En nombre de
P O D E R J U D I C I A L
JUZGADO SEGUNDO DE PRIMERA INSTANCIA DE JUICIO DEL TRABAJO
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA.
ASUNTO: KP02-N-2015-000263
IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
PARTE DEMANDANTE: HOTEL JIRAHARA C.A. Inscrita en el Registro Mercantil Primero de la Circunscripción Judicial del estado Lara, en fecha 04 de abril de 1977, anotado bajo el N° 14, tomo 3-A, con su última modificación en fecha 07de abril de 2011, anotado bajo el N° 23, tomo 28-A inscrita bajo el mismo Registro Mercantil.
APODERADOS JUDICIALES DE LA PARTE DEMANDANTE: FRANCELYS ROSMARY TORREALBA REINOSO, MORAIMA DE LOS ANGELES MENDOZA, MARÍA JOSE MOTA HERNANDEZ, MARÍA ROA, NATHALY ALVIAREZ y GERALDINE VASQUEZ inscritos en el INPREABOGADO bajo los N° 108.609, 102.840, 127.536, 108.921, 90.412 y 242.914.
¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬¬ACTO ADMINISTRATIVO IMPUGNADO: Providencia Administrativa N°000092 de fecha 30 de enero de 2015, dictada por la Inspectoría del Trabajo Pio Tamayo, Barquisimeto estado Lara, que declaró con lugar el procedimiento de salarios caídos y reenganche a favor del ciudadano OSCAR ENRIQUE CASTILLO en contra de la entidad de trabajo HOTEL JIRAHARA C.A.
TERCERO INTERESADO: OSCAR ENRIQUE CASTILLO CORTEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.704.709
MOTIVO: NULIDAD DE ACTO ADMINISTRATIVO
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA
¬¬¬¬¬¬¬
I
M O T I V A
Consta de las actas procesales que en fecha 12 de agosto de 2015, este Juzgado de Juicio admitió la demanda de Nulidad de Acto Administrativo interpuesta por la entidad de trabajo HOTEL JIRAHARA C.A., en contra de la Providencia Administrativa N°000092 de fecha 30 de enero de 2015, dictada por la Inspectoría del Trabajo Pio Tamayo, Barquisimeto estado Lara, ordenando se libraran las respectivas notificaciones.
En fecha 10 de octubre de 2017, quien suscribe Abg. Gabriel García Viera, designado Juez Temporal por la comisión judicial del Tribunal Supremo y juramentado como Juez Temporal del Juzgado Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del estado Lara, se aboca en fecha 28 de septiembre de 2017, al conocimiento de la presente causa conforme a lo previsto en el artículo 48 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Acto seguido en fecha 11 de enero de 2018, la apoderada judicial de la parte actora presentó diligencia solicitando se oficie la Inspectoría del Trabajo Pio Tamayo a los fines de ratificar la medida cautelar acordada en fecha 29 de septiembre de 2015, por el Juez Abg. RUBEN MEDINA ALDANA, lo anterior en virtud del requerimiento efectuado por la Inspectoría del Trabajo Sede Pio Tamayo en cuanto a la ejecución de la referida Providencia Administrativa.
En este sentido, este Juzgador debe dejar constancia que de la revisión de las actas procesales que conforman la presente causa no se evidenció que constaran en autos la certificación de cumplimiento de la Providencia Administrativa N°000092 de fecha 30 de enero de 2015, dictada por la Inspectoría del Trabajo Pio Tamayo, Barquisimeto estado Lara, razón por la cual resulta necesario realizar las siguientes consideraciones:
La Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia establece que la certificación del reenganche por el Inspector del Trabajo es un requisito de trámite del recurso de nulidad y no de admisibilidad, mediante sentencia Nº 1063 de fecha 5 de agosto de 2014, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Juan José Mendoza Jover, conociendo en revisión constitucional de la Sentencia dictada por el Juzgado Superior Segundo del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas, el 03 de abril de 2013, que declaró sin lugar el recurso de apelación ejercido por la Alcaldía solicitante de la revisión y confirmó la decisión dictada por el Juzgado Cuarto de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Miranda, con sede en Guarenas, el 01 de febrero de 2013, y, en consecuencia, declaró inadmisible el recurso contencioso administrativo de nulidad interpuesto por la Alcaldía del Municipio Autónomo Acevedo del Estado Miranda, contra el acto administrativo contenido en la Providencia Administrativa N° 010-2011, del 14 de enero de 2011, dictada por la Inspectoría del Trabajo “José Rafael Núñez Tenorio”, con sede en Guatire del Estado Miranda, estableció que el numeral 9, del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (“LOTTT”), referente a la certificación que debe otorgar la autoridad administrativa sobre el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche, constituye una condición para el trámite de los recursos contenciosos administrativos de nulidad de las providencias administrativas y no para su admisión.
En este sentido, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia señaló que:
“…el objetivo del legislador al señalar que en caso de reenganche, los tribunales del trabajo competentes no le darán curso alguno a los recursos contenciosos administrativos de nulidad, hasta tanto la autoridad administrativa del trabajo no certifique el cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida, es el de salvaguardar el derecho al trabajo, al salario y a la estabilidad del trabajador que cuenten con una orden de reenganche a su favor, como factor esencial del derecho social, durante la tramitación del procedimiento de nulidad de la providencia administrativa impugnada…” (negrita del tribunal)
Por esa razón, afirma la Sala Constitucional que:
“…en un Estado Social de Derecho y de Justicia como el previsto en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no pueden salvaguardarse derechos de unos y condicionar otros, en virtud de supeditar la admisibilidad de la demanda de nulidad de una providencia administrativa por una causa no establecida en la Ley, ya que se vulnera el derecho de acceso a la justicia, y de tutela judicial efectiva…
Dicha suspensión se mantendrá hasta que el Tribunal Laboral que esté conociendo de la causa, una vez admitida, requiera la certificación con la Inspectoría del Trabajo respecto al cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida por parte del patrono, de conformidad con el artículo 39 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa y teniendo en consideración que dicha suspensión no debe exceder del lapso de caducidad establecido en el artículo 41 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.”
Finalmente, la Sala Constitucional declara como criterio vinculante para todos los Tribunales de la República a partir de la publicación de dicho fallo, que el numeral 9, del artículo 425 de la LOTTT establece una condición para el trámite de los recursos contenciosos administrativos de nulidad y no para su admisión, con el fin de garantizar la tutela judicial efectiva, el principio pro actione, consagrados en el artículo 26 y 257 de la Constitución, en virtud de la vulneración del orden público constitucional que produce una limitación indebida del acceso a la justicia.
En atención a lo señalado por el actor, este Tribunal, verifica la existencia de un procedimiento abierto, el cual debe verificarse su cumplimiento para sustanciar la presente nulidad.
En razón de lo expuesto debe ordenar este Tribunal la suspensión de la presente causa de conformidad con lo establecido en la referida decisión, a objeto de dar cumplimiento a la condición para el trámite de los Recursos Contenciosos Administrativos de Nulidad de las Providencias Administrativas previstas tal condición en el numeral 9, del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, por lo que se ordena oficiar a la Inspectoría del Trabajo del Estado Lara, sede Pio Tamayo, a los fines de que remita la certificación respecto al cumplimiento efectivo de la orden de reenganche y la restitución de la situación jurídica infringida por parte del patrono. Dicha suspensión no debe exceder del lapso de caducidad establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
Por tanto, una vez conste en autos la certificación emitida por la Inspectoría del Trabajo, se ordenará la continuación de la presente causa. Así se establece.
D I S P O S I T I V O
Por todos los razonamientos de hecho y de Derecho expuestos, el Juez Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara; administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por la autoridad que le confieren la Ley y el Derecho, DECIDE:
PRIMERO: Se SUSPENDE LA PRESENTE CAUSA, de conformidad con lo señalado en la parte motiva de la presente decisión, a objeto de dar cumplimiento a lo previsto en el numeral 9, del artículo 425 de la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras, hasta tanto sea consignado en autos la certificación de reenganche y pago de salarios caídos a favor del ciudadano OSCAR ENRIQUE CASTILLO CORTEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 12.704.709, lo cual se acuerda requerir al Inspector del Trabajo sede Pio Tamayo del Estado Lara.
SEGUNDO: Una vez conste en autos la certificación emitida por la Inspectoría del Trabajo, se ordenará la continuación de la presente causa.
TERCERO: Esta suspensión no excederá del lapso de caducidad establecido en el artículo 41 de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.
CUARTO: Dada la naturaleza del fallo no hay condenatoria en Costas.
En Barquisimeto, el día 22 de enero de 2017.
PUBLÍQUESE, REGÍSTRESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.
JUEZ
ABG. GABRIEL GARCIA VIERA
SECRETARIA
ABG. MARÍA ALEJANDRA GARCÍA
En esta misma fecha se publicó la sentencia, a las 11:50 am. agregándola al expediente físico y al asunto informático del JURIS 2000.-
SECRETARIA
ABG. MARÍA ALEJANDRA GARCÍA
GGV*
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