TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, veintiuno (21) de junio de dos mil veinticuatro 2024
214º y 165°

ASUNTO: KP02-V-2024-000831

PARTE DEMANDANTE: ciudadano CESAR GERARDO MOURIÑO PEÑUELA, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N.° V-14.270.103.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: YESVEL MIRELBIS PADUA SEQUERA, abogada en ejercicio e inscrita en el I.P.S.A. bajo el Nos. 310.296.-
PARTE DEMANDADA: ciudadana YOSELYN VANESSA SILVA CHÁVEZ, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-19.347.452.
ABOGADO ASISTENTE DE LA PARTE DEMANDADA: DAYLIN IRAZU MORA LÓPEZ, Defensora Pública Provisoria Primera en materia Civil y Administrativa Especial Inquilinaria y para la Defensa del Derecho a la Viviendo para el Estado Lara, designada mediante Resolución de la Defensa Pública Nº DDPG-2015-052.
MOTIVO: DESALOJO (VIVIENDA).
(Sentencia interlocutoria).

ÚNICO
Se inició la presente acción por libelo de demanda presentado en fecha 09 de abril del 2024, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Civil de Barquisimeto y previa distribución de Ley correspondió el conocimiento a este juzgado.
Por auto de fecha 12 de abril de 2024, este juzgado ordeno darle entrada e instó a la parte accionante a subsanar los vicios de forma apreciados en el libelo de demanda.
Posteriormente, subsanados los mismos, en fecha 18 de abril de 2024, se admitió la demanda y se ordeno el emplazamiento de la parte demandada para la comparecencia a la audiencia de mediación, en cumplimiento con lo previsto en el artículo 101 de la Ley para la Regularización y Control de los Arrendamientos de Viviendas. Gestionada la citación por el alguacil se practicó efectivamente la misma, compareciendo la parte demandada quien manifestó no tener abogado por lo que se acordó oficiar a la Defensa Pública.
Cursa al folio 36, oficio N° LA-BQ-CI-CP1-2024-714, notificación suscrita por la ciudadana Daylin Irazu Mora López, Defensora Pública Provisoria Primera (1°) en Materia Civil y Administrativa Especial e Inquilinaria y Para la Defesa del Derecho a la Vivienda para el Estado Lara, aceptando la representación técnica de la demandada.
En fecha 23 de mayo de 2024, se fijó para el quinto (05) día de despacho la audiencia de mediación, celebrada la misma se fijó el lapso para la contestación de la demanda, cuyo escrito cursa a los folios 39 al 43.
II
Ahora bien, este Tribunal a los fines de pronunciarse con respecto a la presente acción hace las siguientes consideraciones:

DEL ORDEN PÚBLICO PROCESAL
El Juez como director del proceso, debe velar porque el mismo se desarrolle dentro de un estado de derecho y de justicia, siempre en resguardo del derecho a la defensa; igualmente los jueces están en la obligación de procurar la estabilidad de los juicios como directores del proceso; estar vigilantes de corregir y evitar que se cometan faltas que más adelante pudiesen acarrear la nulidad de todo lo actuado, o de alguno de los actos de procedimiento.-
Ello es así por cuanto el proceso, constitucionalmente, ha sido concebido como uno de los medios para alcanzar la justicia. Esta justicia se vislumbra como uno de los fines esenciales del Estado. (Art. 2 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela). De manera que, el juez está dotado de grandes poderes de dirección por cuanto la labor que desarrolla, no sólo es para resolver un conflicto entre dos partes, sino a la final como un acto por el cual se imparte justicia, lo que se traduce como una garantía de la paz social que debe imperar en todo tiempo en el Estado venezolano.-
Así las cosas procedió esta Juzgadora a realizar un examen exhaustivo de las actas que conforman el presente expediente y en especial atención al escrito libelar, constatando que la parte actora estimo la demanda en CINCUENTA MIL BOLÍVARES Bs. (50.000,00) o su equivalente en Euros UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (E 1.250) y que equivale a CINCO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS UNIDADES TRIBUTARIAS (5.556 U.T).-
En cuanto a las reglas para la estimación de las demandas el Código de Procedimiento Civil señala lo siguiente:

“Artículo 36: En las demandas sobre la validez o continuación de un arrendamiento, el valor se determinará acumulando las pensiones sobre las cuales se litigue y sus accesorios. Si el contrato fuere por tiempo indeterminado el valor se determinará acumulando las pensiones o cánones de un año”
“Artículo 38: Cuando el valor de la cosa demandada no conste, pero sea apreciable en dinero el demandante la estimará…”

En este sentido es preciso traer a colación lo previsto en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, el cual contempla lo siguiente:

“…La incompetencia por el valor puede declararse aún de oficio, en cualquier momento del juicio en primera instancia…” (Negrillas del Tribunal)

Por otra parte, la Resolución de la Sala Plena Nº 2023-0001, de fecha 24 de mayo de 2023, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, dispone:

“Artículo 1.-Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil, Tránsito, Bancario y Marítimo, según corresponda, de la siguiente manera:
a) Los Juzgados de Municipio y Ejecutores de Medidas, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela.
b) Los Juzgados de Primera Instancia, categoría B en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía exceda de tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela.
A los efectos de la determinación de la competencia por la cuantía, en todos los asuntos contenciosos cuyo valor sea apreciable en dinero, conste o no el valor de la demanda, los justiciables deberán expresar, además de las sumas en bolívares conforme al Código de Procedimiento Civil y demás leyes que regulen la materia, el precio del día de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela al momento de la interposición del asunto...”

En el caso de autos, la parte actora estimó la demanda en CINCUENTA MIL BOLÍVARES Bs. (50.000,00) o su equivalente en Euros UN MIL DOSCIENTOS CINCUENTA (EUR. 1.250), evidenciando que dicha estimación no excede de tres mil veces el tipo de cambio oficial de la moneda de mayor valor, establecido por el Banco Central de Venezuela, que para la fecha correspondía al euro, con un valor de 39.27 bolívares por euro.-
Por lo que del análisis de la Resolución parcialmente transcrita relativa a la cuantía de los Tribunales de Primera Instancia, se evidencia que la cuantía del presente juicio no excede de las 3.000 veces el tipo de cambio de mayor valor de los establecidos por el Banco Central de Venezuela, por lo que dicha demanda encuadra dentro del supuesto de hecho previsto en la Resolución de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en su artículo 1, literal a) ; razón por la cual esta sentenciadora como garante del debido proceso y en virtud de que la incompetencia por el valor puede declararse de oficio en cualquier momento del juicio en primera instancia por ser materia de orden público concluye que el conocimiento de la presente causa corresponde a los Tribunales de Municipio Ordinario y Ejecutores de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Y así se declara.-

III
Por todos los razonamientos de hecho y de derecho anteriormente expuestos, este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, decide:
Primero: Se declara INCOMPETENTE EN RAZÓN DE LA CUANTÍA para conocer la presente demanda de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del Código de Procedimiento Civil.-
Segundo: Se DECLINA LA COMPETENCIA a un Tribunal de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a quien corresponda luego de realizado el respectivo sorteo de ley. Remítase el expediente mediante oficio a la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial Civil, una vez quede firme la presente decisión. -
Publíquese en la página www.lara.tsj.gob.ve .Regístrese y déjese copias certificadas.-
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los veintiuno (21) días del mes de junio del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 214º de la Independencia y 165º de la Federación.
LA JUEZ

ABG. DIOCELIS JANETH PÉREZ BARRETO

EL SECRETARIO SUPLENTE

ABG. LUIS FONSECA COHEN
En la misma fecha, siendo las 11:15 a.m., se publicó y registró la anterior sentencia previa las formalidades de Ley.-
EL SECRETARIO SUPLENTE.

ABG. LUIS FONSECA COHEN

DJPB/LFC/ar.-
KP02-V-2024-000831
RESOLUCIÓN N° 2024-000259
ASIENTO LIBRO DIARIO MANUAL:21