REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

-EN SU NOMBRE-
PODER JUDICIAL
TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, Catorce (14) de Noviembre del dos mil veinticinco (2.025)
215º y 166º


ASUNTO : KP02-F-2024-000271

PARTE ACTORA: Ciudadana QUISAIRA COROMOTO ARANGUREN BAZAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.863.432, de este domicilio.-

ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE ACTORA: Ciudadana FANNY MARTINEZ SANTANA, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 279.091, de este domicilio.-

PARTE DEMANDADA: Ciudadano JOSE ANGEL ARANGUREN BAZAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°5.237.037, de este domicilio.

APODERADO JIDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA: No constituyó.-

SENTENCIA INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA
JUICIO POR INTERDICCIÓN CIVIL
(PERENCION DE LA INSTANCIA)

-I-
Se inició el presente juicio de INTERDICCION CIVIL, intentado por la ciudadana QUISAIRA COROMOTO ARANGUREN BAZAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.863.432, de este domicilio, mediante su abogada asistente Ciudadana FANNY MARTINEZ SANTANA, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 279.091, de este domicilio; contra el Ciudadano JOSE ANGEL ARANGUREN BAZAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°5.237.037, de este domicilio; siendo presentada la demanda en fecha 15 de marzo del 2024, dándole entrada este juzgado mediante auto de fecha 19 de Marzo del 2024, y siendo admitida en fecha 22 de Marzo del 2024 librándose y emitiéndose lo señalado en dicho auto., consignando boleta de notificación firmada y recibida por el Ministerio Público, por parte del Alguacil de este despacho, para en fecha 17 de Mayo del 2024, se dictó auto dando por recibido oficio emanado de Senamecf; y revisadas exhaustivamente como han sido las actas procesales que conforman el presente asunto, este Juzgado observa lo siguiente:

DE LA PERENCION
El fundamento de la figura procesal de la perención es la presunción de abandono del procedimiento por parte de la persona obligada a impulsar el proceso, vista su inactividad durante el plazo señalado por la ley, un año (en el caso de la perención ordinaria), lo cual comporta la extinción del proceso. Siendo la perención de carácter objetivo, basta para su declaratoria que se produzcan dos condiciones: la falta de gestión procesal, es decir, la inercia de las partes; y la paralización de la causa por el transcurso de un determinado tiempo, una vez efectuado el último acto de procedimiento; entendido, además, que la aludida falta de gestión procesal significa el no realizar sucesiva y oportunamente los actos de procedimiento que están a cargo de las partes, pero también se constituye por la omisión de los actos que determinan el impulso y desarrollo del proceso hacia su fin, mediante la sentencia definitiva y su correspondiente ejecución.
Es así como los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil, disponen de manera expresa lo que a continuación se transcribe :
Artículo 267
Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención.
Artículo 269
La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.

La función de la perención, no se agota en la cuestión adjetiva, sino que tiene fundamento en la misma necesidad social de evitar la litigiosidad cuando no mide interés impulsivo de las partes contendientes, pues para el Estado es más importante el mantenimiento de la paz, que la protección de aquellas pretensiones huérfanas de tutor de la barrera procesal. Consecuentemente a este fin, la perención está concebida por el legislador como norma de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, pudiéndose declarar aun de oficio por el Tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo.
Por otro lado, si bien la perención está concebida en nuestro ordenamiento jurídico, no debe pasar inadvertido que es una norma sancionatoria y por ello, de interpretación restrictiva (sentencia N° RC-00537 de fecha 06/07/2004 Sala de Casación Civil), quiere decir que es aplicable estrictamente al supuesto de hecho en ella contemplado, sin que pueda extenderse sus consecuencias a supuestos de hecho distintos a los específicamente en ella contemplados, ni por presunciones aisladas.
De igual manera, en sentencia de la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en el Exp. No AA20-C-2012-738 con ponencia de la Magistrada AURIDES MERCEDES MORA, de fecha 14/05/2017, estableció lo siguiente:
En relación a la perención, la doctrina patria advierte que un proceso puede extinguirse normalmente, no por actos, sino por omisión de las partes.
Al respecto, el Dr. Ricardo H. La Roche, ha señalado que la perención de la instancia “…es la extinción del proceso que se produce por su paralización durante un año. La perención es el correctivo legal a la crisis de actividad que supone la detención prolongada del proceso…”, por ello sostiene, que “…toda paralización tiene el germen de la extinción de la instancia, que puede llegar o no a producirse según se den o no las condiciones que la determinan…”. (Vid. Ricardo Henríquez La Roche, Código de Procedimiento Civil. Tomo II. Páginas 328 y 329, Caracas, 1995, Centro de Estudios Jurídicos del Zulia).
Por su parte, el autor patrio Arístides Rengel Romberg, sobre el mismo tema, ha indicado lo siguiente:
“…Para que la perención se produzca, requiérase (sic) la inactividad de las partes. La inactividad está referida a la no realización de ningún acto de procedimiento. Es una actitud negativa u omisiva de las partes, que debiendo realizar los actos de procedimiento no los realizan; pero no del juez, porque si la inactividad del juez pudiese producir la perención, ello equivaldría a dejar al arbitrio de los órganos del Estado la extinción del proceso.
La actividad del juez dice Chiovenda basta para mantener en vida el proceso, pero su inactividad no basta para hacerlo desaparecer, cuando durante su inactividad las partes no están obligadas a cumplir actos de desarrollo del proceso.
La perención se encuentra determinada por tres condiciones esenciales: una objetiva, la inactividad que se reduce a la falta de realización de actos procesales; otra subjetiva, que se refiere a la actitud omisiva de las partes y no del juez; y, finalmente una condición temporal, la prolongación de la inactividad de las partes por el término de un año…”. (Arístides Rengel Romberg. Tratado de Derecho Procesal Civil Venezolano. Caracas, Editorial Arte, 1995, págs. 373, 374 y 375). (Resaltado de la Sala).
Determinado lo anteriormente dilucidado, en el presente caso, se observa que desde que la parte actora presentó la demanda en fecha 15 de Marzo del 2024, este juzgado en fecha 22 de Marzo del 2024; admitió la demanda y ordeno librar las boletas de notificación, así como los oficios a los organismos de salud correspondientes, y hasta la presente fecha, ha transcurrido más de un año sin que se cumpliera ningún acto de impulso procesal por la parte actora, por lo cual, se verificó en el presente caso, el supuesto de hecho previsto en la norma parcialmente transcrita; evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida este Juzgador, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés de la accionante en sostener el juicio por él incoado y deja a este Jurisdicente en un estado de incertidumbre que, en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado.
En el caso de estos autos la omisión de actuación de la parte accionante durante más de un año que estableció el legislador, encaja dentro de los extremos expuestos tanto en la sentencia parcialmente transcrita como en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la perención de la instancia resulta cumplida. Así se decide.-
En armonía con lo anterior y siendo palmaria de manera clara el decaimiento del interés de la parte actora por la inacción suya prolongada más allá del término señalado en la ley adjetiva, ocasionó, sin ningún género de dudas, la perención de este procedimiento, y así debe declararse por este juzgador. Así se decide.-
En virtud de todo lo antes expuesto, este Tribunal declara de oficio la perención de la instancia en el presente caso y así se decide.

(II)
DISPOSITIVO
En razón de lo cual este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, de conformidad con los artículos 267 y 269 del Código de Procedimiento Civil ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECLARA LA PERENCION DE LA INSTANCIA, en el presente juicio de INTERDICCION CIVIL, intentado por la ciudadana QUISAIRA COROMOTO ARANGUREN BAZAN, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-3.863.432, de este domicilio, mediante su abogada asistente Ciudadana FANNY MARTINEZ SANTANA, debidamente inscrita en el Inpreabogado bajo el N° 279.091, de este domicilio; contra el Ciudadano JOSE ANGEL ARANGUREN BAZAN, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°5.237.037, de este domicilio; y en consecuencia, EXTINGUIDA la demanda. Se ordena el archivo del expediente.
No hay condenatoria en costas de conformidad con el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
REGÍSTRESE Y PUBLÍQUESE, incluso en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia (T.S.J). Déjese copia certificada de la presente decisión de conformidad con lo establecido en los artículos 247 y 248 del Código de Procedimiento Civil.
Dado, sellado y firmado en la Sala de Despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito del Estado Lara. En Barquisimeto a los Catorce (14) días del mes de Noviembre de dos mil Veinticinco (2.025). Años 215° de la Independencia y 166° de la Federación. Resolución N° 481. Asiento Diario N° 69-
EL JUEZ PROVISORIO


ABG. DANIEL ESCALONA OTERO
EL SECRETARIO SUPLENTE


ABG. GUSTAVO ADRIAN GOMEZ ALBARRAN
En la misma fecha se publicó siendo las 1:41 p.m, y se dejó copia certificada de la decisión.-
EL SECRETARIO SUPLENTE


ABG. GUSTAVO ADRIAN GOMEZ ALBARRAN