REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del
Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, 22 de marzo de 2022
Años: 211º y 163º

ASUNTO: KP02-V-2022-000447
DEMANDANTE: MARILIN DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V- 23.851.655, de este domicilio.-

ABOGADO ASISTENTE: YARELYS ALVARADO CORRALES, inscrita en el I.P.S.A., bajo el Nº 250.041.

DEMANDADO:
ANDRES ANTONIO SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 1.227.613., de este domicilio.


MOTIVO: RECONOCIMIENTO DE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO

SENTENCIA: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DEFINITIVA

I
RELACIÓN DE LOS ACTOS PROCESALES
Y ALEGATOS DE LAS PARTES

Se inició el presente procedimiento por SOLICITUD DERECONOCIMIENTODE FIRMA Y CONTENIDO DE DOCUMENTO PRIVADO, recibida previa distribución hecha por la Unidad de Recepción y Distribución dé Documentos, presentada en fecha17 de marzo del 2022, por la ciudadana MARILIN DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V- 23.851.655, asistida por la AbogadaYARELYS ALVARADO CORRALES, inscrita en el I.P.S.A., bajo el Nº 250.041, Contra el ciudadano ANDRES ANTONIO SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 1.227.613, en los siguientes términos:
-II-
El proceso de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, constituye el instrumento fundamental para la realización de la justicia, la cual ha sido concebida como un valor superior de nuestro ordenamiento jurídico y de la actuación de los órganos que conforman el poder público. Por su parte, la acción es conferida por la Constitución y la Ley a los particulares en consideración de una pretensión preexistente, independientemente de la circunstancia de que la reclamación invocada sea reconocida con posterioridad como realmente existente o no por la autoridad judicial, ya que la misma siempre existirá cuando se alegue un interés jurídicamente tutelado y afirmado como existente, de modo que ella se pone de manifiesto en la demanda, donde se expresan todos aquellos alegatos tanto fácticos como jurídicos que justifican la reclamación invocada y con la cual se ejercita la acción. De modo pues, que una vez presentada la demanda, se requiere que el demandante dilucide la pretensión allí contenida garantizando el respeto por los requisitos de admisibilidad legalmente establecidos, toda vez que a tenor de lo dispuesto en Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, el Tribunal admitirá la demanda, si no es contraria al orden público, a las buenas costumbres o a alguna disposición expresa de la ley, por lo que, es deber del Juez, verificar los presupuestos de admisibilidad de la demanda en la oportunidad de su admisión.
De igual forma, indica la legislación que, el Juez como director del proceso, debe velar porque el mismo se desarrolle dentro de un estado de derecho y de justicia, siempre en resguardo del derecho a la defensa, en aras de garantizar la estabilidad de los juicios, estar vigilantes de corregir y evitar que se cometan faltas que más adelante pudiesen acarrear la nulidad de todo lo actuado, o de alguno de los actos de procedimiento.
Advierte esta Juzgador que el contenido del artículo 27 dela Ordenanza de Reforma de la Ordenanza de Ejidos y Terrenos de Propiedad Municipal, es del tenor siguiente:
“El concesionario no podrá subcontratar en todo o en parte el uso del Inmueble objeto de la concesión. Igualmente no podrá arrendar en todo o en parte, ni dar en usufructo, comodato, venta, donación, ni gravar las construcciones que sobre la parcela haya realizado, sin autorización previa del Alcalde, que sólo la otorgará previo Acuerdo favorable del Concejo, fundamentado en causas justificadas, visto el informe previo de la Sindicatura.
La autorización que se otorgue para la realización de cualesquiera de las operaciones previstas en el aparte anterior, no comporta el reconocimiento del valor de las mismas para cuando cese la concesión.”.
De la norma ut supra se desprende, que toda persona que sobre un lote de terreno perteneciente al municipio o que sea de origen ejidal, haya construido una bienhechuría, y que pretenda su futura tradición por medio de los diversos actos preestablecido y legalmente aceptados para que sea trasmitida la propiedad por actos entre vivos, deberá solicitar y tramitar a través del procedimiento administrativo previsto en la citada ordenanza, autorización por parte de la Alcaldía del municipio, a objeto de que tal acto de tramitación de la propiedad tenga validez, todo con el objeto de que se eviten la proliferación de ventas fraudulentas en detrimento de terceros o en perjuicio de terrenos pertenecientes al municipio que no ha querido adjudicar, por la ciudadana MARILIN DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V- 23.851.655, asistida por la Abogada YARELYS ALVARADO CORRALES, inscrita en el I.P.S.A., bajo el Nº 250.041, Contra el ciudadano ANDRES ANTONIO SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 1.227.613.
Establecido lo anterior, este juzgador observa que lo pretendido por la parte demandante en el caso sub ejusdem, es el reconocimiento de contenido y firma del documento privado el cual consignó junto a la presente demanda y riela en el folio dos (2),que contiene un contrato de compra venta, suscritos por los ciudadanos: el ciudadano ANDRES ANTONIO SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 1.227.613, de este domicilio, declaro por medio de este documento que en fecha 01 de febrero del 2022, cede en venta a la ciudadana MARILIN DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V- 23.851.655, el objeto de dicho contrato es un inmueble constituido por, unas bienhechurías construidas sobre un terreno ejido del Municipio Iribarren del estado Lara, dichas bienhechurías consta de una casaS/N, Barrio las Delicias de la Parroquia Unión, del Municipio Iribarren del estado Lara, construida en una parcela de terreno EJIDO, con una superficie de CUATROCIENTOS CINCO METROS CUADRADOS (405,00 MTS2), y donde se estipulo que el precio de dicha venta fue por la cantidad de TRES MIL DOLARES AMERICANOS (3.000$) y sujeto a la Tasa del Banco Central de Venezuela BCV.
Ahora bien, por cuanto la presente demanda por reconocimiento de contenido y firma de documento privado, recae sobre un contrato de compra venta de derechos que se posee sobre un inmueble construido sobre un lote de terreno ejido, y dado que junto al libelo de demanda solo se acompañó con el documento privado a reconocer sin que junto a este se acompañare autorización de la Alcaldía, tal como lo exige la Ordenanza de Reforma de la Ordenanza de Ejidos y Terrenos de Propiedad Municipal, en el artículo precedentemente transcrito, no pudiéndose verificar el cumplimiento del procedimiento administrativo allí previsto, por lo que pasa este Juzgador a declarar la inadmisibilidad de la presente acción por ser contraria a derecho, y así será decidido.-
-III-
Ahora bien, por los razonamientos precedentemente expuestos este Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECLARA INADMISIBLE la demanda por RECONOCIMIENTO DE CONTENIDO Y FIRMA DE DOCUMENTO PRIVADO, intentado por la ciudadana MARILIN DEL CARMEN JIMENEZ JIMENEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N°V- 23.851.655, asistida por la Abogada YARELYS ALVARADO CORRALES, inscrita en el I.P.S.A., bajo el Nº 250.041, Contra el ciudadano ANDRES ANTONIO SALAZAR, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nro. V- 1.227.613, de conformidad con el Artículo 341 del Código de Procedimiento Civil, por ser contraria a derecho así se decide.
Publíquese y regístrese e incluso en la página Web del Tribunal Supremo de Justicia www.lara.scc.org.ve y déjese copia certificada por Secretaría del presente fallo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 248 y 251 del Código de Procedimiento Civil.
Dada, firmada y sellada en la Sala del Despacho del Tribunal Tercero de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto a los veintidós (22) días del mes de Marzo de 2022.
Años 211º de la Independencia y 163º de la Federación.
El Juez Provisorio,

Abg. Carlos Gabriel Espinoza Torres.
La Secretaria Suplente,

Abg. Graciela Ocando.