REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso-Administrativo de la Región Centro Occidental Barquisimeto, siete de noviembre de dos mil diecinueve 209º y 160º ASUNTO: KP02-N-2013-000134 Consta al último folio del escrito que encabeza las presentes actuaciones que en fecha 25 de abril de 2013, es recibido por este Tribunal el recurso contencioso administrativo funcionarial interpuesto el abogado Rafael Durán Cordero, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el N° 55.26, actuando en su condición de apoderado judicial de la ciudadana Yuly del Carmen Duran Cordero, titular de la cédula de identidad N° 10.840.012, contra el Instituto Venezolano De Los Seguros Sociales (IVSS). En fecha 30 de abril de 2013, este Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo admitió a sustanciación el presente asunto, asimismo en fecha 06 de junio de 2013, este Tribunal Superior Civil y Contencioso Administrativo admitió a sustanciación el escrito de reforma del libelo de la demanda, presentado en fecha 31 de mayo de 2013, dejando salvo su apreciación en la definitiva y se ordenaron las citaciones y notificaciones de conformidad con la Ley, siendo librado todo ello en fecha 27 de junio de 2013. Sustanciado el procedimiento conforme a las previsiones aplicables, en fecha 07 de agosto de 2014, este Tribunal declaró PARCIALMENTE CON LUGAR, el recurso contencioso administrativo funcionarial, ordenando notificar de la misma al ciudadano Procurador General de la República. Seguidamente en fecha 26 de enero de 2015, se oye la apelación en ambos efectos, interpuesta por la parte recurrida, remitiéndose el asunto a la Cortes de lo Contencioso Administrativo. Por último, en fecha 22 de mayo de 2018, se recibe nuevamente el presente asunto proveniente de la Corte Segunda de lo Contencioso Administrativo, mediante la cual en fecha 15 de noviembre de 2017 declaro sin lugar el recurso de apelación y confirma el fallo dictado por éste Juzgado. Lo descrito supra permite observar, concretamente respecto a la fecha en que se realizó el último acto procesal, que el expediente se encuentra en un evidente e inequívoco estadio que deja entrever su paralización por un lapso superior a dos (02) años, no imputable a este Órgano Jurisdiccional, es decir, el asunto ha sido desprovisto de manera prolongada de actuaciones procesales de impulso o continuación del procedimiento a instancia de parte interesada. Tal situación, conlleva a sostener, sin perjuicio del derecho que tienen las partes intervinientes de realizar las diligencias que consideren pertinentes y en la oportunidad que así lo deseen, que en la actualidad existe en la causa una ausencia de interés en la consecución de actuaciones procesales que la hagan permanecer activa, independientemente del estado en que se encuentra, pues el interés no sólo es esencial para la interposición de una determinada pretensión, sino que debe permanecer a lo largo de todo el proceso, lo cual se extiende a sus distintas fases o etapas, en virtud que resulta inútil y gravoso para la función jurisdiccional, la acumulación o guarda de un asunto en el que -actualmente- no existe interesado. En este sentido, se aprecia que el interés que manifestó la parte recurrente cuando acudió a esta instancia judicial, ha debido mantenerse presente hasta la efectiva realización y materialización de la tutela judicial invocada, lo que también implica la ejecutoria del fallo que le resultó favorable, puesto que ello supone igualmente la realización de actos procesales de impulso que devienen del interés propio del derecho individual que ostenta por una circunstancia o situación real que elevó ante este órgano de administración de justicia, la cual le fue reconocida con la finalidad de evitar un daño a su situación jurídica particular. Ahora, si bien con lo descrito no se pretende razonar sobre la pérdida del interés procesal como una sanción en los términos de una extinción de la acción, en razón de no ser el punto de análisis ni valoración; no menos cierto es que sí entiende este Juzgado Superior que por el largo tiempo transcurrido sin actos de procedimiento, ha desaparecido hasta la presente fecha, el interés procesal en la consecución del proceso, al menos en su fase de ejecución, en virtud de no haber constancia en el expediente de la comparecencia de parte interesada. Así, advertida la existencia de una total inactividad en el presente procedimiento, sin que efectivamente se haya realizado acto alguno que demuestre un interés en su continuación, considera oportuno esta Juzgadora, sin que se cuestione el derecho de las partes de activar nuevamente la causa, ordenar la remisión del expediente a la sede del archivo judicial de esta Circunscripción Judicial, a los fines de que proceda al archivo para su resguardo, conservación y cuidado. En consecuencia, se ORDENA el archivo temporal del expediente. La Jueza Provisoria, Abg. Marvis Maluenga de Osorio La Secretaria, Abg. Andreina Giménez Seguidamente se archivó constante de una (01) pieza principal en trescientos nueve (309) folios útiles, una (01) pieza de antecedente administrativo relacionada con la presente causa en ciento veintiuno (121) folios útiles y un (01) cuaderno de medida cautelar en ciento doce (112) folios útiles. La Secretaria L.S. Juez Provisoria (fdo) Marvis Maluenga de Osorio. La Secretaria (fdo.) Andreina Giménez. La Secretaria (fdo). La suscrita Secretaria del Juzgado Superior en lo Civil y Contencioso Administrativo de la Región Centro Occidental, certifica que la presente copia es un traslado fiel y exacto de su original y se expide por mandato judicial, en Barquisimeto a los siete días del mes de noviembre del año dos mil diecinueve (2019). Años: 209º de la Independencia y 160º de la Federación. La Secretaria, Abg. Andreina Giménez