TSJ Regiones - Decisión

Barquisimeto, Domingo 16 de Julio de 2017.
207º Y 158º

CAUSA CJPM-TM7C-066-2017

Corresponde a este TRIBUNAL MILITAR SÉPTIMO DE CONTROL, de conformidad con los artículos 234, 236, 240 y 242, todos del Código Orgánico Procesal Penal, Fundamentar la IMPOSICION DE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA LIBERTAD, la cual fue impuesta en audiencia de presentación por detención en flagrancia el día de hoy 16 de Julio de 2017, según escrito, solicitud y demás recaudos Presentados por el Fiscal Militar Vigésimo Sexto con competencia Nacional, contra el ciudadano imputado SARGENTO SEGUNDO GIOHANDER JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad número V-24.325.259, presuntamente incurso en la comisión del Delito Militar de INSUBORDINACION, previsto y sancionado en los artículos 512 numeral 2º, 515 numeral 3º, y 516, en concordada relación con el Artículo 389 numeral 1º y 390 numeral 1º, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. En este sentido, este Órgano Jurisdiccional, señala lo siguiente:

IDENTIFICACION DEL IMPUTADO:

Ciudadano: SARGENTO SEGUNDO GIOHANDER JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-24.325.259, venezolano, soltero, de 21 años de edad, residenciado en EL Caserío Algari, Sector Cerro Blanco I, Parroquia Unión, Municipio Iribarren Estado Lara, diagonal casa comunal, teléfono 0251, 8664182, 04265573402, hijo de Giovanny José Rodríguez Arriechi y Arelis de las Mercedes Jiménez, presuntamente incurso en la comisión del delito militar INSUBORDINACIÓN, previsto en el artículo 512 numeral 2, sancionado en el artículo 514 numeral 2, 515 numeral 3, 516 todos del Código Orgánico de Justicia Militar, asistido por la defensora publica militar, Teniente de Navío María Fernanda Aular..
DE LOS HECHOS

Señala el Escrito Fiscal, para los hechos que relacionan al presente imputado:

“…El día de doce (12) de Julio del año en curso, siendo aproximadamente las 06:00 horas, cuando el TTE. ANGLE HINESTROZA CAICEDO, adscrito Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, del Comando de Zona Nº 12, de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en San José de Quibor, Municipio Jiménez, Estado Lara, estaba cumpliendo instrucciones del ciudadano MAY. DAVID JOSÉ RODRÍGUEZ SIERRA, Comandante del Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, del Comando Zona de la Guardia Nacional Bolivariana Nº 12, fue designado en comisión de servicio, al mando de un Pelotón de Restablecimiento del Orden Público (PROP), en vehículo militar, marca Beiben, modelo Truck, S/P, conducido por el SM2. Juan Zambrano, con destino al “Puesto Tráiler” del Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, ubicado en la avenida Circunvalación, sector Moyetones de Barquisimeto estado Lara, con la finalidad de cumplir las funciones de resguardar los vehículos de carga con productos de la cesta básica, control y mantenimiento del orden público en dicha arteria vial. Aproximadamente a las 14:00 nos encontrábamos en el “Puesto Tráiler” donde se presentó el ciudadano MAY. DAVID JOSÉ RODRÍGUEZ SIERRA, Comandante del Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, con la finalidad de pasar revista y orientar al personal en cuanto a las funciones del resguardo de los vehículos que transportan productos de la cesta básica, en la cual se realizó formación y dicha orientación, al finalizar la formación el personal se retiró y el Comandante de Destacamento siendo las 14:20 horas, procedió a orientar al S2. GIOHANDER JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, adscrito al Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, debido a que días antes se había retardado sin causa justificada, por un lapso de doce (12) días luego de otorgarle un Permiso Operacional, mencionado efectivo militar se encontraba en la posición fundamental y mientras era orientado por el Comandante de Destacamento mostraba una actitud retadora y desafiante, gesticulando y aludiendo razones que no le habían preguntado, el MAY. RODRÍGUEZ SIERRA, procedió a darle le orden de realizar movimientos físicos entre ellos “flexiones y extensión de codos, y sobre la espalda en posición” manifestando el efectivo militar S2. GIOHANDER JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, a viva voz y en frente del CAP. JHONNY PEREZ SALAS, PTTE. JOSE GREGORIO ALVAREZ PEREZ, y SM3. DANIEL GUERRERO VARGAS, que no cumpliría la orden y que hiciera lo que él quisiera (MAY. RODRÍGUEZ) que él no iba a obedecer, dejando claro con su conducta la falta de disciplina, motivado a esto el ciudadano MAY. DAVID JOSÉ RODRÍGUEZ SIERRA, Comandante del Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, efectuó llamada telefónica al ciudadano CNEL. Jefe de Estado Mayor del Comando Zona de la Guardia Nacional Bolivariana Nº 12, con la finalidad de informar la novedad que se estaba suscitando y este último giró las instrucciones de informar éste hecho al Fiscal Militar. Posteriormente se le ordenó adoptar la posición fundamental a lo que el S2. GIOHANDER JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, se insubordinó y replicó que para que, si ya habían llamado al Jefe de Estado Mayor para pasarle la novedad, procediendo a quitarse la parte inferior del traje de protección anti trauma y dejándolo tirado en el piso. Aunado a ello, el TTE. ANGLE HINESTROZA CAICEDO, efectuó llamada telefónica al ciudadano PTTE. JUAN PINTO SÁNCHEZ, Fiscal Militar Auxiliar Vigésimo Sexto con Competencia a Nivel Nacional con Sede en Barquisimeto estado Lara, quien giró las instrucciones pertinentes. Cabe destacar que de acuerdo a lo estipulado en el artículo 128 del Código Orgánico Procesal Penal, se procedió a la identificación plena del presunto imputado, según su documento de identidad quedando identificado como: S2. GIOHANDER JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-24.325.259, de 21 años de edad, fecha de nacimiento 11/06/1996, de estado civil Soltero, así mismo al citado profesional, se trasladó hasta un centro de salud, especificado en el acta policial, donde le diagnosticaron condiciones generales estables. Ésta Fiscalía Militar explanará en la Audiencia con mayores detalles los hechos ocurridos, es todo…”
DE LO ALEGADO POR LAS PARTES
EN LA AUDIENCIA

Llevada a cabo la Audiencia de Presentación de los imputados, en su derecho de palabra, el PRIMER TENIENTE JUAN PABLO PINTO SANCHEZ, Fiscal Militar Vigésimo Sexto con competencia Nacional, manifestando:

“…En razón de lo anteriormente expuesto, ésta Representación Fiscal, de conformidad con el artículo 236 numerales 1, 2 y 3 y 237 numerales 2 y 3, todos del Código Orgánico Procesal Penal, solicita de ese honorable Tribunal Militar, 1) La imposición de Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad, conforme a lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal penal, contra el S2. GIOHANDER JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-24.325.259, plaza del Destacamento de los Comando Rurales 129, adscrito al Comando de Zona Nº 12 de la Guardia Nacional Bolivariana, con sede en el Pueblo San José de Quibor, Estado Lara, por estar presuntamente incurso en la comisión del delito militar de: INSUBORDINACIÓN, previsto en el artículo 512 numeral 2, sancionado en el artículo 515 numeral 3 y 516, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. 2) Que se decrete la flagrancia del presente caso de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del código Orgánico Procesal Penal, 3) Que se siga el procedimiento ordinario en el presente caso, 4) Se realice la imputación formal del ciudadano: S2. GIOHANDER JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, titular de la cédula de identidad N° V-24.325.259, por la comisión delito militar de: INSUBORDINACIÓN, previsto en el artículo 512 numeral 2, sancionado en el artículo 515 numeral 3 y 516, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, haciendo la corrección correspondiente de los artículos, es todo…”.

Seguidamente y previo a la imposición de los derechos constitucionales y legales que le asisten al imputado GIOHANDER JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, en el artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordada relación con el articulo127 del Código Orgánico Procesal Penal, el mismo señalo lo siguiente:

“…Buenas tardes señor juez, me acojo al precepto constitucional…”

Seguidamente se le sede la palabra a la Defensora Pública Militar TENIENTE DE NAVIO MARIA FERNANDA AULAR CORDERO, quien manifestó:

“…Buenos días ciudadano Juez, representante del Ministerio Público y demás personas asistentes a esta audiencia; de conformidad con las atribuciones que me confiere el artículo 49 de la constitución de la república bolivariana de Venezuela, los artículo 22 y 46 de la ley orgánica de la defensa pública y los artículos 140 y 141 del código orgánico procesal penal y en representación del ciudadano S2. GIOHANDER JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ titular de la cédula de identidad número V.- 24.325.259.vistas y analizadas las actas que reposan en el expediente de investigación penal que es llevado y una vez escuchado lo manifestado por mi patrocinado ciudadano juez esta defensa pública militar solicita muy respetuosamente la libertad plena del mismo y la nulidad de las actas, solicitud que obedece a que mi patrocinado cumplió la orden que fue impartida en un primer momento ahora bien en relación a la segunda orden, la misma era inhumana, degradante e irrespetaba la condición humana indistintamente de nuestra condición como militares, pudiendo inferir en que la orden que fue impartida puede ser vista como un abuso de autoridad y la consecuencias generadas de la mismas pueden ser vistas de igual forma, ya que mi patrocinado permaneció durante dos días debajo de un tráiler, sin dejar a un lado el motivo que genero los hechos que hoy se ventilan en esta sala son el resultado de una reunión donde el comandante de zona pregunto al personal asistente a la misma quienes tenían más de 30 días sin permiso operacional encontrándose en esta condición mi patrocinado, y una vez en la unidad se inició esta situación. de igual forma nuestros estamentos militares establecen dentro de nuestros deberes como militares la obediencia y la subordinación, donde los superiores deben evitar la práctica de actos que puedan perjudicar el cumplimiento de los deberes y funciones a que estamos obligados nosotros los subordinados, el superior procurara principalmente evitar todo motivo que pueda provocarla, no debiendo imponer una sanción cuando se encuentre exaltado , debiendo recordar en cada instante que son ante todo momento los superiores educadores y su deber esencial es prevenir antes de castigar, de igual forma la directiva de educación física de la FANB establece el lugar, el horario y la forma en que como se deben practicar la educación física en nuestra institución, por lo que ratifico nuevamente muy respetuosamente la libertad plena y la nulidad de las actas. Es todo…”.
PUNTO PREVIO
SOBRE LA COMPETENCIA:

Este TRIBUNAL MILITAR SÉPTIMO DE CONTROL CON SEDE EN BARQUISIMETO, para decidir previamente observa:

Artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

La jurisdicción penal militar es parte integrante del Poder Judicial, y sus jueces o juezas serán seleccionados o seleccionadas su ámbito de competencia, organización y modalidades de funcionamiento se regirán por el sistema acusatorio y de acuerdo con lo previsto en el Código Orgánico de Justicia Militar. La comisión de delitos comunes, violación de derechos humanos y crímenes de lesa humanidad, será juzgada por los tribunales ordinarios. La competencia de los tribunales Militares se limita a delitos de naturaleza militar.

Primer aparte del artículo 253 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela:

Corresponde a los Órganos del Poder Judicial conocer de las causas y asuntos de su competencia mediante los procedimientos que determinen las leyes, y ejecutar o hacer ejecutar sus sentencias.

De igual manera la Sentencia Nº 98, de fecha 15 de marzo de 2011, de la Sala de Casación Penal señala:

“…La jurisdicción militar se limita al juzgamiento de los delitos militares tipificados en las leyes especiales que regulan esta materia (COJM-LOSN) de forma tal que es la naturaleza del delito lo que determina en todo los casos la jurisdicción que debe juzgarlos”

Ahora bien, una vez vista y analizada la solicitud formulada por el representante del Ministerio Público Militar, este Órgano Jurisdiccional considera que para determinar la competencia del delito, se debe analizar la naturaleza de la misma, observándose en la presente causa, que la presunta conducta desplegada por el hoy imputado al momento de iniciarse el proceso penal militar, atenta contra bienes jurídicos protegidos por el Código Orgánico de Justicia Militar (INSUBORDINACION, previsto y sancionado en los artículos 512 numeral 2º, 515 numeral 3º y 516, todos del Código Orgánico de Justicia Militar), y como lo señalo la Sala Penal en su criterio, y considerado por este juzgador en su motivación, se presume la Desobediencia y negligencia de los imputados, razón por la cual este tribunal se considera competente para decidir en la presente causa, por lo que se hace las siguientes consideraciones:

RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO:

PRIMERO: Observa este juzgador, que en la presente audiencia el Fiscal del Ministerio público realiza en su descargo una imputación de modo, tiempo y lugar como sucedieron los hechos el día 12 de Julio de 2017, siendo aproximadamente las 14:00 horas de la tarde, cuando según acta policial y escrito fiscal se observa la presunta conducta antijurídica del ciudadano SARGENTO SEGUNDO GIOHANDER JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad número V-24.325.259, cuando se encontraba cumpliendo funciones de seguridad en el “Puesto Tráiler” del Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, ubicado en la avenida Circunvalación, sector Moyetones, Barquisimeto, Municipio Iribarren, estado Lara, y en la cual se deja plasmado lo siguiente: “…Aproximadamente a las 14:00 nos encontrábamos en el “Puesto Tráiler” donde se presentó el ciudadano MAY. DAVID JOSÉ RODRÍGUEZ SIERRA, Comandante del Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, con la finalidad de pasar revista y orientar al personal en cuanto a las funciones del resguardo de los vehículos que transportan productos de la cesta básica, en la cual se realizó formación y dicha orientación, al finalizar la formación el personal se retiró y el Comandante de Destacamento siendo las 14:20 horas, procedió a orientar al S2. GIOHANDER JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, adscrito al Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, debido a que días antes se había retardado sin causa justificada, por un lapso de doce (12) días luego de otorgarle un Permiso Operacional, mencionado efectivo militar se encontraba en la posición fundamental y mientras era orientado por el Comandante de Destacamento mostraba una actitud retadora y desafiante, gesticulando y aludiendo razones que no le habían preguntado, el MAY. RODRÍGUEZ SIERRA, procedió a darle le orden de realizar movimientos físicos entre ellos “flexiones y extensión de codos, y sobre la espalda en posición” manifestando el efectivo militar S2. GIOHANDER JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, a viva voz y en frente del CAP. JHONNY PEREZ SALAS, PTTE. JOSE GREGORIO ALVAREZ PEREZ, y SM3. DANIEL GUERRERO VARGAS, que no cumpliría la orden y que hiciera lo que él quisiera (MAY. RODRÍGUEZ) que él no iba a obedecer, dejando claro con su conducta la falta de disciplina, motivado a esto el ciudadano MAY. DAVID JOSÉ RODRÍGUEZ SIERRA, Comandante del Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, efectuó llamada telefónica al ciudadano CNEL. Jefe de Estado Mayor del Comando Zona de la Guardia Nacional Bolivariana Nº 12, con la finalidad de informar la novedad que se estaba suscitando y este último giró las instrucciones de informar éste hecho al Fiscal Militar. Posteriormente se le ordenó adoptar la posición fundamental a lo que el S2. GIOHANDER JESÚS RODRÍGUEZ JIMÉNEZ, se insubordinó y replicó que para que, si ya habían llamado al Jefe de Estado Mayor para pasarle la novedad, procediendo a quitarse la parte inferior del traje de protección anti trauma y dejándolo tirado en el piso. Aunado a ello, el TTE. ANGLE HINESTROZA CAICEDO, efectuó llamada telefónica al ciudadano PTTE. JUAN PINTO SÁNCHEZ, Fiscal Militar Auxiliar Vigésimo Sexto con Competencia a Nivel Nacional con Sede en Barquisimeto estado Lara, quien giró las instrucciones pertinentes…”. Ahora bien, observa este juzgador que de las actas policiales y del escrito fiscal, en este momento procesal se presume la comisión de este delito por el imputados de autos; motivo por el cual esta conducta desplegada por el hoy imputado es contraria a derecho y se encuentra establecida en las normas sustantivas penales antes señaladas, específicamente en los artículos antes descritos:

CODIGO ORGANICO DE JUSTICIA MILITAR:

ARTICULO 512 numeral 2°:
Incurre en delito de Insubordinación:
(…)
4. El militar que en cualquier forma falte el respeto debido a la autoridad o a la dignidad del superior.

ARTICULO 515 numeral 3°:
Cuando los casos de insubordinación a que se refiere el artículo anterior ocurren en cualquier otro acto del servicio, la pena será:
(…)
5. Prisión de uno (1) a dos (2) años, si le falta el respeto en cualquier otra forma.
(…)

Artículo 389. Son responsables por los delitos y faltas militares.

Numeral 1. Los Autores o cooperadores inmediatos;

Artículo 390. Son Autores:

Numeral 1. Los que directamente tomen parte en la ejecución del hecho.

Del análisis del contenido de dicha normas, y de las actas, se evidencia que la presunta participación del procesado se sustenta en una presunta acción de irrespeto a los pilares fundamentales en que descansa la institución armada, como lo es la disciplina, la obediencia y la subordinación, y que en esta fase se investiga, motivado a elementos que se han generado desde el momento que se inició el proceso, como lo es la presunta violación de Ordenes de su comando natural, que no se cumplió por parte del imputado, en donde esta actitud es el mal reflejo para el resto de sus compañeros y superiores, que afectan por completo la buena marcha de la Unidad Militar en el cumplimiento de sus funciones militares en todo el territorio Larense, a los fines de evitar un incremento en los índices delictivos. Señala el Dr. José Rafael Mendoza Troconis, en su Libro Curso de Derecho Penal Militar Venezolano, con respecto al artículo 512 del Código Orgánico de Justicia Militar, Tomo II, pagina 80, 81, 86:

(…) La insubordinación significa un rompimiento de la disciplina, es alzarse contra el superior jerárquico.
Baccardi, mencionado por Astrosa, opina que la insubordinación es uno de los delitos más calificados, ya que en el Ejército todo depende de la subordinación, o sea, en el sagrado respeto que debe infundir siempre el que es más sobre el que es menos.
La tercera hipótesis de las acciones del delito de Insubordinación es la del ordinal 2º del Artº. 512 del Código de Justicia Militar que castiga “el militar que en cualquier forma falte el respeto debido a la autoridad o a la dignidad del superior”.
Entre los deberes de los militares de mar y tierra señálense como esenciales a la vida del Ejército las disposiciones de la Ley Orgánica de las Fuerzas Armadas Nacionales, la obediencia a las órdenes de superiores en todo lo relativo al servicio a que está obligado el militar en servicio activo y el de respeto por razón de la subordinación, ya de mando o de grado. Obediencia, subordinación y disciplina “son las bases fundamentales en que descansará siempre la organización de nuestras fuerzas armadas”(…).
(…)
(…) Tal como se dispone en el ordinal 1º del Art. 512 debe tratarse de insubordinación o solamente un “orden del servicio”. Todas las otras órdenes distintas de la señalada no quedan comprendidas en la violación o en la resistencia a cumplirlas, que constituye este delito. Debe notarse que el legislador venezolano ha incluido en el Art. 512 dos prohibiciones, la del ordinal 1º como una infracción a aquella parte de la disciplina que es para con sus superiores, el principal deber de los inferiores como detentadores de la autoridad castrense, que es un atentado contra el honor. De los dos, el más importante es el primero, el derecho a la obediencia, ya que es la esencia misma de la autoridad, mientras que el derecho al respeto es una consecuencia misma y que por tanto la supone.
En lo que respecta a la antijurícidad, el bien jurídico protegido es el “mando militar”, esto es, la subordinación jerárquica.

Una vez determinado el hecho y las circunstancias del porque se detienen a los imputados, y el delito por el cual se detienen, tenemos de esta misma manera, que ha sostenido la jurisprudencia que durante el desarrollo de la audiencia de presentación, el ministerio público está obligado a señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos y la posible participación de las personas involucradas, así como subsumir los hechos con el derecho. La sentencia Nº 355 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº A11-271 de fecha 11/08/2011, señala:

“...el acto formal de imputación, constituye una actividad procesal, que en resguardo del principio de seguridad jurídica, y de los derechos a la Defensa, Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva; tiene por finalidad comunicar a las personas, la cualidad de imputado que les surge con ocasión de una investigación, que previamente iniciada, ha arrojado de manera coherente y racional, elementos de convicción en su contra. Ello a fin de que el imputado, debidamente asistido por su defensa técnica, y con resguardo de los derechos y garantías constitucionales y legales; sea impuesto del precepto constitucional que le exime de declarar en su contra y, en consecuencia, sí así lo desea, declare respecto de todo aquello que le favorezca y esté relacionado con la investigación, aunado a que se le permita el acceso a las actas que constituyen la investigación, y su intervención en la formación de los actos de investigación, y en fin pueda solicitar todo aquello cuanto sea necesario para el mejor ejercicio de su derecho a la defensa. Su finalidad es precisamente impedir, que el órgano encargado de ejercer la acción penal, esto es, el Ministerio Público, lleve a espaldas del imputado una investigación, de tal manera que puedan los investigados ejercer el control y contradicción de los diferentes actos de investigación y de prueba que surgen durante el desarrollo de la fase preparatoria, evitando además que el procesado sea sorprendido con una acusación cuyos fundamentos sean desconocidos, lo cual configuraría una violación real y efectiva de los derechos a la Defensa, al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva. Debe recordarse que conforme a estos derechos, el Estado constitucionalmente garantiza el acceso a los órganos de administración de justicia, a la defensa y la asistencia jurídica como un derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso, lo cual comporta que a todo ciudadano le sea notificado, los cargos por los cuales se les investiga, y a acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…”

De igual manera, en cuanto a la validez del acto de imputación en la audiencia de presentación, tenemos en la Sentencia Nº 355 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº A11-271 de fecha 11/08/2011, que establece:

“...Así, en principio lo natural es que el mismo tenga lugar en sede fiscal durante el transcurso del procedimiento ordinario; sin embargo la notificación de los hechos investigados e imputados, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión, incluyendo aquellas de importancia para la calificación jurídica, y los datos que obtenidos de la investigación soportan esa imputación, así como la imposición del precepto constitucional que exime de declarar en causa propia, y en general la notificación de los demás derechos constitucionales y legales que a la personas en su condición de imputadas otorga el ordenamiento jurídico; puede tener lugar también en la audiencia que se celebre en razón de la aprehensión en flagrancia del imputado o por orden de aprehensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, o con ocasión de la audiencia de presentación celebrada de conformidad con el artículo 250 eiusdem…”. (subrayado y negrilla de este tribunal).

En tal sentido, y concatenado con lo señalado anteriormente, se deja constancia de la realización del acto de imputación conforme a los artículos 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordada relación con el artículo 127 numeral 1º del Código Orgánico Procesal Penal, al ciudadano imputado SARGENTO SEGUNDO GIOHANDER JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad número V-24.325.259, por estar presuntamente incurso en la comisión del Delito Militar de INSUBORDINACION, previsto y sancionado en los artículos 512 numeral 2º, 515 numeral 3º, y 516, en concordada relación con el Artículo 389 numeral 1º y 390 numeral 1º, todos del Código Orgánico de Justicia Militar.

SEGUNDO: En razón al punto anterior la Fiscalía Militar, solicita a este Tribunal que la detención ejecutada en fecha 12 de Julio de 2017, en la persona del ciudadano hoy imputado SARGENTO SEGUNDO GIOHANDER JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad número V-24.325.259, presuntamente incurso en la comisión del Delito Militar de INSUBORDINACION, previsto y sancionado en los artículos 512 numeral 2º, 515 numeral 3º, y 516, en concordada relación con el Artículo 389 numeral 1º y 390 numeral 1º, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, sea declarada como Constitucional y Legal; observa este juzgador que la detención del procesado de autos ocurrió de manera constitucional y legal, como consecuencia de un delito flagrante, cuando se detuvo al imputado con presuntos elementos de interés criminalísticos como lo reflejan las actas policiales inserta en el cuaderno fiscal, razón por la cual de conformidad con el artículo 44 numeral 1º de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Juzgador Declara ajustada a derecho la presente detención. ASÍ SE DECLARA.

Con respecto al delito flagrante, y en razón como sucedieron los hechos al momento de la detención, podemos señalar conforme al criterio sostenido por el máximo Tribunal de la República, en sentencia de la Sala Constitucional, Nº 150, de fecha 25 de Febrero de 2011, que estableció:

“...la detención in fraganti está referida a la detención de la persona en el sitio de los hechos, a poco de haberse competido, lo cual es la ejemplificación más clásica de la flagrancia, o bien a la aprehensión del sospechoso a poco de haberse cometido el hecho en el mismo lugar, o cerca del lugar donde se cometió, con armas, instrumentos u otros objetos que de alguna manera hagan presumir con fundamento que él es el autor, es decir, lo que la doctrina impropiamente denomina la cuasi-flagrancia…” (Negrilla y subrayado del tribunal)

TERCERO: En este orden de ideas y atendiendo al hecho que están dados los extremos exigidos por los Artículos 236 del Código Orgánico Procesal Penal, en sus tres numerales, y siendo el caso, que la medida de coerción personal que se solicita en esta audiencia, puede satisfacer las resultas del proceso, sin que se afecte la investigación ni que se influya sobre testigos, victimas o funcionarios actuantes, por lo que este juzgador establece lo siguiente:

236 NUMERAL 1: Se evidencia en lo que respecta a la conducta desplegada por el hoy Imputado SARGENTO SEGUNDO GIOHANDER JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad número V-24.325.259, presuntamente incurso en la comisión del Delito Militar de INSUBORDINACION, previsto y sancionado en los artículos 512 numeral 2º, 515 numeral 3º, y 516, en concordada relación con el Artículo 389 numeral 1º y 390 numeral 1º, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. Ahora bien, en cuanto al delito militar de INSUBORDINACION, tenemos los elementos de convicción en la cual se desprende que presuntamente el Tropa Profesional falto al respecto a su comandante Natural el ciudadano MAY. DAVID JOSÉ RODRÍGUEZ SIERRA, Comandante del Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, al no obedecer unas ordenes sobre la realización de ejercicios físicos, y que a su vez, manifestó gestos y movimientos sobre un llamado de atención al llegar retardado de un permiso, situación está que según las actas fue desarrollada frente a personal subalterno del comandante de la Unidad, que a simple vista pudiese afectar el ejercicio del comando en el resto de los profesionales, que pudieron observar dicha actitud profesional; dejando ver en este momento procesal, que existe un hecho penal militar que la norma la suscribe en un tipo penal denominado Insubordinación.

De igual manera, tenemos que el hecho principal aquí imputado y contrarrestado por las partes, ocurrió el día 12 de Julio de 2017, lo que conlleva a determinar que el mismo no se encuentra evidentemente prescrito, conforme a los artículos 436, 437 y 438, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, y a lo señalado en la jurisprudencia en Sentencia Nº 432, de Sala de Casación Penal, Expediente Nº E10-342 de fecha 14/10/2010, que establece:

“...la prescripción como forma de extinción de la acción penal, constituye una garantía que procura proteger al ciudadano de un proceso penal interminable que derive en la violación al debido proceso y se aparte de los principios constitucionales y legales que demandan una justicia efectiva, imparcial y expedita, de conformidad con lo consagrado en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. En ese sentido, la extinción de la acción penal por vía de prescripción, ocurre por el transcurrir del tiempo y la inacción tanto de los órganos encargados de dirigir y ejercer la acción penal (Ministerio Público), como de los órganos jurisdiccionales que controlan y deciden en el proceso…”.

En vista del análisis, antes señalado, este juzgador considera lleno este numeral 1º del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE SEÑALA.

236 NUMERAL 2: En lo que respecta a la fundamentación empleada por el ministerio público militar en la causa, para el imputado SARGENTO SEGUNDO GIOHANDER JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad número V-24.325.259, presuntamente incurso en la comisión del Delito Militar de INSUBORDINACION, previsto y sancionado en los artículos 512 numeral 2º, 515 numeral 3º, y 516, en concordada relación con el Artículo 389 numeral 1º y 390 numeral 1º, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, tenemos que la misma se sustenta en elementos de convicción como la establecida en: 1) Acta Policial de fecha 12 de Julio de 2017, en la cual se deja constancia del hecho y las posibles circunstancias de modo, tiempo y lugar como sucedieron, y que las encuadran en esta fase en un tipo penal militar; 2) Acta de Entrevista de los presuntos testigos; 3) Acta de Entrevista a la Victima ciudadano MAY. DAVID JOSÉ RODRÍGUEZ SIERRA, Comandante del Destacamento de Comandos Rurales Nº 129; 4) Boleta de Comisión, en la cual se deja constancia que el efectivo de tropa profesional estaba cumpliendo funciones de seguridad en la Circunvalación Norte, Barquisimeto, estado Lara; 5) Nombramiento del MAY. DAVID JOSÉ RODRÍGUEZ SIERRA, como comandante del Destacamento 129 de Comandos Rurales; lo cual deja demostrado que existe un hecho sustentado en unos elementos de convicción, donde se dejan plasmado de manera a priori la presunta participación del imputado en el delito Militar de INSUBORDINACION, previsto y sancionado en los artículos 512 numeral 2, 515 numeral 3º y 516, en concordada relación con los artículos 389 numeral 1º y 390 numeral 3º, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, cuando fue detenido el día 12 de Julio del presente año, por efectivos de su unidad de adscripción, cuando dichos funcionarios militares cumplen funciones de seguridad en el resguardo de los vehículos de carga de alimentos en la Circunvalación Norte, Barquisimeto, estado Lara; fundamentación esta que por encontrarse este proceso penal en una prima facie, este juzgador la considera ajustada a derecho y obtenidas por los procedimientos legales establecidos en la Constitución y en el Código Orgánico Procesal Penal, por tal motivo a criterio de este juzgador está cubierto el segundo numeral del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, como lo es la debida fundamentación y la presentación de elementos de convicción, para sostener la presente causa penal. Ha señalado la Sentencia Nº 81 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº C99-57 de fecha 08/02/2000:

“…Los jueces de instancia son soberanos para apreciar los hechos y deducir de ellos indicios o presunciones, pero es menester destacar que esa soberanía de apreciación, no los exime de la obligación de especificar en la sentencia, cuáles son las presunciones o indicios que han servido de fundamento a su decisión; el juzgador además tiene la obligación de expresar y puntualizar en una motivación suficiente, cuáles son los actos humanos o circunstancias naturales que configuren los indicios inducidos, único medio que permite establecer la constancia clara y expresa de los actos que el tribunal considera probados; la sola mención de las pruebas de las que se induzcan los indicios no basta, hay que igualmente concatenarlas entre sí…”.

En vista del análisis, antes señalado, este juzgador considera lleno este numeral 2º del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. ASI SE SEÑALA.

CUARTO: En razón a lo señalado en los puntos anteriores, considera quien aquí decide, que el Representante del Ministerio Público, tiene el deber ineludible de la búsqueda de la verdad por las vías jurídicas, tal y como lo establece el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal, y a esa finalidad debe atenerse en todas sus actuaciones, y constatando este Tribunal que se requiere la práctica de diversas diligencias tendientes al total esclarecimiento de los hechos aquí señalados, es por lo que se considera procedente el pedimento formulado, el cual vale recordar está amparado por el procedimiento indicado en el artículo 282 y siguientes eiusdem. Además, como consecuencia de lo expuesto anteriormente a juicio de quien aquí decide, se debe destacar que el Ministerio Público Militar ha indicado que requiere continuar practicando una serie de diligencias para obtener los elementos de convicción en que fundamentara el acto conclusivo correspondiente y siendo que la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 257 nos indica que “El proceso constituye un instrumento fundamental para la realización de la justicia. Las leyes procesales establecerán las simplificación, uniformidad, y eficacia de los trámites y adoptarán un procedimiento breve, oral y público. No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades no esenciales” y que concordando este dispositivo constitucional con las disposiciones adjetivas ya indicadas, específicamente el artículo 13 del Código Orgánico Procesal Penal que dispone: “Finalidad del Proceso. El proceso debe establecer la verdad de los hechos por las vías jurídicas, y la justicia en la aplicación del derecho, y a esta finalidad deberá atenerse el juez al adoptar su decisión” y el artículo 229 eiusdem, que dice: “Toda persona que se le impute participación en un hecho punible permanecerá en libertad durante el proceso, salvo las excepciones establecidas en este Código”, aplicables en todo caso estas normas, en concordada relación con el principio de afirmación de libertad estipulado en el Artículo 9 ibídem, nos permiten señalar que no cabe lugar a dudas, que en este momento procesal, están dados los extremos legales para IMPONER UNA MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA LIBERTDAD, no violándose por lo tanto en ningún momento, precepto alguno, ni procesal ni constitucional, por lo que en consecuencia, se DECRETA dicha medida cautelar de conformidad con el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, al ciudadano SARGENTO SEGUNDO GIOHANDER JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad número V-24.325.259, presuntamente incurso en la comisión del Delito Militar de INSUBORDINACION, previsto y sancionado en los artículos 512 numeral 2º, 515 numeral 3º, y 516, en concordada relación con el Artículo 389 numeral 1º y 390 numeral 1º, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. MOTIVO POR EL CUAL SE DECLARA CON LUGAR LA SOLICITUD FISCAL Y DE LA DEFENSA EN CUANTO A LA IMPOSICIÓN DE MEDIDA DE COERCIÓN PERSONAL MENOS GRAVOSA. ASI SE DECIDE.

En este mismo orden de idea, la Sala Constitucional en sentencia No. 2426 de fecha 27 de Noviembre de 2001 (Exp. No. 01-0897), ha establecido que:

“…con relación a la protección a la libertad del imputado en el proceso, la regla consagrada por la propia Carta Magna sobre la inviolabilidad de la libertad personal, tiene por fundamento el numeral 1 del artículo 44 que dispone que la persona encausada por hecho delictivo será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…” (Subrayado de la Sala y negrillas de este Tribunal).

“…es importante recalcar que el juez que resuelva la restricción de la libertad del imputado debe atender al principio pro libertatis, es decir, tal y como básicamente lo señalaba el artículo 265 del anterior Código Orgánico Procesal Penal y ahora lo estable el artículo 256, siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para la imputada, el Tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada alguna de las medidas previstas en este mismo artículo…” (subrayado y negrilla de este Tribunal).

QUINTO: En razón a lo solicitado por el fiscal militar, que se continúe el presente proceso penal militar por el procedimiento ordinario, considera este Tribunal que la presente solicitud está ajustada a derecho, por ser el ministerio público militar el titular de la acción penal, y es a este a quien le corresponde luego de tener los elementos inculpatorios o exculpatorios, presentar el correspondiente acto conclusivo que finalice esta fase de investigación, recordándole al fiscal que los cuarenta y cinco (45) días comienza a computarse desde el 22 de Mayo de 2017. Señala la sentencia de la Sala de Casación Penal, Nº 117, de fecha 29 de Marzo de 2011:

“...En la fase investigativa del proceso es donde se recaban los elementos tendentes a confirmar o descartar la sospecha acerca de la comisión de un hecho punible y sus posibles culpables, a fin de que el ministerio público, en definitiva, logre la presentación del correspondiente acto conclusivo, que bien puede ser para promover el juicio penal, (acusación), solicitar su archivo o para clausurar la persecución penal (sobreseimiento)…”.

SEXTO: De conformidad con los artículos 2, 49, 136, 261, 328, y 329, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordada relación con los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, todos de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, artículos 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, de la Ley de Disciplina Militar, y las disposiciones Generales de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y demás Sujetos Procesales; este tribunal ordena que por cuanto el imputado se encuentra en condiciones normales de servicio, el mismo continúa en esas condiciones, pero a orden del Comandante del Comando de Zona Nº12, de la Guardia Nacional Bolivariana, como máxima autoridad militar de ese componente, quien decidirá sobre el destino administrativo del imputado, toda vez que el mismo no puede quedar laborando durante este proceso penal militar, bajo las órdenes del Comandante del Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, Victima en la presente causa.
DISPOSITIVA:

Este TRIBUNAL MILITAR SÉPTIMO DE CONTROL CON SEDE EN BARQUISIMETO, estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley DECIDE: PRIMERO: De conformidad con los artículos 2, 7, 26, 49 numeral 4º, 253, 257 y 261, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordada relación con los artículos 1, 5, 6, 13, 55, 67, 107 y 264, todos del Código Orgánico Procesal Penal, declara la competencia de este Tribunal para conocer de la presente causa, como Tribunal Especial en el conocimiento de delitos militares. SEGUNDO: De conformidad con los artículos 2, 44 numeral 1º, 253 y 257, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordada relación con los artículos 1, 5, 6, 13, 127 numeral 1º, 236, 237 y 238, todos del Código Orgánico Procesal Penal, se declara AJUSTADA A DERECHO LA DETENCION EN FLAGRANCIA del ciudadano imputado SARGENTO SEGUNDO GIOHANDER JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad número V-24.325.259, presuntamente incurso en la comisión del Delito Militar de INSUBORDINACION, previsto y sancionado en los artículos 512 numeral 2º, 515 numeral 3º, y 516, en concordada relación con el Artículo 389 numeral 1º y 390 numeral 1º, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, el día 12 de Julio de 2017. TERCERO: De conformidad con los artículos 107, 236, 242 y 264, todos del Código Orgánico Procesal Penal, Se declara CON LUGAR la petición fiscal y de la defensa pública militar, y se IMPONE MEDIDA CAUTELAR SUSTITUTIVA A LA LIBERTDAD, al ciudadano imputado SARGENTO SEGUNDO GIOHANDER JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad número V-24.325.259, presuntamente incurso en la comisión del Delito Militar de INSUBORDINACION, previsto y sancionado en los artículos 512 numeral 2º, 515 numeral 3º, y 516, en concordada relación con el Artículo 389 numeral 1º y 390 numeral 1º, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, consistente en: 1) Presentarse cada quince días ante este tribunal militar. 2) Prohibición de salir del país, sin la previa autorización de este Órgano Jurisdiccional, por el lapso que dure el presente proceso penal militar. 3) Mantener una conducta intachable y ejemplarizante, durante el presente proceso penal militar, evitando incurrir en un nuevo hecho ilícito, donde se admita una nueva imputación por otro delito penal militar, afectando las bases fundamentales en que descansa la institución armada. CUARTO: Se ordena librar la correspondiente Boleta de Excarcelación. QUINTO: Se declara la continuación de la presente Investigación Penal Militar, a través del procedimiento ordinario. SEXTO: Se deja constancia que durante el desarrollo de la audiencia, se realizó el acto de imputación, conforme a lo señalado en los artículos 126 y 127 numeral 1º, ambos del Código Orgánico Procesal Penal; al imputado de auto SARGENTO SEGUNDO GIOHANDER JESUS RODRIGUEZ JIMENEZ, titular de la cédula de identidad número V-24.325.259, presuntamente incurso en la comisión del Delito Militar de INSUBORDINACION, previsto y sancionado en los artículos 512 numeral 2º, 515 numeral 3º, y 516, en concordada relación con el Artículo 389 numeral 1º y 390 numeral 1º, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. SEPTIMO: De conformidad con los artículos 2, 49, 136, 261, 328, y 329, todos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordada relación con los artículos 5, 6, 7, 8, 9, 12, 15, 16, 17, todos de la Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, artículos 3, 4, 5, 6, 8, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 22, 23, 25, 26, de la Ley de Disciplina Militar, y las disposiciones Generales de la Ley de Protección de Victimas, Testigos y demás Sujetos Procesales; este tribunal ordena que por cuanto el imputado se encuentra en condiciones normales de servicio, el mismo continúa en esas condiciones, pero a orden del Comandante del Comando de Zona Nº12, de la Guardia Nacional Bolivariana, como máxima autoridad militar de ese componente, quien decidirá sobre el destino administrativo del imputado, toda vez que el mismo no puede quedar laborando durante este proceso penal militar, bajo las órdenes del Comandante del Destacamento de Comandos Rurales Nº 129, Victima en la presente causa. OCTAVO: Se fijan los efectos del presente fallo a partir de la presente fecha al quedar notificadas todas las partes del contenido de la parte motiva y dispositiva de la presente audiencia.

Regístrese y publíquese. Expídanse las copias de ley. Háganse las participaciones correspondientes.

Dada, firmada y sellada en el Tribunal Militar Séptimo de Control CON SEDE EN BARQUISIMETO, a los Dieciséis días del mes de Julio de Dos Mil Diecisiete. Años 207º de la Independencia y 158º de la Federación.
EL JUEZ MILITAR,

DR. LUÍS ENRIQUE YÉPEZ SILVA
MAYOR
EL SECRETARIO JUDICIAL ACCIDENTAL,

MSC. SILVIO VITORIO VERGARA AGUILAR
SARGENTO SUPERVISOR
En esta misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado.

EL SECRETARIO JUDICIAL ACCIDENTAL,

MSC. SILVIO VITORIO VERGARA AGUILAR
SARGENTO SUPERVISOR