REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, cuatro (04) de octubre de dos mil veinticuatro (2024) 214º y 165º ASUNTO: KP02-V-2022-000333 PARTE DEMANDANTE: ciudadano MILTON DÍAZ VALENZUELA, extranjero, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. E-83.936.049.- ABOGADO ASISTENTE: ENRIQUE JOSÉ VARGAS SALGUEIRO, inscrito en el I.P.S.A. bajo el Nº 104.020.- PARTE DEMANDADA: ciudadana BREZAIDA DEL CARMEN NAVA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-11.283.824 APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDA: BLANCA PERLA GUTIÉRREZ y WHILL PÉREZ COLMENAREZ, abogados en ejercicio e inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nos. 92.442 y 177.105, respectivamente.-. MOTIVO: ACCIÓN MERO DECLARATIVA (Sentencia interlocutoria con fuerza definitiva).- I NARRATIVA Se inició la demanda mediante libelo presentado en fecha 02 de marzo de 2022ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial, y previo el sorteo de ley correspondió el conocimiento y sustanciación a este Juzgado, siendo el 16 de marzo de 2022. Por auto de fecha 28 de abril de 2022, quien suscribe el presente fallo se abocó al conocimiento de la causa, y se instó al accionante a consignar los fotostatos para librar compulsa, una vez cumplido lo requerido se libró la respectiva compulsa de citación a la parte demandada. Gestionada la citación por el alguacil la misma resultó infructuosa, por lo que posteriormente a solicitud de parte se acordó la citación por carteles. En fecha 08 de julio de 2022, se acordó la notificación del Ministerio Público y libar edicto de conformidad con lo previsto en el artículo 507 del Código Civil, cuya boleta debidamente firmada fue consignada por el alguacil. Consta a los folios 58 al 60 escrito de contestación a la demanda suscrito por los abogados BLANCA PERLA GUTIÉRREZ y WHILL PEREZ COLMENAREZ, actuando en el carácter de apoderados judiciales de la parte demandada. Por auto de fecha 25 de enero de 2023, se instó al demandante a cumplir con las formalidades de publicación del edicto. Posteriormente los apoderados de la parte demandada renunciaron al poder, advirtiendo este tribunal que dicha renuncia debía efectuarse por notaria. Cursa a los folios 79 y 80 escrito de convenimiento presentado por las partes, ambos asistidos por el abogado ENRIQUE JOSÉ VARGAS SALGUEIRO, por lo que este tribunal advirtió que se incurría en el delito de prevaricación e instó a las partes actuar con abogados distintos de su entera confianza a fin de garantizar la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Siendo esta la última actuación.- II MOTIVACIÓN PARA DECIDIR Estudiadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, considera oportuno esta Juzgadora, hacer referencia a la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, de cuyo texto se desprende lo que sigue: “Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. (Resaltado del Tribunal). Por su parte, la norma contenida en el artículo 269 ejusdem, establece: “Artículo 269. La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. (Subrayado del Tribunal). De las disposiciones precedentemente transcritas, esta sentenciadora observa, que la Perención se consuma una vez que se dan los supuestos establecidos taxativamente en la norma que prevé el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, antes citado. Por su parte, el tratadista patrio, Dr. Ricardo Henríquez La Roche, ha sostenido en este sentido que “un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es más que la extinción del proceso que se produce por la no realización de actos de impulso procesal, y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. El instituto de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso; y, por la otra, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios Órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal”. Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en Sentencia No. 211 de fecha 21 de junio del año 2.000, expresó: “...La regla general en materia de perención, expresa que el sólo transcurso del tiempo, sin que las partes hubiesen realizado actuaciones que demuestren su propósito de mantener el necesario impulso procesal, origina la perención y se verifica de derecho y puede declararse de oficio, como lo prevé el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil...”. Establecido lo anterior, se procedió a realizar un minucioso examen a las actas que integran este expediente, observándose que desde el 20 de septiembre de 2023, fecha en la cual se instó a las partes actuar debidamente asistidos con distintos abogados de su confianza, hasta la presente fecha ha transcurrido por ante este Despacho más de un (1) año, sin impulso de partes evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida esta Juzgadora, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés del accionante en sostener el juicio por el incoado y deja a esta Jurisdicente en un estado de incertidumbre que, en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado. En el caso de estos autos la omisión de actuación de las partes durante más de un (1) año, encaja dentro de los extremos expuestos tanto en las sentencias parcialmente transcritas como en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la perención de la instancia sin ningún género de dudas resulta consumada, y así debe declararse.- III DISPOSITIVA Por todos los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 267 en concordancia con el artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, produciéndose los efectos previstos en los artículos 270 y 271 ibidem.- Dada la naturaleza de la decisión no ha lugar a costas de conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.- Publíquese incluso en la página web del Tribunal Supremo de Justicia www.lara.scc.org.ve , Regístrese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en Barquisimeto a cuatro (04) días del mes de octubre del año dos mil veinticuatro (2.024).- Años: 214° de la Independencia y 165° de la Federación.- LA JUEZ ABG. DIOCELIS JANETH PÉREZ BARRETO EL SECRETARIO SUPLENTE ABG. LUIS FONSECA COHEN En la misma fecha de hoy, siendo las 09:12 a.m. se dictó y publicó la anterior sentencia, previas las formalidades de Ley. EL SECRETARIO SUPLENTE ABG. LUIS FONSECA COHEN DJPB/LFC/JAM KP02-V-2023-000333 RESOLUCION No.2024-000416 ASIENTO LIBRO DIARIO: 05