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P O D E R J U D I C I A L

En su nombre,
JUZGADO SEGUNDO DE JUICIO DEL TRABAJO
CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA
Dicta Sentencia Interlocutoria con Fuerza de Definitiva

Asunto: KP02-L-2007-2185 / MOTIVO: COBRO DE PRESTACIONES SOCIALES


IDENTIFICACIÓN DE LAS PARTES Y SUS APODERADOS

PARTE DEMANDANTE: NICOLAS JOSE MORILLO BARRIENTOS, venezolano, mayor de edad, titular de la cédula de identidad Nº 5.322.937.
APODERADO JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDANTE: EFREN CARIPA, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 53.216.
PARTE DEMANDADA: CONSTRUCTORA PEGARCA C.A y CONSTRUCTORA BUSSAN DE VENEZUELA, sin datos regístrales.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA PEGARCA: INGRID GUTIERREZ, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 49.167.
APODERADA JUDICIAL DE LA PARTE DEMANDADA BUSSAN DE VENEZUELA C.A: ELIANNY ROMANO CUICAS, inscrita en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 92.384.
TERCERO INTERVINIENTE: HIDROLARA C.A.
APODERADA JUDICIAL DEL TERCERO INTERVINIENTE: BRIAN MATUTE DIAZ, inscrito en el Instituto de Previsión Social del Abogado bajo el Nº 116.302.


RESUMEN DEL PROCEDIMIENTO

El proceso se inició con la demanda presentada en fecha 28 de septiembre de 2007 (folios 1 al 11 de la primera pieza), cuyo conocimiento correspondió por distribución al Juzgado Primero de Primera Instancia de Sustanciación, Mediación y Ejecución de esta Circunscripción Judicial, que lo recibió y admitió el 02 de octubre de 2007 (folios 12 y 13 de la primera pieza).

Cumplida la notificación de los demandados (folios 14 al 155 de la primera pieza), se instaló la audiencia preliminar el 07 de noviembre de 2012, prolongándose en varias oportunidades, hasta el 21 de marzo de 2012, fecha en la que se declaró concluida, por lo que se ordenó agregar las pruebas a los autos (folio 171 de la primera pieza).

El día 03 de abril de 2013, el tribunal mediante auto deja constancia que la parte demandada consignó escrito de contestación a la demanda (folio 221 de la segunda pieza), por lo que se remitió el expediente para el conocimiento de la siguiente fase, recibiéndolo este Juzgado Segundo de Juicio en fecha 12 de abril de 2013 (folio 224).

Dentro del lapso legalmente previsto, se pronunció sobre la admisibilidad de las pruebas y fijó la fecha para iniciar la audiencia de juicio (folios 225 al 229 de la segunda pieza).

El 21 de octubre de 2015, comparecen las partes a la audiencia de juicio convocada, abocándose al conocimiento de la causa la Abg. NAILYN RODRIGUEZ CASTAÑEDA, designada como Juez temporal para ese momento; para lo cual se acogió al lapso de 3 días de despacho siguientes y vencido el mismo fija por auto separado la celebración de la audiencia de juicio (folios 300 y 301 de la segunda pieza).

El 31 de marzo de 2016, comparecen las partes a la audiencia de juicio convocada, abocándose al conocimiento de la causa el Abg. CARLOS LUIS SANTELIZ CASAMAYOR, designado como Juez temporal para ese momento; para lo cual se acogió al lapso de 3 días de despacho siguientes y vencido el mismo fija por auto separado la celebración de la audiencia de juicio (folio 05 de la tercera pieza).

El 06 de junio de 2016, fecha fijada para que tenga lugar la audiencia oral y pública de juicio, ambas partes manifiestan que han llegado a un acuerdo (folios 07 y 08 de la tercera pieza).

M O T I V A

El acuerdo transaccional manifestado por las partes es del tenor siguiente:

PRIMERO: Toma la palabra la apoderada judicial de la parte demandada CONSTRUCTORA PEGARCA C,A y expone: a los fines de dar por terminado al presente asunto mi representada ofrece cancelarle al actor la cantidad de SETENTA Y SIETE MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 77.000.oo), en un único pago para el día 17 de junio de 2016, para pagar cualquier diferencia de que se deba al actor de conformidad con el salario y los cálculos de la Ley Orgánica del Trabajo vigente para la época por cuanto en este caso no existe aplicación de la convención colectiva de la construcción ya que el actor no ejecutaba ningún oficio establecido en el tabulador.

SEGUNDO: por su parte la actora manifiesta que escuchado el ofrecimiento alegado por la apoderada judicial de la empresa demandada CONSTRUCTORA PEGARCA C,A, en nombre de su representado y con las facultades otorgadas por el mismo acepta la cantidad de SETENTA Y SIETE MIL BOLIVARES CON CERO CENTIMOS (Bs. 77.000.oo), dejando claro que no se le debe ningún pasivo laboral a su representado de todos los conceptos reclamados en el libelo de la demanda.

TERCERO: La representación de la empresa HIDROLARA, C.A manifiesta que quiere que se deje en acta que nunca existió solidaridad alguna entre CONSTRUCTORA PEGARCA C,A y su representada.

CUARTO: por su parte la apoderada judicial de la empresa co-demandada CONSTRUCTORA BUSSAN DE VENEZUELA C.A manifiesta que está conforme con el presente acuerdo y que se homologue el mismo.

QUINTO: Se deja constancia que la falta de cumplimiento de lo acordado en este acto, dará derecho a la parte demandante solicitar la ejecución forzosa del presente acuerdo, más las costas de ejecución.



Para proceder a la homologación del pacto anterior, el Juzgador observa:

El Artículo 89, Nº 2, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece lo siguiente:

Artículo 89.- El trabajo es un hecho social y gozará de la protección del Estado. La Ley dispondrá lo necesario para mejorar las condiciones materiales, morales e intelectuales de los trabajadores y trabajadoras. Para el cumplimiento de esta obligación del Estado se establecen los siguientes principios
(...)
2. Los derechos laborales son irrenunciables. Es nula toda acción o convenio que implique renuncia o menoscabo de estos derechos. Sólo es posible la transacción y el convenimiento al término de la relación laboral, de conformidad con los requisitos que establece la Ley.

En nuestro criterio, la norma constitucional prevé dos situaciones distintas respecto de la irrenunciabilidad de los derechos laborales por el trabajador: Durante la relación de trabajo y al terminar la misma.

1.- Estando en plena ejecución la relación de trabajo, pueden celebrarse acuerdos o convenios que modifiquen o sustituyan beneficios o prestaciones laborales. Estos acuerdos o convenios no pueden tomar la forma de transacciones o convenimientos, por prohibirlo expresamente la norma, no obstante son válidos, aunque no tienen carácter absoluto (cosa juzgada). Si el acuerdo o convenio celebrado implica en la realidad de los hechos una renuncia o menoscabo de la situación jurídica y condiciones del trabajador, deberá declararse nulo.

2.- Terminada la relación laboral, las partes pueden celebrar acuerdos o convenios respecto de los derechos laborales y estos adoptar la forma de transacción, cuyos efectos van a ser definitivos conforme a lo que establezca la Ley y respetando la garantía de que no puede implicar renuncia o menoscabo de los derechos del trabajador.

El Artículo 19, primer aparte, de la novísima Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores (LOTTT) establece los requisitos formales de la transacción laboral:

Artículo 19.- (...)

Las transacciones y convenimientos sólo podrán realizarse al término de la relación laboral y siempre que versen sobre derechos litigiosos, dudosos o discutidos, consten por escrito y contengan una relación circunstanciada de los hechos que la motiven y de los derechos en ella comprendidos.

Como se puede apreciar, la validez formal de la transacción laboral depende, además de lo establecido en la norma constitucional ya analizada; del cumplimiento de los siguientes extremos: Que se haga por escrito; que contenga una relación circunstanciada de los hechos que la motiven; y que contenga una relación circunstanciada de los derechos que comprenda.

Ni la Constitución, ni la Ley especial (LOTTT), ni el Código de Procedimiento Civil (CPC, referencia Artículo 256) definen a la transacción. Lo hace el Código Civil (CC), en el Artículo 1.713 al señalar que “es un contrato por el cual las partes, mediante recíprocas concesiones, terminan un litigio pendiente o precaven un litigio eventual”.

Entonces, los “derechos que comprende” la transacción laboral deben corresponder a ambas partes: Qué derechos compromete el trabajador y qué derechos compromete el empleador en las “recíprocas concesiones”. Si sólo una de las partes acepta comprometer sus derechos, no podemos hablar de transacción, sino de desistimiento (en caso del trabajador-actor) o de convenimiento (si fuere el empleador-demandado).

La realidad laboral muestra que en la mayoría de los casos es el trabajador quien concede o compromete sus pretensiones en una transacción, lo que implica, en términos del constituyente, una “renuncia o menoscabo” de sus derechos, y por lo tanto, debe considerarse y declararse nula.

Precisamente, el mecanismo adecuado para controlar la libre disposición de derechos irrenunciables, es el cumplimiento de los extremos del Artículo 19, primer aparte, Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores.

Como se desprende de las actas que conforman el presente asunto, se evidencia que la parte actora pretendía el pago condenatorio total de Bs. 62.708.260,99, por concepto de prestaciones sociales, conforme lo establecido en la Ley Orgánica del Trabajo, vigente para ese momento.

Del acuerdo transaccional presentado, se evidencia que luego de recalcular los conceptos pretendidos, tomando en cuenta el cumplimiento de algunos beneficios efectuados durante la relación; se estableció como monto definitivo transaccional la cantidad de Bs. 77.000,00, con lo cual quedan satisfechos los beneficios laborales pretendidos; no evidenciándose menoscabo de los derechos irrenunciables del trabajador comprendidos en la Ley Orgánica del Trabajo. Así se establece.

En virtud de la aceptación de la parte demandante en el pago ofrecido por la demandada y aclarados los puntos controvertidos, este Tribunal procede a homologar la transacción celebrada entre las partes por cumplir los extremos de Ley, ya que una vez analizados los puntos se observó el cumplimiento de las prestaciones irrenunciables de todo trabajador. Así se decide.

D I S P O S I T I V O

En mérito de lo anteriormente expuesto, el Juez Segundo de Primera Instancia de Juicio del Trabajo de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, administrando justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la autoridad que le confieren la Constitución, la Ley y el Derecho, DECIDE:

PRIMERO: HOMOLOGAR la transacción celebrada entre las partes, conforme a lo dispuesto en el Artículo 19 de la Ley Orgánica del Trabajo, Las Trabajadoras y Los Trabajadores.

SEGUNDO: No hay condenatoria en costas, por imperio del Artículo 62 de la Ley Orgánica Procesal del Trabajo.

REGÍSTRESE, PUBLÍQUESE Y DÉJESE COPIA CERTIFICADA.

Dictada en Barquisimeto, Estado Lara, el 16 de junio de 2016.

ABG. CARLOS SANTELIZ CASAMAYOR
JUEZ

LA SECRETARIA

En esta misma fecha se publicó la sentencia, a las 11:33 a.m. agregándola al expediente físico y al asunto informático del Juris 2000.-

LA SECRETARIA
CSC/jmms.