TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
PODER JUDICIAL
JUZGADO CUARTO DE PRIMERA INSTANCIA EN LO CIVIL, MERCANTIL Y TRÁNSITO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL
DEL ESTADO LARA- CARORA
206º y 158º
ASUNTO: KP12-M-2017-000004.-
DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS
De conformidad con lo establecido en el ordinal 2° del Artículo 243 del Código de Procedimiento Civil, procede esta Juzgadora a señalar las partes y sus apoderados, a cuyo efecto establece:
Partes Demandantes: ciudadanos DOUGLAS RODRIGUEZ Y DALIA RODRIGUEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nros. V- 3.947.812 y V- 13.346.601, respectivamente, actuando en sus caracteres de Endosatarios en Procuración del ciudadano RAMON DEL CARMEN CRESPO, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad N° V- 2.379.147.
Parte Demandada: ciudadana INGRID COROMOTO CRESPO PEREZ, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº V- 25.341.147.-
Motivo: COBRO DE BOLIVARES (INTIMACION)
Tipo de Sentencia: INTERLOCUTORIA CON FUERZA DE DEFINITIVA
I
La presente causa fue presentada por ante la Unidad de Distribución y Recepción de Documento Civil (URDD), en fecha 15/03/2017, acompañada de varios anexos correspondiendo el conocimiento de la misma a este Juzgado. Mediante auto de fecha 16/03/2017, se le dio entrada y se anotó en el libro de Causa correspondiente, e instó a la parte accionante a corregir el libelo. Mediante diligencia de fecha 21/03/2017, la parte demandante realizó la corrección del libelo. Mediante auto de fecha 22/03/2017, se admitió la demanda acordándose la intimación de la parte demandada.
Ahora bien de una revisión del libelo se observa que la parte accionante estimó la demanda en SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (781.166,62 BS) equivalente según su decir, a CUATRO MIL CUATROCIENTAS TRECE CON TREINTA Y SIETE unidades Tributarias (4.413,37 u.t.).
Como ya es sabido en nuestro ordenamiento jurídico procesal se establece que existen tres tipos de competencia encomendada a los órganos jurisdiccionales, que son la materia, el territorio y la cuantía. Dado que la competencia de los órganos jurisdiccionales para conocer de los asuntos sometidos a su consideración, es materia que interesa al orden público y, por tanto revisable en cualquier estado y grado del proceso, esta Juzgadora pasa analizar lo relativo a su competencia para conocer de la presente causa.
El Tribunal Supremo de Justicia, en Sala Plena, mediante Resolución No. 2009-0006, de fecha 18 de Marzo de 2009, modificó las competencias de los Juzgados Civiles y Mercantiles a nivel nacional, de la siguiente manera:
‘Artículo 1.- Se modifican a nivel nacional, las competencias de los Juzgados para conocer de los asuntos en materia Civil, Mercantil y Tránsito, de la siguiente manera:
Los Juzgados de Municipio, categoría C en el escalafón judicial, conocerán en primera instancia de los asuntos contenciosos cuya cuantía no exceda de tres mil unidades tributarias (3.000 UT)…’ (Negritas del Tribunal).
Artículo 3.- que establece: Los Juzgados de Municipio conocerán de forma exclusiva y excluyente de todos los asuntos de jurisdicción voluntaria o no contenciosa en materia civil, mercantil, familia sin que participen niños, niñas y adolescentes, según las reglas ordinarias de la competencia por el territorio, y en cualquier otro de semejante naturaleza.
El autor Rengel Romberg define la competencia como: ‘… La medida de la jurisdicción que ejerce en concreto el juez en razón de la materia, del valor de la demanda y del territorio…’.
Partiendo del concepto aceptado que la jurisdicción es la facultad que tienen ciertos órganos del Estado para resolver las controversias suscitadas entre los sujetos que intervienen en una relación jurídica determinada, siendo la competencia el límite de esa facultad, dentro del contexto de una materia específica, por un determinado monto económico y dentro de un territorio especifico, es decir, la competencia establecida por la materia, por la cuantía y por el territorio, debe advertirse que la competencia por la materia y por la cuantía, tienen carácter absoluto, por lo que su quebrantamiento hace nulo el juicio, mientras que la falta de competencia por el territorio, no afecta el orden público, toda vez que las personas tienen el derecho de relajarla, en menoscabo de las reglas establecidas en la ley procesal civil.
Por su parte, el artículo 28 del Código de Procedimiento Civil dispone:
‘La competencia por la materia se determina por la naturaleza de la cuestión que se discute, y por las disposiciones que la regulan’.
El artículo 60 del Código de Procedimiento Civil, expresa textualmente que:
La incompetencia por la materia y por el territorio en los casos previstos en la última parte del artículo 47, se declarará aún de oficio, en cualquier estado e instancia del proceso…’ (Negrillas del Tribunal). [sic]
De la Doctrina, la norma y la Resolución transcrita, se puede inferir la facultad que tiene el Juez de declararse incompetente tanto por la materia la cuantía así como por el territorio, en cualquier estado y grado de la causa, en vista de ello y observándose en el caso sub examine, que la estimación de la demanda lo fue por la cantidad de SETECIENTOS OCHENTA Y UN MIL CIENTO SESENTA Y SEIS BOLIVARES CON SESENTA Y DOS CENTIMOS (781.166,62 BS), equivalente según su decir, a CUATRO MIL CUATROCIENTAS TRECE CON TREINTA Y SIETE, unidades Tributarias (4.413,37 u.t) calculó que realizó la parte demandada de manera incorrecta ya que al dividir la suma de la estimación de la demanda entre 300 que es el valor de la unidad tributaria tipificada según Gaceta Oficial N° 6287 de fecha 24/02/2017, cantidad de unidades tributarias que arroja el monto de DOS MIL SEISCIENTOS TRES CON OCHENTA Y OCHO (2.603.88 u.t), monto este inferior a la competencia atribuida a este Juzgado por la cuantía, ya que este Juzgado conoce demandas desde (3000 u.t) en adelante, y por cuanto la incompetencia por el valor de la demanda puede declararse de oficio en cualquier estado de la causa, es por lo que este Juzgado se declara incompetente por la cuantía y así se establecerá en el dispositivo del fallo.
DISPOSITIVA
En consecuencia, este Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y del Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, Extensión Carora, y en atención a las consideraciones antes expuestas y de conformidad con lo establecido en los artículos 2 y 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, y 60 del Código de Procedimiento Civil y el contenido de la Resolución Nº 2009-0006 de fecha 18 de Marzo de 2009, dictada por el Tribunal Supremo de Justicia, este Juzgado Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, DECLARA: PRIMERO: SU INCOMPETENCIA POR LA CUANTIA, para conocer de la presente acción, ya que corresponde el conocimiento de la misma a los Juzgados de Municipio de esta Circunscripción Judicial del Estado Lara.
SEGUNDO: Se ordena remitir el presente expediente a la Unidad de Recepción y Distribución de Documento (URDD) Civil, sede Carora, para su distribución entre los Juzgados de Municipio de esta misma circunscripción, una vez quede firme la presente decisión. Líbrese Oficio y remítase la totalidad de las actuaciones en la oportunidad legal correspondiente.
TERCERO: No hay condenatoria en costas en virtud de la naturaleza de la presente decisión.
Expídase por Secretaria copia certificada de la presente decisión.
Regístrese y Publíquese.
Dada, sellada y firmada en la Sala del Despacho del Juzgado Cuarto de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil y Tránsito de la Circunscripción Judicial del Estado Lara. Carora a los Siete (07) días del mes de Abril del año Dos Mil Diecisiete. Años 206º de la Independencia y 158º de la Federación.
La Juez Provisoria
Abg. Mayra Urbaneja Zabaleta
La Secretaria
Abg. Karla Segueri Álvarez
En esta misma fecha se registró bajo el Nº 14/2017, de las Sentencias Interlocutorias con Fuerza de Definitiva, dictadas por este Tribunal, y se publicó siendo las Dos de la tarde (02:00 p.m.). Y se expidió copia certificada para el Archivo. Conste.
La Secretaria
Abg. Karla Segueri Álvarez