REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL, BANCARIO Y TRÁNSITO, DEL SEGUNDO CIRCUITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO BOLÍVAR Con vista al libelo de la demanda presentado por el profesional del derecho Bassan Souki, debidamente inscrito en el Inpreabogado bajo el Nro. 22.677, actuando como apoderado judicial de la parte actora la sociedad en comandita simple FOSPUCA CARONI S.C.S. debidamente inscrita ante la Oficina del Registro Mercantil Quinto del Distrito Capital, en fecha 28/10/2022, bajo el Nº 03, Tomo 10-B, Año 2022, Exp. 224.61554, mediante el cual solicita las Medidas Cautelares de acuerdo a lo previsto en el Artículo 640 y siguientes del Código de Procedimiento Civil en el juicio por Cobro de Bolívares (Vía Intimación), tiene incoado en contra de la sociedad mercantil PARTES Y MOTORES LUIPER, C.A., con Registro de Información Fiscal bajo el Nro. J-303376371, inscrita por ante el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz, en fecha 21 de marzo del año 1.996, bajo el Nro. 19, Tomo 8-A, representada por su Presidente, el ciudadano Luis José Pérez, venezolano, mayor de edad, titular de la cedula de identidad Nro. V-4.725.891, y/o quien sus derechos represente, el Tribunal expone las siguientes consideraciones: La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela estableció en el Artículo veintiséis (26) el derecho a la tutela judicial efectiva de la manera siguiente: “Artículo 26: “(…) Toda persona tiene derecho de acceso a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos y difusos, a la tutela judicial efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente (…)”. “El Estado garantizara una justicia accesible, imparcial, idónea, transparente, autónoma, independiente, responsable, autónoma, equitativa, y expedita, sin dilaciones indebidas, sin formalismos o reapariciones inútiles.” Establece la norma constitucional que en el contenido de la tutela judicial efectiva comprende una serie de derechos pertenecientes a los justiciables, dentro de los cuales resaltan el acceso de los ciudadanos a los órganos de administración de justicia tengan la oportunidad para hacer valer sus derechos e intereses colectivos o difusos y por ultimo obtener en un tiempo prudente la decisión correspondiente al caso planteado. El artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, establece lo siguiente: “(…) si la demanda estuviere fundada en instrumento público, instrumento privado reconocido o tenido legalmente por reconocido, facturas aceptadas o en letras de cambio, pagares, cheques y en cualesquiera otros documentos negociables, el Juez a solicitud del demandante decretará embargo provisional de bienes muebles, prohibición de enajenar y gravar inmueble o secuestro de bienes determinados. En los demás responder de las resultas de la medida. La ejecución de las medidas decretadas será urgente. Quedan a salvo los derechos de terceros sobre los bienes objeto de las medidas (…)”. (Cursiva propias del Tribunal). De acuerdo a la norma del artículo 646 del Código de Procedimiento Civil no es necesario que el intimante demuestre los requisitos de procedencia de las medidas cautelares del artículo 585 eiusdem, en virtud que si la actor está fundamentada en los instrumentos que se contrae la norma del artículo 646 este Juzgador podrá ordenar el decreto de la medida solicitada. Llenos los extremos legales en el presente procedimiento de conformidad con lo establecido en el artículo 646 del Código de Procedimiento Civil, este Tribunal Segundo de Primera Instancia en la Civil, Mercantil, Bancario y Tránsito del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA MEDIDA DE EMBARGO PREVENTIVO sobre bienes muebles propiedad de la parte demandada sociedad mercantil TALLER EUROPAVEN, C.A., antes identificada, en el Juicio por cobro de bolívares por el procedimiento de intimación, tiene incoado Fospuca Caroní S.C.S, hasta cubrir la cantidad de VEINTIDOS MIL CIENTO SETENTA Y TRES EUROS CON CERO UN CENTAVOS (€ 22.173,01), lo que equivale en bolívares la cantidad de UN MILLON CIENTO SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS BOLIVARES CON ONCE CENTIMOS, (Bs. 1.171.400,11), suma esta que comprende el doble de la cantidad demandada, más las costas procesales calculadas prudencialmente por este Juzgado, en la cantidad de DOS MIL QUINCE EUROS CON SETENTA Y TRES CENTAVOS (€ 2.015,73), lo que equivale a CIENTO SEIS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN BOLIVARES CON UN CENTIMOS (Bs. 106.491,01), por concepto de costas procesales, suma esta ya incluida en la cantidad anterior y correspondiente al veinte por ciento (20%) de la suma liquida demandada. Si la presente demanda recae sobre sumas liquidas de dinero, la misma deberá ser practicada hasta la cantidad de DOCE MIL NOVENTA Y CUATRO EUROS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS (€ 12.094,37) o su equivalente en bolívares que es la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y CINCO BOLIVARES CON CINCUENTA Y SEIS CENTIMOS (Bs. 638.945,56), la cual corresponde a la cantidad líquida demandada más las costas supra señaladas. Se le advierte que al momento de la práctica de la medida aquí decretada la parte actora podrá señalar bienes únicamente propiedad del demandado. Publíquese, regístrese y guárdese copia para el archivo de este Tribunal de conformidad con lo establecido en el Artículo 248 del Código de Procedimiento Civil. Dada, firmada y sellada en la sede de este Tribunal, en Puerto Ordaz, a los veinte (20) días del mes de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024). Años: 214º de la Independencia y 165º de la federación. EL JUEZ WANDER BLANCO MONTILLA LA SECRETARIA JOSEILA LEÓN HERRERA En esta misma fecha se cumplió con lo ordenado en el auto que antecede. LA SECRETARIA JOSEILA LEÓN HERRERA WBM/jlh/jd` Exp. 22.008-CM