REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de la Coordinación del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, dieciocho (18) de enero del 20178.
Año 206º y 157º
ASUNTO PRINCIPAL: KP02-L-2017-743
PARTE ACTORA: YOELIS COROMOTO FANEITEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nro. 16.292.303.
APODERADO DE LA PARTE DEMANDANTE: CARLOS HEREDIA, inscrita en el Inpreabogado con el Nro. 160.647.
PARTE DEMANDADA: MERLIN NOHELY PIÑA ROMERO
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDADA: HEIMOLD SUAREZ, inscrita en el Inpreabogado con el Nro. 48.126.
MOTIVO: PRESTACIONES SOCIALES
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA.
En fecha 06/11/2017 se recibe por ante la URDD no penal la presente demanda, luego, en fecha 15/11/2017 se da por recibido el asunto por este Tribunal admitiendo la demanda cuanto ha lugar en derecho, de conformidad con lo establecido en el artículo 124 y en esa misma fecha se ordena el emplazamiento de la demandada para la celebración de la audiencia preliminar, en fecha 04/12/2017 la demandada se da por notificada mediante Poder Apud Acta y en fecha 19/12/2017 se celebra la Audiencia Preliminar en el presente asunto y se prolonga la Audiencia para el día 31/01/2018 (folio 10).
Posteriormente, en fecha 11/01/2018, la parte demandada solicita al Tribunal se declare la Falta de Jurisdicción para conocer y tramitar la causa, por lo que este Juzgado estando en la oportunidad para decidir procede a analizar lo siguiente:
DE LA FALTA DE JURISDICCIÓN
En tal sentido, este Tribunal observa, el artículo 59 del Código de Procedimiento Civil establece que la falta de Jurisdicción del Juez respecto: 1- a la Administración Pública, se declarará de oficio en cualquier grado y estado del proceso, 2- Respecto de un Juez extranjero se declarará de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso.
Así mismo, ha reiterado la doctrina y la jurisprudencia que la jurisdicción prevista en el ordinal primero del artículo 346 del Código de Procedimiento Civil, está referida a la actividad del órgano facultado para ejercerla, vale decir, que la Jurisdicción es la facultad que tiene el estado para administrar justicia, o sea, la potestad que tienen ciertos órganos de él para expresar derecho. Por lo que nuestro sistema judicial está integrado por la Jurisdicción Civil, con competencia relativa a la materia Civil propiamente dicha, la Mercantil, Transito, Menores y Agraria (atribuido a jueces distintos); la Jurisdicción Penal (competencia relativa al penal ordinaria), la Penal Militar, con competencia en materia Penal Militar; la Jurisdicción Contencioso Administrativa, (competencia Administrativa propiamente tal) y la Jurisdicción Laboral de conformidad con el artículo 13 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, pudiendo entonces resumir que nuestra Jurisdicción está integrada por la Jurisdicción Civil, la Jurisdicción Penal, la Jurisdicción Contencioso Administrativo y la Jurisdicción Laboral.-
El Doctor Pedro Alí Zoppi en su obra “Cuestiones Previas y otros temas de derecho Procesal” asienta: “la falta de jurisdicción de que tratan los artículos 6, 59, 346 y 347 del Código de Procedimiento Civil, es la negación de la potestad de actuar o intervenir el Poder Judicial de Venezuela, en algún asunto planteado ante cualquiera de sus órganos, es decir, la falta de jurisdicción es la incapacidad o inhabilidad legal o absoluta para que nuestro poder judicial conozca de determinados problemas que ameriten ser resueltos o dirimidos, lo que puede ocurrir solamente en dos supuestos: 1° Cuando el asunto corresponde a un Tribunal Extranjero; 2° Cuando corresponda a otro órgano o ente de la Administración Pública Nacional”.
De conformidad con lo expuesto, debemos entender que la ausencia de jurisdicción sólo puede originarse, o bien, porque el órgano jurisdiccional sea incompetente con relación a otro órgano de la República de carácter no jurisdiccional, o bien, por la ausencia de jurisdicción del Juez Venezolano a un Juez extranjero.-
Para una mayor ilustración, se considera prudente citar al Doctrinario A. RENGEL-ROMBERG que ha estudiado y aportado su análisis sobre la falta de jurisdicción; tenemos así:
“…En cambió, hay falta de jurisdicción, cuando el asunto sometido a la consideración de un Juez, no corresponde en absoluto a la esfera de poderes y deberes que idealmente están comprendidos en la función genérica de administrar justicia, atribuida a los órganos del poder judicial, sino a la esfera de atribuciones que asignan la Constitución y las leyes a otros Órganos del Poder Público como son los órganos administrativos o los órganos legislativos. En estos casos, no solamente el juez ante el cual se ha propuesto la demanda, no puede conocer de ella, sino que ningún Juez y órgano del Poder Judicial tiene poder para hacerlo, y se dice entonces que hay falta de jurisdicción… (OMISIS)
“…En estos supuestos, y en otros semejantes, el juez no puede conocer del asunto, no por falta de competencia, porque ningún otro juez del orden judicial la tiene, sino por falta de jurisdicción por corresponder el asunto a la esfera de atribuciones de un poder distinto del poder Judicial…”
Así, la jurisdicción es la función pública realizada por los órganos competentes del Estado, en virtud de la cual se administra justicia con el objeto de dirimir conflictos y controversias de relevancia jurídica mediante DECISION.
Igualmente enuncia la Constitución Bolivariana de Venezuela en su artículo 49 numeral 4, estableciendo que toda persona tiene derecho a ser juzgada por sus jueces naturales en las jurisdicciones ordinarias o especiales (laboral).
Ahora bien, de la revisión minuciosa del libelo de la demanda, se constata que el asunto sometido al conocimiento de este Tribunal, lo constituye la PRETENSIÓN DE PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS LABORALES, lo cual en su naturaleza es una acción típica del derecho del Trabajo y clarificado como ha sido el término de jurisdicción, atribuida como está a este Tribunal, de conformidad con el artículo 13 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo, en concordancia con el artículo 29, numeral 4 eiusdem; por lo que este Tribunal considera que el PODER JUDICIAL SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir el presente asunto, declarándose IMPROCEDENTE la falta de jurisdicción alegada por la parte demandada. Y ASÍ SE DECIDE.-
A los fines de garantizar los principios de certeza y seguridad jurídica, se deja establecido, que en el caso sub iudice no se eleva a consulta la presente decisión, conforme al artículo 62 de la norma adjetiva civil, en virtud de la decisión Nº 064, de fecha 29 de marzo de 2000 emanada de la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, que expresa:
“…ha sido pacífica y reiterada su jurisprudencia, según la cual la declaratoria afirmativa de jurisdicción de un Juez frente a la Administración Pública, no tiene consulta ante esta Sala, sino que solamente deben consultarse aquellas decisiones de los órganos jurisdiccionales en las cuales se niega la existencia de jurisdicción de los mismos…”.
De igual manera, no procede la consulta aludida conforme a la decisión Nº 235 de fecha 16 de febrero de 2011 de la misma sala, que señala:
“…De las normas antes transcritas se evidencia que corresponde a esta Sala del Máximo Tribunal, la competencia para resolver las cuestiones relativas a las consultas de aquellas decisiones que hayan declarado la falta de jurisdicción del Poder Judicial para conocer un asunto determinado; así, de la lectura del citado artículo 62 , resulta claro que una vez pronunciada por el Juez su falta de jurisdicción, debe ordenar la remisión inmediata de las actuaciones a la Sala Político-Administrativa, a los fines de que ésta revise en consulta la referida cuestión, quedando sólo excluidas aquellas decisiones en que se haya afirmado la Jurisdicción del Poder Judicial…”.
No obstante, queda a salvo el derecho de la parte interesada de ejercer el RECURSO DE REGULACIÓN DE JURISDICCIÓN de conformidad con lo establecido en el artículo 349 y 66 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al presente caso por virtud de lo establecido en el artículo 11 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo; dentro del lapso de cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación de la presente decisión.
DECISIÓN
Por las anteriores consideraciones, es por lo que este Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, declara:
PRIMERO: Que el PODER JUDICIAL SI TIENE JURISDICCIÓN para conocer y decidir el presente asunto, contentivo de la pretensión de pago de PAGO DE PRESTACIONES SOCIALES Y OTROS BENEFICIOS LABORALES que demanda el ciudadano YOELIS COROMOTO FANEITEZ, venezolana, mayor de edad y titular de la cedula de identidad Nro. 16.292.303 contra MERLIN NOHELY PIÑA ROMERO. ASÍ DE DECIDE.
SEGUNDO: Improcedente la solicitud de falta de jurisdicción formulada por la parte demandada. ASÍ SE DECIDE.
TERCERO: La presente decisión podrá ser recurrida mediante el RECURSO DE REGULACIÓN DE JURISDICCIÓN, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la publicación del presente fallo.
No hay condenatoria en costas.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente decisión. Dada, firmada y sellada en Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los dieciocho (18) días del mes de enero del 2018. Años 206° de la Independencia y 157° de la Federación.
La Jueza,
Abg. MARIA FERNANDA CHAVIEL LOPEZ.
El Secretario
Abg. José Martínez
En esta misma fecha se cumplió lo ordenado. Sentencia dictada en fecha 18 de enero de 2.018 a las 10:10am.
El Secretario
Abg. José Martínez
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