EPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, 10 de mayo de dos mil veintidós 212º y 163º ASUNTO: KP02-F-2022-000444 SOLICITANTES: RAFAEL JOSE TORRES RUIZ Y MARITZA COROMOTO TORRES ROSALES, venezolanos mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 9.625.361 y 11.396.421 respectivamente. ABOGADO ASISTENTES DE LOS SOLICITANTES: FERMIN JOSE CASTILLO, inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 161.797. MOTIVO: DIVORCIO (Sentencia N° 15-1085 y Artículo 8, Ordinal 8 De La Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal) SENTENCIA: Definitiva. BREVE RESEÑA DE LOS AUTOS Se inició el presente procedimiento de divorcio mediante escrito presentado en fecha 28-04-2022, por los ciudadanos RAFAEL JOSE TORRES RUIZ Y MARITZA COROMOTO TORRES ROSALES, plenamente identificados, con fundamento a lo establecido en el ordinal 8 del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal y al criterio emitido por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 15-1085, de fecha 18 de diciembre de 2015, mediante el cual alegaron que en fecha 09-02-1991, contrajeron matrimonio ante el Prefecto Civil del Municipio Biscucuy, Distrito Sucre del Estado Portuguesa, tal como consta en Acta de Matrimonio N° 15; que establecieron su domicilio conyugal en la carrera 7 con calle 9, Barrio Unión, casa N° 8-99; que durante el matrimonio NO procrearon hijos. Que desde el año 05-06-2014, han permanecido separados de hecho, habiendo cesado todo tipo de vida en común, sin que hasta la presente fecha se haya restablecido la convivencia. Por todo lo expuesto solicitaron se declare disuelto el vínculo matrimonial. DE LA COMPETENCIA Este juzgado a los fines de determinar su competencia para conocer de la presente solicitud de divorcio, observa lo siguiente: El ordinal 8 del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, en cuanto a las competencias de los jueces y juezas de paz comunal dispone que: Los jueces y juezas de paz comunal son competentes para conocer: …omissis… 8.- Declarar, sin procedimiento previo y en presencia de la pareja, el divorcio o la disolución de las uniones estables de hecho cuando sea por mutuo consentimiento; los solicitantes se encuentren domiciliados en el ámbito local territorial del juez o jueza de paz comunal; y no se hayan procreado hijos o de haberlos, no sean menores de 18 años a la fecha de la solicitud. Por su parte, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 15-1085, de fecha 15 de diciembre de 2015, les atribuyó a los juzgados de Municipio la competencia para conocer de las solicitudes de divorcio bajo el amparo de los preceptos establecidos en la norma especial en los términos siguientes: No obstante, se observa que a los fines de la aplicación de la norma especial, en aquellas comunidades donde no se hayan constituido los jueces y juezas de paz comunal, serán los jueces y juezas de Municipio competentes en los territorios que se correspondan con el domicilio conyugal los que ejecuten esa competencia, a tenor de la atribución de competencia que realiza el artículo 3 de la ya citada Resolución de la Sala Plena No. 2009-006, visto el carácter no contencioso de estas solicitudes de divorcio por mutuo consentimiento. Así se establece (Subrayado de este tribunal). Ahora bien, por cuanto, en el caso de autos, se solicitó se declare el divorcio por mutuo consentimiento de los ciudadanos RAFAEL JOSE TORRES RUIZ Y MARITZA COROMOTO TORRES ROSALES, de conformidad al precepto normativo estableció en la Ley especial en comento, este juzgado declara su competencia para el conocimiento de la misma. Así se decide. MOTIVACIONES PARA DECIDIR Estando dentro de la oportunidad legal para decidir el presente procedimiento, este tribunal observa: 1. La solicitud de divorcio fue ejercida por mutuo consentimiento conforme lo dispone el ordinal 8 del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal. 2. Que los solicitantes se encuentran domiciliados en el ámbito territorial del tribunal. 3. Que no existían hijos menores de edad o discapacitados a la fecha de la solicitud. 4. Igualmente se desprende de los autos que se ha dado cumplimiento a todos los requisitos exigidos por la ley para los procedimientos de esta índole. En consecuencia, conforme al artículo el ordinal 8 del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, esta juzgadora estima que la acción de la solicitud de divorcio debe prosperar y en el dispositivo de esta decisión decretará la disolución del vínculo matrimonial, que los solicitantes contrajeron en fecha 09-02-1991, contrajeron matrimonio ante el Prefecto Civil del Municipio Biscucuy, Distrito Sucre del Estado Portuguesa, tal como consta en Acta de Matrimonio N° 15; por cuanto en el presente procedimiento se cumplieron todos los requisitos previstos en la Ley, no se observaron vicios en las actuaciones cumplidas, y no existen objeciones a la presente solicitud de divorcio. Así se decide. DISPOSITIVA En mérito de los razonamientos anteriormente expuestos, este TRIBUNAL PRIMERO DE MUNICIPIO ORDINARIO Y EJECUTOR DE MEDIDAS DEL MUNICIPIO IRIBARREN DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley declara: PRIMERO: CON LUGAR la solicitud de Divorcio fundamentada en el ordinal 8 del artículo 8 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, en concordancia con la sentencia N°: 15-1085/2015 de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, presentada por los ciudadanos: RAFAEL JOSE TORRES RUIZ Y MARITZA COROMOTO TORRES ROSALES, plenamente identificados. SEGUNDO: Como consecuencia del particular anterior DISUELTO EL VÍNCULOMATRIMONIAL, celebrado entre los ciudadanos RAFAEL JOSE TORRES RUIZ Y MARITZA COROMOTO TORRES ROSALES, venezolanos mayores de edad, titulares de las cedulas de identidad Nros. 9.625.361 y 11.396.421 respectivamente. TERCERO: Dada la naturaleza de la acción y el criterio jurisprudencial señalado, no hay especial condenatoria en costas y se procede a declarar definitivamente firme la presente decisión. En consecuencia, se ordena su ejecución en los términos establecidos en la ley, a fin de que surta sus efectos legales, y se ordena expedir por Secretaría cuatro (04) juegos de copias certificadas de dicho fallo con inserción del presente auto, y con oficio remítanse dos (02) a los funcionarios correspondientes a los fines de dar cumplimiento a lo previsto en la Ley, y entréguense las restantes a la parte interesada. Dichos fotostatos los certificará la Secretaría de este Juzgado de conformidad con lo establecido en los artículos 111 y 112 del Código de Procedimiento Civil. Expídanse las copias certificadas correspondientes una vez que la parte consignen las respectivas copias de la sentencia y de presente auto. Asimismo se ordena dar por terminado el presente asunto y su remisión a la Oficina de Archivo Judicial Regional, a los fines de su archivo y cuido, previa su integración al legajo respectivo. Líbrense oficios. Publíquese, Regístrese y Déjese Copia certificada de la presente decisión, incluso en el sitio web del Tribunal Supremo de Justicia http://www.lara.scc.org.ve. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara. En Barquisimeto a los diez (10) días del mes de mayo del año dos mil veintidós (2.022). Años 212º de la Independencia y 163º de la Federación. La Jueza, Abg. Mariani Selena Linares Peraza. La Secretaria Suplente, Abg. Maria Isabel Godoy Viloria En la misma fecha, se publicó y registró la anterior sentencia previo anuncio de Ley.- La Secretaria Suplente, Abg. Maria Isabel Godoy Viloria MSLP/ Godoy /yo