TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, primero (01) de julio de dos mil veinticinco (2025)
215º y 166º
ASUNTO: KP02-V-2025-000294
PARTE DEMANDANTE: ciudadana IRLIANY VANESSA ALVARADO PÉREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V- 20.671.817.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: abogada LARIANNY BRAVO, inscrita en el I.P.S.A bajo el Nro. 307.646.
PARTE DEMANDADA: ciudadano FRANCISCO JAVIER PÉREZ RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. V- 859.878.
ABOGADA ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: Abogada JHETSYKA HERRERA, inscrita en el IPSA bajo el N°223.062.
MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO.
SENTENCIA: DEFINITIVA.

I
RELACIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS
Se inició el juicio mediante libelo de demanda presentado en fecha 19 de febrero del año 2025, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y previo el sorteo de ley correspondió conocer de la causa a este Juzgado.
Por auto de fecha 24 de febrero del año 2025, se admitió la presente demanda, por no ser contraria a las buenas costumbres al orden público o alguna disposición expresa en la Ley, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada para que compareciera en el lapso correspondiente.
Por escrito presentado en fecha 12 de marzo del 2025, suscrito por la parte demandada, plenamente identificado, asistido de abogado, presentaron convenimiento en los siguientes términos:
“…ES CIERTO, que suscribimos un documento privado de CESIÓN DE DERECHO con la ciudadana IRLIANY VANESSA ALVARADO PEREZ, venezolana, titular de la cedula de identidad N° V-20.671.817, sobre un bien inmueble constituido por una bienhechurías ubicadas en la Carrera 4-A Entre Las Calles 1 Y 2 Nro. 1-34 de PUEBLO NUEVO, parroquia Guerrera Ana Soto antigua Juan de Villegas, Barquisimeto, Estado Lara, identificada con el número: código catastral 13 03 04 U01 215 0014 032 000, el cual mide DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CON SETENTA Y DOS CENTIMETROS CUADRADOS (236,72M2), siendo sus linderos los siguientes: Norte, en línea de 8,56 metros, Con la carrera 4 A, Que es su frente; Sur: en línea 6,13 metros Con terreno ocupado por Ramón Rodríguez; Este: en Tres líneas de 15,39, 10,93 у 6,40 Metros Con terreno Que se reservan Dámaso Pérez Rodríguez; y Oeste, en línea de 31,33 metros con terreno ocupado por Felicina de Giménez. Y dicha casa consta Techo de platabanda, 1 sala, 1 baño, 5 cuarto, la cocina es de acerolin, un patio, está toda frisada y pintada, la presente cesión la hago en virtud tengo la plena posesión de dicho inmueble desde hace cincuenta y Dos 52 años, valorada en TRES MIL DÓLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($3.000,00) equivalente a CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA BOLİVARES (Bs. 169,950,00), según tasa oficial del Banco Central de Venezuela de fecha 17 de enero del 2025, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 128 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela, publicado en gaceta oficial extraordinario bajo el N°6.211 de fecha 30 de diciembre de 2015, Asimismo se da por Citado, renuncio a los lapsos procesales de la presente demanda contra mi persona y reconozco en su totalidad el documento privado de cesión derechos en su contenido Firma que suscribí con la ciudadana IRLIANY VANESSA ALVARADO PEREZ titular de la cedula de identidad de identidad Nº V-20.671.817. Firma a ruego el ciudadano FRANCISCO JAVIER PERÉZ RODRÍGUEZ, titular de la cédula de identidad Nro. V-21.128.193, por cuanto el ciudadano PERÉZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Manifiesta no saber firmar y coloca sus huellas dactilares, asimismo firma y autoriza la ciudadana LIDELA JOSEFINARODRÍGUEZ de PÉREZ, De estado civil CASADA, Titular de la cédula identidad número V-1.895.788 en su condición de cónyuge…”
En fecha 05 de mayo del 2025 este tribunal dejo constancia que en fecha 02 de mayo del 2025 venció el lapso de contestación de la demanda, y la misma pasa a estado de dictar sentencia, seguidamente en fecha 12 de mayo del 2025 este tribunal insto a los ciudadanos FRANCISCO JAVIER PEREZ RODRIGUEZ y LIDELA JOSEFINA RODRIGUEZ DE PEREZ, plenamente identificados a comparecer ante la secretaria de este despacho.
En fecha 02 de junio del 2025 compareció ante este despacho el ciudadano FRANCISCO JAVIER PEREZ RODRIGUEZ, plenamente identificado, el mismo ratifico el escrito de contestación, dando cumplimiento con lo solicitado por este juzgado, a su vez en fecha 02 de junio del 2025 mediante diligencia la parte demandada solicito la citación vía telemática de la ciudadana LIDELA JOSEFINA RODRIGUEZ DE PEREZ, plenamente identificada, a los fines de dar contestación a lo solicitado por este despacho.
En fecha 16 de junio del 2025 este tribunal dejo constancia que la ciudadana LIDELA JOSEFINA RODRIGUEZ DE PEREZ, plenamente identificada, manifestó realizar la venta conjuntamente con su esposo, y dio fe de ser su firma y sus huellas plasmadas en el documento privado.
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
En primer lugar es necesario ahondar un poco en cuanto a lo que la normativa legal y doctrina han establecido referente al reconocimiento de documento privado, por tal motivo prevé el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, que el instrumento privado puede ser reconocido a través de demanda principal, la cual deberá tramitarse por los cauces del procedimiento ordinario.
Con respecto a los límites tanto de la pretensión como de la contestación en causas como la de marras, el autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo III. Segunda Edición. Ediciones Liber. Caracas, 2.004, pp. 456 y 457, apuntó lo siguiente:
“…1. Al igual que en la acción principal de tacha de falsedad (Art. 440), la demanda de reconocimiento de firma postula una pretensión mero declarativa…El juicio discurre según la norma, por el procedimiento ordinario. El reo debe en la contestación a la demanda, limitarse a reconocer o desconocer la firma. Si la reconoce, se allana a la demanda…Si por el contrario, el demandado desconoce la firma (sea suya o de un causante o representante suyo) en el acto de contestación a la demanda, la instrucción de la causa quedará circunscrita a demostrar, a través del peritaje caligráfico, que la firma si es auténtica.
2. En semejantes condiciones, el no menos reconocido jurista Emilio Calvo Baca, en su obra “Código de Procedimiento Civil de Venezuela”, Tomo IV. Ediciones Libra. Caracas, 2.000, pp.396 y 397, señaló lo siguiente: La demanda pidiendo el reconocimiento privado, debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 340 Código de Procedimiento Civil, el accionado en su contestación, deberá limitarse a reconocer o a desconocer la firma, si la reconoce termina la litis, si, en cambio la desconoce, la parte demandante asume la carga de la prueba de la autenticidad del instrumento…”
La actuación de las partes en casos como el que nos ocupa, debe girar únicamente en torno al hecho del reconocimiento o desconocimiento de la firma plasmada en el documento, de allí, que no le es dado a las partes discutir en el transcurso del proceso, consideraciones de fondo inmanentes al documento objeto de la pretensión, razón por la que el procesalista Ricardo Henriquez La Roche, tal como se desprende de la cita que antecede, afirmó que la demanda postula una pretensión mero declarativa, pues, en criterio de esta sentenciadora, el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, no prevé otra circunstancia fáctica, que el reconocimiento o el desconocimiento de la firma plasmada en el documento mismo, quedando así circunscrita igualmente la actividad del Órgano Jurisdiccional, a declarar reconocido o no el instrumento en cuestión…”

Así las cosas, se observa de los conceptos antes citados, que la acción por reconocimiento de instrumento privado, es aquella capaz de otorgarle a un instrumento privado, efectos de certeza y que tiene una preponderancia dentro del derecho probatorio, que en virtud de su alcance y eficacia se equipara con la del instrumento público, tal como lo preceptúa el artículo 1363 del Código Civil.
En nuestro sistema civil venezolano, el reconocimiento de documentos privados, puede solicitarse por acción principal o por vía incidental. Por acción principal, mediante demanda en juicio ordinario, mientras que mediante la vía incidental, se produce el documento junto con el libelo de demanda, en el caso de la parte actora, en un juicio principal cuyo objeto no sea específicamente el reconocimiento del documento privado, sino como medio probatorio.
Cuando el reconocimiento del documento se pretende por acción principal, el demandado en la contestación de la demanda, deberá manifestar sí reconoce o niega formalmente el instrumento, si el demandado fue debidamente citado y se produce confesión ficta, esto es, si no comparece el demandado al acto de la litis-contestación, no promoviere nada que le favoreciere, y la petición no es contraria al orden público, se dará por reconocido el documento. Evidenciándose en el caso que nos ocupa que los demandados de auto expresamente reconocieran el contenido y firma del instrumento privado, compareciendo de igual manera ante la secretaria de este tribunal a ratificar sus dichos así como el contenido del escrito de contestación y el reconocimiento de sus firmas. Y así se establece.
Así las cosas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 115 de fecha 23 de abril de 2010, en la cual estableció lo siguiente:
“…La norma precedentemente transcrita establece la conducta que deben desplegar las partes cuando la que puede obrar contra ellos.
En efecto, la parte contra quien se produzca el instrumento tiene la opción de reconocerlo o desconocerlo, no obstante su silencio al respecto, surte como efecto el reconocimiento del mencionado instrumento privado.
En otras palabras, se trata de una norma que regula el establecimiento de la prueba documental dentro del proceso, razón por la cual prescribe una determinada conducta que el demandado debe desplegar y de la cual depende la incorporación del documento en el proceso.
Respecto al desconocimiento de un instrumento privado, esta Sala, en sentencia N° 561 de fecha 22 de octubre de 2009, caso: Giuseppe Infantino Taibi contra Laureano Gutiérrez Mosquera, estableció lo siguiente:
(...Omissis...)
‘Ahora bien, en el caso de autos y bajo la Luz del procedimiento anteriormente detallado, evidencia esta Sentenciadora que, el instrumento en cuestión, quedó legalmente reconocido, al no comparecer la parte demandada ni por sí ni por medio de apoderado judicial, al lapso de emplazamiento ni aportó ningún medio probatorio, ni consta que la petición fuere contraria a derecho, en virtud de encontrar asidero en nuestra norma adjetiva, surtiendo la consecuencia jurídica de lo estatuido en la parte in fine, del artículo 444 de la Norma Adjetiva Civil…”
En este sentido existen pronunciamientos reiterados que afirman que, el reconocimiento o desconocimiento de un documento privado en nuestra legislación se refiere “únicamente a la firma” pues, los documentos en nuestra legislación se diferencian entre públicos y privados, en virtud de que, en la formación de los primeros interviene un funcionario que da fe pública del contenido del mismo “documento público”, y hacen plena prueba, entre las partes y ante terceros, mientras que los documentos privados, son creados por las partes, sin la intervención de funcionario público alguno, y hace efecto jurídicos en juicio sólo entre las partes que los suscribieron, siendo clasificado por la doctrina, la jurisprudencia y la ley como una prueba escrita, la cual por su naturaleza es pre-constituida y posee una gran presunción de sinceridad y fiabilidad, ya que contiene hechos que conciernen a las partes, los cuales se verificaron antes de presentarse cualquier controversia entre ellas, quienes lo suscriben una vez estén conformes con su redacción y contenido, tal y como lo precisa el Código Civil en sus artículos 1.355 y 1.356.
Ricardo Henríquez La Roche, en su “Código de Procedimiento Civil, Tomo III, segunda edición actualizada, p. 424, explica:
“…Evidentemente, para que los instrumentos privados gocen de plena validez y efecto entre las partes y terceros, es necesario que sea reconocido por las partes, bien expresamente o bien de manera tácita, como lo establece el artículo 1.363 del Código Civil, denominándolos documentos privados reconocidos y tenidos legalmente por reconocidos. Es decir, que se tiene como cierto y surte efectos erga omnes en lo que respecta al hecho material de la declaración hecha por ellos y a tal efecto, se equipara al documento público en su valor probatorio, siendo solo desvirtuable mediante la tacha de falsedad. En este caso, queda a la parte que se sienta afectada promover la falsedad del instrumento ante el órgano competente, pero en caso que, “si es un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, como constituye una prueba de la verdad de las declaraciones que contiene hasta que se demuestre lo contrario”, si la parte quiere contradecir esa declaración o negar su firma deberá promover la tacha de falsedad, tal como lo establece el artículo 1.381 del Código Civil, donde señala los casos en que procede la tacha del documento privado, en tal sentido si un documento privado, fue reconocido como en el caso de marras, este como cualquier otro instrumento público, se encuentra sujeto a tacha, por eso, este tipo de juicio es netamente de naturaleza declarativa…”
En este sentido, se observa del caso bajo estudio que, el mismo trata precisamente del reconocimiento de un documento privado reconocido, el cual constituye medio probatorio que demuestra el negocio jurídico realizado por los contratantes, esto quiere decir que el negocio existe, correspondiendo a quien se sirva del instrumento privado reconocido judicialmente, intentar mediante vía autónoma el cumplimiento de ese negocio jurídico, por ser como se adujo en el párrafo anterior un juicio que persigue netamente la declaratoria de (la existencia de un negocio jurídico que se busca se reconozca), mas no conlleva intrínsecamente el cumplimiento del contenido de lo reconocido vía judicial. Así se declara.
En esta línea de consideraciones que se vienen esgrimiendo, quien aquí juzga considera necesario traer a colación los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, que textualmente rezan:
“…Artículo 1.363.- El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.
Artículo 1.364.- Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido. Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de su causante.”.
Las disposiciones anteriormente transcritas, permiten evidenciar que una persona puede acudir al órgano jurisdiccional a exigir el reconocimiento de la firma de un instrumento privado, con el entendido que el obligado a reconocerlo, si lo hace, se tiene por reconocido (en el caso de que sea producido en juicio y haya sido opuesto para su reconocimiento tal y como consta en el presente asunto); y para el caso en que acuda al llamamiento al Tribunal y voluntariamente reconozca su firma, se constituye en documento privado reconocido. En ambos casos, no es de la incumbencia del juez indagar sobre la certeza o falsedad del contenido del documento, ya que no se está discutiendo la falsedad del mismo.
Lo anterior se debe entender que, el órgano de administración de justicia que conozca de este tipo de juicios, atinentes al reconocimiento de instrumento privado, solo producirá los efectos de un fallo netamente declaratorio, ello en virtud de que tradicionalmente la doctrina procesal clasifica la sentencia, conforme al fin que en el mundo jurídico cumple la norma individualizada en que ella se resuelve. Tal y como reiterativamente lo ha establecido la doctrina de la Sala de Casación Civil.
Así, cuando el dispositivo del fallo ordena o impone una prestación al obligado, porque se estima la pretensión del que exige justicia, se está ante las denominadas sentencias de condena; por otro lado, cuando el dispositivo del fallo no ordena ningún cumplimiento frente a un obligado, sino que reconoce una situación jurídica, cabe hablar de sentencias declarativas; y, por último, cuando la sentencia afecta a la relación jurídico material, en tanto crea, modifica o extingue una determinada relación jurídica, se habla de las denominadas sentencias constitutivas...’ (Vid. sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal, N° 1906 del 13 de agosto de 2002).
La Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 10 de abril de 2023, dictada en el Exp. AA20-C-2022-000565, donde estableció lo siguiente:
“…De conformidad con el precedente jurisprudencial citado anteriormente, al analizar la naturaleza del fallo recurrido, el cual fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, esta Sala estima que no es de aquellos recurribles en casación, pues dicha decisión confirmó la decisión de primer grado de jurisdicción que negó la solicitud de la parte actora relativa a que se ordene la inscripción del contenido del documento reconocido en el Registro Inmobiliario respectivo, sosteniendo –acertadamente- que los efectos del juicio de reconocimiento de documento privado es netamente declarativo, en la cual solo se reconoce la existencia o inexistencia de una situación de derecho, más no persigue el cumplimiento de esa obligación reconocida, pues para ello tiene las vías judiciales preexistentes en nuestro sistema jurídico, mediante las cuales dicho cumplimiento debe ser necesariamente reclamado en otro juicio; por lo tanto, no se observa que este pronunciamiento haya resuelto algún punto esencial no controvertido en el juicio, ni decidido en él, ni proveyó contra lo ejecutoriado, ni modificó de manera sustancial lo decidido.
A mayor abundamiento, es preciso resaltar que las decisiones dictadas en procedimientos de reconocimiento de documentos, conforme a lo previsto en el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, son decisiones declarativas, en las cuales se les otorga autenticidad para que surtan valor probatorio en otros procedimientos distintos, donde se haga valer el contenido del instrumento, y se pueda obtener su ejecución, limitándose en estos casos, a la sola declaración del reconocimiento de la firma del instrumento. Así se establece… (Resaltado del Tribunal).
Coligiéndose este sentenciador a los criterios antes esgrimidos, evidencia que, en el caso bajo estudio, la parte actora interpuso la demanda a fin de que el ciudadano FRANCISCO JAVIER PÉREZ RODRÍGUEZ, antes identificado, reconocieran en su contenido y firma el documento privado suscrito, el cual tiene por objeto la venta de un bien inmueble, ubicada en la Carrera 4-A Entre Las Calles 1 Y 2 Nro. 1-34 de PUEBLO NUEVO, parroquia Guerrera Ana Soto antigua Juan de Villegas, Barquisimeto, Estado Lara, identificada con el número: código catastral 13 03 04 U01 215 0014 032 000, el cual mide DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CON SETENTA Y DOS CENTIMETROS CUADRADOS (236,72M2), siendo sus linderos los siguientes: Norte, en línea de 8,56 metros, Con la carrera 4A, Que es su frente; Sur: en línea 6,13 metros Con terreno ocupado por Ramón Rodríguez; Este: en Tres líneas de 15,39, 10,93 у 6,40 Metros Con terreno Que se reservan Dámaso Pérez Rodríguez; y Oeste, en línea de 31,33 metros con terreno ocupado por Felicina de Giménez. Y dicha casa consta Techo de platabanda, 1 sala, 1 baño, 5 cuarto, la cocina es de acerolit, un patio, está toda frisada y pintada. Fundamentando con los artículos 444 al 450 del código procedimiento civil, por lo que el trámite habido se encuentra ajustado a derecho, Y ASÍ SE DECLARA.
In fine, este Juzgador tomando en consideración los criterios de justicia y de razonabilidad con especial atención y acatamiento a lo dispuesto en el texto Constitucional, que obligan al Juez a interpretar las Instituciones Jurídicas, y los actuales principios que fundamentan el sistema de derecho que persiguen hacer efectiva la Justicia y en virtud de las precedentes consideraciones, determina finalmente que al haber reconocimiento expreso por la parte demandada en relación al contenido y las firmas del documento producido en juicio, es necesario declarar reconocido dicho instrumento privado de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.
III
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, y con base en los artículos 444 y 450 del Código de Procedimiento Civil, declara CON LUGAR LA PRETENSIÓN DE RECONOCIMIENTO DE INSTRUMENTO PRIVADO incoado por la ciudadana IRLIANY VANESSA ALVARADO PÉREZ, venezolana, mayor de edad, de este domicilio, titular de la cedula de identidad Nro. V- 20.671.817, contra el ciudadano FRANCISCO JAVIER PÉREZ RODRÍGUEZ, venezolana, mayor de edad de este domicilio y titular de la cedula de identidad Nro. V- 859.878.

En consecuencia se declara reconocido el presente documento:

“…YO PEREZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Venezolano, Mayor de edad. De estado civil CASADO, Titular de la cédula identidad número V-859.878 y de este domicilio, Por medio del presente Documento y de conformidad con lo establecido En el artículo 1549. Del Código Civil Venezolano vigente, DECLARO: Que cedo en plena Propiedad y posesión a la Ciudadana: IRLIANY VANESSA ALVARADO PEREZ, Venezolana, Mayor de edad, De estado civil SOLTERA, Titular de la cédula identidad número V- 20.671.817 de este domicilio, todos los derechos, intereses y acciones que tengo sobre un inmueble Constituido por una bienhechuría (casa) identificada con el número: CODIGO CATASTRAL 13 03 04 U01 215 0014 032 000, Que se encuentra ubicada en la jurisdicción De Barquisimeto, Estado Lara, Municipio Iribarren, parroquia Guerrera Ana Soto antigua Juan de Villegas, PUEBLO NUEVO, Carrera 4-A Entre Las Calles 1 Y 2 Nro 1-34, y construida en terreno de propiedad Municipal, el cual mide DOSCIENTOS TREINTA Y SEIS METROS CON SETENTA Y DOS CENTIMETROS CUADRADOS (236,72M2), y sus linderos son los siguientes: Norte, en línea de 8,56 metros, Con la carrera 4A, Que es su frente; Sur: en línea 6,13 metros Con terreno ocupado por Ramón Rodríguez, Este: en Tres líneas de 15.39, 10,93 у 6,40 Metros Con terreno Que se reservan Dámaso Pérez Rodríguez, y Oeste, enlínea de 31,33 metros con terreno ocupado por Felicina de Giménez. Y dicha casa consta Techo de platabanda, 1sala, 1 baño, 5 cuarto, la cocina es de acerolin, un patio, está toda frisada y pintada, la presente cesión la hago en virtud tengo la plena posesión de dicho inmueble desde hace cincuenta y Dos 52 años, La posición la tengo en forma pública, Pacifica La cesión de derecho está valorada con un monto de TRES MIL DOLARES AMERICANOS DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA ($3.000,00) equivalente a CIENTO SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS CINCUENTA BOLIVARES (Bs. 169.950,00), según tasa oficial del Banco Central de Venezuela de fecha 17 de enero del 2025, todo ello de conformidad con lo establecido en el artículo 128 del decreto con rango, valor y fuerza de Ley del Banco Central de Venezuela, publicado en gaceta oficial extraordinario bajo el N°6.211 de fecha 30 de diciembre de 2015, El referido inmueble se encuentra libre de lodo gravamen, no pesa sobre el ningún censo, o servidumbre. Asimismo Yo LIDELA JOSEFINARODRÍGUEZ de PÉREZ Venezolana, Mayor de edad, De estado civil CASADA Titular de la cédula identidad número V-1.895.788 en mi condición de cónyuge del ciudadano PERÉZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER ya identificado autorizo la cesión de derecho del bien inmueble objeto en el presente documento La sesión que aquí se me hace en los términos antes expuesto, firma a ruego el ciudadano ALVARADO PÉREZ JESÚS ENRIQUE, titular de la cédula de identidad Nro. V-21.128.193, por cuanto el ciudadano PEREZ RODRÍGUEZ FRANCISCO JAVIER Manifiesta no saber firmar, Y yo IRLIANY VANESSA ALVARADO PEREZ anteriormente identificada, declaro que acepto la cesión que se me hace en todos y cada uno de los términos antes expuestos. Ambas partes de común acuerdo establecemos como domicilio especial es ciudad de Barquisimeto estado Lara y en caso de existir alguna controversia la jurisdicción la conocerá los Juzgados del municipio Iribarren del estado Lara En la ciudad de Barquisimeto, a los DIECISIETE (17) días del mes de Enero de 2025...”
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En la ciudad de Barquisimeto, al primer (01) día del mes de julio de dos mil Veinticinco (2025) Años: 215º de la Independencia y 166º de la Federación.-
EL JUEZ,

ABG. JHONNY JOSÉ ALVARADO HERNÁNDEZ
EL SECRETARIO,

ABG. LEWIS CARRASCO RANGEL

Jalvarado/LCR/Drv.-