TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL,
MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO LARA- CARORA
207º y 158º
ASUNTO: KP12-F-2016-000019.-
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, procede esta Juzgadora a señalar las partes y sus apoderados, a cuyo efecto establece:
PARTE DEMANDANTE: ciudadana GLADYS JOSEFINA PEREIRA ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.920.435, de este domicilio.
ABOGADA ASISTENTE CONSTITUIDA: ciudadana LIGIA CLARET FIGUEROA AVILA, inscrita en el I.P.S.A., bajo el N° 54.066.
PARTE DEMANDADA: ciudadano REINALDO RICARDO DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 5.322.366, y de este domicilio.
MOTIVO: DIVORCIO ORDINARIO (Art. 185 ordinal 2º del Código Civil Venezolano Vigente).
TIPO DE SENTENCIA: DEFINITIVA
INICIO
Se recibe en fecha 15 de Diciembre del 2016 por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos de esta Circunscripción Judicial, escrito de demanda relativa a Juicio de Divorcio fundamentado en el ordinal 2º del artículo 185 del Código Civil, intentado por la ciudadana Gladys Pereira Rojas, contra el ciudadano Reinaldo Ricardo Díaz, todos identificados en el encabezado del presente fallo.
RESEÑA DE LOS AUTOS
Del folio 01 al 10, riela el escrito de demanda y sus anexos presentada por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Civil de Carora, la cual correspondió a este Juzgado, se admitió la demanda mediante auto de fecha 16 de Diciembre del 2016. Mediante diligencia de fecha 26 de Enero del 2016, el Alguacil Rubén Uchelo, consigna la boleta de citación de la parte demanda, sin firma por cuanto se negó a firmar. Mediante auto de fecha 27/01/2017, se libra boleta de notificación de conformidad con el Artículo 218 del Código de Procedimiento Civil. Mediante diligencia de fecha 27/01/2017 el Alguacil del Tribunal Rubén Uchelo consigna boleta del fiscal cumplida. Mediante nota de secretaria de fecha 02/02/2017, la secretaria del Tribunal Abg. Karla Segueri, dejó constancia de haber fijado la boleta del demandado. Mediante acta de fecha 20/03/2017, se dejó constancia de haberse celebrado el Primer Acto Conciliatorio. Mediante acta de fecha 05/05/2017, se dejó constancia de haberse llevado a cabo el Segundo Acto Conciliatorio. Mediante nota de secretaria se dejó constancia que la accionante insiste en continuar con la demanda. Mediante nota de secretaria de fecha 17/05/2017, se dejó constancia que venció el lapso de contestación de la demanda y la parte demandada no contesto la misma ni por si ni por medio de apoderado. Mediante auto de fecha 02/06/2017, se dejó constancia de haberse recibido escrito de prueba de la parte demandante. Mediante nota de secretaria se dejó constancia que venció el lapso de promoción de prueba. Mediante nota de secretaria de fecha 13/06/2017, se dejo constancia que venció el lapso de oposición al escrito de prueba. Mediante auto de fecha 16/06/2017, se admitieron las pruebas salvo su apreciación en la definitiva. Mediante auto de fecha 21/06/2017, se declaró desierto a los testigos EDIXON RAFAEL ROJAS MOSQUERA, JULIA EDOLIA RODRIGUEZ, SURMA ARGELIS OROPEZA y REINA JOSEFINA PEREZ CHIRINOS. Mediante diligencia de fecha 27/06/2017, la parte accionante solicita nueva oportunidad para los testigos. Mediante auto de fecha 28/06/2017, se fijó nueva oportunidad a los testigos. Mediante actas de fecha 03/08/2017 comparecieron los testigos Edixon Rojas Mosquera, Julia Rodríguez y Surma Oropeza Pérez, a rendir declaración, en la misma fecha se declaró desierto al testigo Reina Pérez Chirinos. Mediante nota de secretaria se dejó constancia que venció el lapso de evacuación de pruebas. Mediante auto se dejó constancia de la apertura del término para presentar informe. Mediante auto se dejó constancia que venció el termino de informe sin que fuesen presentado los mismos e indico a las partes que la causa entraría en sentencia de conformidad con el artículo 515 del Código de Procedimiento Civil.
ARGUMENTACION DE LA PARTE DEMANDANTE
La parte demandante en su libelo de demanda alega que contrajo matrimonio el día 20 de Enero de 1979 por ante la Prefectura del Municipio Torres del Estado Lara, con el ciudadano REINALDO RICARDO DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad N° V- 5.322.366, tal como consta de acta de matrimonio anexa marcada con la letra “A”, que establecieron su domicilio conyugal en la ciudad de Carora Parroquia Trinidad Samuel Municipio Torres del Estado Lara, de dicha unión procrearon cuatro (04) hijos de nombres Iliana Josefina, Lisbeth del Carmen, Henry Jesús y Jorge Luis, venezolanos, mayores de edad, titulares de las de Identidad Nros. V- 14.842.109, V- 15.413.680, V- 15.997.305 y V- 17.942.864, respectivamente las cuales cursan anexa al libelo marcada con las letras “B, C, D, E, F,G, H e I” e igualmente indica que durante la unión no adquirieron bienes que repartir, señala que durante varios años la relación conyugal se desenvolvió en un clima de completa armonía en un ambiente lleno de amor, felicidad, respetó mutuo, todo transcurría en completa normalidad, posteriormente surgieron una serie de dificultades ya que su conyugue sin justificación alguna, dejó de cumplir con sus obligaciones conyugales desde hace más de treinta (30) años materializándose con ello el abandonó moral y material hasta la presente fecha, muchas han sido las gestiones tendentes a lograr la reconciliación.
Es por todo ello que demanda al ciudadano Reinaldo Ricardo Díaz, supra identificado en divorcio conforme al Artículo 185 ordinal 2° del Código Civil.
ARGUMENTACION DE LA PARTE DEMANDADA
En la oportunidad de dar contestación a la demanda el demandado no compareció ni por si ni por medio de apoderado a dar contestación a la demanda y no trajo a los autos ningún medio probatorio que contradijera lo alegado por la accionante en su libelo.
PRUEBAS DE LA PARTE ACCIONANTE
En la oportunidad establecida en el Artículo 396 del Código de Procedimiento Civil, a fin de enervar la verdad de su pretensión el demandante de autos promovió los siguientes medios probatorios,
° Acta de matrimonio cursante al folio N° 2 del presente expediente, expedida por el Registro Civil del Municipio Torres de la Ciudad de Carora Estado Lara, donde se observa efectivamente el vinculo conyugal convenido entre los ciudadanos Reinaldo Ricardo Díaz y Gladys Josefina Pereira Rojas. Ahora bien, tratándose estas documentales de una declaración de voluntad, de certeza o de un juicio, el contenido proviene de la propia administración que se expresa por intermedio de un funcionario o de un órgano público con competencia asignada legalmente para pronunciarse al respecto. Estos documentos públicos administrativos que se asimilan a los documentos públicos, en cuanto a su valor probatorio se refiere, por lo que de su contenido se desprende, esto es, la certeza de las afirmaciones de la autoridad administrativa en cuanto a: 1) Que los ciudadanos Reinaldo Ricardo Díaz y Gladys Josefina Pereira Rojas, contrajeron matrimonio civil por ante Registro Civil del Municipio Torres de la Ciudad de Carora Estado Lara, en fecha 20/01/1979. Así se establece.
° Copias de las cédulas de identidad y copia de la partidas de nacimientos cursantes del folio 3 al folio 10 del presente expediente, donde se evidencia que efectivamente los ciudadanos Iliana Josefina, Lisbeth del Carmen, Henry Jesús y Jorge Luis, son hijos de Reinaldo Ricardo Díaz y Gladys Pereira Rojas, y que son mayores de edad. Así se decide.
Las pruebas antes descritas permite establecer la existencia del vínculo del cual se pretende la disolución y de la existencia de los hijos, por cuanto no fueron tachada este Juzgado le otorga pleno valor probatorio conforme al Artículo 429 del Código de Procedimiento Civil, en concordancia con los Artículos 1359 y 1360 del Código Civil. Así se decide.
*Promovió la testimonial de los ciudadanos EDIXON RAFAEL ROJAS MOSQUERA, JULIA EDOLIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, SURMA ARGELIS OROPEZA PEREZ y REINA JOSEFINA PEREZ CHIRINOS., todos identificados en autos, siendo interrogado los primeros tres (3) en el lapso probatorio el ultimo desierto.
En nuestro sistema procesal, el Artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, aplicado de forma supletoria, indica la regla de valoración de la prueba testimonial ordenando al Juez, el examen de las deposiciones de los testigos, su concordancia entre sí y con las demás pruebas, a fin de estimar los motivos de sus declaraciones, y sus características relativas a la edad, vida y costumbres, profesión y demás circunstancias, desechando en la sentencia la declaración del testigo inhábil, o del que apareciere no haber dicho la verdad, ya por las contradicciones en que hubiere incurrido, ya por otro motivo. Con respecto a las testimoniales, y a los fines de valorar este medio de prueba, esta Juzgadora acoge el criterio expuesto por el Tribunal Supremo de Justicia, a través de su Sala de Casación Social, en Sentencia Nº 441, de fecha 09-11-2000, en el Expediente No. 00-235., en la cual señala que el sentenciador no está obligado a transcribir todas y cada una de las preguntas y repreguntas formuladas a un testigo, pues a los fines del control de la legalidad de su decisión sólo basta que exprese las razones que lo llevan a concluir sobre la procedencia o no del testimonio rendido.
Bajo el criterio anterior se analizan, las declaraciones de los siguientes testigos:
1.- Ciudadano EDIXON RAFAEL ROJAS MOSQUERA, identificado en autos, quien rindió declaración en su debida oportunidad, y dijo conocer a los ciudadanos Gladys Pereira Rojas y Reinaldo Ricardo Díaz, y que sabe que el ciudadano Reinaldo Ricardo Díaz, abandono el hogar y que no habido ningún tipo de reconciliación, indica que le consta todo por la relación cercana que tiene con la familia y que siempre vio que la señora Gladys estuvo sola y nunca vio por ella, visto que el testigo es presencial ya que conoce de los hechos, sobre los cuales declaró por medio de la vista y el oído, y fue concordante en su declaración, se le otorga pleno valor probatorio. Así se decide.
2.- Ciudadana JULIA EDOLIA RODRIGUEZ RODRIGUEZ, identificada en autos, quien rindió declaración en su debida oportunidad, y dijo conocer a los ciudadanos Gladys Pereira Rojas y Reinaldo Ricardo Díaz, que los mismos están casados, que el ciudadano Reinaldo Ricardo Díaz, abandono su hogar que tienen cuatro hijos y que no habido reconciliación, la testigo es conteste en sus dichos y presenciales ya que conoce de los hechos, sobre los cuales declaro por medio de la vista y el oído, y fue concordante en su declaración, conforme al Artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, se le otorga pleno valor probatorio. Así se decide.
3.- Ciudadana SURMA ARGELIS OROPEZA PEREZ, identificada en autos, quien rindió declaración en su debida oportunidad, y dijo conocer a los ciudadanos Gladys Pereira Rojas y Reinaldo Ricardo Díaz, que los mismos están casados, que el ciudadano Reinaldo Ricardo Díaz, abandono su hogar desde hace 30 años que tienen cuatro hijos y que no habido reconciliación, la testigo es conteste en sus dichos y presenciales ya que conoce de los hechos, sobre los cuales declaro por medio de la vista y el oído, y fue concordante en su declaración, conforme al Artículo 508 del Código de Procedimiento Civil, se le otorga pleno valor probatorio. Así se decide.
EL TRIBUNAL PARA DECIDIR OBSERVA:
Ahora bien, después de analizar el acervo probatorio queda por examinar si la pretensión contenida en la demanda incoada, no es contraria a derecho y si efectivamente quedó probada la ocurrencia del abandono voluntario a lo largo del presente Juicio. En el caso que nos ocupa, la parte demandante fundamentó su pretensión en la causal de abandono voluntario, previstas en el ordinal 2º del artículo 185 del Código Civil vigente. “El abandono voluntario, como causal de divorcio consiste en el incumplimiento grave, voluntario e injustificado, de los deberes conyugales (deberes de asistencia, de socorro, de convivencia).
Para que se configure la causal de abandono voluntario, es menester que la trasgresión de las obligaciones conyugales sea grave, voluntaria e injustificada. Es grave, cuando el incumplimiento de los deberes conyugales responde a una actitud sostenida, definitiva, del marido o de la mujer. No constituyen abandono voluntario, en consecuencia, los simples hechos casuales, discontinuos o pasajeros.
Es voluntaria cuando resulta de acto intencional del cónyuge. Si uno de los esposos ha dejado de cumplir sus obligaciones conyugales por causas ajenas a su voluntad (por estar prisionero, por enfermedad) no incurre en la causal comentada. Los actos que configuran el abandono voluntario de un cónyuge deben haber sido realizados con el propósito preciso y determinado de infringir los deberes derivados del matrimonio.
De la voluntariedad como condición del abandono para que constituya causal de divorcio no debe deducirse la necesidad, para quien alega dicha causal, de comprobar, además de su elemento material, el abandono mismo, su voluntariedad o intencionalidad. En efecto, las acciones humanas son en principio voluntarias; el hombre normal procede con libre determinación. De manera que, en ausencia de causa que hubiere podido excluir la voluntariedad del acto y que debe ser demostrada, en caso de haberla, por quien la alega, el acto debe presumirse voluntario. Además, la prueba de la intencionalidad del abandono es, por regla general, imposible porque se refiere a motivaciones que corresponden al fuero interno del cónyuge demandado. En este sentido se ha pronunciado la Casación venezolana…”. (Lecciones de Derecho de Familia Págs. 290 a 291 Vadell Hermanos, Venezuela).
a)La Prueba Judicial. Tomo I Pág. 393 a 518.
Adicionalmente, la Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 18 de diciembre del 2003, con ponencia del Magistrado FRANKLIN ARRIECHI GUTIÉRREZ, acerca de esta causal de divorcio señaló:
En criterio de la Sala, el abandono voluntario no comprende la separación de uno de los cónyuges del lugar en que habitan que sirve de hogar, sino el “...incumplimiento injustificado por parte de un cónyuge de los deberes fundamentales que conforme a la ley le impone el matrimonio con respecto del otro...” (…).
En este sentido, la Sala ha precisado que “...Dos cónyuges pueden vivir en casas y hasta en poblaciones distintas y, sin embargo, no haber incurrido ninguno de ellos en el abandono voluntario capaz de disolver el vínculo conyugal por divorcio. A la inversa, puede darse el caso de que los esposos vivan bajo el mismo techo y, sin embargo, haberse consumado entre ellos el abandono voluntario, por encontrarse separados realmente de cuerpos y espíritu...”
Considerando lo anterior, es evidente que pesaba sobre los hombros de la parte demandante demostrar la causal invocada; preciso es acotar que nuestro proceso civil se encuentra regulado por el sistema dispositivo y el Juez como operador de justicia no puede llegar a una convicción sobre el asunto litigioso por sus propios medios, sino ateniéndose a lo alegado y probado “Nom Liquen o Nom Proven” en autos, conforme al contenido del artículo 12 del Código de Procedimiento Civil.
De allí que las partes tengan la obligación desde el punto de vista de sus intereses, no solo de afirmar los hechos en que se fundan sus pretensiones sino también probarlos, para no correr el riesgo de que, por no haber convencido al Juez de la verdad por ellas sometidas, sus hechos alegados no sean considerados como verdaderos en la sentencia y sufran el perjuicio de ser declarados perdedores.
Ello es lo que se conoce como la carga de la prueba y en ese sentido la Sala de Casación de la extinta Corte Suprema de Justicia, hoy Tribunal Supremo de Justicia, expresó:
“Al atribuir la carga de la prueba la doctrina moderna atiende a la condición Jurídica que tiene en el juicio el que invoca el hecho denunciado, y no la cualidad del hecho que se ha de probar…”
Esa doctrina tiene su razón de ser en el artículo 1354 del Código Civil en concordancia con los artículos 254 y 506 ambos del Código de Procedimiento Civil, que aún cuando solo se refieren expresamente a la prueba de las obligaciones, deben entenderse como aplicables a las demás materias del Derecho. La sala de casación Civil, ha decidido que:
“… La carga de la prueba depende de la afirmación de un hecho, está obligado a suministrar la prueba de la existencia o de la no existencia del hecho, toda vez que sin esta demostración, la demanda o excepción no resulta fundada. No es admisible como norma absoluta la vieja regla jurídica conforme a la cual los hechos negativos no pueden ser probados, pues cabe lo sean por hechos o circunstancias positivas contrarias...”
Cuando las partes apuntan al proceso todas las pruebas y con base a ellas el Juez forma su convicción que se ha de traducir en la sentencia sin que le queden dudas, no tiene ningún interés determinar a quién corresponde la carga de la prueba. El problema se presenta cuando llegado el momento de dictar sentencia, el juez se encuentra con que en los autos no hay suficientes elementos de juicio para convencerse de la existencia o inexistencia de los hechos controvertidos, y ello porque en nuestro derecho el juez en ningún caso puede absolver la instancia. Es en ésta situación donde alcanzan una relevancia extraordinaria las reglas sobre la carga de la prueba, porque ateniéndose a ellas, el juez puede formarse en juicio afirmativo o negativo a la incertidumbre que rodea el caso sublime, en virtud de que esas reglas le señalan el modo de llegar a esa decisión.
Por otra parte la Sala de Casación Civil, estableció:
“el concepto de distribución de la carga de la prueba, estableciendo a cual parte corresponde la misma, según la actitud específica que el demandado adopte a las pretensiones del actor, distinguiendo los siguientes supuestos:
b)Si el demandado conviene absoluta, pura y simplemente en la demanda; el actor queda exento de toda prueba.
c)Si el demandado reconoce el hecho, pero le atribuye distinto significado jurídico, le corresponde al juez aportar el derecho.
d)Si el demandado contradice o desconoce los hechos, y por tanto, los derechos que de ellos derivan, de manera pura y simple, sin aportar hechos nuevos, le corresponde al actor toda la carga de la prueba, y de lo que demuestre depende del alcance de sus pretensiones.
e)Si el demandado reconoce los hechos pero no con limitaciones, porque opone el derecho una excepción fundada en un hecho extintivo, impeditivo o modificativo; le corresponde al demandado probar los hechos extintivos o las condiciones impeditivas o modificativas.” (CFA. Hernando Devis Echandia. Teoría General de La Prueba Judicial. Tomo I Pág. 393 a 518.
Visto que el demandante trajo a los autos suficientes medios de convicción que enervaran la convicción de esta Jurisdiccente sobre la veracidad de sus dichos a lo largo de la presente litis, es por lo que se declarará CON LUGAR la demanda y así se establecerá en el dispositivo del fallo.
DISPOSITIVA
En consecuencia, este JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA, sede Carora, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana y por Autoridad de la Ley, especialmente en la causal 2° del artículo 185 del Código Civil, DECLARA:
PRIMERO: CON LUGAR la Demanda de Divorcio opuesta por la ciudadana GLADYS JOSEFINA PEREIRA ROJAS, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 5.920.435, contra el ciudadano REINALDO RICARDO DIAZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 5.322.366, y en consecuencia DISUELTO EL VINCULO MATRIMONIAL contraído entre los mencionados ciudadanos, cuya Acta se encuentra inserta por ante el Registro Civil del Municipio Torres del Estado Lara, en fecha 20 de Enero de 1979, anotado bajo el Nº 07 del Libro de Registro Civil de Matrimonios.
SEGUNDO: Ofíciese a los organismos respectivos, remitiendo copia certificada de la presente decisión una vez sean consignados los fotostatos respectivos, a los fines legales consiguientes, de conformidad con lo previsto en los artículos 152 de la Ley Orgánica de Registro Público y 506 del Código Civil. Expídanse las copias que solicite la parte interesada.
Publíquese, Regístrese incluso en la página Web y déjese copia certificada para el copiador de sentencias. Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Carora, a los Veintitrés (23) días del mes de Octubre del año Dos Mil Diecisiete (23/10/2017). Años 207° de la Independencia y 158° de la Federación.
La Juez Provisoria,
Abg. Mayra Urbaneja Zabaleta
La Secretaria
Abg. Karla Segueri Álvarez
En ésta misma fecha se registró bajo el Nº 06/2017, de las Sentencias Interlocutorias con Fuerza De Definitiva, y se publicó siendo las Once y Treinta horas de la mañana (11:30 a.m.) y se expidió copia certificada para el copiador de sentencias llevado por este Juzgado. Conste.-
La Secretaria
Abg. Karla Segueri Álvarez