REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, seis (06) de febrero de dos mil dieciocho (2018)
207º y 158º

ASUNTO: KP02-M-2012-000467

PARTE DEMANDANTE: ciudadano EDGAR BECERRA TORRES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. 9.185.212, abogado en ejercicio e inscrito en el I.P.S.A. bajo el No. 82.188, actuando en su carácter de endosatario en procuración de la sociedad mercantil SUPLITEX C.A. inscrita en el Registro Mercantil Primero del estado Lara, bajo el No. 67, tomo 17-A en fecha 17 de abril de 2006, siendo la última modificación inscrita por ante el mencionado registro bajo el No. 07, tomo 113-A de fecha 20 de diciembre de 2011.-
PARTE DEMANDADA: sociedad mercantil DOTACIONES INDUSTRIALES C.A. inscrita por ante el Registro Mercantil Segundo de la Circunscripción Judicial del estado Portuguesa, bajo el No. 45, tomo 5-A de fecha 17 de febrero de 2009, con posteriores modificaciones siendo la última registrada por ante el mismo registro, bajo el No. 35, tomo 9-A de fecha 23 de marzo de 2009, representada por los ciudadanos DANIEL RUBEN ARAUJO y MAYELIK PACHECO, venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad Nos. 10.332.153 y 6.254.990 respectivamente.
MOTIVO: COBRO DE BOLIVARES (VIA INTIMACION)
(sentencia interlocutoria con fuerza definitiva)

I
NARRATIVA
Se inició el juicio mediante libelo de demanda presentada en fecha 30 de noviembre de 2012, por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Civil de Barquisimeto, y previo el sorteo de ley correspondió conocer de la causa a este Juzgado, siendo admitida por auto de fecha 21 de marzo de 2.013, cuyo auto fue revocado por cuanto no estaba firmado por la juez.
Por auto de fecha 28 de mayo de 2013, se ordenó subsanar el libelo de la demanda, y cumplido dicho requerimiento fue admitida la demanda el 19 de junio de 2013, ordenándose la intimación de la parte demandada instando a la parte actora a consignar los fotostatos necesarios para la compulsa. Asimismo se decretó medida de embargo preventivo, librándose el despacho y oficio.
Consignados como fueron los fotostatos el día 01 de agosto de 2013, se ordenó librar la respectiva compulsa y remitirla con oficio al Juzgado del Municipio Páez del estado Portuguesa.-
Por auto de fecha 05 de febrero de 2018, quien aquí suscribe se abocó al conocimiento de la presente causa en el estado que se encuentra.

II
MOTIVACION PARA DECIDIR
Estudiadas como han sido las actas que conforman el presente expediente, considera oportuno esta Juzgadora, hacer referencia a la norma contenida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, de cuyo texto se desprende lo que sigue:

“Artículo 267: Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento de las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. (Resaltado del Tribunal).

Por su parte, la norma contenida en el artículo 269 ejusdem, establece lo que:

“Artículo 269. La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente”. (Subrayado del Tribunal).

Por su parte, el tratadista patrio, Dr. Ricardo Henríquez La Roche, ha sostenido en este sentido que “un proceso puede también extinguirse anormalmente, no por actos, sino por omisión de las partes, produciéndose la perención de la instancia, que no es más que la extinción del proceso que se produce por la no realización de actos de impulso procesal, y que constituye la regulación legal de la situación anómala en que cae el proceso al detenerse excesivamente. El instituto de la perención de la instancia se apoya en dos distintos motivos: por una parte, la presunta intención de las partes de abandonar el proceso, que se muestra en la omisión de todo acto de impulso; y, por la otra, el interés público de evitar la pendencia indefinida de los procesos por el peligro que esto conlleva para la seguridad jurídica. Después de un período de inactividad procesal prolongado, el Estado entiende liberar a sus propios Órganos de la necesidad de proveer las demandas y de todas las actividades derivadas de la existencia de una relación procesal”.-
Al respecto, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 156 de fecha 10 de agosto de 2000, estableció que:

“...La perención de la instancia es el efecto procesal extintivo del procedimiento, causado por la inactividad de las partes durante el plazo determinado en los ordinales del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil. Este instituto es, por tanto, de orden público, verificable de derecho y no renunciable por convenio entre las partes, y puede declararse aun de oficio por el tribunal, todo lo cual resalta su carácter imperativo...”

Por su naturaleza, la perención es de orden público, y así lo tiene establecido el Máximo Tribunal de Justicia en varias sentencias, entre las cuales cabe citar la siguiente:

“…Nuestro sistema es más radical, acogiendo como se ha dicho, el sistema italiano; la perención conforme al texto del artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, se verifica de derecho, vale decir ope legis, independientemente del requerimiento de la parte interesada y la consiguiente declaratoria judicial, lo cual no vendría sino a ratificar lo que virtualmente estaba consumado, pues la perención se opera desde el momento mismo en que ha transcurrido el término prescrito por la ley, ya que, conforme a la enseñanza de la tradicional doctrina sobre ella, existe con antelación a la solicitud de la parte interesada en hacerla valer…”.

Establecido lo anterior, se procedió a realizar un minucioso examen a las actas que integran este expediente, observándose que desde el día 01 de agosto de 2013, fecha en la cual a solicitud de parte se acordó librar compulsa de intimación y remitir al tribunal comisionado, hasta la presente fecha ha transcurrido por ante este Despacho más de un (1) año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por la parte demandante tendente a impulsar el presente procedimiento que a su solicitud se ha iniciado, evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida esta Juzgadora, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés del accionante en sostener el juicio por el incoado y en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado. -
En el caso de estos autos la omisión de actuación de la parte accionante durante más de un (1) año, encaja dentro de los extremos expuestos tanto en las sentencias parcialmente transcritas como en el encabezamiento del artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, por lo que la perención de la instancia sin ningún género de dudas resulta consumada, y así debe declararse.-

III
DISPOSITIVA
Por todos los razonamientos anteriormente expuestos este Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA LA PERENCIÓN DE LA INSTANCIA, de conformidad con lo establecido en el artículo 267, en concordancia con lo establecido en el artículo 269 ambos del Código de Procedimiento Civil, con la consecuencia establecida en el artículo 271 eiusdem, es decir, que no podrá intentarse de nuevo la demanda antes de que transcurran noventa (90) días continuos después de verificada la perención. -
No hay condenatoria en costas dada la naturaleza de la decisión de conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.-
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En la ciudad de Barquisimeto, a los seis (06) días del mes de febrero del año dos mil dieciocho (2.018). Años: 207º de la Independencia y 158º de la Federación.-
LA JUEZ PROVISORIA,


Abg. DIOCELIS PÉREZ BARRETO
LA SECRETARIA

Abg. CECILIA NOHEMI VARGAS

En esta misma fecha siendo las 10:01 a.m., se publicó y registró la anterior decisión previa las formalidades de ley.

LA SECRETARIA


Abg. CECILIA NOHEMI VARGAS




DJPB/CNV.-
KP02-M-2012-000467
ASIENTO LIBRO DIARIO: ______