TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, tres (03) de noviembre de dos mil veintiuno (2021)
211º y 162º

ASUNTO: KP02-V-2021-001275

PARTE DEMANDANTE: ciudadana ANA MARÍA BOLZON, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° V-4.377.091.-
ABOGADO ASISTENTE: NELSON ARRIETA, abogado en ejercicio inscrito en el I.P.S.A. bajo el N° 138.626.-
PARTE DEMANDADA: ciudadana JULISSA DEL CARMEN MENDOZA RIVAS, venezolana, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 11.594.727.-
MOTIVO: DESALOJO
(Sentencia interlocutoria con fuerza definitiva.-

I
Se inició la presente solicitud por escrito presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos (URDD) por el ciudadano PIERLUIGI CORONA BOLZON, venezolano, mayor de edad y titular de la cédula de identidad N° 11.430.071, en representación de la ciudadana ANA MARÍA BOLZON, antes identificada, según consta poder autenticado por ante Notaria Pública Primera de Barquisimeto del Estado Lara, en fecha 13 de diciembre del 2019, bajo el N° 48, Tomo 55, de los libros de autenticaciones llevados por esa notaria, debidamente asistido de abogado, mediante la cual demanda por desalojo a la ciudadana JULISSA DEL CARMEN MENDOZA RIVAS, el cual fue recibido en fecha 01 de noviembre del año 2021.-
Estando en la oportunidad para emitir pronunciamiento sobre la admisibilidad o no este Tribunal realiza las siguientes consideraciones:
Nuestro proceso civil, contiene una serie de formalidades que deben cumplir las partes, que de omitirse inficionarían de nulidad el mismo, y que a pesar de la prohibición de nuestra Carta Magna, respecto a los formalismos inútiles, tales aún subsisten, dado que son indispensables para un correcto desenvolvimiento del proceso judicial.
Una de esas formalidades esenciales, viene a ser la capacidad de postulación (ius postulando), es una capacidad meramente formal, exigida por razones no lógicas, sino técnicas, para asegurar al proceso su correcto desarrollo. Tal capacidad de postulación, consiste en la obligatoria asistencia letrada al proceso, es decir, en que cualquiera de las partes para acudir al proceso, por las técnicas y formalismos del mismo, deban estar asistidas por un profesional instruido para tales fines, tal y como vendría a ser los abogados.
La finalidad de tal formalidad de exigir la asistencia de abogado, es la señalada por el maestro Henríquez La Roche, en su Código de Procedimiento Civil comentado, en el cual dispone lo siguiente:
“El espíritu y razón de ser de la obligatoriedad de asesoramiento ha sido garantizar la validez del juicio, evitando el desgaste innecesario de la actividad jurisdiccional por impericia de los contendores, y asegurar a ultranza la función pública del proceso, cual es la eficacia y continuidad del derecho objetivo procesal. Porque así como la ley no permite que personas sin título de médico practiquen una intervención quirúrgica por el peligro a la salud que ello supone, aunque el paciente lo consienta o sea pariente del lego, así impide también que la sustanciación del proceso queda atendida al empirismo o improvisación de personas ignorantes e inexpertas, cuyos derechos correrían el riesgo de ser desconocidos por una utilización inadecuada de le Ley Adjetiva…”
Dicha postulación se encuentra consagrada en el artículo 166 del Código de Procedimiento Civil, que dispone:

“Artículo 166: Sólo podrán ejercer poderes en juicio quienes sean abogados en ejercicio, conforme a las disposiciones de la Ley de Abogados.” (Resaltado del Tribunal).-

Asimismo los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados, establecen:

Artículo 3 “Para comparecer por otro en juicio, evacuar consultas jurídicas, verbales o escritas y realizar cualquier gestión inherente a la abogacía, se requiere poseer el título de abogado, salvo las excepciones contempladas en la Ley…”
Artículo 4 “Toda persona puede utilizar los órganos de la administración de justicia para la defensa de sus derechos e intereses. Sin embargo, quien sin ser abogado deba estar en juicio como actor, como demandado o cuando se trate de quien ejerza la representación por disposición de la Ley o en virtud de contrato, deberá nombrar abogado, para que lo represente o asista en todo el proceso…”.

En este orden de ideas, considera necesario esta juzgadora traer a colación la sentencia de la Sala de Casación Civil dictada en fecha 05 de diciembre de 2014, en el expediente No. 2014-000340, bajo la ponencia del Magistrado Luís Antonio Ortiz Hernández (caso cumplimiento de contrato de compra-venta seguido por los ciudadanos Nelson Jesús González Villamediana y María Fernanda Rodríguez de González, contra los ciudadanos Isabel Bohórques de González y Luis Efraín González Díaz), que estableció:
…” De conformidad con lo que preceptúan los artículos 166 del Código de Procedimiento Civil y 4 de la Ley de Abogados, para el ejercicio de un poder judicial dentro de un proceso, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, lo cual no puede suplirse ni siquiera con la asistencia de un profesional del derecho, salvo que la persona actúe en el ejercicio de sus derechos e intereses, lo cual, a toda luces, vicia de nulidad el mandato judicial que hubiere sido otorgado por ilicitud de su objeto de conformidad con lo que preceptúa el artículo 1155 del Código Civil, por la imposibilidad jurídica en que se encuentra quien no es abogado de ejecutarlo; razón por la cual, cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro (a menos que sea su representante legal), incurre en una manifiesta falta de representación, porque carece de esa especial capacidad de postulación que sí detenta todo abogado que no se encuentre inhabilitado para el ejercicio libre de la profesión, conforme a lo que establecen la Ley de Abogados y demás leyes de la República; ello, además, en forma insubsanable, ya que no hay manera de que adquiera la capacidad de postulación que no tenía cuando actuó sin ella. (Vid. Sentencia de la Sala Constitucional N° 1235 del 13 de agosto de 2008, expediente N° 07-1800, caso: Iwona Szymañczak, ratificada, entre otras en sentencia de esa misma Sala N° 552 del 25 de octubre de 2011, expediente N° 11-0177, caso: Industrias Metalmecánica Comar Compañía Anónima (INMECOMAR C.A.).(Negrillas de la Sala)

De la citada jurisprudencia se infiere que es ineficaz la actuación en procesos judiciales de apoderados no abogados, y esa incapacidad no puede ser subsanada con la asistencia de un profesional del derecho.-
En este sentido cabe resaltar, que cuando una persona que no es abogado ejerce actuaciones judiciales en nombre de otro u otros, incurre en una manifiesta falta de representación porque carece de esa especial capacidad de postulación que sí detenta todo abogado en el ejercicio libre de la profesión.-
Así las cosas encuentra este Tribunal que el ciudadano PIERLUIGI CORONA BOLZON, al actuar como apoderado en representación de la ciudadana ANA MARIA BOLZON, sin ser abogado, incurre en una indefectible falta de representación, pues como se sentó con anterioridad, para el ejercicio de un poder judicial dentro del juicio, se requiere la cualidad de abogado en ejercicio, sin siquiera pueda suplirse con asistencia de abogado; siendo esto así, y al haber sido presentada la demanda por una persona que no tiene la capacidad de postulación para actuar en juicio en representación de otra, forzosamente esta Operadora de Justicia, en estricto acatamiento a la Jurisprudencia reiterada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, debe declarar inadmisible la presente demanda. Así se establece.-
II
Por todos los razonamientos antes expuestos este Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, declara INADMISIBLE la demanda de desalojo incoada por el ciudadano PIERLUIGI CORONA BOLZON, actuando en representación de la ciudadana ANA MARÍA BOLZON contra la ciudadana JULISSA DEL CARMEN MENDOZA RIVAS, todos antes identificados, de conformidad con lo establecido en el artículo 166 y 341 del Código de Procedimiento Civil y los artículos 3 y 4 de la Ley de Abogados.-
Regístrese y déjese copia certificada. Publíquese en la página web del Tribunal Supremo de Justicia www.lara.scc.org.ve
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara. En Barquisimeto a los tres (03) días del mes de noviembre del año dos mil veintiuno (2021). Años 211° y 162°.-
LA JUEZ

ABG. DIOCELIS JANETH PÉREZ BARRETO

EL SECRETARIO

ABG. LEWIS CARRASCO RANGEL

En esta misma fecha siendo las 12:23 p.m. se registró y publicó la anterior decisión previa las formalidades de ley.-

EL SECRETARIO,

ABG. LEWIS CARRASCO RANGEL

DJPB/LCR/p.h
KP02-S-2021-0001275
ASIENTO LIBRO DIARIO: 23