REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA PODER JUDICIAL Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara Barquisimeto, diez (10) de abril de dos mil dieciocho (2018) 207º y 159º ASUNTO: KP02-V-2009-003741 PARTE DEMANDANTE: ciudadana AIDA DE SIVIRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 4.736.931.- APODERADOS JUDICIALES: GORKI DAM BARCELO e IRIS MUJICA MORALES, abogados en ejercicio e inscritos en el Inpreabogado bajo los Nos. 68.394 y 43.462 respectivamente.- PARTE DEMANDADA: ciudadana MARIA MAGDALENA ROJAS DE PARRA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V- 7.330.933.- DEFENSORA JUDICIAL DE LA DEMANDADA: SMAILY ASUAJE BARRIOS, abogada en ejercicio inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 133.281.- MOTIVO: DESALOJO.- I Se inició la presente acción en fecha 23 de septiembre de 2009, por escrito libelar presentado por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos del Circuito Civil del estado Lara, por la ciudadana AIDA DE SIVIRA, siendo admitida por este Tribunal en fecha 28 de septiembre de 2.009, ordenándose el emplazamiento de la ciudadana MARIA MAGDALENA ROJAS DE PARRA.- Por diligencia de fecha 06 de noviembre de 2009, compareció la apoderada judicial de la parte actora y consignó los fotostatos para la elaboración de la compulsa, la cual fue consignada por el alguacil con resultados infructuosos.- A solicitud de parte fue acordada la citación por carteles cuyos ejemplares publicados en prensa fueron consignados, dejándose constancia en fecha 27 de julio de 2010 por Secretaría del cumplimiento de las formalidades del 223 del Código de Procedimiento Civil.- Cursa a los folios 33 al 36 del expediente escrito de reforma de la demanda, la cual fue admitida por auto del 10 de febrero de 2011. Por diligencia de fecha 22 de febrero de 2011, el apoderado judicial de la parte actora solicitó la designación de defensor ad-litem, cuyo nombramiento recayó en la persona de la Abg. SMAILY ASUAJE BARRIOS, quien una vez notificada aceptó el cargo y prestó el juramento de ley. En fecha 01 de abril de 2011 presento escrito de contestación la defensora designada, y posteriormente se admitió las pruebas documentales promovidas por las partes. Por auto de fecha 16 de mayo de 2011 se ordenó la suspensión de la causa, ordenándose la reanudación el 15 de marzo de 2017, y se acordó la notificación de las partes, librándose las respectivas boletas. II DE LAS MOTIVACIONES PARA DECIDIR Dada la evidente inactividad por parte de los intervinientes en esta causa, este Juzgado revisadas cuidadosamente las actas procesales bajo estudio se infiere que desde el día 21 de marzo de 2017, fecha en la cual se libró las boletas de notificación hasta la presente fecha han transcurrido más de 1 año sin que ninguna de las partes haya realizado actos para la resolución de la causa, evidenciándose con ello una actitud poco diligente que no puede dejar pasar desapercibida esta Juzgadora, dado que ello demuestra una posible pérdida del interés de la accionante en sostener el juicio por ella incoado y deja a esta Jurisdicente en un estado de incertidumbre que, en vista del tiempo transcurrido, debe ser sancionado. En este sentido, dispone el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, lo siguiente: Artículo 267: “Toda instancia se extingue por el transcurso de un año sin haberse ejecutado ningún acto de procedimiento por las partes. La inactividad del Juez después de vista la causa, no producirá la perención”. Asimismo, establece el artículo 269 eiusdem, lo siguiente: ”La perención se verifica de derecho y no es renunciable por las partes. Puede declararse de oficio por el Tribunal y la sentencia que la declare, en cualquiera de los casos del artículo 267, es apelable libremente.” Es preciso señalar que dicha institución se caracteriza por su naturaleza de orden público, de conformidad con lo previsto en el Artículo 269 del Código de Procedimiento Civil, puesto que faculta al Juez declarar de oficio la perención, por estar el interés del Estado en su función jurisdiccional representativa del interés colectivo por encima del interés particular, de quienes desean la continuación de un proceso perimido. En este sentido, ha sido criterio reiterado por la Jurisprudencia que, no todo acto de procedimiento de parte impide la consumación de la perención, sino aquel que contenga implícita la intención de impulsar el proceso. Así por ejemplo, la Sala de Casación Civil, como la Sala Político-Administrativa han establecido de forma reiterada que la solicitud de copias certificadas o la consignación de escritos, en modo alguno constituyen manifestaciones de la intención de la parte en dar continuación en el proceso y, por tanto, esos actos no son capaces de interrumpir la perención. Así las cosas y en franco acatamiento al deber que tiene el Juez como director del proceso, y siendo que de las actas se desprende que desde el 21 de marzo de 2017, fecha en la cual se libró la boleta de notificación, las partes no realizaron actuación a fin de impulsar del proceso, lo cual no debe pasarse por alto, puesto que con tal actuación se verifica una la falta de interés de las partes de continuar con la presente demanda, y así se precisa. En consecuencia, con vista a la determinación anterior inevitablemente este Tribunal, obrando según su prudente arbitrio, consultando lo más equitativo o racional, en obsequio de la justicia y de la imparcialidad, y de acuerdo a las atribuciones que le impone la ley al Juez, pues, tiene por norte descubrir la verdad de los hechos y actos de las partes, a fin de procurar conocer la causa en los límites de su oficio, ateniéndose a las normas de derecho, y al tener como límite de actuación y juzgamiento lo que hubiese sido alegado y probado en autos, forzosamente debe DECLARAR PERIMIDA LA INSTANCIA, con la consecuencia establecida en el Artículo 271 eiusdem; lo cual quedará establecido en forma expresa y precisa en el dispositivo de este fallo, y así se deja establecido finalmente. III DISPOSITIVA En mérito de las razones precedentemente expuestas, este Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela, y por autoridad de la ley, declara: PRIMERO: la PERENCIÓN DE LA INSTANCIA en el presente juicio por DESALOJO intentado por la ciudadana AIDA DE SIVIRA contra la ciudadana MARIA MAGDALENA ROJAS DE PARRA (plenamente identificados en el encabezamiento de esta decisión). SEGUNDO: De conformidad con lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil no ha lugar a costas. Publíquese, regístrese, notifíquese y déjese copia certificada. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del estado Lara. En Barquisimeto a los diez (10) días del mes de abril del año dos mil dieciocho (2018). Años 207° y 159°.- LA JUEZ PROVISORIA ABG. DIOCELIS PEREZ BARRETO LA SECRETARIA Abg. CECILIA NOHEMI VARGAS En la misma fecha siendo las 10:02 a .m. se publicó y registró la anterior decisión previa las formalidades de ley. LA SECRETARIA Abg. CECILIA NOHEMI VARGAS DPB/CNV/ KP02-V-2009-003741 ASIENTO LIBRO DIARIO: 10