TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar

ASUNTO: FP11-G-2016-000089

En la Demanda incoada por la ciudadana IRLANDA MERCEDES GARCIA MARQUEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-8.871.150 en su propio nombre y como comunera de un bien inmueble ubicado en la Parroquia Agua Salada de Ciudad Bolívar, Estado Bolívar, así como en representación de su comunera propietaria LIGIA DE LOS ANGELES LOPEZ, titular de la cédula de identidad Nº V-13.768.770, por RETRACTO LEGAL de cuota alícuota en comunidad civil ordinaria constituida sobre un inmueble ubicado en Las Flores de Agua Salada, Parroquia Agua Salada, por venta que se ha hecho por parte de sus comuneros PABLO RODRIGUEZ SOTO y RAMON JOSE VIDAL PEREZ, titulares de las cédula de identidad Nos. V-11.730.599 y V-10.565.709, de parte alícuota de la comunidad y propiedad aquí indicada, y subrogación de los derechos vendidos al ciudadano FADY KAYYAL AZAR, titular de la cédula de identidad Nº V-11.174.758 conforme se evidencia de documento protocolizado bajo el Nº 2013-4386 del asiento registral 2 del libro del Folio Real del año 2013, inmueble matriculado con el Nº 299.6.3.2.2241 de fecha 14 de diciembre de 2015, así como la NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL aquí citado, asistida por el abogado Pedro Rafael Gotia Manzano, Inpreabogado Nº 9.566, contra los ciudadanos PABLO RODRÍGUEZ SOTO, RAMÓN JOSÉ VIDAL PÉREZ y FADY KAYYAL AZAR, titulares de las cédulas de identidad Nº V-11.730.599, V-10.565.709 y V-11.174.758 y contra el REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO HERES DEL ESTADO BOLÍVAR, proveniente del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, en virtud de la sentencia dictada por el referido Juzgado el primero (01) de noviembre de 2016, mediante la cual se declaró incompetente para el conocimiento de la presente causa, declinando la competencia en este Juzgado Superior con competencia contencioso administrativa, procede este Juzgado Superior a pronunciarse sobre su competencia para el conocimiento de la demanda incoada con la siguiente motivación.

I. ANTECEDENTES

I.1. De la pretensión. Mediante escrito presentado el cinco (05) de agosto de 2016 ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, la ciudadana Irlanda Mercedes García Márquez fundamentó su demanda contra los ciudadanos Pablo Rodríguez Soto, Ramón José Vidal Pérez y Fady Kayyal Azar y contra el Registro Público del Municipio Heres del Estado Bolívar.

I.2. De la admisión. Por auto dictado el diez (10) de agosto de 2016 el referido Juzgado admitió la demanda incoada, ordenándose las citaciones de rigor.

I.3. Mediante diligencia presentada el trece (13) de octubre de 2016, el Alguacil del Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, dejó constancia de la práctica de la citación del ciudadano Pablo Rodríguez Soto, cumplida.

I.4. Mediante sentencia dictada el primero (01) de noviembre de 2016, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar se declaró incompetente y declinó la competencia en este Juzgado Superior con competencia contencioso administrativa.

I.5. Por auto dictado el nueve (09) de noviembre de 2016 el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, ordenó la remisión de las actuaciones del expediente a este Juzgado Superior.

I.6. Recibido el expediente el dieciocho (18) de noviembre de 2016, por auto dictado el veintiuno (21) de noviembre de 2016 se le dio entrada al expediente en este Juzgado Superior Estadal.
II. FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN

II.1. Mediante demanda presentada el cinco (05) de agosto de 2016 ante el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar, la ciudadana Irlanda Marcedes Garcia Marquez demandó el Retracto Legal de cuota alícuota en comunidad civil ordinaria de un bien inmueble ubicado en las Flores de Agua Salada, Parroquia Agua Salada de Ciudad Bolívar, por venta que se ha hecho por parte de sus comuneros PABLO RODRIGUEZ SOTO y RAMON JOSE VIDAL PEREZ, de parte alícuota de la comunidad y propiedad aquí indicada, y subrogación de los derechos vendidos al ciudadano FADY KAYYAL AZAR, conforme se evidencia de documento protocolizado bajo el Nº 2013-4386 del asiento registral 2 del libro del Folio Real del año 2013, inmueble matriculado con el Nº 299.6.3.2.2241 de fecha 14 de diciembre de 2015, así como la NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL aquí citado, asistida por el abogado Pedro Rafael Gotia Manzano, Inpreabogado Nº 9.566, contra los ciudadanos PABLO RODRÍGUEZ SOTO, RAMÓN JOSÉ VIDAL PÉREZ y FADY KAYYAL AZAR, titulares de las cédulas de identidad Nº V-11.730.599, V-10.565.709 y V-11.174.758 y contra el REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO HERES DEL ESTADO BOLÍVAR, pidiendo la nulidad de dicha data registral de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Registro Público y del Notariado en concordancia con el artículo 1.914 del Código Civil y 16 del Código de Procedimiento Civil, se cita la pretensión de la parte demandante:

“Ciudadano Juez: legitimada, como se determinan de los argumentos aquí esgrimidos que determinan mi derecho y mi cualidad de COMUNERA PROPIETARIA. En mi propio nombre y en Representación de mi co-comunera LIGIA DE LOS ANGELES LOPEZ, ambas identificadas, con fundamento legal invocado al comienzo de este libelo, CONCURRO A SUBRROGARME EN FORMA PROPORCIONAL Y PRORRATEADA XON (sic) LA COPROPIETARIA LIGIA DE LO ANGELES LOPEZ A LA PORCION QUE TENEMOS EN LA COMUNIDAD AQUÍ DELIMITADA Y ESTABLECIDA, los derechos que le fueran acreditados como COMPRADOR al Ciudadano: FADY KAYYAL AZAR quien es venezolano, mayor de edad, titular de la Cédula de identidad V-11.174.758 por documento Protocolizado en la Oficina de Registro Público del Municipio Heres del Estado Bolívar bajo el Nº 2013-4386 correspondiente al Libro de Folio Real del año 2013 de fecha 14 de Diciembre del 2015 cuya Data Registral pedimos se declare su nulidad, de conformidad a lo determinado en el Artículo 41 de la Ley de Registro Público y del Notariado en Concordancia con el Artículo 1.914 del Código Civil y 16 del Código de Procedimiento Civil por haberse violado la Fe Pública de un Instrumento y haberle dado curso el REGISTRADOR PUBLICO DEL MUNICIPIO HERES a un documento cuyos Linderos han sido Usurpados y no concatenados en la base de datos que le corresponde al Inmueble Matriculado con el Nº 299.6.3.22241 del Libro del folio real del año 2013 en su asiento Registral Nº 1 lo que así Demandamos…” (Destacado añadido).

II.2. Mediante sentencia dictada el primero (01) de noviembre de 2016, el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar se declaró incompetente y declinó la competencia en este Juzgado Superior con competencia contencioso administrativa, en los siguientes términos:

“De la norma parcialmente transcrita se evidencia claramente que se atribuye esta competencia especial a los Juzgado Superiores Estadales de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, en aquellos casos donde los particulares ejerzan demandas en contra una Institución Pública, aquí la competencia sin duda la tiene estos juzgados especiales, como es el caso bajo estudio que se trata de una demanda de retracto legal propuesta por la prenombrada ciudadana IRLANDA MERCEDES GARCIA MARQUEZ, contra PABLO RODRÍGUEZ SOTO, RAMÓN JOSE VIDAL PEREZ y FADY KAYYAL AZAR, así como al REGISTRO PUBLICO DEL MUNICIPIO HERES DEL ESTADO BOLIVAR en la persona de su encargada ciudadana Abg. LOURDMIRCAL GRANADO.-

Ahora bien, la competencia es un presupuesto de la sentencia de mérito y es un atributo de la ley y el momento determinante de esta viene dado por aquel donde se inicia el proceso, o bien al momento en que se decide el mérito de la causa, en el presente caso nos encontramos frente a una acción por retracto legal donde se demanda a una institución Pública (Registro Público del Municipio Heres), por lo que cabe concluir que la ley que regula la materia atribuye cual de los órganos del poder judicial debe conocer de estas causas, así lo establece la norma en el artículo 25 Ordinal 2º de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Contencioso Administrativo y el artículo 28 del Código de Procedimiento, es por lo que, quien aquí suscribe, en atención a las normas transcritas le resulta forzoso declarar en el dispositivo de este fallo la INCOMPETENCIA POR LA MATERIA para conocer del presente asunto. Así Se Decide”.

II.3. Observa este Juzgado que la competencia atrayente de la jurisdicción contencioso administrativa no surge siempre que esté presente en la relación procesal un órgano de la Administración Pública, sino que en atención al principio del juez natural debe atenderse al derecho que se reclama y según la naturaleza del asunto que se reclama, que en el caso en estudio, se demanda, entre otros aspectos, la nulidad del asiento registral de la venta de Inmueble, pretensión de exclusiva competencia de la jurisdicción civil, por cuanto para declarar la nulidad o no del documento protocolizado, debe necesariamente pronunciarse sobre la situación jurídica de las partes involucradas, al respecto se han dictado varios precedentes jurisprudenciales por las diferentes Salas del Tribunal Supremo de Justicia, a saber:

1) La Sala de Casación Civil en reiterada jurisprudencia ha señalado que el acto de inscripción en el registro aun cuando pueda ser calificado de administrativo por consideraciones de naturaleza orgánica, entre otras, la competencia para la anulación señalada no está otorgada por la Ley a los tribunales contencioso administrativos sino que las impugnaciones contra asientos registrales deben ser conocidas por la jurisdicción ordinaria atendiendo al derecho que se reclama, al respecto se cita sentencia Nº REG-00089 dictada el dieciséis (16) de mayo de 2003, que dispuso:

“De acuerdo con el petitum de la demanda, la pretensión que en ésta se deduce tiene por objeto la nulidad del acta de asamblea general extraordinaria de la Asociación Civil de Conductores Rescate y Libertad, registrada en fecha 22 de julio de 2002, bajo el N° 02, folios 5 al 7 del protocolo primero principal y duplicado, tomo I adicional, tercer trimestre de 2002, ante la Oficina Subalterna de Registro Público del Municipio Atures del estado Amazonas, con sede en Puerto Ayacucho, a través del procedimiento de la tacha de instrumentos previsto en la Sección Tercera, Capitulo V, Titulo II del Código de Procedimiento Civil, y solicitar, en consecuencia, el efecto registral previsto en la Ley de Registro Público y del Notariado, donde se establece que los asientos registrales en que consten actos o negocios jurídicos solamente podrán ser anulados mediante sentencia definitivamente firme.

Ahora bien, la Sala ha establecido, en reiterada jurisprudencia, que el acto de inscripción en el registro aun cuando pueda ser calificado de administrativo por consideraciones de naturaleza orgánica, entre otras, la competencia para la anulación señalada no está otorgada por la Ley a los tribunales contencioso administrativos.

En este sentido, la Sala se ha pronunciado en sentencia N° 05 de fecha 13 de abril de 2000 (caso: Universidad Interamericana del Caribe C.A., contra Promotora Eden Park C.A., y el ciudadano Carlos Alberto Riade Ricci, Registrador Subalterno del Municipio Autónomo Plaza del estado Miranda), expediente N° 00-01, en los términos siguientes:

“...El acto de inscripción en el registro, aun cuando pueda ser calificado de administrativo por consideraciones de naturaleza orgánica entre otras, la competencia para la anulación señalada no está otorgada por la Ley a los Tribunales contencioso administrativos.

En efecto, el artículo 53 de la Ley de Registro Público dispone:
“...La persona que se considere lesionada por una inscripción realizada en contravención de esta Ley u otras Leyes de la República podrá acudir ante la jurisdicción ordinaria a impugnar dicha inscripción. En todo caso la cancelación o anulación de un asiento en el Registro presupone la extinción o anulación del acto registrado...”.

Como se observa, la citada disposición de la Ley de Registro Público determina que las impugnaciones contra asientos registrales deben ser conocidas por la jurisdicción ordinaria; y no como equivocadamente señala el Tribunal requerido en el caso de autos...”.

En consecuencia, y por aplicación de la jurisprudencia precedentemente transcrita, si el derecho que se reclama es la nulidad del acta de asamblea supra identificada, es evidente que el caso in comento debe ser resuelto por la jurisdicción civil” (Destacado añadido).

2) En igual sentido, la Sala Político Administrativa precisó en la sentencia N° 985 del 13 de agosto de 2008 (caso: Vicente Marrero), que la competencia para conocer de las impugnaciones de inscripciones le corresponde necesariamente a la jurisdicción ordinaria, por una parte, porque se trata de actuaciones que implican la aplicación de normas sustantivas y adjetivas de carácter civil y mercantil y, por otra, porque se está en presencia de un supuesto distinto al previsto por el artículo 41 de la Ley de Registro Público y del Notariado, el cual dispone que los tribunales con competencia contencioso-administrativa deberán conocer de los recursos intentados ante el rechazo o negativa de inscripción de un documento o acto del Registrador, dispuso:

“…Del libelo se desprende que la pretensión del actor es impugnar el acto de protocolización a los fines de dejar sin efecto el documento de transacción y, en consecuencia, obtener la nulidad de un asiento registral, siendo éste un acto formado directamente por la Oficina de Registro.

En este sentido debe indicarse que el 27 de noviembre de 2001 entró en vigencia el Decreto Nº 1.554 con Fuerza de Ley de Registro Público y del Notariado, publicado en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela Nº 37.333, de la misma fecha, el cual fue derogado por la nueva Ley de Registro Público y del Notariado publicada en la Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela N° 5.833 Extraordinario, del 22 de diciembre de 2006, de manera que la presente declinatoria de competencia debe resolverse en atención a las disposiciones adjetivas contenidas en este último instrumento normativo.

Al respecto, en el referido texto legal no se incorporó disposición alguna mediante la cual el legislador atribuyera de manera expresa, a los Juzgados Civiles y Mercantiles, la competencia para conocer de las impugnaciones que intentaren aquellas personas que se consideren lesionadas por una determinada inscripción o anotación realizadas en contravención con las leyes de la República, por lo que ante la ausencia de disposición adjetiva expresa en la normativa que rige la actividad de los registradores inmobiliarios, mercantiles y civiles, esta Sala observa que al impugnarse una inscripción realizada por el Registrador en violación a normas legales, la competencia le corresponde a los tribunales ordinarios de la Circunscripción Judicial del lugar donde se encuentre ubicado el Registro al cual se le imputan las irregularidades (ver sentencia de esta Sala N° 0399 publicada el 2 de abril de 2008).

En efecto, este Máximo Tribunal observa que la competencia para conocer de las impugnaciones de inscripciones le corresponde necesariamente a la jurisdicción ordinaria, por una parte, porque se trata de actuaciones que implican la aplicación de normas sustantivas y adjetivas de carácter civil y mercantil y, por otra, porque se está en presencia de un supuesto distinto al previsto por el artículo 41 de la Ley de Registro Público y del Notariado, el cual dispone que los tribunales con competencia contencioso-administrativa deberán conocer de los recursos intentados ante el rechazo o negativa de inscripción de un documento o acto del Registrador…” (Resaltado de la Sala).

3) En igual sentido la Sala Plena de este Tribunal Supremo de Justicia en sentencia N° 24 del 9 de junio de 2010 (caso: Dilcia Coromoto Castillo Guédez y otros) estableció que:

“…la nulidad de un asiento registral que involucra la indeterminación del derecho de propiedad que supuestamente tienen los demandantes, (…) amerita un pronunciamiento sobre la situación jurídica en relación con el derecho que se encuentra en disputa. Por ese motivo son los tribunales ordinarios, y no los contencioso administrativos, los competentes para el juzgamiento de la pretensión que encabeza las presentes actuaciones…” (Destacado añadido).

4) Por su parte la Sala Constitucional a los fines de dirimir cuál es el criterio jurisprudencial acorde para determinar el órgano jurisdiccional competente para conocer de las acciones de amparo incoadas contra las negativas de los Registradores a inscribir un determinado documento o aquellos dirigidos contra un asiento registral por violación de derechos constitucionales, en sentencia N° 1.788 del 30 de noviembre de 2011 (caso: Marco Tulio Daly Escobar) abandonó el criterio sostenido en la sentencia N° 258 del 28 de febrero de 2008 (caso: José Enrique García Machado) y declaró, con carácter vinculante, que cuando se trate de demandas de tutela constitucional contra asientos registrales, los tribunales competentes serán los Juzgados de Primera Instancia con competencia material según la naturaleza del asunto que se debata, en resguardo al derecho a ser juzgado por el juez natural, dispuso:

“…cuando se trate de demandas de tutela constitucional contra asientos registrales, los tribunales competentes serán los Juzgados de Primera Instancia con competencia material según la naturaleza del asunto que se debata, en resguardo al derecho a ser juzgado por el juez natural de acuerdo con lo que establece el artículo 49.4 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que en el presente caso corresponde al Juzgado de Primera Instancia Civil, por tratarse de un asiento registral relacionado con la transferencia de propiedad de un inmueble, y, cuando se trate de demandas de amparo constitucional contra el rechazo o negativa del Registrador respecto a la inscripción de un determinado documento o acto, los tribunales competentes serán los Juzgados Superiores de la Jurisdicción Contenciosa Administrativo de la Región, conforme al contenido del artículo 41 de la Ley de Registro Público y Notariado. Así se declara…”. (Resaltado de la Sala)

5) Finalmente, la Sala Especial Segunda de la Sala Plena en reciente sentencia Nº 10 dictada el 26 de junio de 2013, reiteró el precedente jurisprudencial según el cual el conocimiento de las nulidades de asientos registrales corresponde a los juzgados ordinarios, en virtud que se trata de actuaciones que conllevan a la aplicación de normas sustantivas y adjetivas de contenido civil o mercantil, por cuanto para declarar la nulidad o no del documento protocolizado, debe necesariamente pronunciarse sobre la situación jurídica de las partes involucradas, se cita parcialmente el precedente:

“Al respecto, la reiterada jurisprudencia de la Sala Político-Administrativa de este alto Tribunal ha señalado que al impugnarse una inscripción realizada por el registrador en violación a normas legales y derechos constitucionales, la competencia le corresponde a la jurisdicción ordinaria de la circunscripción judicial del lugar donde se encuentre ubicado el Registro al cual se le imputan las irregularidades. Dicho criterio se ha mantenido en forma pacífica, aun cuando la Ley que regula la materia de registro público ha sido modificada en distintas oportunidades. Así, la Sala Político Administrativa en sentencia número 402, dictada en fecha cinco (05) de marzo del año dos mil dos (2002), indicó..

El referido criterio se ha ratificado, en sentencia N° 7 de fecha once (11) de enero de dos mil seis (2006)…
Debe indicar esta Sala Especial Segunda de la Sala Plena que la última decisión parcialmente transcrita fue objeto de un recurso de revisión ante la Sala Constitucional, la cual en sentencia N° 1.669, de fecha doce de junio del año dos mil seis (2006), declaró no ha lugar de dicha solicitud, en un análisis didáctico sobre los antecedentes sobre la materia…

Y en sentencia de la Sala Plena número 26, de fecha once (11) de noviembre de dos mil diez (2010), se señaló lo siguiente:

…De las precedentes consideraciones, se colige que la pretensión de los accionantes está orientada a obtener la nulidad de un asiento registral que involucra la indeterminación del derecho de propiedad; en tal sentido, debe reiterarse el criterio señalado en la pacífica jurisprudencia tanto de la Sala Plena, como de la Sala Político-Administrativa de este Alto (sic) Tribunal, el cual establece que la competencia para conocer de las aludidas impugnaciones corresponde a los juzgados ordinarios, en virtud de que se trata de actuaciones que conllevan a la aplicación de normas sustantivas y adjetivas de contenido civil o mercantil, por cuanto para declarar la nulidad o no del documento protocolizado, debe necesariamente pronunciarse sobre la situación jurídica de las partes involucradas, aunado al hecho de que se está en presencia de un supuesto distinto al previsto en el artículo 41 de la vigente Ley de Registro Público y del Notariado.”

Criterio reiterado, en fallo número 35, también de Sala Plena, de fecha nueve (09) de agosto de dos mil once (2011), por lo cual, como se ha señalado, en reiterada y pacífica jurisprudencia, la competencia para el conocimiento de las nulidades de asientos registrales le pertenece a la jurisdicción ordinaria, y visto que el caso bajo análisis se trata precisamente de una demanda de nulidad de asiento registral conjuntamente con medida cautelar innominada de suspensión de los efectos, esta Sala Especial Segunda de la Sala Plena, declara competente al Juzgado Tercero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Tránsito y Bancario de la Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de Caracas. Así se decide” (Destacado añadido).

Conforme a los precedentes jurisprudenciales que en forma reiterada han dictado las distintas Salas del Tribunal Supremo de Justicia anteriormente analizados, este Juzgado Superior Estadal de la Jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar no acepta la competencia que le fuera declinada y se declara incompetente para el conocimiento de la Demanda incoada por la ciudadana Irlanda Mercedes García Márquez por Retracto Legal de cuota alícuota en comunidad civil ordinaria de un bien inmueble ubicado en las Flores de Agua Salada, Parroquia Agua Salada de Ciudad Bolívar, por venta que se ha hecho por parte de sus comuneros PABLO RODRIGUEZ SOTO y RAMON JOSE VIDAL PEREZ, de parte alícuota de la comunidad y propiedad aquí indicada, y subrogación de los derechos vendidos al ciudadano FADY KAYYAL AZAR, conforme se evidencia de documento protocolizado bajo el Nº 2013-4386 del asiento registral 2 del libro del Folio Real del año 2013, inmueble matriculado con el Nº 299.6.3.2.2241 de fecha 14 de diciembre de 2015, así como la NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL aquí citado, asistida por el abogado Pedro Rafael Gotia Manzano, Inpreabogado Nº 9.566, contra los ciudadanos PABLO RODRÍGUEZ SOTO, RAMÓN JOSÉ VIDAL PÉREZ y FADY KAYYAL AZAR, titulares de las cédulas de identidad Nº V-11.730.599, V-10.565.709 y V-11.174.758 y contra el REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO HERES DEL ESTADO BOLÍVAR, pidiendo la nulidad de dicha data registral de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Registro Público y del Notariado en concordancia con el artículo 1.914 del Código Civil y 16 del Código de Procedimiento Civil. Así se decide.

II.4. En vista del conflicto negativo de competencia surgido se observa que el numeral 4 del artículo 31 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia, dispone que se remitirá a la Sala que sea afín con la materia y la naturaleza del asunto debatido, los conflictos de competencia entre tribunales, sean ordinarios o especiales, cuando no exista otro tribunal superior y común a ellos en el orden jerárquico.

En el presente caso al surgir un conflicto negativo de competencia entre dos (2) tribunales que pertenecen a distintos ámbitos competenciales, -civil y contencioso administrativo -, se ordena remitir las presentes actuaciones a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia a los fines de la resolución del conflicto negativo de competencia planteado. Así se decide.
III. DISPOSITIVA

En mérito de las consideraciones anteriormente expuestas, este Juzgado Superior Estadal de la jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, Se DECLARA:

PRIMERO: NO ACEPTA LA COMPETENCIA que le fuere declinada por el Juzgado Primero de Primera Instancia en lo Civil, Mercantil, Agrario, Bancario y del Tránsito del Primer Circuito de la Circunscripción Judicial del Estado Bolívar.

SEGUNDO: INCOMPETENTE para el conocimiento de la Demanda incoada por la ciudadana IRLANDA MARCEDES GARCIA MARQUEZ por Retracto Legal de cuota alícuota en comunidad civil ordinaria de un bien inmueble ubicado en las Flores de Agua Salada, Parroquia Agua Salada de Ciudad Bolívar, por venta que se ha hecho por parte de sus comuneros PABLO RODRIGUEZ SOTO y RAMON JOSE VIDAL PEREZ, de parte alícuota de la comunidad y propiedad aquí indicada, y subrogación de los derechos vendidos al ciudadano FADY KAYYAL AZAR, conforme se evidencia de documento protocolizado bajo el Nº 2013-4386 del asiento registral 2 del libro del Folio Real del año 2013, inmueble matriculado con el Nº 299.6.3.2.2241 de fecha 14 de diciembre de 2015, así como la NULIDAD DE ASIENTO REGISTRAL aquí citado, asistida por el abogado Pedro Rafael Gotia Manzano, Inpreabogado Nº 9.566, contra los ciudadanos PABLO RODRÍGUEZ SOTO, RAMÓN JOSÉ VIDAL PÉREZ y FADY KAYYAL AZAR, titulares de las cédulas de identidad Nº V-11.730.599, V-10.565.709 y V-11.174.758 y contra el REGISTRO PÚBLICO DEL MUNICIPIO HERES DEL ESTADO BOLÍVAR, pidiendo la nulidad de dicha data registral de conformidad con lo establecido en el artículo 41 de la Ley de Registro Público y del Notariado en concordancia con el artículo 1.914 del Código Civil y 16 del Código de Procedimiento Civil.

TERCERO: En virtud del conflicto negativo de competencia surgido se ordena la remisión del presente expediente a la Sala Plena del Tribunal Supremo de Justicia.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada de la presente sentencia en el índice copiador de sentencias de este Tribunal.-

Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Juzgado Superior Estadal de la jurisdicción Contencioso Administrativa del Estado Bolívar, en Puerto Ordaz, a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre de 2016. Años: 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

EL JUEZ PROVISORIO
CARLOS MORENO MALAVÉ

LA SECRETARIA
ODEISA VIÑA HERRERA