TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, nueve (09) de mayo de dos mil veintidós (2022)
212º y 163º

ASUNTO: KP02-V-2022-000410
PARTE DEMANDANTE: ciudadano JOSE DIAZ CORDERO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.911.594.-
APODERADOS JUDICIALES: LUIS ALBERTO LIZARRAGA y SILVERIO JOSE RIVERO PERALTA, abogados en ejercicio e inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nos. 1.947, número telefónico (0414) 508-63-28 y correo electrónico luislizarraga@gmail.com y silverio130@hotmail.com
PARTE DEMANDADA: ciudadanos JESUS ANTONIO RODRIGUEZ, JUAN DIEGO RIVERA y DULCE MARIA CASTILLO REYES, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. V-7.442.558, V.- 21.388.083 y V.- 4.734.881 respectivamente.-
APODERADOS DEL CO-DEMANDADO JUAN DIEGO RIVERA: VICTOR CARIDAD ZAVARCE, PATRICIA DE FREITAS y CINDY MANZANILLA, inscritos en el I.P.S.A. bajo los Nos. 20.068, 185.851 y 293.776 respectivamente, correo electrónico corpolitigioslara@gmail.com
MOTIVO: TACHA DE DOCUMENTO y subsidiariamente ACCION REIVINDICATORIA.-
(Sentencia interlocutoria).-
I
NARRATIVA
Se inició la solicitud mediante libelo presentada en fecha 11 de marzo de 2022, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de este Circuito Judicial, y previo el sorteo de ley correspondió el conocimiento y sustanciación a este Juzgado.-
En fecha 17 de marzo de 2022, se admitió la demanda, se ordenó la citación de la parte demandada y quien suscribe se abocó al conocimiento de la causa por auto de fecha 01 de abril del año en curso.-
Consignados como fueron los fotostatos se libraron las respectivas compulsas, siendo que en fecha 05 de abril del 2022, compareció el co-demandado Juan Diego Rivera y confirió poder apud acta.-
Por escrito recibido en fecha 04 de los corrientes presentado por la apoderada del co-demandado, solicitó la perención breve.-
Estando en la oportunidad para pronunciarse el tribunal lo hace en los siguientes términos:
II
MOTIVACIONES PARA DECIDIR
Alega la apoderada del co-demandado JUAN DIEGO RIVERA que la parte actora no ha dado impulso procesal para practicar la citación de los co-demandados JESUS RODRIGUEZ y DULCE MARIA CASTILLO, habiendo transcurrido más de treinta (30) días continuos desde la fecha de la admisión de la demanda, sin que exista constancia de que se hayan pagado los emolumentos al alguacil, por lo que incumplió con las obligaciones que le impone la ley para la citación de la parte demandada; ante lo cual es preciso señalar que:
No cabe duda que los jueces tienen por norte la obligación de garantizar una justicia efectiva de manera expedita, evitando desgaste en la función jurisdiccional y permitiendo el desenvolvimiento espontáneo del proceso en igualdad de condiciones, así como el deber de otorgarle a ambas partes, los mismos términos y recursos procesales establecidos en la ley, para cuestionar, contradecir, alegar y probar los planteamientos realizados o efectuados por su contraparte.
Con relación al desgaste de la función jurisdiccional, es oportuno destacar que la institución jurídica de la perención de la instancia surge en el Código de Procedimiento Civil, a los fines de solventar el problema generado por el justiciable, al activar el aparato judicial para aparentar un considerable interés y luego abandonar el juicio sin experimentar sacrificio o abnegación alguna para conseguir la tutela jurisdiccional de sus derechos.
En razón de ello, el legislador estableció cargas procesales a las partes que surgen de un interés predominante, en la que necesariamente deben cumplir con el llamado a juicio del demandado, en procura de lograr la justa composición de la litis.
Acorde con lo antes expuesto, el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, establece que “…También se extingue la instancia: 1° Cuando transcurridos treinta días a contar desde la fecha de admisión de la demanda, el demandante no hubiese cumplido con las obligaciones que le impone la ley para que sea practicada la citación del demandado…”.
De lo anterior se desprende claramente, que acorde a los principios de economía y celeridad procesal, la institución jurídica de la perención, persigue evitar la duración incierta e indefinida de los juicios, producto de la inactividad por parte de los demandantes quienes asumen en el proceso una conducta negligente al no impulsar el proceso impidiendo su desenvolvimiento eficaz.
Por consiguiente, el juez al examinar la perención sólo examina un aspecto netamente procesal, limitándose a observar los actos cumplidos para aplicar un efecto procesal establecido en la ley de ser verificado el supuesto de hecho para su procedencia.
Al respecto de lo anterior, la Sala Constitucional mediante sentencia No. 889, Exp. 07-1406 de fecha 30 de mayo de 2008, estableció en relación con las normas de reposición y demás instituciones procesales, que las mismas debían ser interpretadas en el marco de los principios y normas constitucionales contenidos en los artículos 26 y 257 de la Constitución Nacional, es decir “...al servicio de un proceso cuya meta es la resolución del conflicto de fondo...”.
De ello, se desprende que cuando se trate de interpretar instituciones procesales, todos los jueces deben observar en primer orden, la supremacía y eficacia de las normas y principios de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, esto significa que siempre se debe examinar tales instituciones de forma amplia al servicio de un proceso cuya meta sea la resolución del conflicto de fondo, de forma imparcial, idónea, transparente, independiente, expedita y sin formalismos o reposiciones inútiles tal como lo preceptúan los artículos 26 y 257 de la Constitución Nacional. Esto siempre deberá ser así, para asegurar que el proceso sea una garantía para las partes, en el sentido de poder materializar y facilitar su derecho de defensa.
Queda precisado que la perención es una “…sanción que produce el declive del juicio como consecuencia de la inactividad de las partes, quienes durante el transcurso de un tiempo previsto en la ley, no impulsan el proceso ocasionando su extinción. (Vid. Sentencia N° 237, de fecha 1 de junio de 2011, caso: Mirian Rodríguez contra herederos desconocidos de Francisco Pérez San Luis).
Ahora bien, las consideraciones expuestas, permiten concluir que la perención constituye un instituto procesal, que ha sido previsto como sanción para la parte que ha abandonado el juicio, en perjuicio de la administración de justicia, a la cual ha puesto en movimiento sin interés definitivo alguno. No obstante, esta sanción en modo alguno podría ser utilizada como un mecanismo para terminar los juicios, colocando la supremacía de la forma procesal sobre la realización de la justicia, por cuanto ello atenta contra el mandato contenido en los artículos 26, 49 y 257 de la Constitución.
Por el contrario, la utilización de esta figura procesal debe ser empleada en aquellos casos en los que exista un evidente desinterés en la prosecución del proceso, pues la determinación del juez que la declara, frustra el hallazgo de la verdad y la consecución de la justicia. Por esa razón, la aptitud del juez en la conducción del proceso debe ser en beneficio de la satisfacción de ese fin último de la función jurisdiccional, y no la necesidad de terminar los procesos con base en formas procesales establecidas en la ley.
En el caso bajo análisis, aprecia quien juzga, que la parte demandante en el libelo de demanda indicó la dirección Urbanización Bararida, calle 47, al lado del centro diagnóstico integral Bararida, Barquisimeto del Estado Lara, o en el inmueble objeto del juicio, a los fines de practicar la citación de la parte demandada, aunado a que por diligencia de fecha 05 de abril de 2022, consignó los fotostatos necesarios para librar las respectivas compulsa conforme a lo acordado en el auto de admisión, lo cual revela que la parte accionante cumplió con su obligación de aportar al tribunal el domicilio de la parte demandada en el escrito libelar y los fotostatos, como parte de las obligaciones necesarias para lograr la citación del demandado evidenciándose por otra parte que el co-demandado se dio por citado, todo ello corrobora, que la intención del accionante era impulsar el proceso e igualmente la participación activa del demandado a lo largo del iter procesal, hechos que garantizan el ejercicio del derecho a la defensa del accionado. Con base a las precedentes consideraciones, quien decide considera que no se configuró en el sub judice la perención breve de la instancia, puesto que de las actuaciones del expediente se desprende el interés de la parte actora en darle prosecución al juicio y se preservó la garantía del debido proceso y el derecho de defensa de las partes, así se decide.
III
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara: Se NIEGA la PERENCION DE LA INSTANCIA en el presente juicio, de conformidad con lo previsto en el ordinal 1° del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil.-
Dada la naturaleza de la decisión no ha lugar a costas de conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.-
Publíquese incluso en la página web del Tribunal Supremo de Justicia www.lara.scc.org.ve , Regístrese y déjese copia certificada.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en Barquisimeto a los nueve (09) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2.022).- Años: 212° de la Independencia y 163° de la Federación.-
LA JUEZ

ABG. DIOCELIS JANETH PEREZ BARRETO
EL SECRETARIO
ABG. GUSTAVO GOMEZ
En la misma fecha de hoy, siendo las 12:25 p.m. se dictó y publicó la anterior sentencia, previas las formalidades de Ley.
EL SECRETARIO

ABG. GUSTAVO GOMEZ

DJPB/GG.-
KP02-V-2022-000410
ASIENTO LIBRO DIARIO MANUAL: 31