TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara.
Barquisimeto, veintiocho (28) de Marzo de dos mil dieciséis (2016)
205º y 157º

ASUNTO: KP02-M-2015-105
PARTE ACTORA: ciudadana MARIA ALEJANDRA ANZOLA QUERALES, venezolana, mayor de edad, titular de la cédula de identidad No. V-16.442.670.-
APODERADOS DE LA PARTE ACTORA: Abogados en ejercicio FILIPPO SAMBITO, AYMARA BRACHO, CARMINE PETRILLI y MARIA ANZOLA, inscritos en el I.P.S.A bajo los Nos. 45.954, 138.706, 108.822 y 133.262, respectivamente.-
PARTE DEMANDADA: ciudadanos ORLANDO ANTONIO GARCIA LUCINCHI, ORLANDO ALBERTO GARCIA LUCINCHI, INDIRA BEATRIZ GARCIA DE AGUILAR y MAYKER JOSE GUEDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-12.433.522, V-13.990.648, V-11.263.969 y V-15.214.886, respectivamente.-
MOTIVO: DENUNCIA MERCANTIL (IRREGULARIDADES ADMINISTRATIVAS).-
SENTENCIA: INTERLOCUTORIA

I
Se recibió proveniente de la Unidad de Recepción y Distribución de Documentos Civil la presente demanda por DENUNCIA MERCANTIL (Irregularidades administrativas) intentada por la ciudadana MARIA ALEJANDRA ANZOLA QUERALES contra los ciudadanos ORLANDO ANTONIO GARCIA LUCINCHI, ORLANDO ALBERTO GARCIA LUCINCHI, INDIRA BEATRIZ GARCIA DE AGUILAR y MAYKER JOSE GUEDEZ, ya identificados. Dándosele entrada y anotándose en los libros respectivos en fecha 29 de Junio de 2015.
Por auto de fecha 07 de Julio de 2015, se admitió la demanda ordenándose la citación de la parte demandada para que compareciera al tercer (3er.) día de despacho siguiente a la constancia en autos de la última citación, a fin de ser oídos conforme a lo dispuesto en el artículo 291 del Código de Comercio.-
En fecha 27 de Julio de 2015, se comisionó a un Juzgado de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Palavecino y Simón Planas del Estado Lara, a los fines de la práctica de la citación del codemandado ciudadano ORLANDO ANTONIO GARCIA LUCINCHI, librándose despacho y oficio Nº 687-A.
Seguidamente, consignados como fueron los fotostastos en fecha 04 de Agosto de 2015 se libró las compulsas de citación a los codemandados, y se acordó hacer entrega de las mismas al Alguacil de este Despacho para la práctica de las citaciones ordenadas, quien en fecha 28 de octubre de 2015, dejó constancia de que le fueron suministrados los emolumentos necesarios para practicar la citación.
Por auto de fecha 15 de Diciembre de 2015, se agregó las resultas de la comisión recibidas con oficio Nº 296-729, emanadas del Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Palavecino y Simón Planas, debidamente cumplida.
En actos procesales posteriores, el Alguacil adscrito a este Juzgado dejó constancia, en reiteradas oportunidades de la imposibilidad de ubicar y citar personalmente a los codemandados (folios 109, 125 y 138).-
En fecha 24 de Febrero de 2016, compareció el apoderado judicial de la parte actora abogado CARMINE PETRILLI, y solicitó se acordara la citación por carteles de los co-demandados ciudadanos ORLANDO ALBERTO GARCIA LUCINCHI, INDIRA BEATRIZ GARCIA DE AGUILAR y MAYKER JOSE GUEDEZ.-
Por auto de fecha 11 de Marzo de 2016, quien suscribe el presente fallo se aboco el conocimiento de la presente causa en el estado en que se encuentra.
Ahora bien, con vista a la diligencia de fecha 24 de Febrero de 2016, suscrita por el apoderado judicial de la parte actora abogado CARMINE PETRILLI, mediante la cual solicitó se librara cartel de citación, este Tribunal a los fines de proveer lo conducente, observa:
Quien aquí decide considera oportuno resaltar la importancia que tiene para el proceso el hecho de que los actos procesales se efectúen correctamente, observando las formas y validez de cada acto pues, cualquier falla que ocurra, puede afectar no sólo el acto en sí, sino a los subsiguientes que dependen de aquél. Por lo tanto, la nulidad procesal puede definirse como la desviación del acto que vicia la finalidad para la cual fue establecida por la Ley o cuando no se ha cumplido con las formas procesales esenciales a su validez.-
En este sentido, es preciso resaltar el contenido del Artículo 206 del Código de Procedimiento Civil Venezolano, el cual dispone:

“Los Jueces procuraran la estabilidad de los juicios, evitando y corrigiendo las faltas que puedan anular cualquier acto procesal. Esta nulidad no se declarará sino en los casos determinados por la ley, o cuando haya dejado de cumplirse en el acto alguna formalidad esencial a su validez…”

En el mismo orden de ideas, la consecuencia de la declaratoria de la nulidad de un acto es la reposición de la causa al estado de que en la misma sentencia señale, pero ésta, por los efectos que produce en los actos consecutivos al acto irrito, y muy especialmente en lo referente a la economía del proceso por obra de la jurisprudencia, ha ido adquiriendo contornos cada vez más limitados y así se tiene sentado como rasgos característicos de la reposición los siguientes: 1) La reposición de la causa no es un fin, sino un medio para corregir un vicio procesal declarado, cuando no puede subsanarse de otro modo; pero no se declarará la nulidad del acto y la reposición, si éste ha alcanzado el fin al cual estaba destinado. 2) Con la reposición se corrige la violación de la Ley que produzca un vicio procesal, y no la violación de preceptos legales, que tengan por objeto, no el procedimiento sino la decisión del litigio o de algunas de las cuestiones que lo integran, porque entonces el error alegado, caso de existir, se corrige por la interpretación y aplicación que el Tribunal de alzada dé a las disposiciones legales que se pretenden violadas. 3) La reposición no puede tener por objeto subsanar desaciertos de las partes, sino corregir vicios procesales, faltas del Tribunal que afecten el orden público o que perjudiquen los intereses de las partes sin culpa de éstas y siempre que ese vicio o error y el daño consiguiente, no haya sido subsanado o no pueda subsanarse de otra manera. (Sentencia de la Sala de Casación Civil de la extinta Corte Suprema de Justicia, de fecha Diecinueve (19) de Marzo de 1.998, con ponencia del Magistrado Dr. Héctor GrisantiLuciani).
Por otra parte, es preciso resaltar lo previsto en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil:

“Cuando sean varias las personas que deben ser citadas y el resultado de todas las citaciones no constare en el expediente por lo menos dos días antes del vencimiento del lapso de comparecencia, el acto de contestación de la demanda quedará diferido y el Tribunal fijará el lapso dentro del cual deberá darse la contestación. Esta fijación no podrá exceder del lapso ordinario a que se refiere el artículo 359 ni será menor de diez (10) días. En todo caso, si transcurrieren más de sesenta días entre la primera y la última citación, las practicadas quedarán sin efectos y el procedimiento se suspenderá hasta que el demandante solicite nuevamente la citación de todos los demandados. Si hubiere citación por carteles, bastará que la primera publicación haya sido hecha dentro del lapso indicado.” (Subrayado y negrillas del Tribunal).

Para el procesalista patrio Arístides RengelRomberg “...en la cadena del proceso, algunos actos son causalmente dependientes del que le precede, a tal punto que la nulidad de éste, afecta la validez de los actos consecutivos que dependen de él…”. Se distinguen así en nuestro sistema los efectos que produce la nulidad de un acto aislado del procedimiento, de aquéllos que produce la nulidad de un acto del cual dependen los que le siguen.
La nulidad de los actos consecutivos a un acto irrito, se produce cuando éste, por disposición de la Ley, sea esencial a la validez de aquéllos, o cuando la misma Ley preceptúa especialmente tal nulidad. Se entiende entonces que un acto es esencial a la validez de los que le siguen, cuando éstos son causalmente dependientes de aquél y, por ello, la nulidad del acto que les sirve de base o fundamento los afecta necesariamente. En estos casos se produce la llamada reposición de la causa, esto es, la restitución del proceso al estado correspondiente al punto de partida de la nulidad, anulándose todo lo actuado desde aquel momento.
La Sala de Casación Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en sentencia dictada en el expediente AA20-C-2014-000704 de fecha 22 de junio de 2015, con ponencia del Magistrado GUILLERMO BLANCO estableció lo que parcialmente se transcribe:

“…Ahora bien, se observa que mediante el vicio delatado pretende el recurrente retrotraer el proceso a un estado anterior en el que se encuentra en la oportunidad de su declaratoria, cuya consecuencia directa e inmediata es la nulidad del acto írrito y de los subsiguientes. En tal sentido, la Sala ha dejado establecido que atendiendo a los principios de celeridad y economía procesal, es indispensable que se justifique la utilidad de la reposición, es decir, el proceso lógico que permita comprender de qué forma fue violentado el derecho de defensa de una o ambas partes; al respecto, en decisión N° 154 del 12 de marzo de 2012, caso: Isidro Fernandes De Freitas y otros, contra Karl Dieminger Robertson, en el expediente N° 11-506, estableció lo siguiente:
“...El vicio de reposición no decretada o preterida, consiste en retrotraer el proceso a un estado anterior a aquél en que se encuentra en el momento de la declaración de nulidad, el cual trae como consecuencia la anulación del acto írrito y de los subsiguientes. (Sent. S.C.C. de fecha 30-04-09, caso: Mairim Arvelo de Monroy y otra, contra sucesión de Luís Enrique Castro).
…la Sala en sentencia del 12 de diciembre de 2006, caso: Pablo Pérez Pérez, contra Promociones y Construcciones Oriente C.A., estableció que en materia de reposición y nulidad de los actos procesales, el vigente Código de Procedimiento Civil, acorde con los principios de economía y celeridad que caracterizan al proceso, incorporó el requisito de la utilidad de la reposición en el sistema de nulidades procesales, esto es, la expresión del proceso lógico que permita comprender cómo ello ocasionó la lesión del derecho de defensa del recurrente en casación…”.

Del criterio trascrito se desprende que para la procedencia de las nulidades procesales se requiere como elemento esencial, la afectación al derecho de defensa de alguno de los litigantes, pues de lo contrario su finalidad restauradora del procedimiento en protección de las formas procedimentales, desaparecería y se convertirían en una manera de hacer los procesos interminables, violentando las garantías establecidas en los artículos 26 y 257 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es por ello que nuestra legislación procesal, regula la utilidad de la reposición en los artículos 206, 211 y 212 del Código de Procedimiento Civil, al establecer que en ningún caso se declarará la nulidad si el acto alcanza el fin al cual está destinado, no permitiendo la nulidad de los actos consecutivos del procedimiento, sino sólo cuando dicho acto sea esencial para la validez de los siguientes, pues de lo contrario se estaría violentando el derecho que se pretende proteger.
En el caso que nos ocupa y acogiendo el criterio jurisprudencial antes citado se desprende de las actas procesales que la parte demandada está conformada por un litis consorcio pasivo, constatándose desde los folios 101 al 108 del expediente, que el Tribunal Segundo de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas de los Municipios Palavecino y Simón Planas del Estado Lara, actuando por comisión dio cumplimiento a la misma siendo que desde el 30-11-2015 fecha en la cual fue citado personalmente el codemandado ORLANDO ANTONIO GARCIA LUCINCHI, titular de la cédula de identidad Nº V-12.433.522, constado en autos en fecha 15 de Diciembre de 2015, hasta el 24 de Febrero de 2016, fecha en la que se solicitara la citación por carteles de los codemandados ciudadanos ORLANDO ALBERTO GARCIA LUCINCHI, INDIRA BEATRIZ GARCIA DE AGUILAR y MAYKER JOSE GUEDEZ, ante la negativa de su citaciones personales, han transcurrido holgadamente más de sesenta (60) días entre una y otra citación; circunstancia que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 228 del Código de Procedimiento Civil, trae como consecuencia procesal, que tal citación queden sin efecto alguno.
En consecuencia, a los fines de salvaguardar el derecho a la defensa, el debido proceso, una tutela judicial efectiva y la igualdad de las partes, preceptos estos contenidos en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, este Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, acuerda la reposición de la causa al estado de que se practique la citación personal de los codemandados, ciudadanos ORLANDO ANTONIO GARCIA LUCINCHI, ORLANDO ALBERTO GARCIA LUCINCHI, INDIRA BEATRIZ GARCIA DE AGUILAR y MAYKER JOSE GUEDEZ, venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad Nos. V-12.433.522, V-13.990.648, V-11.263.969 y V-15.214.886, respectivamente. En el entendido, que el procedimiento se suspenderá hasta que el demandante solicite nuevamente la citación de todos los demandados, y así se decide.
Dada, firmada y sellada en la Sala de Despacho del Tribunal Cuarto de Municipio Ordinario y Ejecutor de Medidas del Municipio Iribarren de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, en Barquisimeto a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año dos mil dieciséis (2016). Años 205° y 157°.
LA JUEZ PROVISORIA,

ABG. DIOCELIS PÉREZ BARRETO LA SECRETARIA,

ABG. CECILIA NOHEMÍ VARGAS

En la misma fecha, siendo las 09:16 a.m., se publicó y registró la anterior decisión.

LA SECRETARIA,

ABG. CECILIA NOHEMI VARGAS

ASUNTO: KP02-M-2015-105
DPB/CNV/OG
Asiento Libro Diario: