TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
TRIBUNAL MILITAR DECIMOSEXTO DE CONTROL
CON SEDE EN BARCELONA
BARCELONA, 20 DE MAYO DE 2018
208º Y 159º

AUTO DECRETANDO PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, ARTÍCULO 236 y 373 DEL CÓDIGO ORGÁNICO PROCESAL PENAL

ASUNTO PRINCIPAL: AVG FM62-068-2018.-

IMPUTADO: GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, titular de la cedula de identidad N°- V- 28.044.210, con domicilio en el sector Boca de Rio, casa número 36 Parroquia Ayacucho, Municipio Sucre Estado Sucre; Teléfono: Hermana 0414.803.22.82, mama, 0424.877.06.77, papa, 0426.480.19.53.

MINISTERIO PÚBLICO MILITAR: CAPITAN MARIANA SANTAMARIA CAMPOS, FISCAL MILITAR 62° CON SEDE EN CUMANA DEL ESTADO SUCRE.

DEFENSA PUBLICA MILITAR: SARGENTO AYUDANTE ARGENIS FALCON PINTO, titular de la cedula de identidad N° V-8.73.663, Inpreabogado N° 214.698.

DELITOS MILITARES: USURPACION DE FUNCIONES”, previsto en el artículo 507, y “USO INDEBIDO DE PRENDAS MILITARES”, previsto y sancionado en el artículo 566, todos del Código Orgánico de Justicia Militar.

Visto el desarrollo de la Audiencia Oral de presentación de imputado, celebrada en esta misma fecha, Viernes veinte (20) de mayo del 2018, siendo las 10:00 horas de la mañana, fecha y hora fijada por este Tribunal Militar con sede en Lecherías del estado Anzoátegui, para realizar la audiencia prevista en el artículo 236 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal y decidir sobre la solicitud interpuesta por la Fiscalía Militar Sexagésima Segunda con competencia a Nivel Nacional, con sede en Carúpano Estado Sucre, de Imposición de Medidas de Privación Judicial Preventiva de libertad previstas en los artículos 236, 237 y 238, todos del Código Orgánico Procesal Penal, en contra del Ciudadano: GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, titular de la cedula de identidad N°- V- 28.044.210, con domicilio en el sector Boca de Rio, casa número 36 Parroquia Ayacucho, Municipio Sucre Estado Sucre; Teléfono: Hermana 0414.803.22.82, mama, 0424.877.06.77, papa, 0426.480.19.53, de conformidad a lo establecido en los artículos 236, 237 y 238, todos del Código Orgánico Procesal Penal, por encontrarse presuntamente incursos en la comisión de los Delitos Militares de USURPACION DE FUNCIONES”, previsto en el artículo 507, y “USO INDEBIDO DE PRENDAS MILITARES”, previsto y sancionado en el artículo 566, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. El Tribunal Militar antes de decidir observa:

DE LOS HECHOS NARRADOS POR EL FISCAL MILITAR

“…Buenas tardes ciudadana Juez Militar, Secretario, Compañero de la defensa, Imputados, y a todos los presentes, Yo, CAPITAN OSWALDO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ titular de la cédula de identidad NºV-11.226.577, INPRE 139.021 Fiscal Militar 61° con sede en Barcelona, Estado Anzoátegui, En Representación de Fiscal Militar Sexagésimo Segundo con competencia a Nivel Nacional, con sede en Carúpano Estado Sucre, en mi carácter de Fiscal Militar en representación de la Fiscalía Militar Sexagésima Segunda y actuando de conformidad a las atribuciones conferidas en la carta magna, en el código orgánico procesal penal aplicable a la jurisdicción Penal Militar; muy respetuosamente ocurro ante su competente autoridad y en el lapso legal establecido, para PRESENTAR FORMALMENTE, del ciudadano: GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, titular de la cedula de identidad N°- V- 28.044.210, El día 17 de mayo de 2018, aproximadamente a las 16:00 horas se constituyeron en comisión los funcionarios Tte Avilés Rodríguez Eduardo, S1 Rodríguez Tigrera Jorge, S2 Villarroel Patiño Julio, S2 Pereda Suarez Pedro, adscritos a la 1ra Compañía del Destacamento de Seguridad Urbana del CZ Nº53 de la GNB, en vehículos militares tipo moto, color blanco, sin placas, orgánicos de esa unidad militar, con destino a la jurisdicción del Municipio Sucre, siendo aproximadamente las 18:30 horas la comisión se encontraba por la avenida Cacique Maraguey, específicamente al frente del centro comercial Marina Plaza, cuando avistaron a un ciudadano que vestía uniforme militar (patriota) con la jerarquía de Sargento Segundo, el mismo tomó una actitud sospechosa procediendo los funcionarios en comisión a darle la voz de alto e identificándose como efectivos de la Guardia Nacional Bolivariana, procediendo el Tte Aviles Eduardo a requerirle el carnet de identificación militar respondiendo el ciudadano que no lo poseía, se le preguntó quién era su comandante natural? A lo cual no respondió y manifestó que el había prestado su servicio militar en el 2016 en la ESGUARNAC Tcnel Leonardo Infante, Punta de Mata Estado Monagas, procediendo a su aprehensión en flagrancia quedando plenamente identificado como González Silva Anllison José, ci: V- 28.044.210, de 20 años de edad, nacido el 19/07/1998, residenciado en el sector Boca de Rio, casa numero 36 Parroquia Ayacucho, Municipio Sucre Estado Sucre. Por lo que de auto se evidencia que el hecho se adminicula con los tipos penales de USO INDEBIDO DE PRENDAS MILITARES, previstos y sancionado en el artículo 566; USURPACION DE FUNCIONES, previsto y sancionado en el artículo 507, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. Ahora bien, a los fines de dar estricto cumplimiento a lo señalado en el Articulo 44 ordinal 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela esta representación Fiscal PRESENTA FORMALMENTE ante el Tribunal Militar Décimo Sexto en Funciones de Control que dignamente usted preside, al ciudadano aprendido GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, ci: V- 28.044.210, de 20 años de edad, nacido el 19/07/1998, residenciado en el sector Boca de Rio, casa numero 36 Parroquia Ayacucho, Municipio Sucre Estado Sucre, se presume se encuentra directamente involucrado en hechos que revisten carácter penal militar precalificándose el delito militar de “USURPACION DE FUNCIONES”, previsto en el artículo 507, y “USO INDEBIDO DE PRENDAS MILITARES”, previsto y sancionado en el artículo 566, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, en grado de autor de conformidad a lo establecido en la norma 389, numeral 1, en concordancia de la norma 390, numeral 1, Ejusdem, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. De igual forma y como en efecto la suscrita solicita PRIMERO: Se Decrete el Procedimiento como Flagrante y se ordene la aplicación del Procedimiento Ordinario, SEGUNDO: Se tome este acto como Acto Formal de Imputación por los delitos militares precalificados por esta representación fiscal, TERCERO: Se Decrete la Medida Judicial Preventiva Privativa de Libertad en contra de los imputados supra identificados, por estar presuntamente incurso en la comisión de los delitos militares de USO INDEBIDO DE PRENDAS MILITARES, previsto y sancionado en el artículo 566, y USURPACION DE FUNCIONES, previsto en el artículo 507, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, en grado de autor de conformidad a lo establecido en la norma 389, numeral 1, en concordancia de la norma 390, numeral 1, Ejusdem, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. Es justicia en Cumana, a la fecha de su presentación. Es todo”.

DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN

Una vez verificado la presencia de cada una de las partes e informado el motivo de la presente audiencia, el Juez Militar advirtió a las partes a mantener el debido respeto y compostura para este acto judicial, haciendo la explicación de la importancia de este acto y la fase del proceso penal en la que se encuentra la presente causa, en la cual no se plantearan cuestiones que son propias del Juicio Oral y Público. Asimismo, la Juez Militar de conformidad a lo establecido en el artículo 139 y 141 del Código Orgánico Procesal Penal le pregunta a los imputado de autos al Ciudadano: GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, titular de la cedula de identidad N°- V- 28.044.210, si desean la Defensa Técnica del Defensor Público Militar, respondiendo éstos: “Estamos de acuerdo con que nos asista el ciudadano SARGENTO AYUDANTE ARGENIS FALCON PINTO, titular de la cedula de identidad N° V-8.73.663, Inpreabogado N° 214.698, en su carácter de Defensor Público militar.”.

Acto seguido la Ciudadana Jueza Militar le confiere el derecho de palabra al SARGENTO AYUDANTE ARGENIS FALCON PINTO, titular de la cedula de identidad N° V-8.73.663, Inpreabogado N° 214.698, en su carácter de Defensor Público militar, a los fines que exponga los alegatos de su defensa y en consecuencia expuso:

“…Buenos días ciudadana Juez , Secretario Judicial, Fiscal Militar y mis defendidos una vez escuchada la solicitud formulada por el representante Fiscal Militar, esta defensa Técnica solicita muy respetuosamente es necesaria hacer unas consideraciones, en cuanto que el uso de la prenda militar no lo hiso con ninguna mala intención ya que lo hizo con el fin de buscar el sustento del alimento para su casa, en cuanto al delito que se le imputa a mi defendido no excede de los ocho años de prisión, en cuanto muy respetuosamente solicito se le imponga una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con el artículo 242 ordinal 3° del Código Orgánico Procesal Penal. Es todo.”

Acto seguido la ciudadana Jueza Militar ordenó al Secretario Judicial imponer del precepto constitucional al Ciudadano: GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, titular de la cedula de identidad N°- V- 28.044.210, conforme al artículo 49 ordinal 5, en concordada relación con los artículos 127 numeral 8º del Código Orgánico Procesal Penal y a tenor de lo preceptuado en el artículo 133 ejusdem, se le indica que su declaración es un medio para su defensa y por consiguiente tiene derecho a exponer todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre ella recae y en caso de no hacerlo en nada le afectara su negativa y la audiencia continuará su curso, por tal motivo fue interrogado por la Jueza Militar ¿Desea usted, declarar o se acoge al precepto Constitucional? quien respondió: “. No deseo declarar. Es Todo”.

Asimismo este Tribunal Militar le explico a los imputados de autos la fase preparatoria en este Proceso Penal, en la cual el Ministerio Público llevará a cabo la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación y la defensa del Imputado.

DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA ATRIBUIDA
POR EL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público Militar califico los hechos señalados en la audiencia de presentación al Ciudadano: GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, titular de la cedula de identidad N°- V- 28.044.210, por la presunta comisión de los delitos militares de USURPACION DE FUNCIONES”, previsto en el artículo 507, y “USO INDEBIDO DE PRENDAS MILITARES”, previsto y sancionado en el artículo 566, todos del Código Orgánico de Justicia Militar y quien aquí decide declara CON LUGAR la pre calificación provisional realizada por el Ministerio Público, expuesta durante el desarrollo de la audiencia de presentación, por cuanto considera este despacho Judicial que se subsumen hechos con el derecho y nos encontramos en una fase incipiente y es menester que el fiscal Militar continúe con la investigación penal Militar a los fines de esclareciendo tal de los hechos ventilados en el presente proceso y recabar los elementos de convicción necesarios que arroje un resultado final para un acto conclusivo que puede ser Sobreseimiento Archivo fiscal o acusación.

PRESENTACIÓN FORMAL COMO IMPUTADO

De esta misma manera, ha sostenido la jurisprudencia que durante el desarrollo de la audiencia de presentación, el ministerio público está obligado a señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos y la posible participación de las personas involucradas, así como subsumir los hechos con el derecho. LA SENTENCIA Nº 355 DE SALA DE CASACIÓN PENAL, EXPEDIENTE Nº A11-271 DE FECHA 11/08/2011, señala:

“...el acto formal de imputación, constituye una actividad procesal, que en resguardo del principio de seguridad jurídica, y de los derechos a la Defensa, Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva; tiene por finalidad comunicar a las personas, la cualidad de imputado que les surge con ocasión de una investigación, que previamente iniciada, ha arrojado de manera coherente y racional, elementos de convicción en su contra. Ello a fin de que el imputado, debidamente asistido por su defensa técnica, y con resguardo de los derechos y garantías constitucionales y legales; sea impuesto del precepto constitucional que le exime de declarar en su contra y, en consecuencia, sí así lo desea, declare respecto de todo aquello que le favorezca y esté relacionado con la investigación, aunado a que se le permita el acceso a las actas que constituyen la investigación, y su intervención en la formación de los actos de investigación, y en fin pueda solicitar todo aquello cuanto sea necesario para el mejor ejercicio de su derecho a la defensa. Su finalidad es precisamente impedir, que el órgano encargado de ejercer la acción penal, esto es, el Ministerio Público, lleve a espaldas del imputado una investigación, de tal manera que puedan los investigados ejercer el control y contradicción de los diferentes actos de investigación y de prueba que surgen durante el desarrollo de la fase preparatoria, evitando además que el procesado sea sorprendido con una acusación cuyos fundamentos sean desconocidos, lo cual configuraría una violación real y efectiva de los derechos a la Defensa, al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva. Debe recordarse que conforme a estos derechos, el Estado constitucionalmente garantiza el acceso a los órganos de administración de justicia, a la defensa y la asistencia jurídica como un derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso, lo cual comporta que a todo ciudadano le sea notificado, los cargos por los cuales se les investiga, y a acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…”

De igual manera, en cuanto a la validez del acto de imputación en la audiencia de presentación, tenemos en la SENTENCIA Nº 355 DE SALA DE CASACIÓN PENAL, EXPEDIENTE Nº A11-271 DE FECHA 11/08/2011, que establece:

“...Así, en principio lo natural es que el mismo tenga lugar en sede fiscal durante el transcurso del procedimiento ordinario; sin embargo la notificación de los hechos investigados e imputados, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión, incluyendo aquellas de importancia para la calificación jurídica, y los datos que obtenidos de la investigación soportan esa imputación, así como la imposición del precepto constitucional que exime de declarar en causa propia, y en general la notificación de los demás derechos constitucionales y legales que a la personas en su condición de imputadas otorga el ordenamiento jurídico; puede tener lugar también en la audiencia que se celebre en razón de la aprehensión en flagrancia del imputado o por orden de aprehensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, o con ocasión de la audiencia de presentación celebrada de conformidad con el artículo 250 eiusdem…”.

En tal sentido, y concatenado con lo señalado anteriormente, se deja constancia de la realización del acto de imputación al Ciudadano: GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, titular de la cedula de identidad N°- V- 28.044.210, por la presunta comisión de los delitos militares de USURPACION DE FUNCIONES”, previsto en el artículo 507, y “USO INDEBIDO DE PRENDAS MILITARES”, previsto y sancionado en el artículo 566, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, por cuanto se encuentran llenos los extremos previstos en los art 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines que la defensa del imputado y este, pudiesen contradecir lo señalado por el fiscal militar.

DE LA SOLICITUD DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL
PREVENTIVA DE LIBERTAD.

En cuanto a la solicitud de una Medida Privación Judicial Preventiva de Libertad para garantizar las resultas del presente proceso, es necesario destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, prevé el derecho que tiene todo ciudadano de permanecer en libertad mientras se le siga un proceso penal, ello en virtud del Principio Constitucional y procesal llamado Presunción de inocencia, ahora bien este derecho tiene sus límites claramente establecidos en la ley y se materializan cuando existe un peligro de fuga o un peligro de obstaculización, que de alguna manera puedan afectar las resultas del proceso.

En este sentido, la SENTENCIA Nº 102 DE LA SALA DE CASACIÓN PENAL, EXPEDIENTE Nº A11-80 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2011, expresa lo siguiente:

Las medidas de coerción personal, tienen como objeto principal, servir de instrumentos procesales que garanticen la permanencia y sujeción de los procesados penalmente, al desarrollo y resultas del proceso criminal que se les sigue; ello, en atención a que el resultado de un juicio, puede potencialmente conllevar a la aplicación de penas corporales, que de no estar debidamente garantizado mediante medidas instrumentales, como lo son las medidas coercitivas, pudieran hacer ilusoria la ejecución de la sentencia. Sin embargo, a esta finalidad instrumental de las medidas de coerción personal, deben acoplarse los principios de proporcionalidad, y afirmación de libertad; según los cuales en el primero de los casos -proporcionalidad-, la medida de coerción personal impuesta, debe ser equitativamente igual a la magnitud del daño que causa el delito, la probable sanción a imponer y que no perdure por un período superior a dos años, o al término menor de la pena que prevé el respectivo delito, todo ello a los fines de no convertir una medida cautelar preventiva en una pena anticipada; y en el segundo de los referidos principios -afirmación de libertad-, la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye una medida de carácter excepcional, sólo aplicable en los casos expresamente autorizados por la ley. (Subrayado Nuestro).

La Sala de Casación penal ha dejado sentado que al momento de imponerse una Medida de Coerción Personal a algún imputado, debe tomar en cuenta la proporcionalidad de la medida de coerción personal a imponer y el principio de Afirmación de Libertad, el cual prevé que las Medidas Privativas de Libertad, son de carácter excepcional y deben ser aplicadas de manera proporcional al hecho cometido y a la pena que pueda llegarse a imponer, procediendo sólo en las circunstancias previstas en la Ley.

Ahora bien al analizar el asunto sometido a la consideración de este Órgano Jurisdiccional, se puede apreciar que los hechos que se atribuyen a los imputados revisten carácter penal, merecen pena corporal y no se encuentra evidentemente prescrito; existiendo además elementos de convicción para presumir que los imputados son autores del hecho; y existen razones en este caso en concreto, para presumir que existe peligro de fuga, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 236 ordinales 1º, 2º y 3; y el artículo 237 ordinales 2º y 3º; y parágrafo primero todos del Código Orgánico Procesal Penal.

Al respecto, los hechos fueron calificados para el Ciudadano: GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, titular de la cedula de identidad N°- V- 28.044.210, por la presunta comisión de los delitos militares de USURPACION DE FUNCIONES”, previsto en el artículo 507, siendo la pena a aplicar de UNO (01) A CUATRO (04) AÑOS DE PRISIÓN, y “USO INDEBIDO DE PRENDAS MILITARES”, previsto y sancionado en el artículo 566, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, siendo la pena a aplicar de SEIS (06) a DOCES (12) MESES DE ARRESTO, todos del Código Orgánico de Justicia Militar; ahora bien, el Código Orgánico Procesal Penal ha establecido que cuando el delito imputado merezca una pena privativa de libertad cuyo término máximo sea igual o mayor a Diez (10) años, se presume el peligro de fuga, no obstante va en contra los pilares fundamentales de todo militar, por considerar que tal circunstancia puede afectar la voluntad del imputado de someterse al proceso, lo cual se encuentra concatenado a lo previsto en el artículo 237 ordinal 2º del referido cuerpo de Ley, siendo la pena que pueda llegarse a imponer un factor que debe ser tomado en consideración por este juzgador para garantizar el proceso.

En cuanto a la magnitud del daño causado, se puede apreciar que los ciudadanos Imputados aquí identificado, presuntamente adopto una actitud no acorde como activo de la FANB, ya que se en virtud debía cumplir con designaciones de la superioridad y al no hacer el cumplimiento de su tarea asignada, desobedeciendo las ordenes y normas establecidas, lo cual constituye un atentado contra un integrante de una comisión de la Fuerza Armada Nacional que se encontraba realizando labores de seguridad.

En este sentido, una vez analizados los argumentos con los cuales el Ministerio Público fundamenta su solicitud, la entidad de la pena y la magnitud de daño causado, a criterio de quien aquí decide las resultas del proceso deben ser garantizadas con una Medida Privativa de Libertad, conforme a lo establecido en el artículo 236 ordinales 1º, 2º y 3º; artículo 237 ordinal 2º, 3º y parágrafo primero, todos del Código Orgánico Procesal Penal, siendo improcedentes la solicitud la imposición de Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad realizadas por la Defensa Pública.

DE LA SOLICITUD DEL DEFENSOR PUBLICO MILITAR DE
IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS.

En razón a lo solicitado por la Defensor Público Militar, a los fines que se le imponga a su representado Imputado al Ciudadano: GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, titular de la cedula de identidad N°- V- 28.044.210, por la presunta comisión de los delitos militares por la presunta comisión de los delitos militares de USURPACION DE FUNCIONES”, previsto en el artículo 507, y “USO INDEBIDO DE PRENDAS MILITARES”, previsto y sancionado en el artículo 566, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, por disentir de la solicitud fiscal, se observa al respecto que en la presente Causa, los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad del imputado, no pueden ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa; por tanto al estimarse que la aplicación de la medida de privación judicial preventiva de libertad del imputado de autos, tiene como finalidad lograr el aseguramiento de los mismos y su presencia en todos los actos procesales, es procedente declarar SIN LUGAR la solicitud del Defensor Público Militar, por cuanto quedó decretada la privación judicial preventiva de libertad. ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA
Por lo anteriormente expuesto, éste Tribunal Militar Decimosexto de Control con sede en Barcelona Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA: PRIMERO: CON LUGAR, LA CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA, por considerar que se cumplen con los extremos jurídicos previsto en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: CON LUGAR la aplicación del Procedimiento Ordinario en el presente Proceso, conforme a lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO CON LUGAR el acto formal de imputación en contra del ciudadano: GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, titular de la cedula de identidad N°- V- 28.044.210, por encontrarse incurso en los presuntos delito militares de: USURPACION DE FUNCIONES”, previsto en el artículo 507, y “USO INDEBIDO DE PRENDAS MILITARES”, previsto y sancionado en el artículo 566, en grado de autor de conformidad a lo establecido en la norma 389, numeral 1, en concordancia de la norma 390, numeral 1, Ejusdem, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. CUARTO: Se decreta CON LUGAR la solicitud presentada por la Fiscalía Militar en cuanto a la Privación Judicial Preventiva de libertad en contra del ciudadano: GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, titular de la cedula de identidad N°- V- 28.044.210, quien se encuentra presuntamente incurso en la comisión de los delitos militares de USURPACION DE FUNCIONES”, previsto en el artículo 507, y “USO INDEBIDO DE PRENDAS MILITARES”, previsto y sancionado en el artículo 566, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. QUINTO: SIN LUGAR, la solicitud formulada por el Defensor Público Militar, en cuanto a la solicitud de MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LIBERTAD de los ciudadanos: GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, titular de la cedula de identidad N°- V- 28.044.210, en virtud que nos encontramos en una fase incipiente y es menester que la representación Fiscal continúe con la investigación penal militar a los fines de esclarecer los hechos ventilados en este acto. SEXTO: SE ORDENA el ingreso del imputado al Departamento de Procesados Militares de Oriente, con sede en La Pica, Estado Monagas, a fin de que se le resguarde su seguridad, apegado a las normas castrenses que rigen los procesos penales militares, líbrense la correspondiente Boleta de Encarcelación y remítase con oficio al Director del Departamento de Procesados Militares de Oriente, y Particípese de la presente decisión al Comandante Destacamento de seguridad urbana del comando de zona 53 De La Guardia Nacional con sede en Cumana Estado Sucre, a los fines de realizar el Traslado, con las medidas de seguridad pertinentes al caso. SEPTIMO: Ofíciese al Hospital Doctor Núñez Tovar, a objeto de realizar el examen médico forense del Ciudadano: GONZÁLEZ SILVA ANLLISON JOSÉ, titular de la cedula de identidad N°- V- 28.044.210, OCTAVO: Se exhorta al Ministerio Público Militar a presentar el respectivo Acto Conclusivo que puede ser Acusación, Sobreseimiento o Archivo Fiscal dentro de cuarenta y cinco (45) días a partir de la presente fecha. Con la firma de la presente acta se dan por notificadas las partes de la decisión dictada por este juzgado Militar, conforme al artículo 159 del Código Organice Procesal Penal. Es todo. Termino, se leyó, y conforme firman. ASI SE DECIDE. HÁGASE COMO SE ORDENA.
EL JUEZ MILITAR,

ALIENNY Y. MÁRQUEZ TILLERO
MAYOR
EL SECRETARIO JUDICIAL,

JOAN JESUS CORTEZ RODRIGUEZ
TENIENTE
En este mismo día dando cumplimiento a lo ordenado, se hicieron las participaciones correspondientes, se publicó, se registró, se digitalizó y se dejó copia certificada.
EL SECRETARIO JUDICIAL,

JOAN JESUS CORTEZ RODRIGUEZ
TENIENTE