REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL MILITAR SÉPTIMO DE CONTROL CON SEDE EN BARQUISIMETO

Barquisimeto, miércoles 15 de marzo del 2017
206º y 158º

CAUSA CJPM-TM7C-093-16

AUTO MOTIVADO
DECRETO DE SOBRESEIMIENTO

Vista y analizada la presente causa que se le sigue al ciudadano Roberto Antonio Colmenarez Mendoza, cédula de identidad N° V-19.571.776, con domicilio procesal en el caserío La Escalera, casa sin número, Parroquia Yacambu, Municipio Andrés Eloy Blanco, Estado Lara, presuntamente incurso en el Delito Militar de DESERCION previsto y sancionado en los artículos 523, 527 numeral 1 y 528 del Código Orgánico de Justicia Militar, quien para el momento de los hechos prestaba el servicio militar y era plaza del Batallón de Milicia “Combate de Cerritos Blancos” con sede en Sanare Estado Lara; y por cuanto de la misma se desprende una causal de sobreseimiento por prescripción de la acción penal por el trascurso del tiempo, de acuerdo al artículo 300 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal en concordada relación con el articulo 436 numeral 4 del Código Orgánico de Justicia Militar, este Tribunal Militar, pasa a dictar decisión en los siguientes términos:

DE LOS HECHOS

En fecha 11 de enero de 2011, la Fiscalía Militar Décimo Tercera para ese momento (hoy fiscalía militar vigésima sexta), con sede en Barquisimeto, presentó escrito de solicitud de orden de aprehensión contra el ciudadano Roberto Antonio Colmenarez Mendoza, cédula de identidad N° V-19.571.776, por la presunta comisión del delito militar de Deserción, que de acuerdo a los hechos, el Comandante de la 13 Brigada de Infantería, como comandante de guarnición, ordena la apertura de investigación penal militar contra el citado tropa alistada, siendo el caso que, el 16 de diciembre del 2009, el ciudadano tropa alistada Roberto Antonio Colmenarez Mendoza, cédula de identidad N° V-19.571.776, salió de permiso y debía regresar el día 28 de diciembre, habiendo hecho caso omiso a tal deber. Transcurrido más de setenta y dos (72) horas, no se presentó, motivo por el cual se activó el plan de localización habiendo sido infructuosa su ubicación, razón por la cual, la unidad militar de adscripción lo declara “retardado de permiso” y luego “presunto desertor”, tal como se desprende de los partes postales diarios que rielan en la Causa.
En razón de ello este Tribunal Militar, visto el escrito de solicitud de orden de aprehensión en fecha 13 de enero de 2011 declaró con lugar dicha solicitud, no obstante, desde que este Órgano Jurisdiccional dictó tal decisión no se ha realizado ningún acto procesal que le sigan a esas actuaciones, que puedan interrumpir la prescripción de la acción penal.
En ese contexto, en fecha 22 de noviembre de 2016, la Fiscalía Militar Vigésima Sexta, solicitó el sobreseimiento de la causa basado en la extinción de la acción penal de conformidad con lo establecido en el artículo 300 numerar 3 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordada relación con el artículo 110 del Código Penal de Venezuela, de aplicación supletoria por mandato expreso del artículo 20 del Código Orgánico de Justicia Militar.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
Ahora bien, los hechos objetos de la presente causa tuvieron su origen el 28 de diciembre de 2009, lo cual se desprende del folio dos (02) de la presente causa y del auto de apertura de investigación penal militar inserto en el folio dieciséis (16) de la presente causa.
En este sentido, examinada y analizada la presente causa, este juzgador observa que la misma se judicializa en razón del decreto de orden de aprehensión, que en fecha 13 de enero de 2011 dicta este Tribunal Militar de Control contra el ciudadano Roberto Antonio Colmenarez Mendoza, cédula de identidad N° V-19.571.776, por la presunta comisión del delito de Deserción previsto y sancionado en 523, 527 numeral 1 y 528 del Código Orgánico de Justicia Militar. De igual forma se observa que habiéndose acordado el decreto de orden de aprehensión el ciudadano antes identificado no fue aprehendido por ningún cuerpo de seguridad.
En este sentido, el artículo 438 del Código Orgánico de Justicia Militar señala que, en el caso de los delitos que tenga señalada pena de prisión, la acción penal se extinguirá al transcurrir el término de seis años, conocida como prescripción ordinaria y en el caso de la prescripción judicial o extraordinaria, de acuerdo al artículo 441 en la parte in fine del segundo considerando, la prescripción opera si el juicio se prolongare por un tiempo igual. En este sentido, debemos puntualizar que el delito militar de Deserción merece pena de prisión tal como lo refleja el artículo 528 del Código Orgánico de Justicia Militar. No obstante a ello, hasta la presente fecha han transcurrido siete (7) años y tres (3) meses, desde que sucedió el hecho objeto de la presente causa.
Por su parte, el artículo 437 del Código Orgánico de Justicia Militar prevé que la prescripción de la acción extingue el derecho de proceder contra el inculpado, es personal y se produce por el solo transcurso del tiempo.
En cuanto a la interrupción de la prescripción, de acuerdo a lo previsto en el artículo 441 del Código Orgánico de Justicia Militar cuyo tenor es similar al que señalaba el artículo 110 del Código Penal, debemos puntualizar lo señalado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 170 del 12 de mayo de 2011:

“De una correcta lectura e interpretación de esta nueva norma, el listado de los actos que interrumpen de la prescripción puede ser estructurado en el siguiente orden:
1.- La sentencia condenatoria;
2.- La requisitoria que se libre contra el imputado, si éste se fugare;
3.- La citación que como imputado practique el Ministerio Público, y las diligencias y actuaciones procesales subsiguientes;
4.- La instauración de la querella por parte de la víctima o de cualquier persona a los que la ley reconozca tal carácter…”.
(Negrillas de la Sala).
La misma sentencia señalada, haciendo mención a la sentencia No. 1118 del 26 de junio de 2001 de la Sala Constitucional refiriéndose al auto de detención o de citación para rendir indagatoria como actos interruptivos de la prescripción, ha fijado que tales figuras actualmente no existen en el Código Orgánico Procesal Penal y la Sala de Casación Penal, en sentencia No. 747 del 21 de diciembre de 2007, dejó sentado que el auto de detención, en todo caso, podría igualarse a la admisión de la acusación.
En este orden de ideas, el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela propugna un Estado democrático Social de Derecho y Justicia que, lo cual implica que la duración del plazo dentro del cual el Estado debe llevar a cabo la persecución penal y la posterior materialización del castigo, se encuentra íntimamente ligado al derecho constitucional de ser juzgado dentro de un plazo razonable y al principio de seguridad jurídica, toda vez que a ningún ciudadano se le puede mantener indefinidamente bajo una investigación o sometido a un proceso, que le genere una situación de incertidumbre, ante la inacción de la persecución penal y la no imposición del castigo o absolución correspondiente, en los términos que pauta la ley.
En armonía con lo señalado, la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia No. 432 del 14 de octubre de 2010, puntualizó:
“... la prescripción como forma de extinción de la acción penal, constituye una garantía que procura proteger al ciudadano de un proceso penal interminable que derive en la violación al debido proceso y se aparte de los principios constitucionales y legales que demandan una justicia efectiva, imparcial y expedita, de conformidad con lo consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
En ese sentido, la extinción de la acción penal por vía de prescripción, ocurre por el transcurrir del tiempo y la inacción tanto de los órganos encargados de dirigir y ejercer la acción penal (Ministerio Público), como de los órganos jurisdiccionales que controlan y deciden en el proceso…”.
En consideración a ello, estima quien aquí decide que, lo justo y razonable es decretar el sobreseimiento de la presente causa por prescripción de la acción penal por el transcurso del tiempo.
DISPOSITIVA
Con fundamento en lo antes expuesto, este Tribunal Militar Séptimo de Control con sede en la ciudad de Barquisimeto, estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, conforme con lo previsto en el artículo 300 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal en concordada relación con el artículo 436 numeral 4 del Código Orgánico de Justicia Militar DECRETA EL SOBRESEIMIENTO de la presente causa por Extinción de la Acción Penal por Prescripción, en favor del ciudadano ROBERTO ANTONIO COLMENAREZ MENDOZA, cédula de identidad N° V-19.571.776, quien era investigado por la presunta comisión del delito militar de Deserción, previsto y sancionado en los artículos 523, 527 numeral 1 y 528 del Código Orgánico de Justicia Militar.

Regístrese y publíquese. Expídanse las copias certificadas de ley. Háganse las participaciones correspondientes. Remítase la causa al Circuito Judicial Penal Militar en la oportunidad correspondiente, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 98 del Código Orgánico de Justicia Militar. Hágase como se Ordena.


EL JUEZ MILITAR



ANGEL VICENTE BRUNO GARCIA
TENIENTE CORONEL


EL SECRETARIO JUDICIAL AUX.



SILVIO VICTORIO VERGARA AGUILAR
SARGENTO SUPERVISOR


En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado precedentemente.



EL SECRETARIO JUDICIAL AUX.



SILVIO VICTORIO VERGARA AGUILAR SARGENTO SUPERVISOR