TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Primero en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la
Circunscripción Judicial del Estado Lara
Barquisimeto, dieciséis de junio de dos mil diecisiete
207º y 158º
ASUNTO: KP02-O-2017-000066
PARTE QUERELLANTE: CARLOS EDUARDO RAMOS SOARES, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 14.094.264.
PARTE QUERELLADA: JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DEL ESTADO LARA.
TERCEROS INTERESADOS: SALVADOR JOSÉ YAGUAS y ALBERTO YAGUAS, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. 3.324.61.
MOTIVO: AMPARO CONSTITUCIONAL.

Se desprende de las presentes actuaciones que en fecha 12 de junio de 2017, el ciudadano CARLOS EDUARDO RAMOS SOARES, querellante up-supra identificado, asistido por los Abogados Sixto Ramón Borges Sánchez y Henderson Maldonado, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 52.615 y 229.852, respectivamente, mediante escrito consignado ante la URDD Área Civil del Estado Lara, interpone Recurso de Amparo contra la Juez MILAGROS DE JESUS VARGAS, Juez del JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DEL ESTADO LARA y en consecuencia distribuida la querella, corresponde por designación conocer de la misma a este recinto judicial, quien en la misma hora le dio entrada mediante auto de fecha 12-06-2017, y se declaró en Sede Constitucional, manifestando que se resolvería sobre su admisibilidad oportunamente. Siendo así y estando en oportunidad para ello procede de inmediato este recinto Constitucional a pronunciarse en los términos seguidos a continuación:
DE LA SOLICITUD DE AMPARO
Señala textualmente el ciudadano querellante, que en fecha 20 de marzo de 2017, interpuso una Solicitud de Amparo a la Posesión, y fue admitido en fecha 21-03-2017 y en fecha 22-03-2017, admite el recurso y decreta el amparo a la posesión, por el procedimiento interdictal de amparo a la posesión, previsto en el Código de Procedimiento Civil, en su Capítulo II, sección segunda, de conformidad con lo establecido en el artículo 782, del Código Civil Vigente en contra de los ciudadanos SALVADOR JOSÉ YAGUAS y ALBERTO YAGUAS, arriba identificados; a fin de que se le ampara en sus derechos de posesión a la mayor brevedad posible, por cuanto ha venido siendo perturbado en su posesión legitima por los mencionados ciudadanos. Que en fecha 22 de marzo de 2017, el Tribunal Tercero en lo Civil, que le toco conocer del interdicto de amparo a la posesión, decretó a su favor amparo provisional, por el procedimiento interdictal de amparo a la posesión legítima, ya que demostró a su decir, la ocurrencia de la perturbación y el juez de la causa encontró suficientes sus pruebas promovidas y comisiona al Juez Hilarión Riera, Juez Sexto de Municipio y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren del estado Lara, para que tome todas las medidas y diligencias necesarias que aseguren el cumplimiento del decreto, como lo indica o señala los artículo 782 del Código Civil venezolano, quien no cumplió con lo ordenado por el tribunal de la causa, sino por el contrario incumplió lo ordenado en la comisión y actuó arbitrariamente como si fuera el juez de la causa, argumentando que no tenía conocimiento de la causa para poder ejecutar lo ordenado por el tribunal de la causa, alegando que ese no era el procedimiento a seguir para un interdicto de perturbación porque la otra parte, es decir contra quien va dirigida la acción interdictal debía estar presente y en efecto solicita su presencia, y al ver que no estaban, pues la vivienda no está habitada por ellos, sino por él (Carlos Soares) decidió no cumplir con lo ordenado por el tribunal de la causa, lo que implica una flagrante violación de los derechos y garantías constitucionales y del debido proceso como lo establece el artículo 49 de la Constitución Bolivariana de Venezuela en total y franca armonía con lo establecido en los artículos 701 del Código de Procedimiento Civil; Que el Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del estado Lara, lo insta en fecha 26-04-2017, como parte querellante a impulsar el decreto de amparo a su favor, ya que el mismo no fue ejecutado, a los fines que se comisione nuevamente a cualquier tribunal ejecutor para que se materialice el decreto de amparo. Que en fecha 10-05-2017 el Juzgado aquí querellado, comisiona nuevamente a cualquier Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren del estado Lara, a los fines de ejecutar el amparo decretado a su favor. Que en esa nueva oportunidad, le corresponde conocer de la nueva comisión al Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren del estado Lara, y el 25-05-2017, a las 11:15 a.m., el tribunal comisionado se traslada y constituye en la dirección indicada en la comisión, a los fines de ejecutar el decreto de amparo. Que sorpresivamente la juez de la causa en auto de fecha 01-06-2017, ordena desglosar y remitir nuevamente el referido Juzgado Cuarto de Municipio y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren del estado Lara, la comisión para que ejecute el decreto de amparo argumentado que el mismo no había sido ejecutado de forma efectiva, por cuanto se evidencia de acta de fecha 25-05-2017, que no se encontraba presente la parte querellada a fin de imponerle sobre tal decreto, aun cuando en el decreto de amparo de fecha 22-03-2017, emanado del Tribunal de la causa, advierte que se ordenara la citación de la parte querellada una vez consten en autos la práctica o ejecución de dicha medida, para que concurran por ante este tribunal al segundo día de despacho después de que conste en autos la última citación, a contestar la demanda, donde ordenó que se ejecute el decreto de amparo a la posesión. Finalmente alega que esta situación es totalmente irregular y por ende violatoria de los derechos y garantías constitucionales y del debido proceso. Solicita finalmente al tribunal en amparo acuerde restablecer la situación jurídica infringida, ordenado al Tribunal de la causa, es decir al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito del Estado Lara dejar sin efecto el auto de fecha 01-06-2017 que ordenó desglosar y remitir la comisión al tribunal comisionado para que lo ejecutare nuevamente y ordene a este Tribunal comitente que cite a la parte querellada como lo establece el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil. Que se ordene al Tribunal comisionado no ejecute nuevamente el interdicto de amparo, por cuanto ya lo ejecuto y esto implicaría aún más un retardo procesal en contravención a nuestro ordenamiento jurídico.
CONSIDERACIONES PARA DECIDIR
La primera función que por mandato legal le concierne cumplir al sentenciador constitucional, consiste en determinar si la acción intentada es admisible de conformidad con los límites trazados por la Ley Orgánica Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y a lo establecido por la jurisprudencia en materia constitucional.

El objeto del proceso de amparo constitucional es la protección de derechos y garantías constitucionales. Esta es la finalidad de esta institución, ya que se trata de consagrar en el ordenamiento jurídico un proceso autónomo y algunos otros remedios adicionales para los procesos ordinarios (medidas cautelares) con la intención de agilizar la tutela judicial de los principios elementales de las personas.

Se ha establecido de igual forma en jurisprudencia sentada por la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia el carácter extraordinario de la acción de amparo, en el sentido que además de la denuncia de violación de derechos fundamentales, no debe existir "otro medio ordinario y adecuado", por haberse agotado los mismos, o sean inoperantes otras vías procesales que permitan la reparación del daño.

Tal requisito procesal objetivo para la admisibilidad de la acción hace al amparo un medio o instrumento judicial que sólo puede ser admitido por el Juez, una vez verificado que los otros medios ordinarios no son eficaces o idóneos para restablecer la situación jurídica denunciada. Si existen esos medios el Juez debe abstenerse de admitir la acción de amparo propuesta.

Se trata en todo caso, de la implementación de un medio expedito dirigido a proteger los derechos y garantías constitucionales contenidos en la Carta Magna, y de aquellos otros, que aun cuando no figuran en la misma, están considerados como inherentes a la persona humana. Con ello se concibe la idea del abandono de medios judiciales largos y engorrosos, con la finalidad de encauzarlos a través de una institución que produzca decisiones en un lapso bastante corto.

En efecto, la naturaleza extraordinaria o especial del amparo constitucional, tiene como objetivo lograr que dicha institución no sea sustitutiva de los medios ordinarios, así lo establece el Artículo 5 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales al señalar que la acción de amparo procede cuando no exista un medio procesal breve, sumario y eficaz acorde con la protección constitucional. Igualmente debe existir la necesidad de su uso prudente y racional como medio de defensa extremo de los derechos constitucionalizados, admisible sólo cuando sea la única vía idónea y eficaz para el restablecimiento de las libertades públicas o cuando los otros medios sean inoperantes para lograr su objetivo.

De la misma manera el numeral 5º del artículo 6 ejusdem establece lo siguiente:
“No se admitirá la acción de amparo: 1) Cuando el agraviado haya optado por recurrir a las vías judiciales ordinarias o hecho uso de los medios judiciales preexistentes...” (omissis).

Del análisis de dicha norma se desprende igualmente que la admisibilidad de la acción de amparo queda condicionada a la inexistencia de otras vías procesales que permitan el restablecimiento de la situación jurídica infringida. De manera tal que no basta que, el actor haga una simple mención de la inexistencia de otros medios procesales, ni que invoque suposiciones de vanos resultados por razones de urgencia, comodidad o economía, sino que es menester provocar en el juez la convicción acerca de la ineficacia de tales vías procesales. (Ver sentencia Nº 71 de Sala Constitucional de 9 de Marzo de 2000, con ponencia del Magistrado IVAN RINCON URDANETA, en el Juicio de EDGAR ENRIQUE TABORDA CHACIN y otros, expediente Nº 00-00153).

Como puede observarse, la mencionada causal está referida, en principio, a los casos en que el particular primero acude a una vía ordinaria y luego pretende intentar la acción de amparo constitucional. Sin embargo, la jurisprudencia ha entendido, para tratar de rescatar el principio elemental del carácter extraordinario del amparo, que no sólo es inadmisible el amparo constitucional cuando se ha acudido primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo abierta la posibilidad de acudir a dicha vía no se hace, sino que se utiliza el remedio extraordinario. Es decir, se ha tenido que interpretar extensivamente una causal de inadmisibilidad, en contra de los principios jurídicos más elementales, para dar cabida al requisito indispensable de equilibrio y subsistencia entre el amparo y los demás remedios judiciales. Ahora bien, en caso de que existan dudas sobre la eficacia o no de los otros mecanismos judiciales, el juez debe pronunciarse sobre la admisibilidad del amparo.

Siguiendo el orden de lo acontecido en la presente querella es imperante analizar lo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 27 prevé con relación a la Acción de Amparo como un mecanismo jurídico cuya finalidad no es otra cosa que la Tutela judicial de los derechos o garantías constitucionales, aún de aquellos inherentes a la persona humana que no figuren expresamente en dicho texto fundamental, a fin de impedir que los mismos sean vulnerados o violados, en cuyo caso el objeto del amparo no es más que un restablecimiento de la situación jurídica que se alega infringida, en protección de tales derechos fundamentales. Por tanto, si bien es cierto que la acción de amparo es un medio procesal breve, sumario y eficaz, tendente al restablecimiento de la situación jurídica infringida, por la violación de derechos o garantías constitucionales su utilización no implica en modo alguno, sobreponer el carácter breve y expedito de este procedimiento, frente al resto de los medios procesales; antes por el contrario de la interposición de aquella acción, resulta imperioso el respeto al ejercicio de tales vías procesales, como medios normales de resolución de controversias, a fin de obtener el mismo efecto restablecedor.

Conforme a lo anterior, la Sala Constitucional reitera su criterio, en cuanto a que la acción de amparo no es en forma alguna supletoria ni sustitutiva de los recursos ordinarios y extraordinarios previstos en el ordenamiento jurídico, que permitan a las partes lograr la satisfacción de sus pretensiones.

En este mismo orden de ideas, la doctrina nacional ha señalado que los efectos del amparo constitucional tienen carácter restitutorio o restablecedores de los derechos o garantías fundamentales que se señalan vulnerados. Esta restitución debe ser en forma plena o idéntica en esencia al que fuera lesionado y, en caso de que ello no sea posible, el restablecimiento de la situación que más se asemeje a ella. El efecto restablecedor, de acuerdo al valor semántico, significa poner una cosa en el estado que poseía con anterioridad, esto es, ponerla en su estado original. Como se trata de un concepto relativo, cabe la pregunta “a qué momento se alude” la respuesta es que, obviamente, se trata del momento anterior a la lesión que el agraviado ha sufrido, de allí que el efecto perseguido por el solicitante del amparo sea el que se ostenta antes de que se produjera la lesión que denuncia ante el Juez.

Afirmar lo contrario implicaría subvertir por completo el ordenamiento jurídico, fomentando la perniciosa tendencia forense de utilizar esta vía en desmedro de todas las demás acciones y recursos que la Ley establece, pues como lo señaló la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia en sentencia Nº 401/00 de fecha 19 de mayo de 2000, cuyo criterio acoge este Tribunal conforme al artículo 335 del mismo texto constitucional, en el sentido de que el Recurso de Amparo sólo es procedente cuando se han agotado las vías jurisdiccionales aplicables, “ya que dicho recurso no es como se ha pretendido- un correctivo ilimitado” de esta forma, procede ante cualquier tipo de violaciones o amenazas de violación de derechos y garantías constitucionales, cuando, o bien éstas se han agotado, o bien ellas sean inoperantes para restablecer la situación jurídica infringida, siempre que la imposibilidad de utilizarlas no provenga de una actitud imputable a la parte que solicita Amparo Constitucional.

En razón de ello podemos establecer, que la acción de amparo constitucional constituye una vía especial y extraordinaria, para proteger y amparar los derechos y garantías que preceptúa nuestra Constitución, la cual, mediante un procedimiento sumario pretende el restablecimiento de la situación jurídica infringida.

De acuerdo con lo anterior, cabe resaltar que dicha figura constitucional está sometida a un procedimiento realmente especial que atiende a características particulares que lo alejan de los demás mecanismos de impugnación, resultando procedente en el supuesto que la vía procedimental ordinaria se haga insuficiente e inadecuada para el inmediato restablecimiento de la garantía vulnerada.

Ese carácter extraordinario de la acción de amparo constitucional ha sido analizado a partir de una interpretación extensiva de lo dispuesto en el artículo 6, numeral 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales, y se basa en el postulado de que el amparo procede cuando no exista otro medio procesal idóneo y eficaz, capaz de restablecer la situación jurídica infringida.

En este sentido, la Sala Político Administrativa de la extinta Corte Suprema de Justicia, en sentencia de fecha 14-08-90, en el caso: “Pedro Grespan Muñoz”, estableció, que a los efectos de defender el carácter extraordinario del amparo, se debe considerar que éste no sólo es inadmisible, cuando se ha acudido primero a la vía judicial ordinaria, sino también cuando teniendo la posibilidad de acudir a dichas vías, el accionante no lo hace, sino que recurre a la vía extraordinaria del amparo. En efecto, se ha acudido a la interpretación sobre la carga procesal de agotamiento, a los fines de evitar que el accionante escoja a su elección las vías judiciales, estableciéndose que esta vía no es sustituta o supletoria de los demás medios ordinarios o extraordinarios conferidos a las partes por el Código de Procedimiento Civil u otras leyes procesales de la República. En tal virtud, se establece una obligación o carga procesal que tiene el particular, de agotar los otros medios o vías procesales mediante los cuales pueda ser reparada o restablecida la situación jurídica infringida; carga que, de cumplirse, produce la inadmisibilidad del amparo constitucional.

De cara a lo anterior, la jurisprudencia posterior a la entrada en vigencia de la Constitución de 1.999, ha reiterado en diversos fallos la naturaleza extraordinaria del amparo constitucional, sobre la base de los caracteres de inmediatez y de urgencia de la acción; verbigracia, la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia de fecha 28 de septiembre de 2001, caso “Circuito Teatral de los Andes”, dispuso sobre el particular lo siguiente:

“la Sala ha afirmado que el poder judicial le cumple hacer efectivo, conforme lo ordena el artículo 26 constitucional, el derecho que tienen todas las personas a acceder a los órganos de la administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a través de una tutela efectiva de los mismos, sin dilaciones indebidas. (sic) ello se traduce, a la luz del carácter vinculante de la constitución, en que todos los órganos judiciales devienen en tutores de los derechos fundamentales, esto es, les corresponde ejercer sus atribuciones en orden a un goce efectivo por las personas de los bienes que la comunidad política ha elevado a rango constitucional; luego, resulta congruente con este análisis que la especifica acción de amparo constitucional, a que se contrae el inciso segundo del artículo 27 de la carta magna, opera bajo las siguientes condiciones: a) una vez que los medios judiciales ordinarios han sido agotados y la situación jurídica constitucional no ha sido satisfecha; o/ b) ante la evidencia de que el uso de los medios judiciales ordinarios, en el caso concreto y en virtud de su urgencia, no dará satisfacción a la pretensión deducida.”.

En el amparo que nos ocupa, esta sede constitucional previa a la admisión de la querella presentada procedió a analizar de los argumentos expuestos por el querellante así como los recaudos presentados, especialmente el auto de fecha 1 de junio del corriente año y que al decir del querellado es de donde emanan los hechos aquí amparados, si efectivamente se encuentran vulnerados derechos y garantías constitucionales en el contenido del mismo y que sin lugar a equívocos den cabida a la vía pretendida en virtud de esta acción.

Que continuando con el análisis actoral, esta Sede Constitucional en aras de extender la percepción sobre los fundamentos del presente amparo observa que también narra el querellante que sorpresivamente la juez de la causa en el auto amparado ordena desglosar y remitir nuevamente el referido Juzgado Cuarto de Municipio y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren del estado Lara, la comisión para que ejecute el decreto de amparo argumentado que el mismo no había sido ejecutado de forma efectiva, por cuanto se evidencia de acta de fecha 25-05-2017, que no se encontraba presente la parte querellada a fin de imponerle sobre tal decreto, aun cuando en el decreto de amparo de fecha 22-03-2017, emanado del Tribunal de la causa, advierte que se ordenara la citación de la parte querellada una vez consten en autos la práctica o ejecución de dicha medida, para que concurran por ante este tribunal al segundo día de despacho después de que conste en autos la última citación, a contestar la demanda, donde ordenó que se ejecute el decreto de amparo a la posesión. Que ordeno remitir la comisión al tribunal comisionado para que lo ejecutare nuevamente y ordene al Tribunal comitente que cite a la parte querellada como lo establece el artículo 701 del Código de Procedimiento Civil.

Por su parte, en cuanto al poder decisorio contenido en el auto, esta juzgadora parte del principio, que el poder del juez no puede ser ilimitado ni absoluto, antes por el contrario, todo lo concerniente a los pronunciamientos que se dicten en estrados los mismos no deben atentar los derechos consagrados en la ley, ya que los principios rectores procesales concebidas por el legislador contiene vías legales que como materia recursiva permite garantizar la tutela judicial efectiva y, por ende, la seguridad jurídica del justiciable. Esta es la premisa que, en criterio de esta sede, debe orientar la actuación de todos los justiciables cuando se crean desfavorecidos por dictámenes bien sean interlocutorios o definitivos por parte de los Jueces de la República, de tal modo que, cuando un Juez dicta una decisión, cualquiera que ella sea, se presume que la misma debe ceñirse a los parámetros legales, y en comprensión de los más elementales principios del proceso, sin quebrantar de manera ostensible el ordenamiento jurídico, de manera pues que si tales percepciones se hacen presentes, pueden ser debatidas a través de la acción establecida consecuentemente en el ordenamiento procesal a través de la apelación como vía ordinaria y previa inclusive a las vías de hecho que también son consagradas en la norma procesal sustantiva.

En definitiva, se debe señalar en el caso que nos ocupa, que en materia procesal el legislador ha creado lapsos procesales para que se lleven a cabo actuaciones procedimentales, y al establecer esos lapsos, consideró que ellos eran aptos para que se pudieran realizar las actuaciones, dentro del proceso signado por el principio de celeridad. Por ello, al ocurrir un pronunciamiento judicial si del mismo resultase que se infringe algún derecho o garantía constitucional, no puede pensarse, que la situación no pueda ser reparada de inmediato si se ejercen los canales legales a que haya lugar. De tal manera, que en el caso analizado, quien juzga considera la apelación de la parte querellante al auto ordenado por el juez querellado, como el medio idóneo del cual dispondrá para el restablecimiento de los derechos constitucionales que denuncia infringidos, en virtud de que pretender restablecerlos resultaría improcedente por la vía de amparo por cuanto se estaría atentando contra la primacía de este recurso extraordinario sin haberse agotado la vía ordinaria como planteamiento previo ordenado por el legislador por cuanto aún no se ha consumado el mismo, ante la interposición de una acción de amparo constitucional, los tribunales deberán revisar si fue agotada la vía ordinaria o fueron ejercidos los recursos, que de no constar tales circunstancias, la consecuencia será la inadmisión de la acción, sin entrar a analizar la idoneidad del medio procedente, pues el carácter tuitivo que la Constitución atribuye a las vías procesales ordinarias les impone el deber de conservar o restablecer el goce de los derechos fundamentales, por lo que bastaría con señalar que la vía existe y que su agotamiento previo es un presupuesto procesal a la admisibilidad de la acción de amparo.

Así lo dicho, existiendo una vía idónea, célere, aplicable al caso, la cual debe ser la apelación del auto interlocutorio antes de cualquier otro recurso anterior y luciendo evidente en el caso bajo análisis, que el agotamiento de la vía judicial ordinaria no se encuentra satisfecha, forzoso es declarar in limine litis la inadmisibilidad de la acción propuesta de acuerdo a lo establecido en el ordinal 5° del artículo 6 de la Ley Orgánica de Amparo sobre Derechos y Garantías Constitucionales, tal como es criterio reiterado de Sala Constitucional, al respecto vale señalar (vid. ss. S.C. N°s 66/09.03.00 (Caso: Textiles Mamut S.A.) y N° 840/28.07.00 (Caso: Compañía Anónima de Inmuebles y Valores Caracas C.A.), que ante este tipo de decisiones, la parte cuenta con un medio judicial breve, idóneo y expedito como lo es la oposición a la medida innominada, conforme con lo que dispone el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil, cuyo agotamiento constituye presupuesto de admisibilidad del amparo. Así se decide.
DECISIÓN
En mérito de las anteriores consideraciones este Juzgado Superior Primero Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando Justicia en nombre la República y por autoridad de la ley, actuando en sede Constitucional declara INADMISIBLE el RECURSO DE AMPARO intentado por el ciudadano CARLOS EDUARDO RAMOS SOARES, querellante up-supra identificado, asistido por los Abogados Sixto Ramón Borges Sánchez y Henderson Maldonado, inscritos en el Inpreabogado bajo los Nros. 52.615 y 229.852, respectivamente contra del auto de fecha 01-06-2017, dictado por el JUZGADO TERCERO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y DEL TRÁNSITO DEL ESTADO LARA, de conformidad con lo establecido en el artículo 6 ordinal 5 de la Ley Orgánica de Amparo Sobre Derechos y Garantías Constitucionales.

Se ordena remitir copia certificada de la presente decisión al juzgado querellado.

No hay condenatoria en costas.

De conformidad con el 248 del Código de Procedimiento Civil, expídase copia certificada de esta sentencia para ser agregada al libro respectivo.
Regístrese, publíquese y bájese.
La Jueza Provisoria,
El Secretario,
Abg. Elizabeth Dávila León
Abg. Julio Montes
Publicada en su fecha, en horas habilitadas para ello por tratarse de una acción de amparo constitucional y seguidamente se expidieron copias certificadas conforme a lo ordenado.
El Secretario,

Abg. Julio Montes