TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas
Caracas, 19 de marzo de 2024
213º y 165º

Asunto: AP41-U-2004-000213

Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva Nº 142/2024
En fecha dos (02) de septiembre del 2004, se recibió en el Tribunal Superior Primero de lo Contencioso Tributario, escrito contentivo del Recurso Contencioso Tributario, interpuesto por el ciudadano Richard David Peña Vásquez, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero V- 13.910.763 inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el numero 103.010, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PANAGRO CORREDOR DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, C.A., ., e inscrita en el Registro Único de Información Fiscal bajo el Nro. J-30698511-5, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° RCA-DR-REX-2004-003729 de fecha 18 de junio de 2004, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y notificada en fecha 29/07/2004.
Asimismo en fecha 20 de septiembre del 2004, este Juzgado Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, dicto auto de entrada y ordena librar las notificaciones correspondientes a los ciudadanos Procurador General de la República, Contralor General de la República, Fiscal General de la República y a la Gerencia Jurídica Tributaria del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT).

En fecha 03 de junio del 2005, este Tribunal dicto Sentencia Interlocutoria N° 45/2005 a través de la cual ADMITIO el presente Recurso en cuanto ha lugar a derecho salvo su apreciación en la definitiva y se ordeno proceder a la tramitación y sustanciación correspondiente, abriéndose la causa a pruebas.

En fecha 13 de junio de 2005, el ciudadano Freddy Suarez Alcalde, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero V- 11.880.708, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 68.053, actuando en su carácter de apoderado judicial de la República, mediante diligencia consigna copia simple del instrumento poder que acredita su representación.

En fecha 13 de diciembre de 2005, el ciudadano Freddy Suarez Alcalde, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 68.053, actuando en su carácter de apoderado judicial de la República, mediante diligencia consigno escrito de informes y sus anexos.

En fecha 20 de septiembre de 2006, las ciudadanas Daniela Camacho y Yasmin Teresa Mendez Echegaray, venezolanas, mayores de edad, titulares de la cedula de identidad números V- 11.992.324 y V- 11.619.040, inscritas en el Inpreabogado bajo los números 70.921 y 77.831, actuando en su carácter de apoderadas judiciales de la República, mediante diligencia igualmente suscrita en fechas 21/03/2007, 25/02/2008, 20/05/2009, 19/12/2012, 04/02/2013, 13/02/2014 y 23/07/2014 consignaron copia simple del instrumento poder que acredita su representación, asimismo solicita se sirva dictar sentencia en la presente causa.

En fecha 12 de julio de 2015, la ciudadana Lorena Jaquelin Torres Lentini convocada para ejercer funciones como Juez de este Tribunal Séptimo de lo Contencioso Tributario, se aboco al conocimiento de la presente causa y se ordeno las notificaciones de Ley.

En fecha 18 de junio de 2015, este Tribunal dicto Sentencia Interlocutoria N° 93/2015 a través de la cual ORDENO NOTIFICAR a la contribuyente para que exponga en un plazo máximo de treinta (30) días continuos, si mantiene el interés en que se dicte sentencia en la presente causa.

En fecha 30 de septiembre de 2015, los ciudadanos Yasmin Teresa Méndez Echegaray inscrita en el Inpreabogado bajo el numero 77.831, actuando en su carácter de apoderada judicial de la República, mediante diligencia solicito se sirva dictar sentencia en la presente causa.

En fecha 07 de abril de 2016, el ciudadano Wiliam Martin Ferrer, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero V- 6.913.300, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 100.460, actuando en su carácter de apoderado judicial de la República, mediante diligencia solicito se sirva dictar sentencia en la presente causa.

En fecha 12 de abril de 2016, el ciudadano Ricardo Caigua Jiménez, convocado para ejercer funciones como Juez de este Tribunal Séptimo de lo Contencioso Tributario, se aboco al conocimiento de la presente causa y se ordeno las notificaciones de Ley.

En fecha 16 de enero de 2017, el ciudadano Wiliam Martin Ferrer, inscrito en el Inpreabogado bajo el numero 100.460, actuando en su carácter de apoderado judicial de la República, mediante diligencia igualmente suscrita en fecha 23/10/2018 y 12/06/2019 solicito se sirva dictar sentencia en la presente causa.

En fecha 11 de febrero de 2020, el ciudadano Yamil Antonio Cham Duque, se abocó al conocimiento de la presente causa en los términos previstos en el artículo 90 del Código de Procedimiento Civil y ordenaron las notificaciones de Ley.

En fecha 22 de febrero de 2024, la ciudadana Orlandi Rossana Prieto Cañizalez, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero V- 18.824.683, inscrita en el Inpreabogado bajo el numero 182.875, mediante diligencia solicito se sirva dictar sentencia en la presente causa; asimismo consigno documento poder que acredita su representación en la presente causa.
En fecha 19 de marzo de 2024, se deja constancia que la ciudadana Marilenne Sofía Do Paco Serrano, convocada para ejercer funciones como Jueza de este Tribunal Séptimo de lo Contencioso Tributario, se abocó al conocimiento de la presente causa, se libró Cartel a las partes de su nombramiento.
I
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Correspondería a este Tribunal pronunciarse sobre el recurso contencioso tributario, interpuesto en fecha dos (02) de septiembre del 2004 por el ciudadano Richard David Peña Vásquez, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero V- 13.910.763 inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el numero 103.010, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PANAGRO CORREDOR DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, C.A., ., e inscrita en el Registro Único de Información Fiscal bajo el Nro. J-30698511-5, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° RCA-DR-REX-2004-003729 de fecha 18 de junio de 2004, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y notificada en fecha 29/07/2004.
Asimismo, se evidencia que la última actuación de la sociedad mercantil PANAGRO CORREDOR DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, C.A., fue el 02 de septiembre del 2004 fecha en la cual el Representante Judicial de la sociedad mercantil interpuso el presente recurso contencioso tributario, hasta la presente fecha no ha realizado acto alguno de procedimiento a los fines de impulsar y mantener el curso del proceso, habiendo transcurrido diecinueve (19) años y seis (06) meses aproximadamente, por lo que se presume la pérdida del interés procesal en que se dicte sentencia en la presente causa.
En este sentido, resulta pertinente traer a colación el criterio establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia Nº 416 de fecha 28 de abril de 2009, caso: CIUDADANIA ACTIVA, en el cual se estableció lo siguiente:

“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, se ejerce mediante la acción cuyo ejercicio se concreta en la proposición de la demanda y la realización de los actos necesarios para el debido impulso del proceso. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual que ostenta el solicitante, que le permite la elevación de la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca mientras que puede ser una abstracción para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal se entiende como requisito de un acto procesal cuya ausencia imposibilita el examen de la pretensión.
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y se le evite un daño injusto, personal o colectivo (Cfr. Sentencia N° 686 del 2 de abril de 2002, caso: “MT1 (Arv) Carlos José Moncada”).

El interés procesal ha de manifestarse en la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal se traduce en el decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, ante la constatación de esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para que se movilice el órgano jurisdiccional, si la acción no existe. (vid. Sentencia de esta Sala N° 256 del 1 de junio de 2001, caso: “Fran Valero González y Milena Portillo Manosalva de Valero”).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “visto” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia.

Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:

a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”.

En el presente caso se está claramente en presencia de la primera de las situaciones: no hubo pronunciamiento respecto de la admisión de la demanda y, sin embargo, los demandantes dejaron de instar para que ello se produjese. De este modo, siendo que a partir del el 7 de febrero de 2008, los recurrentes dejaron de manifestar interés, la Sala en atención a su propia jurisprudencia, declara la pérdida del interés. Así se decide…” (Resaltado del Tribunal).

En tal sentido, la Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice ‘vistos’ y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia (vid., entre otras sentencias de la Sala Político-Administrativa Nos. 00781, 00193, 00271 y 00826 de fechas 28 de julio de 2010, 10 de febrero, 2 de marzo y 22 de junio de 2011, casos: Corporación Raymiven Internacional, C.A., Inversiones La Planicie, C.A., Resimon, C.A y Federación de Cooperativas de Transporte de Venezuela, respectivamente; así como las decisiones de la Sala Constitucional Nos. 667, 668, 922 y 1274 de fechas 12 de mayo de 2011 las dos primeras, y del 8 de junio y 26 de julio de 2011 las dos últimas, casos: Marco Aurelio Quiñones Gómez y Gabriel Alejandro Alfonso Romero, Carlos Vecchio, Elie Habilian Dumat, y FEDECÁMARAS, respectivamente).
Conforme a lo anterior, este Tribunal observa que en el presente caso estamos en presencia del segundo supuesto, en virtud de que la causa ha entrado en estado de sentencia y hasta la presente fecha la parte actora no ha realizado actuación procesal alguna tendente a mantener el curso del proceso.

Por otra parte, se evidencia que este Tribunal mediante Sentencia Interlocutoria Nº 93/2015 de fecha 18 de junio de 2015, ordenó la notificación de la sociedad mercantil PANAGRO CORREDOR DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, C.A., para que en un plazo de treinta (30) días continuos, contados a partir de que conste en autos su notificación debidamente cumplida, si mantiene el interés en que se dicte sentencia en la presente causa, so pena de considerar extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, en concordancia con el criterio vinculante establecido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencias Nros. 1153 de fecha 08/06/2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”; 4294 de fecha 12/12/2005, caso: Asociaciones Civiles “EL PODER ES EL PUEBLO y FUERZA BOLIVARIANA METROPOLITANA F.B.M.”; 4618 de fecha 14/12/2005, caso: “THE NEWS CAFÉ & BAR, C.A.”; 4623 de fecha 14/12/2005, caso: “MILAGROS SÁNCHEZ DE LÓPEZ Y EVENCIO GARCÍA BARRIOS”; entre otras. Ahora bien, aún cuando se notificó a la Contribuyente de conformidad con el ordenamiento jurídico vigente, sin embargo, no consta la manifestación de su interés en la presente causa, razón por la cual resulta forzoso concluir que están dados los extremos legales para declarar la pérdida del interés en el presente proceso, Y así se declara.

En este sentido, es conveniente citar parcialmente el contenido de la sentencia Nº 1153 de fecha 08 de junio de 2006, caso: “Andrés Velásquez y Otros”, emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en la cual se dejó sentado lo siguiente:

“(…)
“…En efecto, es jurisprudencia de esta Sala la improcedencia de la perención de la instancia en las causas en las que se ha dicho ‘vistos’ –como lo es la presente-, pero sí se ha admitido la posibilidad de extinción de la acción por pérdida del interés. Así, se ha dejado sentado que el interés no sólo es esencial para la interposición de una demanda, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, por lo que resulta inútil y gravosa la continuación de un juicio en el que no exista interesado.
Ahora bien, el tribunal no puede presumir la pérdida del interés procesal –ni siquiera en casos como el presente, en el que ha transcurrido largo tiempo sin sentencia definitiva- pero sí puede suponer, salvo prueba en contrario, que haya desaparecido el interés procesal cuando no hay constancia en el expediente de la comparecencia de las partes, que es precisamente el caso de autos.
En consecuencia, esta Sala ordena la notificación a la parte actora, bien en su sede procesal o por cartel, en caso de que no lo haya indicado, para que informe, en un plazo máximo de treinta días continuos desde su notificación, si conserva el interés para la continuación este proceso. Si no hay respuesta de la parte actora dentro del plazo que ha sido fijado, la Sala considerará extinguida la acción por pérdida sobrevenida del interés procesal, sin que ello comprometa la responsabilidad de las partes. Así se decide. (Negritas del Tribunal).

Siendo así, en el presente caso, este Tribunal considera que existió inactividad de la parte actora en manifestar el interés en que se dictara sentencia en la presente causa, por lo tanto, se declara extinguido el recurso, por lo que se presume la pérdida del interés procesal quedando así extinguida la presente causa, Así se declara.

II
DECISIÓN
Por las razones precedentemente expuestas, este Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara la EXTINCION DEL PROCESO POR PÉRDIDA DEL INTERÉS en el recurso contencioso tributario, interpuesto en fecha 02 de septiembre del 2004 interpuesto por el ciudadano Richard David Peña Vásquez, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad numero V- 13.910.763 inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado (INPREABOGADO) bajo el numero 103.010, actuando en su carácter de apoderado judicial de la sociedad mercantil PANAGRO CORREDOR DE BOLSA DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, C.A., ., e inscrita en el Registro Único de Información Fiscal bajo el Nro. J-30698511-5, contra el Acto Administrativo contenido en la Resolución N° RCA-DR-REX-2004-003729 de fecha 18 de junio de 2004, emanada de la Gerencia Regional de Tributos Internos Región Capital del Servicio Nacional Integrado de Administración Aduanera y Tributaria (SENIAT) y notificada en fecha 29/07/2004.
Se advierte a las partes que, de conformidad con el único aparte del artículo 305 del Código Orgánico Tributario vigente, esta sentencia no admite apelación, por cuanto que el quantum de la causa no excede de más de quinientas (500) veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, publicado por el Banco Central de Venezuela, para las personas jurídicas.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Superior Séptimo de lo Contencioso Tributario, en Caracas, a los diecinueve (19) días del mes de marzo del año dos mil veinticuatro (2024). Años 213º de la Independencia y 165º de la Federación.

La Juez,

Marilenne Sofía Do Paco Serrano.
La Secretaria

Yaritza Gil Bermúdez

ASUNTO: AP41-U-2004-000213
MSDPS/YGB/ymaz.