TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de
Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del Estado Lara
Barquisimeto, 27 de junio de 2017
205º y 156º

ASUNTO: KP02-V-2015-0002718
DEMANDANTE: CARMEN RAMONA ESCALONA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.101.316.
DEMANDADOS: DEIVIS JUAN CARLOS ALVAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-21.502.193, y DANILEIDYS CAÑIZALEZ venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-21.502.193.
BENEFICIARIO: IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES)
FECHA DE NACIMIENTO: 08-06-2004.
MOTIVO: COLOCACIÓN FAMILIAR.
DERECHO PROTEGIDO: TENER UNA FAMILIA/ SER CRIADO POR SUS PADRES.

Por recibido el presente expediente en fecha 21 de abril de 2017, del Tribunal Primero de Primera Instancia de Mediación y Sustanciación de esta Circunscripción Judicial, con motivo de la demanda por colocación familiar interpuesta por la ciudadana CARMEN RAMONA ESCALONA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.101.316, en contra de los ciudadanos DEIVIS JUAN CARLOS ALVAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-21.502.193, y DANILEIDYS CAÑIZALEZ venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-21.502.193, en beneficio del adolescente CARLOS DANIEL, señalando en el escrito libelar, que desea regularizar la situación de colocación familiar del beneficiario en su hogar, ya que la madre se encontraba privada de libertad, y el padre vive en otro lugar con su pareja e hijos
En fecha 16 de noviembre de 2015, se admitió la presenta causa, y se acordó notificar a la demandada.
En fecha 12 de febrero de 2016 se declaro la inviabilidad de la notificación del ciudadano DEIVIS JUAN CARLOS ALVARES SIVIRA y se fijo oportunidad para celebrar audiencia de sustanciación entre las partes, al encontrarse notificada la ciudadana DANILEIDYS JHOANA CAÑIZALEZ.
En fecha 22 de Junio de 2016 , se celebró la audiencia de sustanciación, y se procedió a incorporar los medios de prueba documentales promovidos por la actora, y se ordenó la práctica de las valoraciones sociales y psicológicas a las partes en juicio y en fecha 25 de octubre de 2016 se declaró terminada la fase de sustanciación.
Recibido por este tribunal de juicio el presente expediente se procedió a fijar oportunidad para oír la opinión del niño de autos, el cual debe comparecer a la audiencia de Juicio el día fijado.
Pasa quien juzga a exponer los motivos de su decisión, previa las consideraciones siguientes:
La norma del artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela consagra que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados o criadas y a desarrollarse en el seno de su familia de origen, que cuando ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a una familia sustituta, de conformidad con la ley. Asimismo, la norma del artículo 26 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes prevé que todos los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a vivir, ser criados y a desarrollarse en el seno de su familia de origen, que excepcionalmente, en los casos en que ello sea imposible o contrario a su interés superior, tendrán derecho a vivir, ser criados o criadas y desarrollarse en una familia sustituta, de conformidad con la ley. En su parágrafo primero, establece que los niños, niñas y adolescentes sólo podrán ser separados o separadas de su familia de origen cuando sea estrictamente necesario para preservar su interés superior. En esos casos la separación sólo procede mediante la aplicación de una medida de protección que tendrá carácter excepcional, de último recurso y que debe durar el tiempo más breve posible. En el parágrafo segundo señala que no procede la separación de los niños, niñas y adolescentes de su familia de origen por motivos de pobreza u otros supuestos de exclusión social, salvo en los casos en que proceda la adopción, durante el tiempo que permanezcan los niños, niñas y adolescentes separados o separadas de su familia de origen, deben realizarse todas las acciones dirigidas a lograr su integración o reintegración en su familia de origen nuclear o ampliada.
El artículo 394 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes define lo que se debe entender por familia sustituta, en los siguientes términos:
“Se entiende por familia sustituta aquella que, no siendo la familia de origen, acoge, por decisión judicial, a un niño, niña o adolescente privado permanentemente o temporalmente de su medio familiar, ya sea por carecer de padre y de madre, o por que éstos se encuentran afectados en la titularidad de la patria potestad o en el ejercicio de la Responsabilidad de Crianza.
La familia sustituta puede estar conformada por una o más personas y comprende las modalidades de: colocación familiar o en entidad de atención, la Tutela y la adopción”.
Asimismo, el artículo 395 eiusdem consagra los principios fundamentales que el juez debe tener en cuenta al momento de decidir sobre la modalidad de familia sustituta, los cuales son: oír al niño o adolescente así como su consentimiento si tiene doce años o más, la conveniencia de que existan vínculos de parentesco por consanguinidad o por afinidad entre el niño, niña o adolescente y quienes pueden conformar la familia sustituta, la responsabilidad de quien resulte escogido para desempeñarse como familia sustituta es personal e intransferible, la opinión del equipo multidisciplinario, la carencia de recursos económicos no es motivo para descalificar y por último la familia sustituta sólo podrá residir en el extranjero cuando se trate de adopción o cuando se trate de parientes del niño, niña o adolescente.
El objeto de la colocación familiar o en entidad de atención es la de otorgar la Responsabilidad de Crianza de un niño, niña o adolescente, de manera temporal y mientras se determina una modalidad de protección permanente. (Art. 396 LOPNNA) y la Responsabilidad de Crianza comprende conforme lo pauta la norma del artículo 358 eiusdem, el deber y el derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y de la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener y asistir material, moral y afectivamente a sus hijos e hijas, así como la facultad de aplicar correctivos adecuados que no vulneren su dignidad, derechos, garantías o desarrollo integral. En consecuencia, se prohíbe cualquier tipo de correctivos físicos, de violencia psicológica o de trato humillante en perjuicio de los niños, niñas y adolescentes.
De la opinión del beneficiario de autos:
De acuerdo a las orientaciones de la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia, en un derecho humano de los niños, niñas y adolescentes opinar libremente sobre todos los asuntos en que tengan interés y, a que sus opiniones sean debidamente oídas y tomadas en cuenta para adoptar cualesquiera decisiones que recaigan sobre ellos, contemplado en el artículo 12 de la Convención sobre Derechos del Niño y el artículo 80 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño y del Adolescente, lo cual es un valor intrínseco al reconocimiento de su condición como sujetos plenos de derecho y en la fecha pautada el adolescente de autos, no asistió al acto fijado, garantizándole esta juzgadora su derecho a manifestar su opinión en la presente causa.
De la Audiencia Oral de Juicio.
En la fecha pautada y en la hora indicada se celebró la audiencia oral de juicio, informándose a la audiencia la finalidad de la misma conforme al artículo 484 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, en tal virtud, se dio inicio a la misma, verificándose que se encuentra presente la Fiscal Décima Cuarta del Ministerio Público Abg. JHONNY GOMEZ, la ciudadana CARMEN RAMONA ESCALONA, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-6.101.316, quien no compareció personalmente al acto; y por la otra, se deja constancia de la comparecencia de la parte demandada, ciudadano DEIVIS JUAN CARLOS ALVAREZ, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-21.502.193, asistido por el abogado ALEXIS TUA, y la inasistencia de la ciudadana DANILEIDYS CAÑIZALEZ venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V-21.502.193, ni por si, ni mediante apoderado judicial que los representare.
Posteriormente procedieron a incorporar las pruebas documentales admitidas en autos.
Quien suscribe observa, que tal como lo establece el principio general, las partes tienen la carga de probar sus respectivas afirmaciones de hecho, y el Juez no decide entre las simples y contrapuestas afirmaciones de las partes, sino conforme a los hechos acreditados en el juicio, y es por ello que los jueces deben analizar y juzgar todas y cada una de las pruebas que se hayan producido, aún aquéllas que a su juicio no fueren idóneas para ofrecer algún elemento de convicción, expresándose siempre cuál sea el criterio respecto de ellas, de conformidad con los artículos 450 literal “K” de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente. Ahora bien, y vista la oportunidad, esta juzgadora procede a analizar las pruebas presentadas por cada una de las partes, de la siguiente manera:
DE LAS PRUEBAS DOCUMENTALES DE LA ACTORA:
Pruebas Documentales:
1.- Copia certificada de la partida de nacimiento del adolescente IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES), de doce (12) años de edad.
2.- Copia de la constancia de reclusión de la madre del beneficiario.
3.- Constancia de residencia de la madre del beneficiario.
4.- Copia del reconocimiento otorgado al beneficiario de autos por la Fundación de Orquestas Típicas Comunales, por su destacado rendimiento en la disciplina musical en la que se ejecuta.
Dichas documentales se valoran de conformidad con los artículos 450 literal “K” de la Ley Orgánica Para la Protección del Niño, Niña y del Adolescente y de ella se desprende la competencia del Tribunal para el conocimiento de la causa
De la PRUEBA PERICIAL: 1. Se ordenó la práctica de las valoraciones sociales y psicológicas de rigor a las partes en juicio, a través del equipo técnico multidisciplinario, y sólo consta en autos el informe social del cual se desprende que la abuela desempeña el rol materno ya que la madre se encuentra privada de libertad. La abuela le brinda lo necesario con el aporte del padre. El contacto del niño con el grupo familiar paterno es directo y a diario. el padre manifestó desacuerdo con la presente solicitud, ya que piensa que al salir la madre en libertad, puede seguir en su vida afectiva. Se detecta diferencias entre el padre y la abuela en cuanto a la crianza y conducción del niño.
Dicho informe se valora conforme a la libre convicción razonada del Juez, y del mismo se desprenden las condiciones sociales en la cuales se encuentra el beneficiario.
Este Tribunal a los fines de garantizar el principio de la primacía de la realidad sobre las formas y en base a la búsqueda de la verdad y considerando a las parte juramentadas en esta audiencia pasa a escuchar la declaración de parte: Seguidamente expone el ciudadano DEIVIS JUAN CARLOS ALVAREZ: “La juez indica usted fue demandado por que la abuela considera que usted no estaba apto para el cuidado de su hijo: El está prácticamente en mi casa yo vivo con mi mama mi esposa y tengo una hija, la abuela es mi vecina yo trabajo en grupo Alimex, bueno yo hace tiempo que quería tener la custodia de él pero con los problemas de la mama y ella tenía muchos esposos malos y en una oportunidad un esposo le disparo a un hombre allá y a la casa le dieron muchos tiros, mi hijo está en mi casa, ella se la paso dando vueltas por lo de la hija. Es todo.
Analizados los elementos de autos, quien juzga debe destacar, que de acuerdo a lo previsto en el artículo 358 de la Ley Orgánica para al Protección del Niño, Niña y Adolescente, la responsabilidad de crianza comprende el deber y derecho compartido, igual e irrenunciable del padre y la madre de amar, criar, formar, educar, custodiar, vigilar, mantener, y asistir moral y afectivamente a sus hijos. Por otra parte, el artículo 359 ejusdem, prevé que el padre y la madre que ejerzan la patria potestad tienen el deber compartido, igual e irrenunciable de ejercer la responsabilidad de crianza de sus hijos, y son responsables civil, administrativa y penalmente por su inadecuado cumplimiento. En caso de divorcio o separación de cuerpos o de residencia separadas, todos los contenidos de la responsabilidad de crianza seguirán siendo ejercidas conjuntamente por el padre y la madre.
En tal sentido, se entiende que los hijos deben permanecer bajo la responsabilidad de crianza de sus padres, y bajo el ejercicio de la custodia de uno de ellos, o de ambos, cuando excepcionalmente así se decida en interés superior de los hijos, lo que quiere decir, que sólo excepcionalmente, a tenor de lo previsto en los artículos 394 y 396 de la misma Ley especial in comento, se puede otorgar la responsabilidad de crianza de un niño, niña o adolescente de manera temporal en familiar extendida o familiar sustituta, mientras se determina una modalidad de protección permanente para los mismos.
En el caso de autos, consta el resultado de las pruebas de experticia ordenada a las parte, a fin de determinar su idoneidad para el ejercicio de los cuidados del beneficiario, solo en cuanto a la parte social, sin embargo de la declaración de parte del padre se evidencia que el niño está con el padre, la mayor parte de su tiempo, en consecuencia, NO habiendo sido desvirtuada la presunción acerca de la convivencia actual del niño con el padre, bajo la premisa del principio general establecido por Ley, el adolescente de autos debe permanecer bajo el cuidado y demás contenidos de la responsabilidad de crianza de su padre biológico. Cabe destacar que en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, prevé la modalidad de familia sustituta bajo la figura de la colocación familiar, siendo esta una medida excepcional y de último recurso, por cuanto todos los niños tienen derecho a vivir y ser criado en el seno de su familia de origen, ya que la familia es un espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas, por lo cual, a esta Juzgadora se le hace forzoso declarar SIN LUGAR lo demandado Y ASÍ QUEDA ESTABLECIDO.

DECISION
Este Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes del estado Lara, administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley, de conformidad con el primer aparte del artículo 75 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y artículos 8, 26, 27, 30, 394, 396, 399 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, DECLARA SIN LUGAR, la Colocación Familiar planteada por la ciudadana CARMEN RAMONA ESCALONA, identificada en autos, en beneficio del Adolescente IDENTIDAD OMITIDA DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL ARTICULO 65 DE LA LEY ORGANICA PARA LA PROTECCION DE NIÑOS, NIÑAS y ADOLESCENTES), en contra el ciudadano DEIVIS JUAN CARLOS ALVAREZ, ya identificado. En consecuencia, se mantienen todos los atributos de la responsabilidad de crianza y el poder de representación del progenitor ya identificado.
Regístrese, Publíquese. Déjese copia certificada de la presente decisión para el archivo del tribunal. Expídanse las copias certificadas que las partes soliciten
Dada, firmada y sellada en el Tribunal Primero de Primera Instancia de Juicio del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto, a los Veintisiete (27) días del mes de Junio de 2017. Años: 205° de la Independencia y 156° de la Federación.
La Juez Primero de Primera Instancia de Juicio

Abg. MARY JULIE PULGAR

LA SECRETARIA,

Seguidamente se publicó en esta misma fecha y se registró bajo el Nº 396 -2017, siendo las 2:28 p. m..

LA SECRETARIA,

JL/ Diana