a los fines de la práctica de la citación, acordándolo este Juzgado mediante auto de fecha 24 de Enero del 2023, y ordenó librar compulsas y despacho de citación y su remisión con oficio.- En fecha 08 de febrero del 2023, la parte actora diligenció anexando copias fotostáticas necesarias para la comisión y asimismo solicitó le fuera nombrado correo especial, y el Tribunal lo acordó en fecha 10 de febrero del 2023 mediante auto. Posteriormente en fecha 23 de febrero del 2023, la parte actora solicitó le fuere entregado la compulsa, el despacho de citación y el oficio donde se le nombró correo especial a los fines de practicar la citación, advirtiéndole este Tribunal por medio de auto de fecha 27/02/2023 que ya se ha pronunciado por auto de fecha 10/02/2023 en lo solicitado.-
Asimismo y en fecha 14 de Marzo del 2023, la parte actora consignó el original del oficio recibido por el Tribunal Distribuidor de los Cortijos de Lourdes en Caracas; y por último y en fecha 16 de Marzo del 2023, este juzgado dicto auto tomando nota de lo señalado dándose por enterado; y revisadas exhaustivamente como han sido las actas procesales que conforman el presente asunto, este Juzgado observa lo siguiente:

DE LA PERENCION
El fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, un año (en el caso de la perención ordinaria), lo cual comporta la extinción del proceso. Siendo la perención de carácter objetivo, basta para su declaratoria que se produzcan dos condiciones: la falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye por la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.

Es así como los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, disponen de manera expresa lo que a continuación se transcribe :
Artículo 267
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.

Artículo 269
La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.

La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad cuando no mide interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor de la barrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aun de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.
Por otro lado, si bien la perención está concebida en nuestro ordenamiento jurídico, no debe pasar inadvertido que es una norma sancionatoria y por ello, de interpretación restrictiva (sentencia N° RC-00537 de fecha 06/07/2004 Sala de Casación Civil), quiere decir que es aplicable estrictamente al supuesto de hecho en ella contemplado, sin que pueda extenderse sus consecuencias a supuestos de hecho distintos a los específicamente en ella contemplados, ni por presunciones aisladas.
De igual manera, en sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el Exp. No AA20-C-2012-738 con ponencia de la Magistrada AURIDES MERCEDES MORA, de fecha 14/05/2017, estableció lo siguiente:
En relación a la perención, la doctrina patria advierte que un proceso puede extinguirse normalmente, no por actos, sino por omisión de las partes.

Al respecto, el Dr. Ricardo H. La Roche, ha señalado que la perención de la instancia “…es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso…”, por ello sostiene, que “…toda paralización tiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones que la determinan…”. (Vid. Ricardo Henríquez La Roche, Código de Procedimiento Civil. Tomo II. Páginas 328 y 329, Caracas, 1995, Centro de Estudios Jurídicos del Zulia).

Por su parte, el autor patrio Arístides Rengel Romberg, sobre el mismo tema, ha indicado lo siguiente:
“…Para que la perención se produzca, requiérase (sic) la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento no los realizan; pero no del juez, porque si la inactividad del juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar al arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso.
La actividad del juez dice Chiovenda basta para mantener en vida el proceso, pero su inactividad no basta para hacerlo desaparecer, cuando durante su inactividad las partes no están obligadas a cumplir actos de desarrollo del proceso.
La perención se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y, finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año…”. (Arístides Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Caracas, Editorial Arte, 1995, págs. 373, 374 y 375). (Resaltado de la Sala).
Determinado lo anteriormente dilucidado, en el presente caso, se observa que desde que la parte actora introdujo diligencia en fecha 14/03/2023, donde consigno el oficio recibido por el Tribunal distribuidor de Municipio en los Cortijos de Lourdes en Caracas, última diligencia de impulso procesal realizada por la misma, hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un año sin que se cumpliera ningún acto de impulso procesal, por lo cual, se verificó en el presente caso, el supuesto de hecho previsto en la norma parcialmente transcrita; evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida este Juzgador, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés del accionante en sostener el juicio por el incoado y deja a este Jurisdicente en un estado de incertidumbre que, en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado.
En el caso de autos, la omisión de actuación de la parte accionante durante más de un año, que estableció el legislador, encaja dentro de los extremos expuestos tanto en la sentencia parcialmente transcrita como en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la perención de la instancia resulta cumplida.
En armonía con lo anterior y siendo palmaria de manera clara el decaimiento del interés de la parte actora por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la perención de este procedimiento, y así debe declararse por este juzgador. Así se decide.-
En virtud de todo lo antes expuesto, este Tribunal declara de oficio la perención de la instancia en el presente caso y así se decide.

(III)
DISPOSITIVO

En razón de lo cual este JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 267 Y 269 DEL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTO CIVIL ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en el presente JUICIO POR COBRO DE BOLÍVARES (Vía Ordinaria), intentado por el Ciudadano ANTHONY JOSE RAFAEL MONTES DE OCA ROJAS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° 17.018.708, de este domicilio, actuando como Director Principal de PROMEDICAL CENTER, CA, empresa privada domiciliada en Barquisimeto, Estado Lara e inscrito en el Registro Mercantil Segundo del Estado Lara, en fecha 17 de Mayo del año 2011, bajo el N° 2. Tomo 52-A y cuya última modificación estatutaria consta en el acta de Asamblea Extraordinaria de Accionistas registrada ante esta misma Oficina de registro en fecha 14 de mayo del 2021, bajo el N°70, tomo 6-A RM365, contra la Aseguradora MULTINACIONAL DE SEGUROS, CA.. inscrita en el Registro Mercantil de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida, el 22 de Marzo de 1983, bajo el N° 41, Tomo 1-A, siendo una de su última modificación la Protocolizada ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del Estado Mérida de fecha 13 de julio del año 1999, bajo el N°55, Tomo A-14, anotado en la superintendencia de seguros con el N 91, RIF J-09013400-0, y de este domicilio; y en consecuencia, EXTINGUIDA la demanda. Se ordena el archivo del expediente.
No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE, incluso en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia (T.S.J). Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dado, sellado y firmado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara. En Barquisimeto a los Dieciocho (18) días del mes de Noviembre de dos mil Veinticinco (2.025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación. Resolución N° 490. Asiento Diario N° 40.-
EL JUEZ PROVISORIO

ABG. DANIEL ESCALONA OTERO
EL SECRETARIO SUPLENTE

ABG. GUSTAVO ADRIAN GOMEZ ALBARRAN

En la misma fecha se publicó siendo las 10:22 a.m, y se dejó copia certificada de la decisión.-

EL SECRETARIO SUPLENTE

ABG. GUSTAVO ADRIAN GOMEZ ALBARRAN