TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO LARA- CARORA
207º y 158º
Asunto: KP12-F-2016-000008.-
De las Partes y sus Apoderados
De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, procede esta Juzgadora a señalar las partes y sus apoderados, a cuyo efecto establece:
Parte Demandante: Ciudadano ELAUTERIO ANTONIO PIÑA FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 4.644.641, domiciliado en esta ciudad de Carora, Municipio Torres del Estado Lara.
Apoderados Judiciales de la Parte Demandante: ciudadanos OSCAR FERRER CARRASCO y DEISYMAR FUENTES, inscritos en los I.P.S.A., bajos los Nros. 4.215 y 226.791.
Parte Demandada: Ciudadana BRISIA MARIA GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 3.353.601.
Motivo: Divorcio Ordinario (Causal 2°)
Tipo de Sentencia: Interlocutoria con Fuerza de Definitiva. (Decaimiento de la Acción)
Inicio
Vistas las anteriores actuaciones contentivas de la demanda de Divorcio Ordinario, presentada por el ciudadano ELAUTERIO ANTONIO PIÑA FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 4.644.641, debidamente asistido por los ciudadanos OSCAR FERRER CARRASCO y DEISYMAR FUENTES, inscritos en los I.P.S.A., bajos los Nros. 4.215 y 226.791, en contra de la ciudadana BRISIA MARIA GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 3.353.601; éste Tribunal para decidir observa:
Reseña de los Autos
En fecha 14/11/2014, se recibió por ante la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos U.R.D.D., Civil, Extensión Carora, libelo de demanda constante de un (01) folio útil, y sus anexos en dos (02) folios útiles, que contiene Demanda de Divorcio, intentada por el ciudadano Elauterio Antonio Piña Fernández, venezolano, mayor de edad, titular de cédula de identidad Nº V- 4.644.641, en contra la ciudadana Brisia María Gonzalez, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de Identidad N° V- 3.353.601. En fecha 17 de Noviembre de 2014, se le dio entrada al presente asunto y se asignó el número de asunto KP12-F-2014-000031. En fecha 21 de Noviembre de 2014, se admitió la demanda. En fecha 15 de Enero de 2015, el ciudadano Elauterio Antonio Piña Fernández, otorga Poder Apud Acta a los ciudadanos Oscar Ferrer y Deisymar Fuentes. En fecha 21/01/2015, se libraron recibos de citación, compulsas, y boleta de Notificación al Fiscal del Ministerio Público. En fecha 20/05/2015, el Alguacil Suplente de este Juzgado consigna boleta de citación sin firmar, dirigida a la parte demandada. En fecha 11/06/2015, se dictó auto en el que se ordena la citación de la parte demandada por carteles, de conformidad a lo establecido en el artículo 223 del Código de Procedimiento Civil. En fecha 28/01/2016, la Juez Abg. Mayra Urbaneja, se aboca al conocimiento de la presente causa. En fecha 17/11/2016, se dictó auto instando a la parte demandante a comparecer por ante este Juzgado a manifestar si va continuar o a desistir con la presente causa. En fecha 08/05/2017, la Alguacil Suplente de este Tribunal consigna boleta de notificación dirigida al ciudadano Elauterio Antonio Piña Fernández, debidamente firmada.
Del Decaimiento de la Acción
Analizadas como fueron las actas procesales, observa esta Juzgadora que el día 10 de Mayo de 2017, el ciudadano Elauterio Antonio Piña Fernández, debió comparecer ante este Juzgado a manifestar si iba a continuar o a desistir de la demanda, y por cuanto No compareció, y no consta en autos alguna actuación procesal de las partes, se evidencia una absoluta ausencia de actividad procesal.
Mediante sentencia dictada en el expediente N° 00-2064 de fecha 19/12/2001, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, bajo la ponencia del Magistrado PEDRO RAFAEL RONDÓN HAAZ, en cuanto al Decaimiento de la Acción, sostuvo lo siguiente:
“…El derecho de acceso a los órganos de administración de justicia, previsto en el artículo 26 de la Constitución, es ejercido mediante la acción. El requisito del interés procesal como elemento de la acción deviene de la esfera del derecho individual ostentado por el solicitante que le permite elevar la infracción constitucional o legal ante los órganos de administración de justicia. No es una abstracción para el particular que lo invoca pudiendo ser abstracto para el resto de la colectividad. Tal presupuesto procesal es entendido como simple requisito o circunstancia de un acto procesal cuya carencia imposibilita el examen de la pretensión.
Según el maestro Italiano Piero Calamandrei, en su obra “Instituciones de Derecho Procesal Civil” (Volumen I, La Acción, p. 269, Ediciones Jurídica Europa América, Buenos Aires, 1973): “El interés procesal en obrar y contradecir surge precisamente cuando se verifica en concreto aquella circunstancia que hace considerar que la satisfacción del interés sustancial tutelado por el derecho, no puede ser ya conseguido sin recurrir a la autoridad judicial: o sea, cuando se verifica en concreto la circunstancia que hace indispensable poner en práctica la garantía jurisdiccional.”
El interés procesal surge así de la necesidad que tiene una persona, por una circunstancia o situación jurídica real en que se encuentra, de acudir a la vía judicial para que se le reconozca un derecho y evitar un daño injusto, personal o colectivo.
El interés procesal ha de manifestarse de la demanda o solicitud y mantenerse a lo largo del proceso, ya que la pérdida del interés procesal conlleva al decaimiento y extinción de la acción. Como un requisito que es de la acción, constatada esa falta de interés, ella puede ser declarada de oficio, ya que no hay razón para poner en movimiento a la jurisdicción, si la acción no existe.”
De igual manera la misma Sala en sentencia más reciente de fecha 28 de abril de 2009, acotó lo siguiente:
“La Sala ha dejado sentado que la presunción de pérdida del interés procesal puede darse en dos casos de inactividad: antes de la admisión de la demanda o después de que la causa ha entrado en estado de sentencia. En el resto de los casos, es decir, entre la admisión y la oportunidad en que se dice “vistos” y comienza el lapso para decidir la causa, la inactividad produciría la perención de la instancia”.
Dicho criterio fue asentado en el fallo Nº 2.673 del 14 de diciembre de 2001 (caso: “DHL Fletes Aéreos, C.A.”), en el que se señaló lo siguiente:
“(...) En tal sentido, tomando en cuenta la circunstancia de que el interés procesal subyace en la pretensión inicial del actor y debe subsistir en el curso del proceso, la Sala consideró que la inactividad que denota desinterés procesal, el cual se manifiesta por la falta de aspiración en que se le sentencie, surgía en dos oportunidades procesales:
a) Cuando habiéndose interpuesto la acción, sin que el juez haya admitido o negado la demanda, se deja inactivo el juicio, por un tiempo suficiente que hace presumir al juez que el actor realmente no tiene interés procesal, que no tiene interés en que se le administre justicia, debido a que deja de instar al tribunal a tal fin.
b) Cuando la causa se paraliza en estado de sentencia, lo cual no produce la perención, pero si ella rebasa los términos de prescripción del derecho objeto de la pretensión, sin que el actor pida o busque que se sentencie, lo que clara y objetivamente surge es una pérdida del interés en la sentencia, en que se componga el proceso, en que se declare el derecho deducido”.
De lo anterior se deduce, que esta inactividad de las partes tiene otro efecto que sí las perjudica y que está determinado por el interés procesal, estableciendo dentro de las modalidades de extinción de la acción, la pérdida de interés que tiene lugar cuando el accionante no impulsa el proceso a estos fines. Esta falta de interés surge en el juicio en dos oportunidades procesales, la primera, cuando habiéndose interpuesto la demanda, el Juez no se pronuncia en un tiempo prudencial sobre su admisibilidad, y la segunda, cuando la causa se paraliza en estado de sentencia. En ese sentido estableció, que lo que sí puede aplicarse es la pérdida de interés procesal que causa el decaimiento de la acción por no tener el accionante interés en que se le sentencie, cuando la causa se encuentra en estado de sentencia y se paraliza, por no haberse decidido dentro de los lapsos legales previstos para ello, impidiéndose de esta manera que las partes estén a derecho.
Así pues, consecuente con el criterio asentado por la Sala Constitucional, no deben entonces confundirse las figuras de la perención de la instancia con el decaimiento de la acción, pues para su procedencia deben analizarse los supuestos de hecho que la hacen aplicable en cada caso. La perención es una institución clásica del Derecho Procesal Civil, establecida en el artículo 267 del Código de Procedimiento Civil, que censura la poca diligencia del demandante cuando éste ha dejado transcurrir el tiempo -un año- y no impulsa el proceso para que se mantenga viva la instancia, mientras que la extinción de la acción por falta de interés procesal, que causa el decaimiento de la acción, por inactividad de la parte en estado de sentencia, debe garantizar a las partes el debido proceso y el derecho a la defensa como uno de los pilares de la cultura jurídica, pues para su declaratoria debe previamente cumplirse con la notificación de las partes en el juicio, a fin de que éstas demuestren que su interés está vivo, y quieren que el Juez dicte sentencia en su causa.
Ahora bien, de la revisión de las actas que conforman el expediente contentivo de la demanda de Divorcio, se constata que el mismo se encuentra paralizado desde el día 27 de Enero del 2016, sin que la parte actora le diera impulso al divorcio, forzosamente se debe considerar materializado el decaimiento de la acción incoada por perdida del interés procesal y dar por terminado el procedimiento. Así se decide.
DISPOSITIVA
En razón de lo anteriormente expuesto, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, extensión Carora, Administrando Justicia en el nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: EL DECAIMIENTO DE LA ACCIÓN en la demanda de Divorcio Ordinario, intentada por el ciudadano ELAUTERIO ANTONIO PIÑA FERNANDEZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V-4.644.641, domiciliado en esta ciudad de Carora, Municipio Torres del Estado Lara, debidamente asistido por los ciudadanos OSCAR FERRER CARRASCO y DEISYMAR FUENTES, Abogadas en ejercicio, debidamente inscritos en el I.P.S.A., bajos los Nros. 4.215 y 226.791, respectivamente, contra la ciudadana BRISIA MARIA GONZALEZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 3.353.601.
SEGUNDO: TERMINADO el procedimiento por el Decaimiento de la Acción, correspondiente a la demanda de Divorcio Ordinario. Remítase el expediente al Archivo Judicial en su oportunidad.
TERCERO: No hay condenatoria en costas, de acuerdo a lo previsto en el artículo 283 del Código de Procedimiento Civil.
Publíquese, regístrese y déjese copia certificada del presente fallo en el copiador de sentencias de éste Juzgado. Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y de Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. En Carora, a los Diecisiete días del mes de Mayo de dos mil diecisiete (17/05/2017). Años: 207º y 158º.
La Juez Provisoria
Abg. Mayra Urbaneja Zabaleta
La Secretaria
Abg. Karla Segueri Álvarez
En esta misma fecha se registró bajo el Nº 23/2016, y se publicó siendo las Once y media de la mañana (11:30 P.M.), y se expidió una copia para el copiador de sentencia respectivo.
La Secretaria
Abg. Karla Segueri Álvarez