TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
JURISDICCIÓN LABORAL

Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del
Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara
Barquisimeto, martes diez (10) de junio de dos mil veinticinco (2 025)
Año 215º y 166º

EXPEDIENTE: KP02-L-2024-000234.
EL LITISCONSORCIO ACTIVO: El ciudadano FERNANDO DANIEL GIL PETIT, titular de la cédula de identidad V-19 334 175; y OTROS.
EL LITISCONSORCIO PASIVO: La entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (R.I.F. J-31294637-7); y OTRO.
EL OBJETO: DEMANDA POR COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES.
DECISIÓN: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA.
SENTENCIA NRO.: 0029.

CAPÍTULO I
DEL RESUMEN DE LA MEDIACIÓN

En fecha 02/06/2 025 a las 11:00 a. m. se procedió a la celebración de audiencia preliminar en el presente expediente, levantándose la respectiva acta donde se dejó constancia del siguiente acuerdo en fase de mediación llegado en este expediente entre el litisconsorcio activo conformado por los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- a través del ciudadano abogado FRANKLIN AMARO DURÁN, -Titular de la cédula de identidad V-7 362 867, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 32 784; identificado en autos de este expediente en su condición de apoderado judicial del prenombrado litisconsorcio activo, del folio 19 al 30, ambos folios inclusive y de este expediente-, y la parte demandada entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (R.I.F. J-31294637-7) a través del ciudadano abogado CARLOS PIVA MORENO -Titular de la cédula de identidad V-19 218 564, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 171 627; identificado en autos de este expediente en su condición de apoderado judicial de la prenombrada entidad de trabajo demandada, del folio 57 al 60, ambos folios inclusive y de este expediente-; ello respecto a los conceptos demandados por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES que ocupa el presente expediente.
En el acta de audiencia de fecha 02/06/2 025 (Del folio 65 al 67, ambos folios inclusive y de este expediente), así como las actas de audiencia de fechas 04/02/2 025 (Folios 52 y 53 de este expediente), 28/02/2 025 (Folio 56 de este expediente), 02/04/2 025 (Folio 62 de este expediente), y 19/05/2 025 (Folio 64 de este expediente), se procedió a hacer saber en autos de este expediente que la parte codemandada ciudadano CARLOS LUÍS BLANCO -Titular de la cédula de identidad V-9 889 759- no compareció ni por sí ni por medio de representación alguna al acto de audiencia de fecha 04/02/2 025 (Folios 52 y 53 de este expediente). Ahora bien, el acta de audiencia de fecha 02/06/2 025 que cursa del folio 65 al 67 -Ambos folios inclusive y de este expediente- reza lo siguiente:

(…) Hoy lunes dos (02) de junio de dos mil veinticinco (2 025) a las once de la mañana (11:00 a. m.), siendo el día y la hora fijados para la CELEBRACIÓN DE AUDIENCIA PRELIMINAR en el presente expediente, la Unidad de Alguacilazgo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara realizó el anuncio de Ley de la misma haciendo acto de presencia por el litisconsorcio activo el ciudadano abogado FRANKLIN AMARO DURÁN, titular de la cédula de identidad V-7 362 867, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 32 784; mientras que por la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (R.I.F. J-31294637-7) comparece el ciudadano abogado CARLOS PIVA MORENO -Titular de la cédula de identidad V-19 218 564, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 171 627-. Ahora bien, este Tribunal procede a hacer saber en autos de este expediente que la parte codemandada ciudadano CARLOS LUÍS BLANCO, titular de la cédula de identidad V-9 889 759, no compareció ni por sí ni por medio de representación alguna al acto de audiencia de fecha 04/02/2 025 (Folios 52 y 53 de este expediente); siendo que el debido pronunciamiento al respecto de la descrita incomparecencia de la parte solidariamente demandada, corresponderá en la definitiva del presente expediente. Una vez identificadas ampliamente las comparecientes se procedió a continuar con el acto de audiencia preliminar referente a este expediente, siendo que las partes comparecientes -Litisconsorcio activo y demandada- expresan que entre el litisconsorcio activo y la parte demandada existe el ánimo entre ellas de hacer uso de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, las mismas de forma conjunta expresan a este Juzgado de Instancia la intención de llegar a un acuerdo en fase de mediación el día de hoy lunes 02/06/2 025 entre de los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- y la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) (R.I.F. J-31294637-7), para poner fin a la DEMANDA POR COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES incoada en fecha 11/07/2 024 por los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- contra la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (RIF J-31294637-7) y el ciudadano CARLOS LUÍS BLANCO, titular de la cédula de identidad V-9 889 759, en su cualidad de presidente de la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (RIF J-31294637-7). La entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente reconoce la relación de trabajo alegada en autos por cada uno de los demandantes; la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente reconoce el cargo alegado por cada uno de los demandantes en autos de este expediente; y la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente reconoce los conceptos demandados por cada uno de los demandantes en autos de este expediente (Excepto la indemnización por despido injustificado, días feriados y de descanso laborados, horas de descanso laboradas -Arts. 167 y 168 L.O.T.T.T.-, y horas extras diurnas y nocturnas laboradas), los cuales, comprenden prestación de antigüedad (Art. 142 - Literales a y b L.O.T.T.T.), intereses sobre prestaciones sociales (Art. 142 L.O.T.T.T.), horas de bono nocturno (Art. 117 L.O.T.T.T.), vacaciones y bono vacacional (Arts. 190, 192 y 195 L.O.T.T.T.), y utilidades (Art. 132 L.O.T.T.T.). En este sentido, la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente no reconoce la fecha de inicio y la fecha terminación de la relación de trabajo alegadas por cada uno de los demandantes en autos de este expediente, dado que expresa que la fecha de inicio y la fecha terminación de la relación de trabajo alegadas por cada uno de los demandantes en autos de este expediente son las dispuestas en cada uno de los contratos de trabajo de cada uno de los demandantes ya identificados en autos de este expediente, es decir, referente al ciudadano FERNANDO DANIEL GIL PETIT -Ya identificado en autos de este expediente- del 12/04/2 023 al 07/01/2 024 (Ambas fechas inclusive), referente al ciudadano FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE -Ya identificado en autos de este expediente- del 04/11/2 022 al 02/02/2 023 (Ambas fechas inclusive), referente al ciudadano RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN -Ya identificado en autos de este expediente- del 19/06/2 023 al 15/03/2 024 (Ambas fechas inclusive), y referente al ciudadano WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Ya identificado en autos de este expediente- del 05/09/2 023 al 01/06/2 024 (Ambas fechas inclusive); la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente no reconoce el salario alegado en autos por cada uno de los demandantes en autos de este expediente; y la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente no reconoce el motivo de terminación de la relación de trabajo alegado por cada uno de los demandantes en autos de este expediente, dado que la parte demandada expresa que el motivo de terminación de la relación de trabajo de cada uno de los demandantes en autos es terminación del servicio de vigilancia prestado por la parte demandada; y la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente no reconoce los montos reclamados por cada uno de los conceptos demandados por cada uno de los demandantes en autos de este expediente. El litisconsorcio activo y la parte demandada acuerdan entre ellas, de la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) -Ya identificada en autos de este expediente- en favor de los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- el monto en efectivo de Bs. D. 319 482, 36, el cual, pasa a describirse de la siguiente forma de acuerdo a lo correspondiente a cada demandante en este asunto: 1.- El ciudadano FERNANDO DANIEL GIL PETIT -Ya identificado en autos de este expediente-: Bs. D. 81 613, 63 pagaderos de la parte demandada al ciudadano FERNANDO DANIEL GIL PETIT -Ya identificado en autos de este expediente- en fecha 20/06/2 025 -Inclusive-. 2.- El ciudadano FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE -Ya identificado en autos-: Bs. D. 85 308, 99 pagaderos de la parte demandada al ciudadano FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE -Ya identificado en autos de este expediente- en fecha 20/06/2 025 -Inclusive-. 3.- El ciudadano RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN -Ya identificado en autos de este expediente-: Bs. D. 73 254, 30 pagaderos de la parte demandada al ciudadano RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN -Ya identificado en autos de este expediente- en fecha 20/06/2 025 -Inclusive-. Y 4.- El ciudadano WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Ya identificado en autos de este expediente-: Bs. D. 79 305, 44 pagaderos de la parte demandada al ciudadano WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Ya identificado en autos de este expediente- en fecha 20/06/2 025 -Inclusive-. El litisconsorcio activo y la parte demandada acuerdan que el citado monto de Bs. D. 319 482, 36 será depositado en la cuenta bancaria correspondiente al BBVA PROVINCIAL, S.A. 0108-2401-01-0100373455 cuyo titular es el ciudadano FRANKLIN ARGENIS AMARO DURÁN, titular de la cédula de identidad V-7 362 867. El litisconsorcio activo y la parte demandada, de conformidad a lo consagrado en el artículo 89, en su ordinal 2°, del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1 999) cónsono a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2 012), expresan que el monto acordado entre ellas corresponde a los conceptos reclamados por cada uno de los demandantes en autos de este expediente contra la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) -Ya identificada en autos-, en la presente demanda referentes a PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD (ART. 142 - LITERALES A Y B L.O.T.T.T.), INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES (ART. 142 L.O.T.T.T.), HORAS DE BONO NOCTURNO (ART. 117 L.O.T.T.T.), VACACIONES Y BONO VACACIONAL (ARTS. 190, 192 Y 195 L.O.T.T.T.), Y UTILIDADES (ART. 132 L.O.T.T.T.), siendo que la parte demandada no reconoce que a los prenombrados demandantes se les adeude por la parte demandada el concepto indemnización por despido injustificado, esto dado que la parte demandada expresa que el motivo de terminación de la relación de trabajo de cada uno de los demandantes en autos es terminación del servicio de vigilancia prestado por la parte demandada, y a su vez la parte demandada expresa que la parte demandada no adeuda a los demandantes el concepto de días feriados y de descanso laborados, horas de descanso laboradas -Arts. 167 y 168 L.O.T.T.T.-, y horas extras diurnas y nocturnas laboradas. Por su parte, el litisconsorcio activo expresa libremente estar de acuerdo con el monto y las cuotas expresadas por la parte demandada. El litisconsorcio activo de autos y la parte demandada entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) -Ya identificada en autos- solicitan a este Juzgado la homologación del acuerdo de marras; en consecuencia, este Tribunal, de conformidad a lo establecido en los artículos 6 y 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2 002) cónsono a lo consagrado en el artículo 89, en su ordinal 2°, del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1 999) en concordancia a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2 012), procede a HOMOLOGAR el acuerdo expresado por el litisconsorcio activo de autos y la parte demandada entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) -Ya identificada en autos- en este acto de audiencia, haciéndoles saber a las mismas que el extenso del fallo íntegro correspondiente a esta decisión se publicará dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes a la publicación de la presente acta, esto de conformidad a lo establecido en el artículo 159 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2 002) -Norma aplicada por analogía, con base lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 2 002-. -ASÍ SE DECIDE.- El litisconsorcio activo y la parte demandada entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) -Ya identificada en autos-, solicitan a este Tribunal la devolución de las pruebas consignadas en este expediente en fecha 04/02/2 025 a las 10:00 a. m.; en consecuencia, este Juzgado, en aras de los Principios Generales que rigen el Proceso Laboral previstos en el capítulo I del título I de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2 002), ordena devolver a las partes intervinientes en esta causa -Litisconsorcio activo y parte demandada- en este acto de audiencia las pruebas consignadas por ellas -Litisconsorcio activo y parte demandada- en el presente expediente en fecha en fecha 04/02/2 025 a las 10:00 a. m. Igualmente, la parte demandada solicita que por la Secretaría Judicial de este Tribunal se proceda a la expedición de ejemplar certificado de la presente acta de audiencia; en consecuencia, este Juzgado, de conformidad a lo establecido en el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil (1 990) -Norma aplicada con base a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 2 002-, ordena que por la Secretaría Judicial de este Tribunal se proceda a expedir ejemplar certificado de la presente acta de audiencia a la parte demandada (…)
(Negrillas y subrayado propios de la cita).

En consecuencia, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, estando en la oportunidad dispuesta en la citada acta de fecha 02/06/2 025 (Del folio 65 al 67, ambos folios inclusive y de este expediente), y conforme a la Constitucionalidad del Proceso como un instrumento fundamental para la realización de la Justicia, teniéndose presente en todo momento la garantía a los (as) justiciables de acceder al Órgano Jurisdiccional, y del Derecho a la Defensa dentro del Debido Proceso cuyo norte está orientado a la Verdad de los Actos Procesales en aras de la Seguridad Jurídica a las partes intervinientes en el Proceso, ello de conformidad a lo consagrado en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1 999), procede a descender a las actas procesales que conforman el presente expediente, esto para emitir el extenso del fallo respecto al acuerdo en fase de mediación llegado en este expediente entre el litisconsorcio activo conformado por los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- a través del ciudadano abogado FRANKLIN AMARO DURÁN, -Titular de la cédula de identidad V-7 362 867, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 32 784; identificado en autos de este expediente en su condición de apoderado judicial del prenombrado litisconsorcio activo, del folio 19 al 30, ambos folios inclusive y de este expediente-, y la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (RIF J-31294637-7) a través del ciudadano abogado CARLOS PIVA MORENO -Titular de la cédula de identidad V-19 218 564, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 171 627; identificado en autos de este expediente en su condición de apoderado judicial de la prenombrada entidad de trabajo demandada, del folio 57 al 60, ambos folios inclusive y de este expediente-, referente a los conceptos demandados por COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS CONCEPTOS LABORALES que ocupa el presente expediente; acuerdo en fase de mediación este que cursa del folio 65 al 67 -Ambos folios inclusive y de este expediente-:

CAPÍTULO II
DEL ACUERDO EN FASE DE MEDIACIÓN DE FECHA 02/06/2 025

Se hace preciso recalcar, tal como se ha hecho en anteriores sentencias proferidas por este Juzgado de Instancia, respecto al caso concreto del (la) Juzgador (a) de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución en materia Laboral, que el (la) Legislador (a) Patrio (a) ha normado en la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 2 002, específicamente en el artículo 5, y en el artículo 6 en el único párrafo:

Artículo 5 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2 002). Los [as] jueces [as], en el desempeño de sus funciones, tendrán por norte de sus actos la verdad, están obligados a inquirirla por todos los medios a su alcance y a no perder de vista la irrenunciabilidad de derechos y beneficios acordados por las leyes sociales a favor de los [as] trabajadores [as], así como el carácter tutelar de las mismas; y por tal causa, tienen que intervenir en forma activa en el proceso, dándole el impulso y la dirección adecuados, en conformidad con la naturaleza especial de los derechos protegidos.

Artículo 6, específicamente en el único párrafo, de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2 002). El [la] Juez [a] es el [la] rector [a] del proceso y debe impulsarlo personalmente, a petición de parte o de oficio, hasta su conclusión. A este efecto, será tenida en cuenta también, a lo largo del proceso, la posibilidad de promover la utilización de medios alternativos de solución de conflictos, tales como la conciliación, mediación y arbitraje. Los jueces que han de pronunciar la sentencia deben presenciar el debate y la evacuación de las pruebas, de las cuales obtienen su convencimiento.
(Negrillas y lo escrito entre los corchetes son propios del Tribunal).

Como puede observarse, las citadas disposiciones legales se encuentran en consonancia con lo consagrado en el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1 999), específicamente en el ordinal 2°; el cual, reza lo siguiente:

El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado la ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios: (…)

2° Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción, acuerdo o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establezca la ley.

En la misma sintonía se encuentra lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2 012), que reza lo siguiente con respecto al destacado Principio de Irrenunciabilidad de los Derechos Laborales:

En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y las trabajadoras.
Las transacciones y convenimientos solo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aún cuando el trabajador o trabajadora hubiese declarado su conformidad con lo pactado, los funcionarios y las funcionarias del trabajo en sede administrativa o judicial garantizaran que la transacción no violente de forma alguna el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Ahora bien, el (la) Legislador (a) Patrio (a) ya había previsto lo siguiente respecto a la figura de la transacción, tanto en el Código Civil, como en el Código de Procedimiento Civil (1 990):

Artículo 1 718 del Código Civil -Norma aplicada con base a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 2 002-. La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada.

Artículo 255 del Código de Procedimiento Civil (1 990) -Norma aplicada con base a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 2 002-. La transacción tiene entre las partes la misma fuerza que la cosa juzgada.

Artículo 256 del Código de Procedimiento Civil (1 990) -Norma aplicada con base a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 2 002-. Las partes pueden terminar el proceso pendiente, mediante la transacción celebrada conforme a las disposiciones del Código Civil. Celebrada la transacción en el juicio, el Juez la homologará si versare sobre materias en las cuales no estén prohibidas las transacciones, sin lo cual no podrá procederse a su ejecución.

Artículo 257 del Código de Procedimiento Civil (1 990) -Norma aplicada con base a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 2 002-. En cualquier estado y grado de la causa, antes de la sentencia, el Juez podrá excitar a las partes a la conciliación, tanto sobre lo principal como sobre alguna incidencia, aunque ésta sea de procedimiento, exponiéndoles las razones de conveniencia.
(Negrillas propias de este Tribunal).

Cabe destacar el carácter de orden público previsto en el artículo 2 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2 012); que reza lo siguiente:

Las normas contenidas en esta Ley y las que deriven de ella, son de orden público y de aplicación imperativa, obligatoria e inmediata, priorizando la aplicación de los principios de justicia social, solidaridad, equidad y el respeto a los derechos humanos.

También, es necesario citar el criterio jurisprudencial sostenido por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social, que quedó plasmado en la sentencia Nro. 0168 dictada en fecha 02/03/2 018; el cual, se refiere a los requisitos de validez de la transacción en materia laboral. Este criterio reza lo siguiente:

(…) los artículos 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y, 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, denunciados como infringidos, prevén lo siguiente:
Artículo 19.- Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras: En ningún caso serán renunciables los derechos contenidos en las normas y disposiciones de cualquier naturaleza y jerarquía que favorezcan a los trabajadores y a las trabajadoras.
Las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador o trabajadora hubiese declarado su conformidad con lo pactado. Los funcionarios y las funcionarias del Trabajo en sede administrativa o judicial garantizarán que la transacción no violente de forma alguna el principio constitucional de irrenunciabilidad de los derechos laborales.

Artículo 10.- Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo: De conformidad con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador y trabajadora, (…), las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendidos.
En consecuencia, no será estimada como transacción la simple relación de derechos, aun cuando el trabajador o trabajadora hubiere declarado su conformidad con lo pactado. En este supuesto, el trabajador o trabajadora conservará íntegramente las acciones para exigir el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la relación de trabajo.

Artículo 11.- Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo: La transacción celebrada por ante el Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo competente, debidamente homologada, tendrá efectos de cosa juzgada.
Parágrafo Primero: Cuando la transacción fuere presentada para su homologación, el funcionario o funcionaria competente deberá constatar el cumplimiento de los extremos del artículo anterior y cerciorarse que el trabajador o trabajadora actúa libre de constreñimiento alguno (…).

El primero de los artículos supra transcritos, dispone la irrenunciabilidad de los derechos contenidos en normas y disposiciones que favorezcan a los trabajadores, estableciendo la posibilidad de celebrar transacciones o convenimientos al término de la relación de trabajo, previendo los requisitos necesarios para su validez, debiendo los funcionarios de la Inspectoría del Trabajo en sede administrativa o judicial, verificar que la transacción no quebrante los derechos laborales del trabajador; por su parte, el segundo de los artículos citados prevé que las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendido, conforme con el principio de irrenunciabilidad de los derechos que favorezcan al trabajador, no estimándose como transacción, la simple relación de derechos, aun cuando haya declarado su conformidad; y, el tercero de ellos, establece el carácter de cosa juzgada de la transacción celebrada por ante la autoridad competente −Juez, Jueza, Inspector o Inspectora del Trabajo−, y que se encuentre debidamente homologada, constatando el cumplimiento de los requisitos respectivos y que el trabajador o trabajadora actúe libre de constreñimiento.

Con respecto a la transacción, esta Sala estableció en sentencia Nro. 656 de fecha 1° de julio de 2016 (caso: Hender José Finol Martínez contra Maersk Contractors Venezuela, S.A) que para que la misma tenga validez en materia laboral, deben conjugarse los siguientes elementos concurrentes: i) que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos por las partes, ii) que consten por escrito, iii) no afectándose derechos o intereses de terceros; iv) debe contener una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos, v) debe garantizar el principio de irrenunciabilidad de los derechos del trabajador. Es por ello que en atención a estos postulados, los jueces a la hora de homologar una transacción deben examinar, que el trabajador actúe de forma voluntaria y no bajo constreñimiento alguno; y que se encuentre debidamente representado o en su defecto asistido por un abogado.

En tal sentido, de lo anteriormente expuesto se desprende, que si bien el trabajo como un hecho social goza de la absoluta protección del Estado en sujeción al principio de irrenunciabilidad de los derechos; nuestro ordenamiento jurídico vigente permite al trabajador, la disposición de sus derechos, a través de un acto jurídico −declaración de voluntad− o contrato bilateral como lo es la transacción, siempre y cuando la misma sea sometida a rigurosos requisitos que garanticen el cumplimiento de los referidos derechos. (Vid. Sentencia Nro. 396 de fecha 18 de mayo de 2017, caso: Wuilson Enrique Bastidas Epaiza contra Fundición Pacífico, C.A.).

Corolario con lo anterior, esta Sala de Casación Social en sentencia Nro. 1.669, de fecha 17 de noviembre de 2014 (caso: Mary Luz Salcedo Villazon contra Kraft Foods Venezuela, C.A.) precisó:

(…) resulta oportuno reiterar el criterio sentado por esta Sala en decisiones previas, según el cual, cuando la negociación tiene por objeto poner término a un litigio pendiente, tal acto no comporta mayor complicación, pues en tales supuestos no hay duda alguna acerca del conocimiento que el trabajador tiene del monto y extensión de sus derechos y de la finalidad que lo induce a contratar, justificándose a sí misma la transacción, como en efecto ocurre en el caso bajo estudio.

Mención aparte merece la situación mediante la cual, a los fines de precaver un litigio eventual, las partes pretenden convenir respecto a derechos dudosos o discutidos, pues en tales supuestos, resulta impretermitible para la validez de la transacción expresar detalladamente los hechos que la sustentan y los derechos que comprende el contrato, pues, sólo así el trabajador puede apreciar las ventajas o desventajas del acuerdo de voluntades, estimar si los beneficios obtenidos que justifican el sacrificio de alguna de las prestaciones previstas en la legislación y el órgano competente al garantizar el principio de irrenunciabilidad de derechos (…).

La decisión parcialmente transcrita, dispone que cuando una negociación tiene por finalidad culminar un litigio pendiente, no existen dudas de que el trabajador tiene conocimiento de sus derechos y el monto de su extensión, lo que justificaría una transacción; distinguiéndose de los casos en que se quiere precaver un litigio eventual, las partes acuerdan sobre derechos dudosos o discutidos, debiendo detallarse claramente hechos que la sustentan y los derechos que comprende el contrato, para garantizar el principio de irrenunciabilidad de los derechos.

Precisado lo anterior, con el propósito de determinar si la decisión de la jueza de Alzada incurrió en el vicio que se denuncia, esta Sala procede a transcribir un extracto de la misma, donde expresó:

(…) se evidencia que el objeto de la demanda es: el pago sobre prestaciones sociales, utilidades, vacaciones, intereses sobre prestaciones sociales, indemnización prevista en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, daño moral, inscripción del accionante en el Seguro Social, así como también en el Fondo de Ahorro Obligatorio para la Vivienda.

El objeto de la transacción se refiere en forma parcial al objeto de la demanda, a saber, se estipuló el pago sobre prestaciones sociales, utilidades, vacaciones, intereses sobre prestaciones sociales, que fueron transados por la cantidad de Bs. 32.500.000,00.

Ahora bien, en el texto de la transacción se puede observar que en lo referente al concepto de daño moral, las partes establecieron expresamente en la cláusula cuarta, lo siguiente:

“…CUARTO: Queda entendido entre las partes que no hubo acuerdo respecto la reclamación por indemnización por daño moral devenida de la discriminación alegada y rechazada en la contestación de la demanda por “BSM” con vista de los argumentos expuestos por ésta última y que desestiman que tal discriminación se haya ejecutado en perjuicio del reclamante, por lo que no hay monto sobre este particular al considerarse no procedente en ninguno de sus aspectos…”

Observa esta Juzgadora, que evidentemente fue un concepto discutido, por lo que no estuvo excluido de la transacción, ya que de la cláusula anteriormente citada se denota que las partes estipularon la no procedencia del mismo, de igual manera esta Sentenciadora realizó una revisión exhaustiva de las actas procesales que conforman el expediente, incluso del material probatorio, y se no se pudo constatar la existencia de algún acto discriminatorio por parte de la accionada hacia el demandante.

De igual manera se observa en la transacción, en su parte in fine específicamente en el punto denominado “FINIQUITO” dispone que “…“EL MARINO” declara expresamente que con el pago de la suma de dinero referida en la cláusula anterior, extingue totalmente esta reclamación y precave cualquier otra que pretenda presentarse por diferencia de prestaciones sociales y cualesquiera otro concepto, a saber, accidente de trabajo, daño moral, salarios caídos, diferencia de prestaciones sociales devenidos de la relación laboral, cesta tickets, horas extras, bonificaciones, intereses sobre prestaciones, y en consecuencia, declara totalmente terminada la presente demanda, otorgándole a “BSM” un finiquito sobre este asunto, por lo que mediante la presente TRANSACCIÓN quedan total y definitivamente concluida la demanda presentada…”, por lo tanto, se denota que la parte actora estuvo de acuerdo que con el pago estipulado en la misma, estaban incluidos todos los conceptos pretendidos, inclusive la posible procedencia de la indemnización establecida en el artículo 92 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, así como los conceptos referente a la seguridad social.

Asimismo, es necesario destacar que el accionante estuvo asistido por su apoderado judicial, abogado Tito Sánchez Ruiz, en el acto transaccional, de igual forma se puede verificar en las actas que conforma el expediente, que el profesional del derecho ha actuado de manera continua en el presente caso desde el inicio de la demanda, por lo que estuvo en conocimiento suficiente de las ventajas y desventajas que de dicho acuerdo resultasen para su representado, por lo que de allí se desprende la voluntad de ambas partes de finiquitar la presente demanda y con el pago convenido satisfacer los conceptos reclamados, por lo tanto, esta Juzgadora evidencia del texto de la transacción que la misma contiene una relación circunstanciada de hechos y derechos reclamados por el trabajador en el libelo de la demanda y rechazados por la accionada en la contestación de la demanda, así como reciprocas concesiones sobre los derechos discutidos, cumpliendo con lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras. (…).

Esta Sala observa, que la sentenciadora de alzada consideró el cumplimiento de los requisitos concernientes para tener como válida la transacción suscrita entre el ciudadano Wilmer Alberto Manzanilla Griman y el apoderado judicial de la sociedad mercantil BSM CREW SERVICE CENTRE VENEZUELA C.A., al haber sido discutidos todos los conceptos controvertidos en el proceso, dentro de los cuales estaba incluido el daño moral peticionado en el escrito libelar, conviniendo las partes en la improcedencia del mismo, y constatando la ad quem, el cumplimiento de una relación circunstanciada de hechos y de derechos, la presencia de recíprocas concesiones, y que el accionante actuó asistido de abogado durante el acto transaccional; en consecuencia, estimó que ambos conocían las ventajas y desventajas del acuerdo, quienes manifestaron su voluntad de finiquitar la demanda de autos con el pago convenido y cancelado.

Al respecto, esta Sala de Casación Social, en ejercicio de sus atribuciones, efectuó una revisión a las actas del expediente, constatando que el ciudadano Wilmer Alberto Manzanilla Griman demandó a la sociedad mercantil BSM CREW SERVICE CENTRE VENEZUELA C.A., y solidariamente a la sociedad mercantil PDV MARINA, S.A., con la finalidad de que le fueran cancelados sus prestaciones sociales y demás conceptos laborales derivados de la relación laboral, en virtud de los servicios prestados desde el 13 de noviembre de 2005 hasta el 6 de agosto de 2015, entre ellos, la indemnización por daño moral.

Ahora bien, cursantes de los folios 196 al 203 de la pieza principal, se observa que con la finalidad de culminar el presente juicio, el ciudadano Wilmer Alberto Manzanilla Griman debidamente representado por el abogado Tito Sánchez Ruíz, y el apoderado judicial de la sociedad mercantil BSM CREW SERVICE CENTRE VENEZUELA, C.A., suscribieron escrito transaccional, donde se dejó constancia de los alegatos y defensas de las partes, acordando un monto de treinta y dos millones quinientos mil bolívares sin céntimos (Bs. 32.500.000,00), como pago único por concepto de prestaciones sociales y demás conceptos laborales descritos en la demanda y contradichos en la contestación, indicando en la cláusula cuarta y en lo referente al finiquito lo siguiente: “CUARTO: Queda entendido que no hubo acuerdo respecto la reclamación por indemnización por daño moral devenida de la discriminación alegada y rechazada en la contestación de la demanda (…), por lo que no hay monto sobre este particular al considerarse no procedente en ninguno de sus aspectos. FINIQUITO: “EL MARINO” declara expresamente que con el pago de la suma de dinero referida en la cláusula anterior, extingue totalmente esta reclamación y precave cualquier otra que pretenda presentarse por diferencia de prestaciones sociales y cualesquiera otro concepto, a saber, accidente de trabajo, daño moral, salarios caídos, diferencia de prestaciones devenidos de la relación laboral, cesta tickets, horas extras, bonificaciones, intereses sobre prestaciones, (…) por lo que mediante la presente TRANSACCIÓN quedan total y definitivamente concluida la demanda presentada (…).

De lo anterior se desprende que las partes en el referido acuerdo transaccional, acordaron recíprocas concesiones de los derechos relativos a los hechos discutidos, incluyéndose el concepto por daño moral peticionado en el escrito libelar, ello con la finalidad de poner fin al proceso; escrito que fue debidamente homologado por el juez de juicio, y confirmado por la recurrida, cumpliendo con los requisitos necesarios para hacer valer una transacción entre los interesados, no pudiendo la alzada dar continuidad a un proceso que había finalizado a través de la suscripción del acuerdo por voluntad entre el trabajador y su patrono. En consecuencia, esta Sala evidencia que la ad quem no incurrió en una falsa aplicación de las normas delatadas, lo que conlleva a declarar sin lugar la presente denuncia. Así se decide. (…)

(…omissis…)

Ahora bien, esta Sala reitera lo precisado en la primera denuncia, con respecto a la transgresión de los artículos 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, así como 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, referente a que los mismos prevén la irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores y el derecho de las partes de celebrar transacciones o convenimientos al término de la relación de trabajo, siempre que se circunscriban sobre derechos litigiosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que las motiven y de los derechos en ellas comprendido, previendo los requisitos necesarios para su validez, dando origen a la cosa juzgada de la transacción, cuando se haya celebrado por ante autoridad competente, esté debidamente homologada y el trabajador o trabajadora actúen libre de constreñimiento.

Conforme lo expresado, se ratifica lo expuesto en la denuncia anterior, donde se indicó que de una revisión al escrito transaccional, se observó la existencia de recíprocas concesiones de las partes sobre los hechos discutidos, con la finalidad de poner fin al litigio, actuando el trabajador sin coacción y con conocimiento de sus derechos y montos cancelados, quien estuvo debidamente representado durante todo el juicio por abogado de su confianza, manifestando su voluntad de dar por terminado el procedimiento incoado; en consecuencia, se cumplieron todos los requisitos necesarios para la validez de la transacción y su posterior homologación, no originando un error de interpretación de los artículos 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, y, 10 y 11 del Reglamento de la Ley Orgánica del Trabajo, por lo que se concluye que la decisión del ad quem está ajustada a derecho, debiendo ser declarada sin lugar la presente denuncia. Así se decide. (...)
(Negrillas y cursivas propias de la cita).

Ahora bien, en la sentencia Nro. 0177 dictada en fecha 05/06/2 025 por el Tribunal Supremo de Justicia en Sala de Casación Social quedó dispuesto lo siguiente respecto a la figura de la transacción concertada entre las partes intervinientes en una causa judicial a través de sus apoderados (as) judiciales en autos:

Asimismo, y bajo el criterio sentado por esta Sala en la decisión número 164 del 27 de marzo de 2015 (caso: Richard García contra Autos Reycas, C.A. y otras) que establece que, las transacciones están sometidas a las mismas condiciones requeridas para la validez de los contratos en general y, muy especialmente, a las que aluden a la capacidad y poder de disposición de las personas que la suscriben, todo en los términos del artículo 1.714 del Código Civil, por ello, bajo tales premisas, se debe verificar la concurrencia en el caso concreto de los mencionados requisitos:

Artículo 1.714: (…)

1. Si los apoderados judiciales de las partes tienen capacidad para transigir, y
2. Si la transacción versa sobre derechos disponibles para las partes.

Al respecto el artículo 154 del Código de Procedimiento Civil establece:

Artículo 154: El poder faculta al apoderado para cumplir todos los actos del proceso que no estén reservados expresamente por la ley a la parte misma, pero para convenir en la demanda, desistir, transigir, comprometer en árbitros, solicitar la decisión según la equidad, hacer posturas en remates, recibir cantidades de dinero y disponer del derecho en litigio, se requiere facultad expresa.

En el caso sub examine, se evidencia que el demandante actuó personalmente y fue asesorado por su apoderada judicial, ciudadana Benildes Jiménez quien también ejerce su representación según consta en poder que riela al folio 22 al 24 de la primera pieza del presente asunto, autenticado por ante la Notaria Pública Segunda de Barquisimeto, en fecha 26 de noviembre de 2021, quedando anotada bajo el número 29, Tomo 101, de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaria y estuvo presente junto al ex trabajador el día que se consignó el escrito transaccional, igualmente se verifica al folio 166 al 168 de la primera pieza del expediente que el ciudadano Yeoshua Bogrand, es representante legal de la parte demandada según se evidencia de poder autenticado por ante la Notaria Pública Cuarta del Municipio Chacao, en fecha 10 de junio de 2021, quedando anotada bajo el número 6, Tomo 32, de los libros de autenticaciones llevados por dicha notaria.

En este mismo contexto, esta Sala constata que los respectivos poderes se les conceden a los referidos apoderados judiciales plenas facultades de administración y disposición de los bienes, así como amplias facultades y sin reserva de naturaleza alguna de desistir, convenir, conciliar y transigir entre otras facultades, por lo tanto están facultadas específicamente para obligar y transigir en nombre de su representada y finalmente realizar todo lo conducente para la mejor defensa sus intereses sin limitación alguna.

En consecuencia, esta Máxima Instancia observa con claridad suficiente que la demandante actuó personalmente y fue debidamente asesorada por su apoderada judicial sobre los alcances de la transacción y la parte demandada actuó por medio de su apoderada judicial debidamente acreditada, por lo que con ello se cumple con el requisito insoslayable de debida asistencia.

En este mismo contexto, esta Sala observa que los derechos objeto de litigio en la presente causa, es decir el juicio por cobro de indemnizaciones por enfermedad ocupacional están conformados en su totalidad por créditos de naturaleza pecuniaria y por tanto sujetos a libre comercio, lo que los hace negociables, efectivamente disponibles y transigibles por las partes, por lo que con ello se cumple con el requisito obligatorio de que las transacciones judiciales deben realizarse al termino de la relación laboral, siempre que versen sobre derechos litigiosos.

En virtud de todas las razones de hecho y de derecho precedentemente expuestas, resulta preciso para esta Sala conceder la homologación a la transacción concertada entre las partes, dando por terminado el presente juicio y otorgándole el carácter de cosa juzgada. Así se Decide.
(Negrillas propias de la cita).

En este sentido, se observa del acta de fecha 02/06/2 025 (Del folio 65 al 67, ambos folios inclusive y de este expediente), que el litisconsorcio activo conformado por los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- a través del ciudadano abogado FRANKLIN AMARO DURÁN, -Titular de la cédula de identidad V-7 362 867, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 32 784; identificado en autos de este expediente en su condición de apoderado judicial del prenombrado litisconsorcio activo, del folio 19 al 30, ambos folios inclusive y de este expediente-, y la parte demandada entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (R.I.F. J-31294637-7) a través del ciudadano abogado CARLOS PIVA MORENO -Titular de la cédula de identidad V-19 218 564, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 171 627; identificado en autos de este expediente en su condición de apoderado judicial de la prenombrada entidad de trabajo demandada, del folio 57 al 60, ambos folios inclusive y de este expediente-, expresan que existe el ánimo entre ellas (El litisconsorcio activo y la parte demandada) de hacer uso de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, esto respecto a los conceptos demandados por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales que ocupa al presente expediente.
En este sentido, las partes comparecientes (El litisconsorcio activo y la parte demandada en este expediente) en fecha 02/06/2 025 a las 11:00 a. m. expresan lo siguiente:

(…) que entre el litisconsorcio activo y la parte demandada existe el ánimo entre ellas de hacer uso de los Medios Alternativos de Resolución de Conflictos, las mismas de forma conjunta expresan a este Juzgado de Instancia la intención de llegar a un acuerdo en fase de mediación el día de hoy lunes 02/06/2 025 entre de los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- y la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) (R.I.F. J-31294637-7), para poner fin a la DEMANDA POR COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES incoada en fecha 11/07/2 024 por los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- contra la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (RIF J-31294637-7) y el ciudadano CARLOS LUÍS BLANCO, titular de la cédula de identidad V-9 889 759, en su cualidad de presidente de la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (RIF J-31294637-7). La entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente reconoce la relación de trabajo alegada en autos por cada uno de los demandantes; la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente reconoce el cargo alegado por cada uno de los demandantes en autos de este expediente; y la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente reconoce los conceptos demandados por cada uno de los demandantes en autos de este expediente (Excepto la indemnización por despido injustificado, días feriados y de descanso laborados, horas de descanso laboradas -Arts. 167 y 168 L.O.T.T.T.-, y horas extras diurnas y nocturnas laboradas), los cuales, comprenden prestación de antigüedad (Art. 142 - Literales a y b L.O.T.T.T.), intereses sobre prestaciones sociales (Art. 142 L.O.T.T.T.), horas de bono nocturno (Art. 117 L.O.T.T.T.), vacaciones y bono vacacional (Arts. 190, 192 y 195 L.O.T.T.T.), y utilidades (Art. 132 L.O.T.T.T.). En este sentido, la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente no reconoce la fecha de inicio y la fecha terminación de la relación de trabajo alegadas por cada uno de los demandantes en autos de este expediente, dado que expresa que la fecha de inicio y la fecha terminación de la relación de trabajo alegadas por cada uno de los demandantes en autos de este expediente son las dispuestas en cada uno de los contratos de trabajo de cada uno de los demandantes ya identificados en autos de este expediente, es decir, referente al ciudadano FERNANDO DANIEL GIL PETIT -Ya identificado en autos de este expediente- del 12/04/2 023 al 07/01/2 024 (Ambas fechas inclusive), referente al ciudadano FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE -Ya identificado en autos de este expediente- del 04/11/2 022 al 02/02/2 023 (Ambas fechas inclusive), referente al ciudadano RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN -Ya identificado en autos de este expediente- del 19/06/2 023 al 15/03/2 024 (Ambas fechas inclusive), y referente al ciudadano WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Ya identificado en autos de este expediente- del 05/09/2 023 al 01/06/2 024 (Ambas fechas inclusive); la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente no reconoce el salario alegado en autos por cada uno de los demandantes en autos de este expediente; y la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente no reconoce el motivo de terminación de la relación de trabajo alegado por cada uno de los demandantes en autos de este expediente, dado que la parte demandada expresa que el motivo de terminación de la relación de trabajo de cada uno de los demandantes en autos es terminación del servicio de vigilancia prestado por la parte demandada; y la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) a través de su corepresentación judicial compareciente no reconoce los montos reclamados por cada uno de los conceptos demandados por cada uno de los demandantes en autos de este expediente. El litisconsorcio activo y la parte demandada acuerdan entre ellas, de la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) -Ya identificada en autos de este expediente- en favor de los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- el monto en efectivo de Bs. D. 319 482, 36, el cual, pasa a describirse de la siguiente forma de acuerdo a lo correspondiente a cada demandante en este asunto: 1.- El ciudadano FERNANDO DANIEL GIL PETIT -Ya identificado en autos de este expediente-: Bs. D. 81 613, 63 pagaderos de la parte demandada al ciudadano FERNANDO DANIEL GIL PETIT -Ya identificado en autos de este expediente- en fecha 20/06/2 025 -Inclusive-. 2.- El ciudadano FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE -Ya identificado en autos-: Bs. D. 85 308, 99 pagaderos de la parte demandada al ciudadano FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE -Ya identificado en autos de este expediente- en fecha 20/06/2 025 -Inclusive-. 3.- El ciudadano RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN -Ya identificado en autos de este expediente-: Bs. D. 73 254, 30 pagaderos de la parte demandada al ciudadano RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN -Ya identificado en autos de este expediente- en fecha 20/06/2 025 -Inclusive-. Y 4.- El ciudadano WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Ya identificado en autos de este expediente-: Bs. D. 79 305, 44 pagaderos de la parte demandada al ciudadano WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Ya identificado en autos de este expediente- en fecha 20/06/2 025 -Inclusive-. El litisconsorcio activo y la parte demandada acuerdan que el citado monto de Bs. D. 319 482, 36 será depositado en la cuenta bancaria correspondiente al BBVA PROVINCIAL, S.A. 0108-2401-01-0100373455 cuyo titular es el ciudadano FRANKLIN ARGENIS AMARO DURÁN, titular de la cédula de identidad V-7 362 867. El litisconsorcio activo y la parte demandada, de conformidad a lo consagrado en el artículo 89, en su ordinal 2°, del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1 999) cónsono a lo establecido en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2 012), expresan que el monto acordado entre ellas corresponde a los conceptos reclamados por cada uno de los demandantes en autos de este expediente contra la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) -Ya identificada en autos-, en la presente demanda referentes a PRESTACIÓN DE ANTIGÜEDAD (ART. 142 - LITERALES A Y B L.O.T.T.T.), INTERESES SOBRE PRESTACIONES SOCIALES (ART. 142 L.O.T.T.T.), HORAS DE BONO NOCTURNO (ART. 117 L.O.T.T.T.), VACACIONES Y BONO VACACIONAL (ARTS. 190, 192 Y 195 L.O.T.T.T.), Y UTILIDADES (ART. 132 L.O.T.T.T.), siendo que la parte demandada no reconoce que a los prenombrados demandantes se les adeude por la parte demandada el concepto indemnización por despido injustificado, esto dado que la parte demandada expresa que el motivo de terminación de la relación de trabajo de cada uno de los demandantes en autos es terminación del servicio de vigilancia prestado por la parte demandada, y a su vez la parte demandada expresa que la parte demandada no adeuda a los demandantes el concepto de días feriados y de descanso laborados, horas de descanso laboradas -Arts. 167 y 168 L.O.T.T.T.-, y horas extras diurnas y nocturnas laboradas. Por su parte, el litisconsorcio activo expresa libremente estar de acuerdo con el monto y las cuotas expresadas por la parte demandada. El litisconsorcio activo de autos y la parte demandada entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) -Ya identificada en autos- solicitan a este Juzgado la homologación del acuerdo de marras (…)

(…omissis…)

(…) El litisconsorcio activo y la parte demandada entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A. (OESVICA) -Ya identificada en autos-, solicitan a este Tribunal la devolución de las pruebas consignadas en este expediente en fecha 04/02/2 025 a las 10:00 a. m. (…)

(…omissis…)

(…) Igualmente, la parte demandada solicita que por la Secretaría Judicial de este Tribunal se proceda a la expedición de ejemplar certificado de la presente acta de audiencia (…)
(Del folio 65 al 67, ambos folios inclusive y de este expediente).
(Negrillas y subrayado propios de la cita).

De manera pues, que en el caso de marras se tiene que las partes comparecientes (El litisconsorcio activo y la parte demandada) en este asunto litigioso en materia del Trabajo, con motivo de demanda por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales, una vez llegada la oportunidad para la celebración de la audiencia preliminar correspondiente a este expediente, el litisconsorcio activo y la parte demandada expusieron por cada una de ellas sus alegatos y defensas -Respectivamente-; y en el citado acto de audiencia de fecha 02/06/2 025 las partes comparecientes (El litisconsorcio activo conformado por los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- a través del ciudadano abogado FRANKLIN AMARO DURÁN, -Titular de la cédula de identidad V-7 362 867, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 32 784; identificado en autos de este expediente en su condición de apoderado judicial del prenombrado litisconsorcio activo, del folio 19 al 30, ambos folios inclusive y de este expediente-, y la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (R.I.F. J-31294637-7) a través del ciudadano abogado CARLOS PIVA MORENO -Titular de la cédula de identidad V-19 218 564, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 171 627; identificado en autos de este expediente en su condición de apoderado judicial de la prenombrada entidad de trabajo demandada, del folio 57 al 60, ambos folios inclusive y de este expediente-), expresaron su consentimiento mutuo de llegar el litisconsorcio activo y la parte demandada entre sí -Ya identificadas en autos de este expediente-, respectivamente, a un acuerdo en fase de mediación para poner fin a la DEMANDA POR COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES incoada en fecha 11/07/2 024 por los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- contra la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (RIF J-31294637-7) y el ciudadano CARLOS LUÍS BLANCO, titular de la cédula de identidad V-9 889 759, en su cualidad de presidente de la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (R.I.F. J-31294637-7).
Cabe destacar, que el acta de audiencia de fecha 02/06/2 025 (Del folio 65 al 67, ambos folios inclusive y de este expediente), así como las actas de audiencia de fechas 04/02/2 025 (Folios 52 y 53 de este expediente), 28/02/2 025 (Folio 56 de este expediente), 02/04/2 025 (Folio 62 de este expediente), y 19/05/2 025 (Folio 64 de este expediente), se procedió a hacer saber en autos de este expediente que la parte codemandada ciudadano CARLOS LUÍS BLANCO -Titular de la cédula de identidad V-9 889 759- no compareció ni por sí ni por medio de representación alguna al acto de audiencia de fecha 04/02/2 025 (Folios 52 y 53 de este expediente).
Puede observarse del íter procesal del expediente de marras, que el objeto de la demanda que ocupa al presente expediente es COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES y OTROS CONCEPTOS LABORALES incoada en fecha 11/07/2 024 por los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- contra la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (R.I.F. J-31294637-7) y el ciudadano CARLOS LUÍS BLANCO, titular de la cédula de identidad V-9 889 759, en su cualidad de presidente de la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (RIF J-31294637-7); asunto este que se encuentra dentro de la clasificación prevista en el artículo 29 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2 002), referente a la competencia de los Tribunales en materia del Trabajo.
En este sentido, de la lectura del acuerdo en fase de mediación que cursa en autos de este expediente del folio 65 al 67 (Ambos folios inclusive y de este expediente), se observa que el mismo cumple con los requisitos establecidos en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2 012); ello, respecto que el acuerdo en fase de mediación de marras (Del folio 65 al 67, ambos folios inclusive y de este expediente) es llevado a cabo por las partes comparecientes (El litisconsorcio activo y la parte demandada), donde las partes comparecientes (El litisconsorcio activo y la parte demandada) hacen mención de concesiones recíprocas entre las partes comparecientes (El litisconsorcio activo y la parte demandada), expresando estas libre de coacción su conformidad referente al descrito acuerdo en fase de mediación. ASÍ SE ESTABLECE.-
En consecuencia, Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando Justicia en Nombre de Dios Todopoderoso y de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, decide con base a lo consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1 999) cónsono a lo normado en la parte inicial del numeral 1° del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1 966), siendo aplicado éste último artículo de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1 999), DECIDE DECLARAR HOMOLOGADO el acuerdo en fase de mediación (Del folio 65 al 67, ambos folios inclusive y de este expediente), referente a los conceptos demandados por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales que ocupan al presente expediente, llegado en este expediente entre litisconsorcio activo conformado por los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- a través del ciudadano abogado FRANKLIN AMARO DURÁN, -Titular de la cédula de identidad V-7 362 867, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 32 784; identificado en autos de este expediente en su condición de apoderado judicial del prenombrado litisconsorcio activo, del folio 19 al 30, ambos folios inclusive y de este expediente-, y la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (RIF J-31294637-7) a través del ciudadano abogado CARLOS PIVA MORENO -Titular de la cédula de identidad V-19 218 564, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 171 627; identificado en autos de este expediente en su condición de apoderado judicial de la prenombrada entidad de trabajo demandada, del folio 57 al 60, ambos folios inclusive y de este expediente-, acuerdo en fase de mediación este que cursa del folio 65 al 67 -Ambos folios inclusive y de este expediente- que tiene efecto de Cosa Juzgada respecto a los conceptos demandados por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales que ocupan al presente expediente, ello conforme a lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2 002), a tenor de lo consagrado en el ordinal 2° del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1 999), en consonancia a lo normado en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2 012). ASÍ SE DECIDE.-
Por otra parte, este Juzgado, en aras de los Principios Generales que rigen el Proceso Laboral previstos en el Capítulo I del Título I de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2 002), hace saber en autos de este expediente que este Juzgado en el acta de audiencia de fecha 02/06/2 025, previa solicitud de las prenombradas partes comparecientes -Litisconsorcio activo y parte demandada- a este Juzgado en el citado acto de audiencia de fecha 02/06/2 025, ordenó devolver a las partes comparecientes -Litisconsorcio activo y parte demandada- las pruebas consignadas por ellas -Litisconsorcio activo y parte demandada- en el presente expediente en fecha en fecha 04/02/2 025 a las 10:00 a. m., siendo que así fueron devueltas a las partes comparecientes -Litisconsorcio activo y parte demandada- las descritas pruebas en el citado acto de audiencia de fecha 02/06/2 025. ASÍ SE DECLARA.-
Igualmente, este Tribunal, de conformidad a lo establecido en el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil (1 990) -Norma aplicada con base a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 2 002-, hace saber en autos de este expediente que este Juzgado en el acta de audiencia de fecha 02/06/2 025, previa solicitud de la parte demandada en el citado acto de audiencia de fecha 02/06/2 025, ordenó que por la Secretaría Judicial de este Tribunal se proceda a expedir ejemplar certificado del acta de audiencia de fecha 02/06/2 025 a la parte demandada, siendo que así fue expedido el descrito ejemplar certificado a la parte demandada en el citado acto de audiencia de fecha 02/06/2 025. ASÍ SE DECLARA.-
Ahora bien, visto de los autos de este expediente la oficina registral donde se encuentra legalizada la constitución de la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (R.I.F. J-31294637-7); este Tribunal, de conformidad a lo establecido en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil (1 990) -Norma aplicada con base a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2 002), fija como término de distancia tres (03) días consecutivos, el cual, se computará íntegramente al día siguiente -Inclusive- a la publicación de la presente sentencia y previo al lapso de cinco (05) días hábiles correspondientes para que las partes intervinientes en este expediente, si así lo consideran, puedan ejercer su derecho a interponer recurso en contra de la presente sentencia conforme a lo establecido en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil (1 990) -Norma aplicada con base a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 2 002-. ASÍ SE DECIDE.-

CAPÍTULO III
DEL DISPOSITIVO

Por los fundamentos antes expuestos, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando Justicia en el Nombre de Dios Todopoderoso y de la República Bolivariana de Venezuela por autoridad de la Ley, decide con base a lo consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1 999) cónsono a lo normado en la parte inicial del numeral 1° del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (1 966), siendo aplicado éste último artículo de conformidad a lo establecido en el artículo 23 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1 999); DECLARA:

PRIMERO: HOMOLOGADO el acuerdo en fase de mediación (Del folio 65 al 67, ambos folios inclusive y de este expediente), referente a los conceptos demandados por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales que ocupan al presente expediente, llegado en este expediente entre litisconsorcio activo conformado por los ciudadanos FERNANDO DANIEL GIL PETIT, FREDDY JOSÉ MENCÍAS APONTE, RAFAEL GABRIEL RAMOS SEFEREN y WILFREDO ANTONIO MARTÍNEZ CAMEJO -Titulares de las cédulas de identidad V-19 334 175, V-7 730 374, V-13 775 866, y V-17 572 085, respectivamente- a través del ciudadano abogado FRANKLIN AMARO DURÁN, -Titular de la cédula de identidad V-7 362 867, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 32 784; identificado en autos de este expediente en su condición de apoderado judicial del prenombrado litisconsorcio activo, del folio 19 al 30, ambos folios inclusive y de este expediente-, y la entidad de trabajo ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (RIF J-31294637-7) a través del ciudadano abogado CARLOS PIVA MORENO -Titular de la cédula de identidad V-19 218 564, inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 171 627; identificado en autos de este expediente en su condición de apoderado judicial de la prenombrada entidad de trabajo demandada, del folio 57 al 60, ambos folios inclusive y de este expediente-, acuerdo en fase de mediación este que cursa del folio 65 al 67 -Ambos folios inclusive y de este expediente- que tiene efecto de Cosa Juzgada respecto a los conceptos demandados por cobro de prestaciones sociales y otros conceptos laborales que ocupan al presente expediente, ello conforme a lo establecido en el artículo 133 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2 002), a tenor de lo consagrado en el ordinal 2° del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1 999), en consonancia a lo normado en el artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (2 012). ASÍ SE DECIDE.-

SEGUNDO: Este Juzgado, en aras de los Principios Generales que rigen el Proceso Laboral previstos en el Capítulo I del Título I de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2 002), hace saber en autos de este expediente que este Juzgado en el acta de audiencia de fecha 02/06/2 025, previa solicitud de las prenombradas partes comparecientes -Litisconsorcio activo y parte demandada- a este Juzgado en el citado acto de audiencia de fecha 02/06/2 025, ordenó devolver a las partes comparecientes -Litisconsorcio activo y parte demandada- las pruebas consignadas por ellas -Litisconsorcio activo y parte demandada- en el presente expediente en fecha en fecha 04/02/2 025 a las 10:00 a. m., siendo que así fueron devueltas a las partes comparecientes -Litisconsorcio activo y parte demandada- las descritas pruebas en el citado acto de audiencia de fecha 02/06/2 025. ASÍ SE DECLARA.-

TERCERO: Este Tribunal, de conformidad a lo establecido en el artículo 109 del Código de Procedimiento Civil (1 990) -Norma aplicada con base a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 2 002-, hace saber en autos de este expediente que este Juzgado en el acta de audiencia de fecha 02/06/2 025, previa solicitud de la parte demandada en el citado acto de audiencia de fecha 02/06/2 025, ordenó que por la Secretaría Judicial de este Tribunal se proceda a expedir ejemplar certificado del acta de audiencia de fecha 02/06/2 025 a la parte demandada, siendo que así fue expedido el descrito ejemplar certificado a la parte demandada en el citado acto de audiencia de fecha 02/06/2 025. ASÍ SE DECLARA.-

CUARTO: Visto de los autos de este expediente la oficina registral donde se encuentra legalizada la constitución de la entidad de trabajo demandada ORGANIZACIÓN ESTRATÉGICA DE VIGILANCIA, C.A., (OESVICA) (R.I.F. J-31294637-7); este Tribunal, de conformidad a lo establecido en el artículo 205 del Código de Procedimiento Civil (1 990) -Norma aplicada con base a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo (2 002), fija como término de distancia tres (03) días consecutivos, el cual, se computará íntegramente al día siguiente -Inclusive- a la publicación de la presente sentencia y previo al lapso de cinco (05) días hábiles correspondientes para que las partes intervinientes en este expediente, si así lo consideran, puedan ejercer su derecho a interponer recurso en contra de la presente sentencia conforme a lo establecido en el artículo 298 del Código de Procedimiento Civil (1 990) -Norma aplicada con base a lo previsto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 2 002-. ASÍ SE DECIDE.-

QUINTO: Que no hay condenatoria en costas a las partes intervinientes en el presente expediente; esto, dada la naturaleza jurídica propia de esta sentencia. ASÍ SE DECIDE.-

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia por la Secretaría Judicial de este Tribunal; con base a lo estipulado en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil (1 990) -Norma aplicada con base a lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo de 2 002-.
Dada, firmada y sellada en el Despacho de este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, a los diez (10) días del mes de junio de dos mil veinticinco (2 025). Año 215° de la Independencia y 166° de la Federación.

DIOS Y FEDERACIÓN

El Juez,

Abg. Mauro José Depool García.

La Secretaria Judicial,

Abg. Aura Marina Escalona.

Esta sentencia se publicó en la presente fecha diez (10) de junio de dos mil veinticinco (2 025) a las dos y cuarenta minutos con veintidós segundos de la tarde (02:40, 22 p. m.); en este sentido, este Juzgado hace saber en autos que este pronunciamiento puede visualizarse en la página web oficial del Tribunal Supremo de Justicia www.tsj.gob.ve.

La Secretaria Judicial,

Abg. Aura Marina Escalona.

MJDG/Ame.-