REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Transito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, dos (02) de Junio de dos mil veintidós 212º y 163º ASUNTO: KH02-X-2021-000037 PARTE ACTORA: Ciudadanos FELIPE CHANG LAI y LAI HAN MUI DE CHANG, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidas Nos. 4.733.259 y 7.448.677, de este domicilio.- APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE ACTORA: Ciudadana WENDY ANDREINA RODRIGUEZ, abogada en ejercicio e inscrita en el IPSA bajo el No. 131.424, de este domicilio.- PARTE DEMANDADA: Ciudadanos ZULAY MARITZA CHAG DE DIAZ, ORLANDO DIAZ ESPINOZA, CARLOS MEJIAS ALVAREZ, ORLANDO RAMIREZ CORREDOR, MERY MELENDEZ RORIN y HECTOR BRAVO BRACO, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de Identidad N° V-4725.029, V-1.286.543. V-1.877.361 IPSA 55.469 Y IPSA 1.811 respectivamente, de este domicilio.- INTERLOCUTORIA EN JUICIO POR FRAUDE PROCESAL (DECRETO DE MEDIDA PREVENTIVA) DE LA NARRACIÓN DE LOS HECHOS Corresponde a este Tribunal pronunciarse respecto a las medidas solicitadas por la parte actora en su escrito de solicitud, la cual lo realizo en los siguientes términos: De conformidad con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, solicito lo concerniente a decretar medida cautelar típica de prohibición de enajenar y gravar, en los siguientes términos: …”Estando en sede cautelar, las partes en el proceso están sometidas a ciertas obligaciones que le impide la ley adjetiva con el fin de que pueda pronunciarse una tutela judicial efectiva… En primer lugar tenemos que la parte solicitante de la medida cautelar debe convencer al Juez a trasvés de la actividad probatoria de la existencia de los dos requisitos concurrentes exigidos por la ley para le procedencia de la misma, estos requisitos son la Presunción del buen Derecho y el Temor Fundado de que quede Ilusoria La Ejecución del Fallo, en este sentido, esta representación considera pertinente traer a colación el siguiente criterio jurisprudencial: Scc-TSJ Exp. 00931 de 03-04-2003…” Vista la solicitud de medida preventiva realizada en el presente juicio de FRAUDE PROCESAL, seguido por Ciudadanos FELIPE CHANG LAI y LAI HAN MUI DE CHANG, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cedulas de identidas Nos. 4.733.259 y 7.448.677, de este domicilio, a través de su apoderada Judicial Ciudadana WENDY ANDREINA RODRIGUEZ, abogada en ejercicio e inscrita en el IPSA bajo el No. 131.424, de este domicilio, este Tribunal procede a hacer las siguientes consideraciones: El Tratadista Rafael Ortiz Ortiz, en su obra “Las Medidas Cautelares Innominadas” Tomo primero, página 42 y siguientes expone: “…Durante esas fases del proceso, puede ocurrir y de hecho así ocurre, que el deudor moroso, o la parte potencialmente perdidosa pueden efectuar una serie de actividades desplegadas con la finalidad de ocasionar una disminución en su patrimonio o una merma en la propia esfera patrimonial del objeto de los derechos sobre los cuales se litigio. A este temor de daño o de peligro es lo que la doctrina ha denominado “Peligro en la demora” o en su aceptación latina “Periculum in Mora”. Podemos definir este requisito de la siguiente manera: Es la probabilidad potencial de peligro que el contenido del dispositivo sentencial pueda quedar disminuida en su ámbito económico, o de que una de las partes pueda causar un daño a los derechos de la otra, debido al retardo de los procesos jurisdiccionales con la lamentable consecuencia de quedar burlada la majestad de la justicia en su aspecto práctico…” El Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, establecen lo siguiente: Artículo 585: “Las medidas preventivas establecidas en este Título las decretará el Juez, sólo cuando exista riesgo manifiesto de que quede ilusoria la ejecución del fallo y siempre que acompañe un medio de prueba que constituya presunción grave de esta circunstancia y del derecho que se reclama”. (Negrillas y resaltado del Tribunal). De la norma transcrita ut supra se evidencia la instrumentalidad como característica esencial de las medidas preventivas, destinadas a precaver el resultado práctico de un juicio, y la existencia de dos (2) requisitos para su procedibilidad, a saber: la presunción grave del derecho que se reclama o fumus bonis iuris y, la presunción grave de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo denominado periculum in mora. Por otra parte, solo se hace imperativo decretar la medida solicitada si se encontrasen satisfechos los extremos exigidos en el mencionado artículo 585, acción esta que se encuentra respaldada por la norma contenida en el artículo 601 ejusdem, el cual establece lo siguiente: “Cuando el Tribunal encontrare deficiente la prueba producida para solicitar las medidas preventivas, mandará a ampliarla sobre el punto de la insuficiencia, determinándolo. Si por el contrario hallase bastante la prueba, decretará la medida solicitada y procederá a su ejecución...” (Negrillas del Tribunal). Considera este Juzgado pertinente transcribir la Sentencia N° 00773 de la Sala Político Administrativa de fecha 27 de Mayo de 2003, expediente N° 2002-0924, en el caso de la Sociedad Mercantil SERVICIOS DE COMEDORES ORLANDO C.A., (SEORCA), contra la sociedad mercantil C.V.G. INDUSTRIA VENEZOLANA DE ALUMINIO C.C. (C.V.G. VENALUM), del criterio asumido en cuanto a las medidas preventivas, la cual es del tenor siguiente: “…Al respecto, esta Sala ha manifestado en múltiples oportunidades, y aquí se reitera una vez más, que el otorgamiento de providencias cautelares sólo es posible en los supuestos generales previstos en el Artículo 585 del Código de Procedimiento Civil, es decir, cuando se han verificado, efectivamente y en forma concurrente, los dos elementos esenciales para su procedencia, cuales son, la presunción grave del derecho que se reclama, el fumusboni iuris, y que exista el riesgo real y comprobable de que resulte ilusoria la ejecución de la decisión definitiva, el periculum in mora. Ahora bien, se ha señalado la estricta sujeción que existe entre la procedencia de la medida cautelar y los alegatos y pruebas que el solicitante traiga a los autos para demostrar la verificación de los requisitos exigidos por la Ley para ello. Así, se ha explicado que la sola existencia de un juicio no resulta presupuesto suficiente, aunque sí necesario, para dictar medidas preventivas durante el curso del mismo, debiendo por tanto fundamentarse la verificación de los requisitos de procedencia y, más aún, aportar un medio de prueba que constituya al menos presunción grave de esa circunstancia.”… (Negrillas y Resaltado del Tribunal. Conforme a las normas, doctrinas y jurisprudencias antes citadas se evidencia que el legislador pretende por el procedimiento cautelar garantizar las resultas del juicio, previo cumplimento de ciertos requisitos conocidos doctrinalmente como periculum in mora (peligro de retardo), que es la posibilidad de que pueda quedar ilusoria la ejecución del fallo o que aún cuando esta pueda verificarse, no obstante el transcurso del tiempo se imponga al accionante una carga o gravamen no susceptible de ser restituido por la definitiva, lo que sería, en esencia, una razón justificable de la protección cautelar basada en la tardanza o dilación en administración de justicia, aún en los casos en que la misma sea alcanzada en los lapsos procesales preestablecidos o haciendo uso de procesos cuya duración sea breve y expedita y fummus bonis iuris (presunción de existencia del derecho), se encuentra constituido por una apreciación apriorística que debe efectuar el Juzgador sobre la pretensión deducida por el solicitante en base a lo alegado y a los documentos traídos a los autos. En consecuencia por las razones antes expuestas, observa este Juzgado que si bien es cierto, las normas antes transcritas establecen el derecho del actor a solicitar medidas, no es menos cierto que, para que una medida preventiva pueda ser acordada, tiene que existir una prueba fehaciente de la existencia del fundado temor que la parte alega, y de una verdadera y real justificación conforme lo disponen las referidas normativas legales, ya que, en función a la tutela judicial efectiva, las medidas cautelares en este ámbito no son meramente discrecionales de los jueces, sino que, si de los alegatos y medios de prueba traídos a los autos por la parte actora se verifica el cumplimiento de los requisitos que establece la norma para su otorgamiento, el órgano jurisdiccional debe dictarlas. Atendiendo a lo antes razonado, vistos los alegatos esgrimidos por la parte actora y la documentación consignada por ésta, considera este órgano jurisdiccional que los extremos legales antes analizados se encuentran cubiertos, pues la presunción de existencia del derecho deriva de los recaudos consignados junto al libelo de demanda en la demanda principal así como en la ratificación de la medida en el presente cuaderno, siendo estos los documentos públicos, y el suscrito en fecha 31 de Octubre de 2003, por el Registro Publico Inmobiliario Primero del Municipio Iribarren del Estado Lara, anotado bajo el No 30, de los folios 194 al 198, Tomo 6 Protocolo Primero, de igual forma dichos documentos son demostrativos del peligro de infructuosidad, acreditando el derecho reclamado, y; el peligro de retardo deviene del propio transcurso del tiempo en que se realiza la ardua función de administrar justicia, evidencia un riesgo inminente y manifiesto, aunado al hecho de que los documentos en los cuales se basa la pretensión de la actora es uno de aquellos que contempla la norma estatuida en el Artículo 585 del Código Adjetivo Civil, por ello es forzoso decretar la medida cautelar solicitada por la parte accionante, y así se establecerá en el dispositivo de la presente decisión. ASÍ SE DECLARA.- En atención a los señalamientos expuestos y de conformidad con los artículos 585 y 588 del Código de Procedimiento Civil, este Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley decreta las siguientes medida preventivas: PRIMERO: DECRETA MEDIDA DE PROHIBICION DE ENAJENAR Y GRAVAR sobre un inmueble, constituido por un lote de terreno propio, situado en el asentamiento campesino el cují sanana grande, MUNICIPIO Iribarren del Estado Lara, con una superficie de UN MIL TRECIENTOS DOCE METROS CUADRADOS CON CUARENTA Y TRES DECIMETROS CUADRADOS (1.312,43 M2), el cual se encuarta delimitado por una poligonal cerrada cuyo vértices son definido por condenadas universal transversal de mercator UTM se encuentra alinderado de la siguiente manera NORTE: Partiendo del punto identificado con las siglas 2 de coordenadas N: 1.124.202,25 Y E: 465.854,76 con dirección sur-este y una distancia de 38,679 mts., identificamos el punto 3 de coordenadas N: 1.124.191,69 y E: 465.891,97 colindando con terrenos ocupados por MARIA RUTH: ESTE: Partiendo del punto 3 de coordenadas antes descritas se continua con dirección sur-oeste y con distancia de 33,967 mts, ubicamos el punto 4 de coordenadas N: 1.124.158,88 Y E: 465.883,18, este lindero colinda con la urbanización Arguimiro Bracamonte; SUR: partiendo del punto 4 de coordenadas antes descritas se continua con dirección nor-oeste y con distancia de 38,29 mts, localizamos el punto 1 de coordenadas N°: 1.124.169.07 y E: 465.847.27 este lindero colinda con la entrada principal Arguimido Bracamonte; OESTE: partiendo de punto 1 de coordenadas antes descritas se continua con dirección Nor-Este y con distancia de 34,249 mts encontramos el punto 2 de coordenadas N°: 1.124.202,25 y E: 465.854,76. Punto que sirvió de inicio para la presente descripción de linderos. Este lindero colinda carretera vía Duaca según documento debidamente protocolizado por ante la Oficina de Registro Inmobiliario del Primer Circuito de Registro del Municipio Iribarren de Barquisimeto Estado Lara, bajo el N° 30, Folio 194 al 198, Tomo 6 protocoló primero de fecha (31) de Octubre de dos Mil Tres (2003) de Marzo de 2008, bajo el No 50, Tomo 17, Protocolo Primero de los libros llevados por esa Oficina. SEGUNDO: Ofíciese a la Oficina de Registro Inmobiliario del Primero Circuito de Registro del Municipio Iribarren de Barquisimeto Estado a los fines de que estampen la nota marginal correspondiente.- PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE y DÉJESE COPIA CERTIFICADA DE LA PRESENTE DECISIÓN. Dada, firmada y sellada en la sala de despacho del Juzgado Segundo de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Barquisimeto, a los dos (02) días del mes de Mayo de 2022. Años 212° de la Independencia y 163° de la Federación.- LA JUEZ PROVISORIO ABG. JOHANNA DAYANARA MENDOZA TORRES LA SECRETARIA ABG. YOSELYN FADIA MUSTAFA SHAABNA En la misma fecha, se públicó Sentencia N° 28, siendo las 02: 30 p.m. horas, quedando asentada en el Libro Diario bajo el N° 21. LA SECRETARIA ABG. YOSELYN FADIA MUSTAFA SHAABNA JDMT/YFMS/DAYBELIS.