TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
CIRCUITO JUDICIAL PENAL MILITAR
TRIBUNAL MILITAR DECIMOSEXTO DE CONTROL
CON SEDE EN BARCELONA

BARCELONA, 21 DE JUNIO DE 2017
206º Y 157º

AUTO DECRETANDO PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, ARTÍCULO 236 y 373 DEL CÓDIGO ORGÁNICO
PROCESAL PENAL

ASUNTO PRINCIPAL: AVG FM61-031-2017.-

IMPUTADO: SARGENTO PRIMERO JOSE ANTONIO ORTIZ RAMOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.934.718, plaza del 321 Batallón de Caribe “G/D. Pedro Zaraza” con sede en Barcelona, Edo. Anzoátegui, domiciliado en Calle Campo Alegre, Casa N° 23, Sector de Caigüire, Parroquia Martin Valiente, Cumaná, Edo. Sucre, teléfonos: 0412-987.80.05 (mamá).

MINISTERIO PÚBLICO MILITAR: CAPITAN OSWALDO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ, titular de la cedula de identidad Nº V- 11.226.577, Inscrito en el Inpreabogado bajo el Nº 139.021, Fiscal Militar 61° con sede en Barcelona, Edo. Anzoátegui.

DEFENSOR PUBLICO MILITAR: ABOGADO LUIS RAFAEL LEÓN MARTÍNEZ, titular de la cédula de identidad N° 14.431.640, Inpreabogado Nº 106.329 en su carácter de Defensor Público Militar con sede en Barcelona, Estado Anzoátegui.

DELITO MILITAR: DESERCIÓN, Previsto y sancionado en los Artículos: 523 en concordancia con el 527 ordinal 1º, y 528, todos del Código Orgánico de Justicia Militar.

Visto el desarrollo de la Audiencia Oral de presentación de imputado, celebrada en esta misma fecha, Miércoles veintiuno (21) de Junio de dos mil diecisiete (2017), este Tribunal Militar Decimosexto actuando en funciones de control, siendo las 14:00 de la tarde, oportunidad fijada en autos para que tenga lugar la Audiencia a la que se refiere el artículo 236 y 373 del Código Orgánico Procesal Penal, y decidir sobre la solicitud de Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad, formulada en fecha 20 de Junio de 2017, por la Fiscalía Militar 61°, con sede en Barcelona, Edo. Anzoátegui en contra del ciudadano: SARGENTO PRIMERO JOSE ANTONIO ORTIZ RAMOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.934.718, plaza del 321 Batallón de Caribe “G/D. Pedro Zaraza” con sede en Barcelona, Edo. Anzoátegui, domiciliado en Calle Campo Alegre, Casa N° 23, Sector de Caigüire, Parroquia Martin Valiente, Cumaná, Edo. Sucre, teléfonos: 0412-987.80.05 (mamá), quien se encuentra presuntamente incurso en el delito militar de DESERCION, previsto y sancionado en el artículo 523, en concordancia con el artículo 527 ordinal 1° y sancionado en el Artículo 528, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. El Tribunal Militar antes de decidir observa:

DE LOS HECHOS NARRADOS POR EL FISCAL MILITAR

“…Buenos días ciudadana Jueza Militar, Secretario Judicial, Defensor Público Militar, Alguacil Accidental, Imputado, y a todos los presentes, yo, CAPITÁN OSWALDO ANTONIO GARCIA RODRIGUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-11.226.577, Inpreabogado Nº 139.021, en mi carácter de Fiscal Militar 61º con sede en Barcelona, Edo. Anzoátegui, respetuosamente recurro ante su competente autoridad y en el lapso legal establecido, para presentarle, imputar formalmente en este acto, como en efecto lo hago, y solicitarle Medida de Privación Judicial Preventiva de Libertad en contra del SARGENTO PRIMERO JOSE ANTONIO ORTIZ RAMOS, titular de la Cédula de Identidad N° 21.327.737, plaza del 321 Batallón de Caribe “G/D. Pedro Zaraza” con sede en Barcelona, Edo. Anzoátegui, domiciliado en Calle Campo Alegre, Casa N° 23, Sector de Caigüire, Parroquia Martin Valiente, Cumaná, Edo. Sucre, teléfonos: 0412-987.80.05 (mamá), presuntamente incurso en el delito militar de DESERCION, previsto y sancionado en el artículo 523, en concordancia con el artículo 527 ordinal 1° y sancionado en el Artículo 528, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. De las actuaciones que conforman la presente causa signada por este Despacho Fiscal Militar con la nomenclatura Nro. FM61-031-2017, se desprende que ha esta representación Fiscal en fecha 10JUL2015, recibió comisión proveniente del 321 Batallón de Caribe “G/D. Pedro Zaraza”, con la finalidad de presentar al Ciudadano SARGENTO PRIMERO JOSE ANTONIO ORTIZ RAMOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-21.327.737, quien se encontraba retardado desde Once (11) de Mayo del año en curso; así como también se notifica que este Ministerio Público en fecha cuatro (04) de Abril del año 2017, recibió los siguientes recaudos: copia de informe administrativo de fecha cuatro (04) de Abril del 2017, Copia del Libro de los folios Nro. 147, 148, 149, y 150, del Novedades Diarias del Servicio de Oficial, copia de hoja de datos Filiatorios del Tropa Profesional, copia de radiograma N° 52-334-3030-300, de fecha (15) de marzo del año 2017, donde se refleja que el Sargento Primero José Antonio Ortiz Ramos, titular de la Cédula de identidad N° V – 21.327.737, debía regresar de un permiso otorgado por su Unidad de origen, cosa que no hizo; siendo declarado como retardado según copia certificada del libro de novedades diarias del servicio de Oficial de día, de fecha quince (15) de Marzo de 2017, suscrito por el Capitán Andrés Méndez, Oficial de día por el 321 Batallón de Caribe “G/D. Pedro Zaraza”, con sede en Barcelona, Estado Anzoátegui, para ese momento. (Novedad inserta en los folios Nro. (147 y 148). En tal sentido, su comando natural activó el respectivo plan de localización siendo imposible ubicar al mencionado efectivo. En fecha cuatro (04) de Abril del año 2017, el Teniente Coronel Antonio José Pérez Alonso, Comandante del 321 Batallón de Caribe “G/D. Pedro Zaraza” con sede en Barcelona, Estado Anzoátegui, envía radiograma N° 52-334-3030-300, solicitándole al Comando Superior autorización para aperturar Investigación Penal Militar en contra del Sargento Primero José Antonio Ortiz Ramos, titular de la Cédula de identidad N° V – 21.327.737, quien se encontraba retardado de un permiso de franquía, sin causa justificada y con perjuicio del servicio, y que a pesar de que se tomaron todas las medidas para localizar y hacer regresar al mencionado efectivo de Tropa Profesional, no se obtuvo ningún resultado satisfactorio, motivo por el cual según lo estipulado en el artículo 523 y 527 del Código Orgánico de Justicia Militar, se declara como presunto desertor, (Radiograma inserto en el folio N° 149). De los hechos que esta representación Fiscal atribuye al Ciudadano: Sargento Primer José Antonio Ortiz Ramos, titular de la Cédula de Identidad N° V- 21.327.737, se fundamenta en los siguientes elementos: 1) Informe Administrativo S/N de fecha cuatro (04) de Abril del año 2017, informando la situación y la novedad relacionada con el retardo de un permiso de franquía, por parte del Sargento Primero Jose Antonio Ortiz Ramos, titular de la Cédula de Identidad N° V-21.327.737, y que el mismo se encuentra en la condición de presunto desertor, el cual fue suscrito por el Teniente Coronel Antonio José Pérez Alonso, Comandante del 321 Batallón de Caribe “G/D. Pedro Zaraza”, con sede en Barcelona, Edo. Anzoátegui, la cual guarda relación en la presente causa. 2) Copia debidamente certificada de los folios Nro. Nro. 147, 148,149 y 150 correspondientes al libro de novedades del Servicio de Oficial de día, por el 321 Batallón de Caribe “G/D. Pedro Zaraza”, donde se encuentra asentada la novedad del retardo de un permiso de franquía por parte del Sargento Primero José Antonio Ortiz Ramos, titular de la Cédula de Identidad N° V- 213.327.737, las cuales guardan relación en la presente causa. 3) Copia certificada de Radiograma N° 52-334-3030-300, de fecha cuatro (04) de Junio del presente año, suscrito por el Teniente Coronel Boris Iván Berroteran de Jesús, Comandante del 321 Batallón de Caribe “G/D. Pedro Zaraza”, donde se le notifica al Comando Superior que el Sargento Primero José Antonio Ortiz Ramos, titular de la Cédula de Identidad N° V-21.327.737, se había retardado de un permiso de franquía y solicita la autorización para aperturar Investigación Penal Militar en contra del supra ciudadano, por encontrarse en la condición de presunto desertor, siendo infructuosa su ubicación, el cual guarda relación en la presente causa. 4) Copia de la hoja de datos Filiatorios del Sargento Primero José Antonio Ortiz Ramos, titular de la Cédula de Identidad N° V-21.327.737, la cual guarda relación en la presente causa. 5) Copia certificada del Carne Militar, donde se refleja la cualidad de militar activo del Sargento Primero José Antonio Ortiz Ramos, titular d de la Cédula de Identidad N° V-21.327.737, la cual guarda relación en la presente causa. Finalmente, el Sargento Primero José Antonio Ortíz Ramos, titular de la Cédula de Identidad N° V-21.327.737, permaneció ausente de la Unidad de manera voluntaria y arbitraria un total de tres (03) meses y Quince (15) días continuos. Por las razones anteriormente expuestas y de conformidad con las disposiciones legales antes citadas, en mi condición de Fiscal Militar 61 Nacional, solicito muy respetuosamente, PRIMERO: MEDIDA DE PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, en contra del Sargento Primero José Antonio Ortiz Ramos, titular de la Cédula de Identidad N° V- 21.327.737, plaza del 321 Batallón de Caribe “G/D. Pedro Zaraza” con sede en Barcelona, Estado Anzoátegui, por encontrarse presuntamente incurso en la comisión de los delitos Militares de: DESERCIÓN, previsto y sancionado en el Artículo 523 en concordancia con el 527 ordinal 1°, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. Es por ello que realizo tal solicitud de conformidad con lo establecido en el Artículo 236, 237 y 238, todos del Código Orgánico Procesal Penal, todos aplicables al caso por mandato expreso de los Artículos 20 y 592 del Código Orgánico de Justicia Militar. SEGUNDO: Se decrete como lugar de reclusión el Centro de Procesados Militares de oriente, con sede en la Población de La Pica, Edo. Monagas. Asimismo el tropa profesional prosee ante este digno Tribunal Militar otra causa abierta con el Beneficio de SUSPENSION CONDICIONAL DEL PROCESO de conformidad a lo establecido en la artículo 43 con presentaciones cada TREINTA (30) días desde el mes de septiembre del año 2016 las cuales incumplió injustificadamente. Es todo.”

DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA DE PRESENTACIÓN

Una vez verificado la presencia de cada una de las partes e informado el motivo de la presente audiencia, el Juez Militar advirtió a las partes a mantener el debido respeto y compostura para este acto judicial, haciendo la explicación de la importancia de este acto y la fase del proceso penal en la que se encuentra la presente causa, en la cual no se plantearan cuestiones que son propias del Juicio Oral y Público. Asimismo, la Juez Militar de conformidad a lo establecido en el artículo 139 y 141 del Código Orgánico Procesal Penal le pregunta al imputado de autos Ciudadano SARGENTO PRIMERO JOSE ANTONIO ORTIZ RAMOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.934.718, si desea la Defensa Técnica del Defensor Público Militar, respondiendo éste: “Estoy de acuerdo con que me asista el ciudadano ABOGADO LUIS RAFAEL LEÓN MARTÍNEZ, Defensor Público Militar”.

Acto seguido la Ciudadana Jueza Militar le confiere el derecho de palabra ABOGADO LUIS RAFAEL LEÓN MARTÍNEZ, Defensor Público Militar, a los fines que exponga los alegatos de su defensa y en consecuencia expuso:

“…Buenos días ciudadana Juez, Secretario Judicial, Compañero representante Fiscal Militar y mi defendido y demás presentes, esta defensa técnica solicita una vez escuchado los hechos narrados por el representante de la fiscalía Militar, solicito se le imponga una MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA DE LIBERTAD. de conformidad a lo establecido en el artículo 242 virtud que el mismo manifestó que ha tenido problemas familiares. Asimismo sea excluido del Sistema Integrado de Información Policial. Es todo.”

Acto seguido la ciudadana Jueza Militar ordenó al Secretario Judicial imponer del precepto constitucional al ciudadano SARGENTO PRIMERO JOSE ANTONIO ORTIZ RAMOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.934.718, conforme al artículo 49 ordinal 5, en concordada relación con los artículos 127 numeral 8º del Código Orgánico Procesal Penal y a tenor de lo preceptuado en el artículo 133 ejusdem, se le indica que su declaración es un medio para su defensa y por consiguiente tiene derecho a exponer todo cuanto sirva para desvirtuar las sospechas que sobre ella recae y en caso de no hacerlo en nada le afectara su negativa y la audiencia continuará su curso, por tal motivo fue interrogado por la Jueza Militar ¿Desea usted, declarar o se acoge al precepto Constitucional? y a continuación expuso: “… si deseo declarar.” y en consecuencia expuso:

“…como dije anteriormente lo que hice fue porque estaba con mi mama por la situación por la cual está pasando va ser operada de cáncer de útero ya que tiene todo, su carta aval e informes de la clínica. Es Todo.” Acto seguido la Juez Militar no formulo preguntas. Seguidamente de conformidad a lo establecido en el artículo 134 del Código Orgánico Procesal Penal, se le concedió la oportunidad tanto al Fiscal Militar como al Defensor Público Militar para que dirigieran al imputado las preguntas que consideren, procediendo el Fiscal Militar no formulo preguntas ni el Defensor Público Militar.

Asimismo este Tribunal Militar le explico a los imputados de autos la fase preparatoria en este Proceso Penal, en la cual el Ministerio Público llevará a cabo la investigación de la verdad y la recolección de todos los elementos de convicción que permitan fundar la acusación y la defensa del Imputado.

PRESENTACIÓN FORMAL COMO IMPUTADO

De esta misma manera, ha sostenido la jurisprudencia que durante el desarrollo de la audiencia de presentación, el ministerio público está obligado a señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos y la posible participación de las personas involucradas, así como subsumir los hechos con el derecho. La sentencia Nº 355 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº A11-271 de fecha 11/08/2011, señala:

“...el acto formal de imputación, constituye una actividad procesal, que en resguardo del principio de seguridad jurídica, y de los derechos a la Defensa, Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva; tiene por finalidad comunicar a las personas, la cualidad de imputado que les surge con ocasión de una investigación, que previamente iniciada, ha arrojado de manera coherente y racional, elementos de convicción en su contra. Ello a fin de que el imputado, debidamente asistido por su defensa técnica, y con resguardo de los derechos y garantías constitucionales y legales; sea impuesto del precepto constitucional que le exime de declarar en su contra y, en consecuencia, sí así lo desea, declare respecto de todo aquello que le favorezca y esté relacionado con la investigación, aunado a que se le permita el acceso a las actas que constituyen la investigación, y su intervención en la formación de los actos de investigación, y en fin pueda solicitar todo aquello cuanto sea necesario para el mejor ejercicio de su derecho a la defensa. Su finalidad es precisamente impedir, que el órgano encargado de ejercer la acción penal, esto es, el Ministerio Público, lleve a espaldas del imputado una investigación, de tal manera que puedan los investigados ejercer el control y contradicción de los diferentes actos de investigación y de prueba que surgen durante el desarrollo de la fase preparatoria, evitando además que el procesado sea sorprendido con una acusación cuyos fundamentos sean desconocidos, lo cual configuraría una violación real y efectiva de los derechos a la Defensa, al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva. Debe recordarse que conforme a estos derechos, el Estado constitucionalmente garantiza el acceso a los órganos de administración de justicia, a la defensa y la asistencia jurídica como un derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso, lo cual comporta que a todo ciudadano le sea notificado, los cargos por los cuales se les investiga, y a acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…”

De igual manera, en cuanto a la validez del acto de imputación en la audiencia de presentación, tenemos en la Sentencia Nº 355 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº A11-271 de fecha 11/08/2011, que establece:

“...Así, en principio lo natural es que el mismo tenga lugar en sede fiscal durante el transcurso del procedimiento ordinario; sin embargo la notificación de los hechos investigados e imputados, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión, incluyendo aquellas de importancia para la calificación jurídica, y los datos que obtenidos de la investigación soportan esa imputación, así como la imposición del precepto constitucional que exime de declarar en causa propia, y en general la notificación de los demás derechos constitucionales y legales que a la personas en su condición de imputadas otorga el ordenamiento jurídico; puede tener lugar también en la audiencia que se celebre en razón de la aprehensión en flagrancia del imputado o por orden de aprehensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, o con ocasión de la audiencia de presentación celebrada de conformidad con el artículo 250 eiusdem…”.

En tal sentido, y concatenado con lo señalado anteriormente, se deja constancia de la realización del acto de imputación del ciudadano SARGENTO PRIMERO JOSE ANTONIO ORTIZ RAMOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.934.718, por estar presuntamente incurso en el delito militar de DESERCIÓN, Previsto y sancionado en los Artículos: 523 en concordancia con el 527 ordinal 1º, y 528, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, por cuanto se encuentran llenos los extremos previstos en los art 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal, a los fines que la defensa del imputado y este, pudiesen contradecir lo señalado por el fiscal militar.

DE LA CALIFICACIÓN JURÍDICA ATRIBUIDA
POR EL MINISTERIO PÚBLICO

El Ministerio Público Militar califico los hechos señalados en la audiencia de presentación como la presunta comisión del delito militar de DESERCIÓN, Previsto y sancionado en los Artículos: 523 en concordancia con el 527 ordinal 1º, y 528, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, por el compartiendo este juzgador que los presuntos hechos encuadren en los delitos aquí tipificados, por tal motivo quien aquí decide declara CON LUGAR la pre calificación provisional realizada por el Ministerio Público, expuesta durante el desarrollo de la audiencia de presentación.

DE LA SOLICITUD DE LA MEDIDA DE PRIVACION JUDICIAL
PREVENTIVA DE LIBERTAD.

En cuanto a la solicitud de una Medida Privación Judicial Preventiva de Libertad para garantizar las resultas del presente proceso, es necesario destacar que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela y el Código Orgánico Procesal Penal, prevé el derecho que tiene todo ciudadano de permanecer en libertad mientras se le siga un proceso penal, ello en virtud del Principio Constitucional y procesal llamado Presunción de inocencia, ahora bien este derecho tiene sus límites claramente establecidos en la ley y se materializan cuando existe un peligro de fuga o un peligro de obstaculización, que de alguna manera puedan afectar las resultas del proceso.

En este sentido, la Sentencia Nº 102 de la Sala de Casación Penal, Expediente Nº A11-80 de fecha 18 de marzo de 2011, expresa lo siguiente:

Las medidas de coerción personal, tienen como objeto principal, servir de instrumentos procesales que garanticen la permanencia y sujeción de los procesados penalmente, al desarrollo y resultas del proceso criminal que se les sigue; ello, en atención a que el resultado de un juicio, puede potencialmente conllevar a la aplicación de penas corporales, que de no estar debidamente garantizado mediante medidas instrumentales, como lo son las medidas coercitivas, pudieran hacer ilusoria la ejecución de la sentencia. Sin embargo, a esta finalidad instrumental de las medidas de coerción personal, deben acoplarse los principios de proporcionalidad, y afirmación de libertad; según los cuales en el primero de los casos -proporcionalidad-, la medida de coerción personal impuesta, debe ser equitativamente igual a la magnitud del daño que causa el delito, la probable sanción a imponer y que no perdure por un período superior a dos años, o al término menor de la pena que prevé el respectivo delito, todo ello a los fines de no convertir una medida cautelar preventiva en una pena anticipada; y en el segundo de los referidos principios -afirmación de libertad-, la Privación Judicial Preventiva de Libertad, constituye una medida de carácter excepcional, sólo aplicable en los casos expresamente autorizados por la ley. (Subrayado Nuestro).

La Sala de Casación penal ha dejado sentado que al momento de imponerse una Medida de Coerción Personal a algún imputado, debe tomar en cuenta la proporcionalidad de la medida de coerción personal a imponer y el principio de Afirmación de Libertad, el cual prevé que las Medidas Privativas de Libertad, son de carácter excepcional y deben ser aplicadas de manera proporcional al hecho cometido y a la pena que pueda llegarse a imponer, procediendo sólo en las circunstancias previstas en la Ley.

Ahora bien al analizar el asunto sometido a la consideración de este Órgano Jurisdiccional, se puede apreciar que los hechos que se atribuyen a los imputados revisten carácter penal, merecen pena corporal y no se encuentra evidentemente prescrito; existiendo además elementos de convicción para presumir que los imputados son autores del hecho; y existen razones en este caso en concreto, para presumir que existe peligro de fuga, todo ello conforme a lo previsto en el artículo 236 ordinales 1º, 2º y 3; y el artículo 237 ordinales 2º y 3º; y parágrafo primero todos del Código Orgánico Procesal Penal.

En cuanto a la magnitud del daño causado, se puede apreciar que el ciudadano ciudadana SARGENTO PRIMERO JOSE ANTONIO ORTIZ RAMOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.934.718, presuntamente adopto una actitud no acorde e impositiva con la responsabilidad asignada dentro de las funciones de todo militar, aunado de incumplir con los pilares fundamentales de todo militar (Obediencia, Subordinación y disciplina) al ausentarse de la Unidad sin permiso otorgado y hacer uso del pago de su sueldo sin desempeñar las funciones durante un tiempo prolongado, lo cual constituye un atentado contra un integrante de una comisión de la Fuerza Armada Nacional que se encontraba realizando labores de seguridad.

En este sentido, una vez analizados los argumentos con los cuales el Ministerio Público fundamenta su solicitud, la entidad de la pena y la magnitud de daño causado, a criterio de quien aquí decide las resultas del proceso deben ser garantizadas con una Medida Privativa de Libertad, conforme a lo establecido en el artículo 236 ordinales 1º, 2º y 3º; artículo 237 ordinal 2º, 3º y parágrafo primero, todos del Código Orgánico Procesal Penal, siendo improcedentes la solicitud la imposición de Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad realizadas por la Defensa Pública.

DE LA SOLICITUD DEL DEFENSOR PUBLICO MILITAR DE
IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS.

En razón a lo solicitado por la Defensor Público Militar, a los fines que se le imponga a su representado Imputado el ciudadano SARGENTO PRIMERO JOSE ANTONIO ORTIZ RAMOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.934.718,por estar presuntamente incurso en el delito militar de DESERCIÓN, Previsto y sancionado en los Artículos: 523 en concordancia con el 527 ordinal 1º, y 528, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, una Medida Cautelar Sustitutiva, conforme al artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, por disentir de la solicitud fiscal, se observa al respecto que en la presente Causa, los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad del imputado, no pueden ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa; por tanto al estimarse que la aplicación de la medida de privación judicial preventiva de libertad de los imputados de autos, tiene como finalidad lograr el aseguramiento de los mismos y su presencia en todos los actos procesales, es procedente declarar SIN LUGAR la solicitud del Defensor de Confianza, por cuanto quedó decretada la privación judicial preventiva de libertad de los mencionados Ciudadanos.ASÍ SE DECIDE.

DISPOSITIVA

Por lo anteriormente expuesto, éste Tribunal Militar Decimosexto de Control con sede en Barcelona Estado Anzoátegui, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, DECRETA: PRIMERO: CON LUGAR, LA CALIFICACIÓN DE FLAGRANCIA, por considerar que se cumplen con los extremos jurídicos previsto en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal. SEGUNDO: CON LUGAR el presente acto como acto formal de imputación del ciudadano SARGENTO PRIMERO JOSÉ ANTONIO ORTÍZ RAMOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.934.718, por la comisión del Delito Penal Militar de DESERCIÓN, previsto y sancionado en los Artículos 523, 527 ordinal 1° y 528 todos del Código Orgánico de Justicia Militar. TERCERO: CON LUGAR la aplicación del Procedimiento Ordinario en el presente Proceso, conforme a lo previsto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. CUARTO: CON LUGAR la solicitud presentada por la Fiscalía Militar en cuanto a la Privación Judicial Preventiva de libertad en contra del ciudadano SARGENTO PRIMERO JOSÉ ANTONIO ORTÍZ RAMOS, titular de la Cédula de Identidad N° V- N° V-15.934.718, quien se encuentra presuntamente incurso en la comisión del delito militar de DESERCION, previsto y sancionado en el artículo 523, en concordancia con el artículo 527 ordinal 1° y sancionado en el Artículo 528, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, por cuanto se encuentran llenos los extremos previstos en los art 236, 237 y 238 del Código Orgánico Procesal Penal. QUINTO: SIN LUGAR, la solicitud formulada por el Defensor Público Militar, en cuanto a la solicitud de MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS DE LIBERTAD del ciudadano: SARGENTO PRIMERO JOSÉ ANTONIO ORTÍZ RAMOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.934.718, en virtud que nos encontramos en una fase incipiente y es menester que la representación Fiscal continúe con la investigación penal militar a los fines de esclarecer los hechos ventilados en este acto. SEXTO: SE ORDENA el ingreso del imputado al Departamento de Procesados Militares de Oriente, con sede en La Pica, Estado Monagas, a fin de que se le resguarde su seguridad, apegado a las normas castrenses que rigen los procesos penales militares, líbrense la correspondientes Boletas de Encarcelación y Ofíciese al Comandante del 321 Batallón de Caribe “G/D. Pedro Zaraza”, a los fines de realizar el Traslado. SEPTIMO: Ofíciese al Hospital Doctor Núñez Tovar, a objeto de realizar el examen médico forense del Ciudadano SARGENTO PRIMERO JOSÉ ANTONIO ORTÍZ RAMOS, titular de la Cédula de Identidad N° V-15.934.718. OCTAVO: Se exhorta al Ministerio Público Militar a presentar el respectivo Acto Conclusivo que puede ser Acusación, Sobreseimiento o Archivo Fiscal dentro de cuarenta y cinco (45) días a partir de la presente fecha. Este Tribunal se tomará el lapso legal para emitir el texto íntegro de la presente decisión y sus fundamentos se harán por auto separado. Con la firma de la presente acta se dan por notificadas las partes de la decisión dictada por este juzgado Militar, conforme al artículo 159 del Código Organice Procesal Penal. Es todo. Termino, se leyó, y conforme firman. ASI SE DECIDE. HÁGASE COMO SE ORDENA.
EL JUEZ MILITAR,

ALIENNY Y. MÁRQUEZ TILLERO
MAYOR
EL SECRETARIO JUDICIAL,

MICHAEL BEESTING RINCON
PRIMER TENIENTE

En este mismo día dando cumplimiento a lo ordenado, se hicieron las participaciones correspondientes, se publicó, se registró, se digitalizó y se dejó copia certificada.
EL SECRETARIO JUDICIAL,

MICHAEL BEESTING RINCON
PRIMER TENIENTE