TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
TRIBUNAL PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, CONSTITUCIONAL MERCANTIL, TRANSITO, MARÍTIMO Y AERONÁUTICO DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR.
PUERTO ORDAZ, 04 DE JUNIO DE 2024.
AÑOS: 214° Y 165°

Conforme está ordenado en el Cuaderno Principal, se abre el presente CUADERNO DE MEDIDAS en el juicio que por CUMPLIMIENTO DE CONVENIO DE PAGO, incoado por la ciudadana MARITZA JOSEFINA PETIT, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 4.464.052, en contra de la ciudadana SOBEIDA DEL CARMEN RANGEL FIGUERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 9.941.031; a los fines de proveer sobre la MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR solicitada en el escrito de demanda, pasa el Tribunal a realizan previamente las siguientes consideraciones:
Dentro de la esfera de contenido de la administración de justicia, se encuentra la potestad general cautelar del Juez, como parte integrante del Derecho a la Tutela Judicial Efectiva, consagrado en el artículo 26 de la Constitución. Sobre el poder cautelar del Juez, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia N° 2531, de fecha 20/12/2006, estableció lo siguiente:
“…La potestad cautelar como garantía inherente al derecho a la tutela judicial efectiva, les confiere a los jueces la obligación de procurar las medidas necesarias para que la necesidad del proceso para obtener razón no se convierta en un daño para quien la tiene, dando así cumplimiento al contenido del artículo 257 de la Constitución, conforme al cual el proceso es un instrumento fundamental para la realización de la justicia. No obstante, tal como lo ha señalado esta Sala, “(s)i bien la potestad cautelar se reconoce como una garantía fundamental del derecho a la tutela judicial efectiva, su otorgamiento se encuentra vinculado a la satisfacción de determinadas exigencias tendentes a evitar que quien la solicite, se procure una ventaja inmerecida –en perjuicio de su contraparte- valiéndose del proceso con un objeto ajeno a la prosecución de la justicia” (S.S.C. N° 1590 del 10/08/06, Caso: Telecomunicaciones Molvinet). Así para su otorgamiento se exige la determinación de ciertas exigencias tendentes a evitar que quien solicite la protección cautelar procure una ventaja inmerecida en perjuicio de su contraparte. Estos presupuestos para la procedencia de las medidas cautelares atienden a la necesidad de preservar la eficacia de un eventual fallo favorable a la pretensión y, como consecuencia, es razonable que para obtener esa protección adelantada se exija a su reclamante la demostración inicial del buen derecho que le asiste, del peligro que corre su situación jurídica en el tiempo que discurrirá el proceso y la mínima afectación al interés general que supondría la adopción de la tutela provisional, según sea el caso.
Cuando se acuerda la tutela cautelar no puede prejuzgarse sobre el fondo del asunto planteado, esto puede comprenderse como un preventivo cálculo o juicio de probabilidad y verosimilitud sobre la pretensión del demandante, correspondiéndole al juez analizar los recaudos o elementos presentados junto con el escrito de demanda a los fines de indagar sobre la existencia del derecho que se reclama.
Por tanto, no comete injuria constitucional, el juez que no se pronuncia sobre todos los puntos indicados por el actor al solicitar la medida cautelar, pues éste –el juez- en uso de las amplias facultades cautelares otorgadas, verifica su procedencia o no, sin necesidad de emitir un fallo que responda a cada una de las denuncias ya que para ello tienen las partes el pronunciamiento del fondo de la controversia.”. (Negrillas y subrayado del Tribunal).
En este mismo sentido, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con relación a las medidas cautelares en Sentencia N° 00069, de fecha 17/01/2008, ha sostenido que:
“las medidas cautelares son actos judiciales que pretenden anticipar los efectos de un fallo mientras transcurra la tramitación de un juicio, con el fin de salvaguardar el derecho que se arroga el solicitante, por existir riesgo manifiesto de que se produzca un daño irreparable (mientras no se haya dictado la sentencia definitiva) que ponga en peligro la satisfacción del derecho que se invoque. Es por ello que la pretensión cautelar debe estar debidamente justificada, por cuanto en caso de decretarse su procedencia, el Juez dispondrá de actos de ejecución tendentes a impedir que los efectos de la sentencia definitiva sean ineficaces”. En tal sentido se ha establecido que el objeto de la pretensión cautelar “no puede ser el mismo que el de la pretensión principal, por cuanto la decisión sobre este último se dicta una vez concluido el debate sobre los hechos controvertidos, mientras que la decisión sobre aquél se dicta prima facie.”. (Negrillas y subrayado del Tribunal).
Corolario de lo anterior, es que las medidas cautelares son acciones preventivas, que se encuentran dirigidas a evitar la violación de un derecho ante la amenaza real y existente de ser vulnerado, teniendo como presupuesto un fundado temor, es decir, se requiere obtener por adelantado una tutela jurisdiccional efectiva de los derechos ventilados en juicio, de conformidad con lo previsto en el artículo 26 de la Constitución.
Así las cosas, la norma adjetiva civil contempla la posibilidad de decretar medidas cautelares en el proceso, así lo establece el artículo 585 de la referida norma, al establecer:
“Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama.”
Como se puede evidenciar, la procedencia del decreto de una providencia cautelar se encuentra subordinada a la concurrencia de unos requisitos establecidos en la misma norma, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 21/10/2008, Expediente N° 08-0856, se ha pronunciado sobre los requisitos de procedencia de las medidas cautelares en la siguiente manera:
“Estima la Sala que las medidas provisionales de carácter preventivo o cautelar, cualesquiera que sean su naturaleza o efectos, proceden sólo en los casos de extrema gravedad y urgencia y cuando sea necesario evitar daños irreparables. Ante la solicitud de tales medidas, el artículo 585 del Código de Procedimiento Civil exige al juez que compruebe la existencia de dos extremos fundamentales y concurrentes: a) que exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo (periculum in mora); y, b) que se acompañe un medio de prueba que constituya una presunción grave del derecho que se reclama (fumus boni iuris). Estos requisitos deben cumplirse, no sólo cuando se trata de las medidas típicas de embargo, secuestro y prohibición de enajenar y gravar, sino de las que autoriza el Parágrafo Primero del artículo 588 eiusdem, las medidas innominadas, cuando hubiere fundado temor de que una parte pueda causar lesiones graves o de difícil reparación al derecho de la otra.”
En este mismo orden, la Sala de Casación Civil ha señalado la necesidad de aportar al juzgador un medio de prueba sobre el cual fundamente los requisitos de procedencia de la medida, así, en Sentencia N° 0287 de fecha 18/04/2006, estableció la referida Sala:
“Asimismo, se ha señalado la estricta conexión que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la ley para ello. Así, se ha explicado que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque sí necesario, para dictar medidas preventivas durante el curso del mismo, debiendo por tanto fundamentarse la verificación de los requisitos de procedencia y, más aún, aportar un medio de prueba que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia. Es decir, no basta con alegar que existe un peligro inminente de que quede ilusoria la ejecución del fallo definitivo, sino que además debe acompañarse un medio de prueba que pueda hacer surgir en el Juez, al menos una presunción grave de la existencia de dicho peligro.”
En conclusión, las condiciones de procedencia para decretar una medida cautelar de las denominadas por la doctrina como “típicas” previstas en el Artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, están contenidas en el Artículo 585 ejusdem, los cuales son: el peligro de infructuosidad del fallo definitivo, conocido como PERICULUM IN MORA y la verosimilitud del derecho a proteger (presunción del buen derecho) que se conoce con la nominación latina de FUMUS BONI IURIS.
El texto procesal exige en el señalado Artículo 585 que las medidas cautelares podrán ser decretadas por el Juez, sólo cuando exista el riesgo de que quede ilusoria la ejecución del fallo, y “siempre que se acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. Por lo que para que pueda decretarse una medida cautelar de las previstas en el Artículo 588 ejusdem, debe darse concatenadamente las dos situaciones: Que el derecho que se pretende proteger aparezca como serio, posible y, fundamentalmente, que tenga vinculación con la materia debatida en el juicio principal, así como el riesgo manifiesto de que pueda quedar o hacerse ilusoria la ejecución de la sentencia de ser favorable para el peticionante de la medida.
Ahora bien, las medidas cautelares en el proceso civil venezolano, se encuentran tipificadas en el artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, el cual dispone:
“En conformidad con el Artículo 585 de este Código, el Tribunal puede decretar, en cualquier estado y grado de la causa, las siguientes medidas:
1º El embargo de bienes muebles;
2º El secuestro de bienes determinados;
3º La prohibición de enajenar y gravar bienes inmuebles. Podrá también el Juez acordar cualesquiera disposiciones complementarias para asegurar la efectividad y resultado de la medida que hubiere decretado. (…)”
Establecido lo anterior, en el caso objeto de análisis, la parte demandante solicita se decrete MEDIDA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR prevista en el ordinal 3º del supra citado artículo 588 del Código de Procedimiento Civil, sobre los bienes muebles propiedad de la parte demandada.
Con relación a los requisitos de procedencia de las medidas cautelares, previstos en el artículo 585 ut supra de la norma adjetiva civil, siendo estos el peligro de infructuosidad del fallo definitivo, conocido como PERICULUM IN MORA, y la verosimilitud del derecho a proteger (presunción del buen derecho) que se conoce con la nominación latina de FUMUS BONI IURIS; observa este Juzgado que la parte demandante acompaño el escrito de demanda de los siguientes anexos:

• Original del documento de convenio de pago que cursa al folio 06 y 07 del Cuaderno Principal.

• Copia fotostática del documento de propiedad de la PARCELA NRO. 295-15-02A Protocolizada ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Caroní del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, inscrito, bajo el Nro. 2010.2186, asiento Registral 2 del inmueble matriculado con el Nro. 297.6.1.8.3273, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010, Nro. 2010.2188, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el Nro. 297.6.1.8.3275 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010.
Dichas documentales constituyen un elemento que hace presumir a esta Juzgadora la vinculación del presente juicio por cumplimiento de convenio de pago con el derecho que se reclama, sin que ello conlleve a un pronunciamiento de fondo, la suma de estas apariencias, permiten concluir que ciertamente se encuentra satisfecho el requisito del FUMUS BONIS IURIS. ASÍ SE ESTABLECE.
En cuanto al PERICULUM IN MORA esta Juzgadora presume la existencia de infructuosidad del fallo en base a los antes mencionados anexos y en observancia a lo indicado en el escrito de demanda, aunado al peligro que corre la situación jurídica del demandante en el tiempo que discurrirá el presente juicio. En ese sentido se entiende que se encuentran cumplidos los requisitos para que este Despacho Judicial pueda dictar una medida cautelar sobre bienes propiedad del accionado. ASÍ SE ESTABLECE.
En consecuencia, este Despacho Judicial, de conformidad con el Artículo 585 y el Ordinal 3° del 588 del Código de Procedimiento Civil, DECRETA: MEDIDA PREVENTIVA DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre los bienes inmuebles, propiedad de la parte demandada, la SOBEIDA DEL CARMEN RANGEL FIGUERA, venezolana, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nº V- 9.941.031, los cuales se describen a continuación:
• PARCELA NRO. 295-15-02A: identificada con el numero catastral: 07-01-01-06-295-110-015-002-002, ubicada en la unidad de desarrollo 295 de Puerto Ordaz, en la jurisdicción del Municipio Caroní del estado Bolívar y que según el plano de zonificación vigente aprobado por la alcaldía, le corresponde una denominación C-1 (Uso Comercio Local), dicha parcela se describe así: Tiene forma rectangular con una superficie de UN MIL CUATROCIENTOS DIECINUEVE METROS CUADRADOS (1.419,00 Mts2) Y se encuentra comprendido en los siguientes linderos y medidas, NOROESTE: Que es su frente, en una línea recta de tres (03) tramos, el primero de DIEZ METROS SETENTA Y NUEVE CENTÍMETRO (10,70 Mts.), entre los puntos 12 (N 189.735.362, E 187292.630) y 13 (N 189745.456, E 187293.456, E 187292.756), el segundo, de ONCE METROS VEINTIDÓS CENTÍMETRO (11,22 Mts.), entre los puntos 13 y 14 (N 189756.591, E 187295.122) y el tercero de ONCE METROS DIECIOCHO CENTÍMETRO (11,18 Mts.), entre los puntos 14 y 15 (N 189767.674, E 187296.565) con la avenida N-S 2 A y a una distancia de 9335 Mts. del eje de la misma, NORESTE: en una línea recta de dos (02) tramos, el primero de DOS METROS VEINTE CENTÍMETRO (2,20 Mts.), entre los puntos 15 y 16 (N 189767.983, E 187298.744) y el segundo, de CUARENTA Y UN METROS OCHENTA Y SIETE CENTÍMETRO (41,87 Mts.), entre los puntos 16 y 17 (N 189761.116 E 187340.983) con terrenos de la Corporación Venezolana de Guayana; SURESTE: en una línea recta de TREINTA Y DOS METROS DIECIOCHO CENTÍMETRO (32,18 Mts.), entre los puntos 17 y 17ª (N 189729,354, E187334,906) con la parcela 295-15-03, SUROESTE: en una línea recta de CUARENTA Y DOS METROS SETENTA CENTÍMETRO (42,70 MTS.) entre los puntos 17ª y 12 con la parcela 295-15-02A.

La referida parcela protocolizada ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Municipio Caroní del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, inscrito bajo el Nro. 2010.2186, asiento Registral 2 del inmueble matriculado con el Nro. 297.6.1.8.3273, correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010, Nro. 2010.2188, asiento registral 2 del inmueble matriculado con el Nro. 297.6.1.8.3275 y correspondiente al Libro de Folio Real del año 2010. En consecuencia, se ordena oficiar al Registro del Municipio Caroní del estado Bolívar, a los fines de participarle lo aquí decidido. Líbrese Oficios. Cúmplase.
LA JUEZA

ALEJANDRA KATIUSCA BLANCO FONSECA.
EL SECRETARIO

JESUS ALFREDO ACEVEDO ROJAS.

Seguidamente se dio cumplimiento a lo establecido en el auto anterior.

EL SECRETARIO

JESUS ALFREDO ACEVEDO ROJAS.

EXP 45.129
AKBF/JAAR/