TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, seis (06) de noviembre de dos mil veinticuatro (2024)
214º y 165º
ASUNTO: KP02-V-2024-001374
PARTE DEMANDANTE: ciudadana ANA LINA GONZALEZ VARGAS, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° V-7.363.022.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDANTE: Abogado SEGUNDO COLMENAREZ, inscrito en el IPSA bajo el N° 207.811.
PARTE DEMANDADA: ciudadana MORAIMA RAMONA COLMENAREZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° V-12.242.637.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: Abogada ALICETH RIERA, inscrita en el IPSA bajo el N°305.442.
MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE DOCUMENTO PRIVADO.
SENTENCIA DEFINITIVA.

I
RELACIÓN SUSCINTA DE LOS HECHOS
Se inició el juicio mediante libelo de demanda presentado en fecha 20 de septiembre del año 2024, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, y previo el sorteo de ley correspondió conocer de la causa a este Juzgado.
Por auto de fecha 24 de septiembre del año 2024, se admitió la presente demanda, por no ser contraria a las buenas costumbres al orden público o alguna disposición expresa en la Ley, ordenándose el emplazamiento de la parte demandada para que compareciera en el lapso correspondiente.
Por escrito presentado en fecha 02 de octubre del 2024 suscito por la ciudadana MORAIMA RAMONA COLMENAREZ, debidamente asistida por la abogada ALICETH RIERA, antes identificadas, presentaron convenimiento en los siguientes términos:

“comparezco para darme por citado voluntariamente en este acto donde Reconozco y Convengo en todo y cada una de sus partes de la demanda de RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA del documento privado, y donde estoy de acuerdo en la totalidad de lo que está plasmado en el libelo de la demanda, a todo esto, Renuncio a los Lapsos Procesales de Dicha Solicitud. Sin más a que hacer Referencia… es todo… Es justicia que espero en Barquisimeto a la fecha de su presentación”.
II
MOTIVACIÓN PARA DECIDIR
En primer lugar es necesario ahondar un poco en cuanto a lo que la normativa legal y doctrina han establecido referente al reconocimiento de documento privado, por tal motivo prevé el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, que el instrumento privado puede ser reconocido a través de demanda principal, la cual deberá tramitarse por los cauces del procedimiento ordinario.
Con respecto a los límites tanto de la pretensión como de la contestación en causas como la de marras, el autor Ricardo Henríquez La Roche, en su obra “Código de Procedimiento Civil”, Tomo III. Segunda Edición. Ediciones Liber. Caracas, 2.004, pp. 456 y 457, apuntó lo siguiente:

“…1. Al igual que en la acción principal de tacha de falsedad (Art. 440), la demanda de reconocimiento de firma postula una pretensión mero declarativa…El juicio discurre según la norma, por el procedimiento ordinario. El reo debe en la contestación a la demanda, limitarse a reconocer o desconocer la firma. Si la reconoce, se allana a la demanda…Si por el contrario, el demandado desconoce la firma (sea suya o de un causante o representante suyo) en el acto de contestación a la demanda, la instrucción de la causa quedará circunscrita a demostrar, a través del peritaje caligráfico, que la firma si es auténtica.
2. En semejantes condiciones, el no menos reconocido jurista Emilio Calvo Baca, en su obra “Código de Procedimiento Civil de Venezuela”, Tomo IV. Ediciones Libra. Caracas, 2.000, pp.396 y 397, señaló lo siguiente: La demanda pidiendo el reconocimiento privado, debe cumplir con los requisitos señalados en el artículo 340 Código de Procedimiento Civil, el accionado en su contestación, deberá limitarse a reconocer o a desconocer la firma, si la reconoce termina la litis, si, en cambio la desconoce, la parte demandante asume la carga de la prueba de la autenticidad del instrumento…”
La actuación de las partes en casos como el que nos ocupa, debe girar únicamente en torno al hecho del reconocimiento o desconocimiento de la firma plasmada en el documento, de allí, que no le es dado a las partes discutir en el transcurso del proceso, consideraciones de fondo inmanentes al documento objeto de la pretensión, razón por la que el procesalista Ricardo Henriquez La Roche, tal como se desprende de la cita que antecede, afirmó que la demanda postula una pretensión mero declarativa, pues, en criterio de esta sentenciadora, el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil, no prevé otra circunstancia fáctica, que el reconocimiento o el desconocimiento de la firma plasmada en el documento mismo, quedando así circunscrita igualmente la actividad del Órgano Jurisdiccional, a declarar reconocido o no el instrumento en cuestión…”

Así las cosas, se observa de los conceptos antes citados, que la acción por reconocimiento de instrumento privado, es aquella capaz de otorgarle a un instrumento privado, efectos de certeza y que tiene una preponderancia dentro del derecho probatorio, que en virtud de su alcance y eficacia se equipara con la del instrumento público, tal como lo preceptúa el artículo 1363 del Código Civil.
En nuestro sistema civil venezolano, el reconocimiento de documentos privados, puede solicitarse por acción principal o por vía incidental. Por acción principal, mediante demanda en juicio ordinario, mientras que mediante la vía incidental, se produce el documento junto con el libelo de demanda, en el caso de la parte actora, en un juicio principal cuyo objeto no sea específicamente el reconocimiento del documento privado, sino como medio probatorio.
Cuando el reconocimiento del documento se pretende por acción principal, el demandado en la contestación de la demanda, deberá manifestar sí reconoce o niega formalmente el instrumento, si el demandado fue debidamente citado y se produce confesión ficta, esto es, si no comparece el demandado al acto de la litis-contestación, no promoviere nada que le favoreciere, y la petición no es contraria al orden público, se dará por reconocido el documento. Evidenciándose en el caso que nos ocupa que la demandada, de auto expresamente reconociera el contenido y firma del instrumento privado. Y así se establece.
Así las cosas, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia en decisión N° 115 de fecha 23 de abril de 2010, en la cual estableció lo siguiente:
“…La norma precedentemente transcrita establece la conducta que deben desplegar las partes cuando la que puede obrar contra ellos.
En efecto, la parte contra quien se produzca el instrumento tiene la opción de reconocerlo o desconocerlo, no obstante su silencio al respecto, surte como efecto el reconocimiento del mencionado instrumento privado.
En otras palabras, se trata de una norma que regula el establecimiento de la prueba documental dentro del proceso, razón por la cual prescribe una determinada conducta que el demandado debe desplegar y de la cual depende la incorporación del documento en el proceso.
Respecto al desconocimiento de un instrumento privado, esta Sala, en sentencia N° 561 de fecha 22 de octubre de 2009, caso: Giuseppe Infantino Taibi contra Laureano Gutiérrez Mosquera, estableció lo siguiente:
(...Omissis...)
‘Ahora bien, en el caso de autos y bajo la Luz del procedimiento anteriormente detallado, evidencia esta Sentenciadora que, el instrumento en cuestión, quedó legalmente reconocido, al no comparecer la parte demandada ni por sí ni por medio de apoderado judicial, al lapso de emplazamiento ni aportó ningún medio probatorio, ni consta que la petición fuere contraria a derecho, en virtud de encontrar asidero en nuestra norma adjetiva, surtiendo la consecuencia jurídica de lo estatuido en la parte in fine, del artículo 444 de la Norma Adjetiva Civil…”
En este sentido existen pronunciamientos reiterados que afirman que, el reconocimiento o desconocimiento de un documento privado en nuestra legislación se refiere “únicamente a la firma” pues, los documentos en nuestra legislación se diferencian entre públicos y privados, en virtud de que, en la formación de los primeros interviene un funcionario que da fe pública del contenido del mismo “documento público”, y hacen plena prueba, entre las partes y ante terceros, mientras que los documentos privados, son creados por las partes, sin la intervención de funcionario público alguno, y hace efecto jurídicos en juicio sólo entre las partes que los suscribieron, siendo clasificado por la doctrina, la jurisprudencia y la ley como una prueba escrita, la cual por su naturaleza es pre-constituida y posee una gran presunción de sinceridad y fiabilidad, ya que contiene hechos que conciernen a las partes, los cuales se verificaron antes de presentarse cualquier controversia entre ellas, quienes lo suscriben una vez estén conformes con su redacción y contenido, tal y como lo precisa el Código Civil en sus artículos 1.355 y 1.356.
Ricardo Henríquez La Roche, en su “Código de Procedimiento Civil, Tomo III, segunda edición actualizada, p. 424, explica:
“…Evidentemente, para que los instrumentos privados gocen de plena validez y efecto entre las partes y terceros, es necesario que sea reconocido por las partes, bien expresamente o bien de manera tácita, como lo establece el artículo 1.363 del Código Civil, denominándolos documentos privados reconocidos y tenidos legalmente por reconocidos. Es decir, que se tiene como cierto y surte efectos erga omnes en lo que respecta al hecho material de la declaración hecha por ellos y a tal efecto, se equipara al documento público en su valor probatorio, siendo solo desvirtuable mediante la tacha de falsedad. En este caso, queda a la parte que se sienta afectada promover la falsedad del instrumento ante el órgano competente, pero en caso que, “si es un documento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, como constituye una prueba de la verdad de las declaraciones que contiene hasta que se demuestre lo contrario”, si la parte quiere contradecir esa declaración o negar su firma deberá promover la tacha de falsedad, tal como lo establece el artículo 1.381 del Código Civil, donde señala los casos en que procede la tacha del documento privado, en tal sentido si un documento privado, fue reconocido como en el caso de marras, este como cualquier otro instrumento público, se encuentra sujeto a tacha, por eso, este tipo de juicio es netamente de naturaleza declarativa…”
En este sentido, se observa del caso bajo estudio que, el mismo trata precisamente del reconocimiento de un documento privado reconocido, el cual constituye medio probatorio que demuestra el negocio jurídico realizado por los contratantes, esto quiere decir que el negocio existe, correspondiendo a quien se sirva del instrumento privado reconocido judicialmente, intentar mediante vía autónoma el cumplimiento de ese negocio jurídico, por ser como se adujo en el párrafo anterior un juicio que persigue netamente la declaratoria de (la existencia de un negocio jurídico que se busca se reconozca), mas no conlleva intrínsecamente el cumplimiento del contenido de lo reconocido vía judicial. Así se declara.
En esta línea de consideraciones que se vienen esgrimiendo, quien aquí juzga considera necesario traer a colación los artículos 1.363 y 1.364 del Código Civil, que textualmente rezan:

“…Artículo 1.363.- El instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, tiene entre las partes y respecto de terceros, la misma fuerza probatoria que el instrumento público en lo que se refiere al hecho material de las declaraciones; hace fe, hasta prueba en contrario, de la verdad de esas declaraciones.
Artículo 1.364.- Aquél contra quien se produce o a quien se exige el reconocimiento de un instrumento privado, está obligado a reconocerlo o negarlo formalmente. Si no lo hiciere, se tendrá igualmente como reconocido. Los herederos o causahabientes pueden limitarse a declarar que no conocen la firma de su causante.”.

Las disposiciones anteriormente transcritas, permiten evidenciar que una persona puede acudir al órgano jurisdiccional a exigir el reconocimiento de la firma de un instrumento privado, con el entendido que el obligado a reconocerlo, si lo hace, se tiene por reconocido (en el caso de que sea producido en juicio y haya sido opuesto para su reconocimiento tal y como consta en el presente asunto); y para el caso en que acuda al llamamiento al Tribunal y voluntariamente reconozca su firma, se constituye en documento privado reconocido. En ambos casos, no es de la incumbencia del juez indagar sobre la certeza o falsedad del contenido del documento, ya que no se está discutiendo la falsedad del mismo.
Lo anterior se debe entender que, el órgano de administración de justicia que conozca de este tipo de juicios, atinentes al reconocimiento de instrumento privado, solo producirá los efectos de un fallo netamente declaratorio, ello en virtud de que tradicionalmente la doctrina procesal clasifica la sentencia, conforme al fin que en el mundo jurídico cumple la norma individualizada en que ella se resuelve. Tal y como reiterativamente lo ha establecido la doctrina de la Sala de Casación Civil.
Así, cuando el dispositivo del fallo ordena o impone una prestación al obligado, porque se estima la pretensión del que exige justicia, se está ante las denominadas sentencias de condena; por otro lado, cuando el dispositivo del fallo no ordena ningún cumplimiento frente a un obligado, sino que reconoce una situación jurídica, cabe hablar de sentencias declarativas; y, por último, cuando la sentencia afecta a la relación jurídico material, en tanto crea, modifica o extingue una determinada relación jurídica, se habla de las denominadas sentencias constitutivas...’ (Vid. sentencia de la Sala Constitucional del máximo tribunal, N° 1906 del 13 de agosto de 2002).
La Sala de Casación Civil, en sentencia de fecha 10 de abril de 2023, dictada en el Exp. AA20-C-2022-000565,dondeestableció lo siguiente:
“…De conformidad con el precedente jurisprudencial citado anteriormente, al analizar la naturaleza del fallo recurrido, el cual fue dictado en la etapa de ejecución de sentencia, esta Sala estima que no es de aquellos recurribles en casación, pues dicha decisión confirmó la decisión de primer grado de jurisdicción que negó la solicitud de la parte actora relativa a que se ordene la inscripción del contenido del documento reconocido en el Registro Inmobiliario respectivo, sosteniendo –acertadamente- que los efectos del juicio de reconocimiento de documento privado es netamente declarativo, en la cual solo se reconoce la existencia o inexistencia de una situación de derecho, más no persigue el cumplimiento de esa obligación reconocida, pues para ello tiene las vías judiciales preexistentes en nuestro sistema jurídico, mediante las cuales dicho cumplimiento debe ser necesariamente reclamado en otro juicio; por lo tanto, no se observa que este pronunciamiento haya resuelto algún punto esencial no controvertido en el juicio, ni decidido en él, ni proveyó contra lo ejecutoriado, ni modificó de manera sustancial lo decidido.
A mayor abundamiento, es preciso resaltar que las decisiones dictadas en procedimientos de reconocimiento de documentos, conforme a lo previsto en el artículo 450 del Código de Procedimiento Civil, son decisiones declarativas, en las cuales se les otorga autenticidad para que surtan valor probatorio en otros procedimientos distintos, donde se haga valer el contenido del instrumento, y se pueda obtener su ejecución, limitándose en estos casos, a la sola declaración del reconocimiento de la firma del instrumento. Así se establece… (Resaltado del Tribunal).
Coligiéndose este sentenciador a los criterios antes esgrimidos, evidencia que, en el caso bajo estudio, la parte actora interpuso la demanda a fin de que la ciudadana MORAIMA RAMONA COLMENAREZ, Plenamente identificada, reconociera en su contenido y firma el documento privado suscrito, el cual tiene por objeto la venta de un inmueble sobre un terreno Propio según consta en documento llevado ante el Registro Público del Segundo circuito del municipio Iribarren del Estado Lara en fecha 08 de diciembre del año 2010, inscrito bajo el N° 2010.12082, asiento registral 1 del inmueble matriculado con el N° 363.11.2.2172, ubicado en pueblo nuevo, carrera 2 entre calles 8B y 8C, casa N°85-A, parroquia Guerrera Ana Soto, Municipio Iribarren del Estado Lara. Fundamentando su acción en los artículos en los 444 al 450, del código de procedimiento civil, en concordancia con los artículos 1363 y 1364 del código civil venezolano., por lo que el trámite habido se encuentra ajustado a derecho, Y ASÍ SE DECLARA.
In fine, este Juzgador tomando en consideración los criterios de justicia y de razonabilidad con especial atención y acatamiento a lo dispuesto en el texto Constitucional, que obligan al Juez a interpretar las Instituciones Jurídicas, y los actuales principios que fundamentan el sistema de derecho que persiguen hacer efectiva la Justicia y en virtud de las precedentes consideraciones, determina finalmente que al haber reconocimiento expreso por la parte demandada en relación al contenido y las firmas del documento producido en juicio, es necesario declarar reconocido dicho instrumento privado de conformidad con lo establecido en el artículo 444 del Código de Procedimiento Civil.
III
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, y con base en los artículos 444 y 450 del Código de Procedimiento Civil, declara CON LUGAR LA PRETENSIÓN DE RECONOCIMIENTO DE INSTRUMENTO PRIVADO incoado por la ciudadana ANA LINA GONZALEZ VARGAS, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° V-7.363.022, contra la ciudadana MORAIMA RAMONA COLMENAREZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad N° V-12.242.637.

En consecuencia se declara reconocido el presente documento:

“Entre los ciudadanos, MORAIMA RAMONA COLMENAREZ, venezolano, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de Identidad V-12.242.637, TLF-0416-855-74-18, Domiciliada en Pueblo Nuevo, Carrera 2 entre Calles 8B Y 8C, Casa N° 85-A, Parroquia Guerrera Ana Soto, Municipio Iribarren, Barquisimeto Estado-Lara, quienes en lo sucesivo y a los efectos de este documento se denominara “LA VENDEDORA”, y por otra parte la ciudadana: ANA LINA GONZALEZ VARGAS, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad V-7.363.022. Domiciliada en Barquisimeto-Estado Lara, quien se denominará como “LA COMPRADORA”, las partes convienen en suscribir el presente CONTRATO PRIVADO DE COMPRA-VENTA, con sujeción a las siguientes clausulas: PRIMERA: DEL OBJETO: “LA VENDEDORA”, da en venta, pura, simple, perfecta e irrevocable a “LA COMPRADORA”, un inmueble que está en construcción de su exclusiva propiedad, que está constituido por unas estructuras de concreto de cemento y cabillas, posee manchones, vigas de corona, vigas de arrastre, piso de tierra, cercada en su totalidad de bloques y rejas de hierro al frente, para la fabricación de la construcción de la Bienhechuría; está construida sobre un lote de terreno PROPIO, Según documento inscrita originalmente por Ante el Registro Público del Segundo Circuito del Municipio Iribarren del Estado Lara y celebrado en fecha 08 de diciembre del año 2010. Inscrito bajo el número 2010.12082, Asiento Registral 1 del Inmueble matriculado con el No. 363.112.2172, Ubicado en Pueblo Nuevo, Carrera 2 entre Calles BB Y BC, Casa N°85-A; Parroquia Guerrera Ana Soto, Municipio Iribarren del Estado Lara. La superficie del terreno sobre la cual está edificado el inmueble es de aproximadamente CIENTO CUARENTA Y CINCO METROS CUADRADOS CON CINCUENTAY DOS DECIMETROS CUADRADOS (145.52 Mts2) comprendida dentro de los siguientes linderos y medidas: NORTE: En línea de Trece Metros con Dieciséis Centímetros, (13,16mts) Con la Carrera 2, Que es su Frente. SUR: En línea de Catorce Metros. (14.mts) Con Vivienda Ocupada por el Sr. Juan Isaías Colmenarez, Bienhechurías. ESTE: En línea de Diez Metros, (10.mts) Con las Calles 8B Y 8C. Y OESTE: En línea de Diez Metros con Catorce Centímetros. (10,14.mts) Con Vivienda Ocupada por el Sr. José Leónides Colmenarez, Bienhechurías. Dicho inmueble me pertenece, Según costa en documento autenticado, registrado por ante lo Notaria publica Quinta de Barquisimeto, estado Lara, bajo el Numero: 71, Tomo: 105. De fecha 11/07/2005, en los libros de autenticaciones llevados por esta Notaria, notariada suscrito v celebrado en fecha 11 de Julio del año 2005 (ANEXO COPIA MARCADO CON LETRA “A”). El presente inmueble está libre de todo gravamen pues no pesa sobre ella ninguna obligación hipotecaria, ni de ninguna especie, no adeuda nada sobre impuestos nacionales, municipales o estadales, ni por ningún otro concepto, quedando obligados al saneamiento de Ley conforme al derecho. SEGUNDA: DE LA CONDICION DEL INMUEBLE: la venta del inmueble en construcción de mi propiedad se encuentra registrada por ante la Notaria publica Quinta de Barquisimeto, estado Lara, bajo el Numero; 71, Tomo; 105. De fecha 11/07/2005, en los libros de autenticaciones llevados por esta Notaria, notariada suscrito y celebrado en fecha 11 de Julio del año 2005. Código catastral 1303-05-001-215-0063-001-000, a nombre de la ciudadana: MORAIMA RAMONA COLMENAREZ, venezolano, mayor de edad, soltera, hábiles en cuanto a derecho, titular de la cédula de identidad Nro. V-12.242.637. (ANEXO COPIA MARCADO CON LETRA “B”), y por tal motivo se compromete a realizar el procedimiento judicial de demanda de Reconocimiento de Contenido y Firma del Documento Privado de Compra-Venta y posteriormente los trámites administrativos de Registro de Sentencia Definitiva, Boletín Catastral y Solvencia Municipal del inmueble objeto del presente contrato, necesarios para protocolizar la compra-venta ante el registro competente a nombre de “ LA COMPRADORA” TERCERA: DEL PRECIO: el precio total pactado de la venta es por la cantidad de QUINCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $15.000), donde se cancelará de la siguiente manera, PRIMERO PUNTO: “LA VENDEDORA", declara haber recibido a nuestra entera y cabal satisfacción por parte de “LA COMPRADORA”, la cantidad de DOCE MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD$12.000), en dinero en efectivo. Restando así la cantidad de TRES MIL DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (USD $ 3.000, SEGUNDO Y ULTIMO PUNTO "LA COMPRADORA", se compromete la cantidad restarte antes mencionada, el día (30) de diciembre del año 2004, para el pago de su totalidad. de no cumplir con el pago restante, cancelara los intereses de mora antes causados (ANEXO COPIA DE BILLETES MARCADO CON LETRA “C”. CUARTA: DE LA OBLIGACIÓN: Ambas partes se obligan al cumplimiento de este contrato, a entregar recíprocamente tanto el inmueble en construcción, en excelentes condiciones como el pago total, en las condiciones antes descritas, acto que se verificará con la entrega física de los mismos. QUINTA: DE LA TRANSMISION DE PROPIEDAD: "LA VENDEDORA", transfiere a “LA COMPRADORA", de forma plena, la posesión, propiedad y dominio del inmueble en construcción, otorgándole las llaves y subrogándolo en todos los derechos inherentes al inmueble, asimismo, "LA VENDEDORA", se compromete a otorgar y firmar todos los documentos y permisos que sean necesarios, de igual forma, protocolizar ante el Registro Público correspondiente o firmar ante el tribunal de municipio de la circunscripción judicial del estado Lara, los títulos necesarios para certificar el traspaso de la propiedad, una vez que se tenga Registrada la Sentencia del Reconocimiento de Contenido y Firma, Solvencia Municipal, separación de parcela y Boletín Catastral, los cuales estarán siendo tramitados antes los organismos correspondientes. SEXTA: DE LOS GASTOS LEGALES "LA VENDEDORA", sufragarán los gastos generados por conceptos de redacción del presente documento y honorarios de su abogado, "LA COMPRADORA” sufragará los gastos que genere su representación legal en el presente acuerdo bilateral a través de su abogado SEPTIMA: DE LOS TESTIGOS Los ciudadanos: RENNY JESUS RIERA RIVERO y YSAAC DE JESUS RAMIREZ, venezolanos, mayores de edad, solteros, hábiles en cuanto a derecho, titulares de las cedulas de identidad N° V-10.750.148 y V-9.607 827, declaran conocer a las partes contratantes y haber presenciado la firma del presente documento, OCTAVA: DE LA COMPETENCIA TERRITORIAL: Para efectos de cualquier controversia que genere con motivo de la celebración y ejecución de este contrato, las partes se someten a la Competencia Territorial de los Jueces y Tribunales de la Circunscripción Judicial del estado Lara. Y Yo, ANA LINA GONZALEZ VARGAS, venezolana, mayor de edad, soltera, titular de la cédula de identidad V-7.363.022, domiciliada en Barquisimeto-Estado Lara, Acepto la Venta que se me hace de la construcción del Inmueble. En la ciudad de Barquisimeto, a los trece (13) días del mes de septiembre de 2024”.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En la ciudad de Barquisimeto, a los seis (06) días del mes de noviembre de dos mil Veinticuatro (2024) Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.-
El Juez Provisorio,

Abg. Jhonny José Alvarado Hernández
El Secretario,

Abg. Lewis Carrasco Rangel

JJAH/LCR/Drv.-
ASIENTO LIBRO DIARIO: __