TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del estado Lara con sede en
Barquisimeto, 12 de Julio de 2018
209º y 160º
ASUNTO: KP02-J-2018-000559
SOLICITANTES: EDUARDO LUIS ROAS MARTINEZ y JARISMAR JOSELIN MENDOZA TORREALBA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad N° V-20.321.722 y V-25.471.566, respectivamente, de este domicilio.
BENEFICIARIO: OMITIDO SEGÚN EL ARTICULO 65 LOPNNA
FECHA DE NACIMIENTO: 10/04/2012 y 12/08/2013.
MOTIVO: DIVORCIO POR MUTUO CONSENTIMIENTO.
FECHA DE ENTRADA: 13/03/2018.
DERECHO PROTEGIDO: A TENER UNA FAMILIA.
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En fecha 13 de Marzo de dos mil dieciocho (2018), los ciudadanos EDUARDO LUIS ROAS MARTINEZ y JARISMAR JOSELIN MENDOZA TORREALBA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad N° V-20.321.722 y V-25.471.566, respectivamente, solicitaron el Divorcio por Mutuo Consentimiento basado en la Sentencia N° 693 de fecha 02/06/2015 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia. En dicha unión los cónyuges procrearon dos hijos que tienen por nombre: OMITIDO SEGÚN EL ARTICULO 65 LOPNNA. Los solicitantes acompañaron junto con la solicitud copia certificada del acta de matrimonio, y de las partidas de nacimiento de sus hijos.
Se admite la solicitud en fecha quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018), y la notificación de la Fiscal Décimo Quinta del Ministerio Público, y acuerda la oír la opinión de la beneficiaria.
En fecha 21 de Marzo de dos mil dieciocho (2018), los beneficiarios de autos no comparecieron a los fines de manifestar su opinión en la presente causa, garantizándole este juzgador el derecho a opinar conforme al artículo 80 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y del Adolescentes.

Del desarrollo de la Audiencia Preliminar:
En fecha doce (12) de Julio de dos mil dieciocho (2018), oportunidad fijada para la realización de la Audiencia Preliminar, se deja expresa constancia de la incomparecencia de la ciudadana JARISMAR JOSELIN MENDOZA TORREALBA, anteriormente identificada, y la comparecencia del ciudadano EDUARDO LUIS ROAS MARTINEZ, ut supra identificado. Y por cuanto no hubo oposición del Fiscal del Ministerio Publico y por cuanto se evidencia que desde la fecha 09/04/2018, estaba a derecho. Considerado el caso de autos, y siendo indudablemente un asunto de naturaleza no contenciosa, regido por el procedimiento previsto en el artículo 512 de la de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, se dio inicio al desarrollo de la audiencia, en la cual los solicitantes ratificaron su solicitud hecha en el escrito libelar y luego procediendo en la misma audiencia a incorporar las pruebas documentales conformadas por la copia certificada del acta de matrimonio, de las partidas de nacimiento de sus hijos procreados en la unión matrimonial cuya disolución se pretende, y las copias fotostáticas de las cédulas de identidad de los solicitantes; las cuales fueron debidamente admitidas, y se aprecian en todo su valor probatorio, conforme a los artículos 1359 y 1360 del Código Civil y 12 de la Ley Orgánica de Registro Civil.
Seguidamente, fueron ratificados los acuerdos respecto a las instituciones familiares, en los términos de la solicitud.
Este Tribunal para decidir observa:
Los solicitantes manifestaron en forma espontánea su intención de divorciarse ratificando su solicitud al inicio de la audiencia. En consecuencia, se observa que la presente petición de disolución del vinculo conyugal, fue introducida por los cónyuges ciudadanos EDUARDO LUIS ROAS MARTINEZ y JARISMAR JOSELIN MENDOZA TORREALBA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad N° V-20.321.722 y V-25.471.566, respectivamente; y a pesar de no encontrarse separados por más de cinco (05) años, evidenciándose que no cumplen con los extremos a lo establecido en el artículo 185-A, en el cual establece de manera enunciativa una de las causales de disolución del vinculo matrimonial, es imperativo para este Juzgador tomar en consideración la decisión N° 693 de fecha 02/06/2015 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, la cual tiene carácter vinculante; donde queda suficientemente establecido que el Juez debe respetar el derecho de libertad individual de las partes, materializado este con la petición de separarse de cuerpos. A tal efecto la referida sentencia indica:
(…) De allí que, el matrimonio solo puede ser entendido como institución que existe por el libre consentimiento de los cónyuges, como una expresión de su libre voluntad y, en consecuencia, nadie puede ser obligado a contraerlo, pero igualmente –por interpretación lógica nadie puede estar obligado a permanecer casado, derecho que tienen por igual ambos cónyuges. Este derecho surge cuando cesa por parte de ambos cónyuges o al menos de uno de ellos –como consecuencia de su libre consentimiento- la vida en común, entendida ésta como la obligación de los cónyuges de vivir juntos, guardarse fidelidad y socorrerse mutuamente (artículo 137 del Código Civil) y, de mutuo acuerdo, tomar las decisiones relativas a la vida familiar y la fijación del domicilio conyugal (artículo 140 eiusdem) (…)
Al respecto, la Sala Constitucional realiza la siguiente consideración:
(…) Asimismo, es indudable que el cónyuge, aun habiéndose comprometido moral y jurídicamente a esa relación, puede con posterioridad y debido a innumerables razones sobrevenidas estar interesado en poner fin al matrimonio. Ese interés debe traducirse en un interés jurídico procesal, de acudir a los órganos jurisdiccionales e incoar una demanda donde pueda obtener una sentencia que ponga fin al vínculo conyugal. (…) subrayado de este Tribunal.

A propósito del derecho de accionar que asiste a los cónyuges en este procedimiento, la llamada tutela judicial efectiva, se materializa al establecer que la justicia será expedita, sin dilaciones ni formalismos, y siendo que en el libelo de esta causa se evidencia que la instituciones familiares han sido claramente establecidas por las partes, no considera, quien aquí juzga, que existe una circunstancia que amenace con afectar los derechos e intereses de los beneficiarios de autos y así se declara.
En esa dirección el nuevo criterio vinculante de la Sala Constitucional del Máximo Tribunal señala:
(…) Ello así, en atención a lo dispuesto en el artículo 177 de la ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, los cónyuges cuyos hijos sean menores de edad que de mutuo acuerdo deseen divorciarse, acudirán ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes en función de sustanciación y mediación del lugar donde hayan establecido su último domicilio conyugal y, previo acuerdo igualmente, expreso e inequívoco, de las instituciones familiares que les son inherentes, para solicitar y obtener, en jurisdicción voluntaria, una sentencia de divorcio. Así se declara.
En consecuencia, deberán los Tribunales de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes permitir con base en la doctrina contenida en el presente fallo tramitar conforme al procedimiento de jurisdicción voluntaria, previsto en los artículos 511 y siguientes de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, las solicitudes de divorcio de mutuo consentimiento que presenten ambos cónyuges, sin más exigencias que el acta de matrimonio y de nacimiento de los niños, niñas y adolescentes de que se trate, así como el acuerdo previo de los cónyuges acerca de las instituciones familiares, esto es, lo relativo a la responsabilidad de crianza del o los menores de edad que hubiesen procreado, la responsabilidad de crianza y custodia, obligación de manutención y régimen de convivencia familiar, a efectos de que sean evaluados por el Juez de niños, niñas y adolescentes y determinar si son convenientes para los niños, niñas o adolescentes de que se trate y conferir la homologación, en caso de que no lo sea el Juez o Jueza ordenará su corrección. La homologación del acuerdo acerca de las instituciones familiares será requisito necesario para la declaratoria del divorcio
Así las cosas, observando que en este expediente se encuentra ya adminiculado la copia certificada del acta de matrimonio de las partes, la copia certificada del acta de nacimiento de la niña y el acuerdo sobre instituciones familiares, este Tribunal considera llenos los extremos legales para pasar la causa a sentencia y así se declara.

ÚNICO:
Vistos los hechos narrados anteriormente, en cuanto a que los ciudadanos EDUARDO LUIS ROAS MARTINEZ y JARISMAR JOSELIN MENDOZA TORREALBA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad N° V-20.321.722 y V-25.471.566, respectivamente, solicitaron el Divorcio por Mutuo Consentimiento, esta Juzgadora observa que se han cumplido todos los extremos de ley, apegándose al criterio vinculante de la Sala Constitucional, la cual es imperativo para esta Juzgadora tomar en consideración la decisión N° 693 de fecha 02/06/2015 emanada de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia y la norma del artículo 513 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. En consecuencia, este Tribunal Tercero de Primera Instancia de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECLARA CON LUGAR el Divorcio por Mutuo Consentimiento (Incompatibilidad de Caracteres y Desafecto) solicitado por los cónyuges, y en consecuencia se acuerda la Disolución del Vinculo Conyugal contraído por los ciudadanos: EDUARDO LUIS ROAS MARTINEZ y JARISMAR JOSELIN MENDOZA TORREALBA, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédulas de identidad N° V-20.321.722 y V-25.471.566, respectivamente, contraído por ante el Registro Civil del Municipio Jiménez del Estado Lara, el 20/09/2011, acta número 108, del Libro de Matrimonio llevados por ese registro en ese año 2011.

En cuanto a las instituciones familiares se establece lo siguiente:
• PRIMERO: Ambos progenitores ejercerán la patria potestad y la responsabilidad de crianza, sobre los niños OMITIDO SEGÚN EL ARTICULO 65 LOPNNA y el padre tendrá la custodia de sus hijos.
• SEGUNDO: en cuanto a la obligación de manutención, esta Juzgadora, a los fines de asegurar el interés superior de los beneficiarios de autos de conformidad con lo establecido en el artículo 8 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, esta Juzgadora procede de oficio a fijar el monto de la obligación de manutención en DOS MILLONES DE BOLÍVARES SIN CENTIMOS (Bs. 2.000.000,°°) MENSUALES, el cual aumentará una vez que el ejecutivo decrete aumento salarial. Asimismo, la madre aportará una bonificación navideña en especies, el cual comprende de ropa, calzados, juguetes. En cuanto a los gastos por concepto de educación: útiles escolares, uniformes y medicinas en su oportunidad, gastos escolares, y de actividades extra-escolar serán compartidos por ambos padres en un 50 % cada uno.
• TERCERO: En cuanto al Régimen de Convivencia Familiar, se establece que la madre compartirá con sus hijos los días 15 y 30 de cada mes, cuando por razones de trabajo no ha podido cumplir, lo participa por vía telefónica al padre de los referidos beneficiarios; en carnaval estarán con el padre; en semana santa con la madre; en vacaciones escolares del mes de julio y agosto con el padre; el 24 y 25 de Diciembre con el padre y el 1 de enero con la madre, previo acuerdo entre las partes.

Se Homologan los acuerdos en cuanto a las instituciones familiares en los términos ya transcritos.

Se declara Extinguida la Comunidad de Gananciales de conformidad a lo establecido en el artículo 173 del Código Civil Venezolano.

Expídanse copias certificadas y devuélvanse los originales que cursen en autos debiendo proveer igualmente la parte interesada las copias de sentencia que deben enviarse a los Funcionarios de los Registros Civiles Competentes.

Regístrese y Publíquese.

Dada, firmada y sellada en el Tribunal Tercero de Primera Instancia en Funciones de Mediación, Sustanciación y Ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Barquisimeto, a los doce (12) días del mes de Julio del año dos mil dieciocho (2018), Años: 209º y 160º.

LA JUEZ TERCERA DE PRIMERA INSTANCIA EN FUNCIONES DE MEDIACIÓN, SUSTANCIACIÓN Y EJECUCIÓN

ABG. MERLY DEL CARMEN CAMACARO ALMADO
LA SECRETARIA

En esta misma fecha se registró bajo el Nº 0794-2018 y se publicó siendo las 01:56 P. m.

LA SECRETARIA

Divorcio por Mutuo Consentimiento
MCCA/ Nerieska Asuaje/-*