TSJ Regiones - Decisión

REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL
Circuito Judicial Penal
Circunscripción Judicial del Estado Lara
CORTE DE APELACIONES

Barquisimeto, 29 de Junio de 2016.
Años: 205° y 157º
ASUNTO: KP01-R-2016-000287
ASUNTO PRINCIPAL: KP01-P-2016-014846

PONENTE: ABG. JORGE ELIECER RONDÓN
De las partes:
Recurrente: Fiscal Sexto del Ministerio Público del Estado Lara.
Imputados: JORGE JOSÉ ANTONIO JIMENEZ MATOS y HERIBERTO SAMUEL PEÑA ORTIZ.
Defensa Privada: Abg. Diana Corina Agüero IPSA N° 126.070 y Abg. Cesar Caldera IPSA N° 143.952 .
Recurrido: Tribunal de Primera Instancia en Función de Control N° 06 de éste Circuito Judicial Penal del Estado Lara.
Delitos: CONTRABANDO DE EXTRACCIÓN, previsto y sancionado en el artículo 57 de la Ley de Precios Justos.
Motivo: Recurso de Apelación con EFECTO SUSPENSIVO, interpuesto por la Fiscal Sexta del Ministerio Público del Estado Lara, contra la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control Nº 06 de éste Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en Audiencia Oral de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, celebrada en fecha 20/06/2016 y fundamentada en fecha 21/06/2016, mediante el cual acordó la medida cautelar sustitutiva a la Privación de Libertad a favor de los ciudadanos JORGE JOSÉ ANTONIO JIMENEZ MATOS y HERIBERTO SAMUEL PEÑA ORTIZ, consistente en Detención Domiciliaria.

CAPITULO PRELIMINAR

En fecha 22 de Junio de 2016, se recibió el presente Recurso en esta Corte de Apelaciones, con motivo de la Apelación e Invocación de Efecto Suspensivo, conforme al artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, interpuesto por la Fiscal Sexta del Ministerio Público del Estado Lara, contra la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control Nº 06 de éste Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en Audiencia Oral de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, celebrada en fecha 20/06/2016 y fundamentada en fecha 21/06/2016, mediante el cual acordó la medida cautelar sustitutiva a la Privación de Libertad a favor de los ciudadanos JORGE JOSÉ ANTONIO JIMENEZ MATOS y HERIBERTO SAMUEL PEÑA ORTIZ, consistente en Detención Domiciliaria.
Fundamentos del Recurso de Apelación con Efecto Suspensivo, interpuesto por la Fiscal Sexta del Ministerio Público del Estado Lara:
“…EN ESTE ACTO LA FISCALIA SOLICITA LA PALABRA: La fiscalía ejerce e EFECTO SUSPENSIVO ya que se verifica acta de los funcionarios actuantes se desprende que los mismos realizaron procedimiento logrando solicitar al vehículo donde iba trasladado los 20 sacos de maíz la documentación pertinente y al mostrar dicha documentación exhiben la misma siendo la de SUNAGRO y una factura sin embargo los funcionarios al percatarse de dicha planilla pudieron verificar que la mercancía no iba dirigida a ninguna dirección no obstante los detenidos presentan factura y se percata que la dirección al sector de Rio Claro, por ende los funcionarios al percatarse que no se dirigía a ese sector proceden con el procedimiento es por lo que se cita acta policial acta de investigación planilla de SUNAGRO, y resto de actuaciones que conforman el presente acto. Es Todo…”

DE LA DECISIÓN RECURRIDA

Por su parte la Jueza de Primera Instancia en Función de Control Nº 06 de este Circuito Judicial Penal, al momento de dictar su decisión en Audiencia Oral de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, celebrada en fecha 20/06/2016, lo hizo en los siguientes Términos:

“…OIDAS LAS EXPOSICIONES DE LAS PARTES Y SUS ALEGATOS, ESTE TIRBUNAL DE CONTROL Nº 6, CON COMPETNCIA MUNICIPAL, ADMINISTRANDO JUSTICIA EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, DECIDE EN LOS SIGUIENTES TERMINOS: PRIMERO: Este tribunal ADMITE LA PRECALIFICACION E IMPUTACION DEL DELITO DE CONTRABANDO DE EXTRACCION, previsto y sancionado en el artículo 57 de la Ley de Contrabando, se declara con lugar la aprehensión en flagrancia del ciudadano JOSE ANTONIO JIMENEZ MATOS, titular de la cedula de identidad Nº 23.479.588 y HERIBERTO SAMUEL PEÑA ORTIZ, titular de la cedula de identidad Nº 11.880.453 y se acuerda el PROCEDIMIENTO ORDINARIO. SEGUNDO: En cuanto a la medida de coerción se DECRETA DE CONFORMIDAD CON EL prevista en el artículo 242. 1 la cual deberá ser cumplida en el Vía Rio claro sector el desecho Kilometro 15 hacienda el paraíso. Teléfono: 0426-357.84.79 y Bobare Barrio la democracia, a una cuadra de la ferretería Bobare casa en construcción respectivamente. Se acuerdan las Copias solicitadas por la defensa. TERCERO: De conformidad con lo establecido en el articulo Nº 44 de la Ley Orgánica de Precios Justos la incautación de la mercancía incautada y colocar a la orden de SUNDDE. EN ESTE ACTO LA FISCALIA SOLICITA LA PALABRA: La fiscalía ejerce e EFECTO SUSPENSIVO ya que se verifica acta de los funcionarios actuantes se desprende que los mismos realizaron procedimiento logrando solicitar al vehículo donde iba trasladado los 20 sacos de maíz la documentación pertinente y al mostrar dicha documentación exhiben la misma siendo la de SUNAGRO y una factura sin embargo los funcionarios al percatarse de dicha planilla pudieron verificar que la mercancía no iba dirigida a ninguna dirección no obstante los detenidos presentan factura y se percata que la dirección al sector de Rio Claro, por ende los funcionarios al percatarse que no se dirigía a ese sector proceden con el procedimiento es por lo que se cita acta policial acta de investigación planilla de SUNAGRO, y resto de actuaciones que conforman el presente acto. Es Todo. CUARTO: Se ordena la remisión de las presentes actuaciones a la CORTE DE APELACIONES a fin de que emita el pronunciamiento respectivo. La presente decisión se fundamentara en el lapso de ley. Es todo, termino, se leyó y conformes firman…”

Así mismo, en fecha 21/06/2016, el Juez de Primera Instancia en Función de Control N° 06 de este Circuito Judicial Penal, fundamentó la decisión, de la siguiente manera:

“…A LOS FINES DE DECIDIR EL TRIBUNAL OBSERVA
En el presente caso, los supuestos que motivan decretar una Medida Privativa de Libertad, tal como lo señala el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, considera procedente y en este particular, que puede ser razonablemente satisfecha la Privación de Libertad con la aplicación de otra medida menos gravosa, constatado como fue que la Mercancía Incautada vale decir, 20 Sacos de Maíz, atendiendo la Emergencia Económica decretada por la Presidencia de la República, impulsando la continuidad de la Construcción del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI como Alternativa al Sistema Capitalista asegurando la reivindicación del contenido social de la Democracia con aplicación de la Política en materia de Precios Justos referente a la Fluctuación de la Economía buscando el Interés de Proteger y Defender a los Usuarios y Evitar las Ondas Especulativas que pudieran arruinar las posibilidades adquisitivas del Pueblo Venezolano y desmejorar su calidad de vida, por lo que se concluye que la Mercancía Incautada de los Elementos extraídos del Acta policial a los Sujetos Activos quienes resultaron ser el Chofer del Vehículo que la transportaba y es su medio de subsistencia el Transporte de Mercancía y que para tal fin fue contratado y del otro sujeto quien posee junto a su Padre un Fundo Agropecuario quien señaló que dicha Mercancía está destinada a la Alimentación de los animales y personal del Hato, no constatándose en esta Etapa del Proceso bajo Elementos de Investigación presentado, que su accionar valla dirigido a Ejercer un Contrabando con la misma, de lo cual fue consignado a las Actas Copia del Registro Mercantil del Fundo Agropecuario y relación Fotográfica del mismo, constatándose así ser por un lado un ciudadano Comín dedicado al Transporte uno de los imputados y el otro un Productor en Materia de Ganadería, razón por la cual lo más ajustado a Derecho es otorgar la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de Libertad consistente en Detención Domiciliaria, conforme lo señalado en el artículo 242 ° 1 del Código Orgánico Procesal Penal,; Y Así Se Establece.
DISPOSITIVA
En virtud de las consideraciones anteriormente expuestas, este Tribunal de Control Nº 6, Administrando Justicia en Nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por la Autoridad que le confiere la Ley, pasa a pronunciarse en los siguiente términos: PRIMERO: En virtud de la solicitud del Ministerio Público se Decreta con Lugar la Aprehensión en Flagrancia y acuerda la continuación del presente asunto por la vía del Procedimiento Ordinario conforme lo señalado en los artículos 234 y 262 del Código Orgánico Procesal Penal; SEGUNDO: Se acuerda la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de Libertad consistente en Detención Domiciliaria, la cual deberá cumplir Vía Rio claro sector el desecho Kilometro 15 hacienda el paraíso. Teléfono: 0426-357.84.79 y Bobare Barrio la democracia, a una cuadra de la ferretería Bobare casa en construcción respectivamente. TERCERO: La representación del Ministerio Público ejerció Efecto Suspensivo fundamentado en que se verificó de las actas de los funcionarios actuantes que los mismos realizaron procedimiento logrando solicitar al vehículo donde iba trasladado los 20 sacos de maíz la documentación pertinente y al mostrar dicha documentación exhiben la misma siendo la de Sunagro y una factura sin embargo los funcionarios al percatarse de dicha planilla pudieron verificar que la mercancía no iba dirigida a ninguna dirección no obstante los detenidos presentan factura y se percata que la dirección al sector de Rio Claro, por ende los funcionarios al percatarse que no se dirigía a ese sector proceden con el procedimiento es por lo que se cita acta policial acta de investigación planilla de Sunagro, y resto de actuaciones que conforman el presente acto. Es Todo. CUARTO: Conforme lo establecido en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal, se ordena la remisión de las presentes actuaciones a la Corte de Apelaciones a fin de que emita el pronunciamiento respectivo…”

CONSIDERACIONES DE LA CORTE PARA DECIDIR

Esta Corte para decidir observa, que la Fiscal Sexta del Ministerio Público, objetó la decisión del Tribunal de Primera Instancia en Función de Control Nº 06 de éste Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en Audiencia Oral de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, celebrada en fecha 20/06/2016 y fundamentada en fecha 21/06/2016, mediante el cual acordó la medida cautelar sustitutiva a la Privación de Libertad consistente en Detención Domiciliaria.
A tal efecto considera oportuno esta Instancia Superior, traer a colación lo previsto en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal Vigente, el cual dispone:

“…La interposición de un recurso suspenderá la ejecución de la decisión, salvo que expresamente se disponga lo contrario

Cuando se trate de una decisión que otorgue la libertad del imputado, la interposición del recurso de apelación no suspenderá la ejecución de la decisión, excepto cuando se tratare de delitos de: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de victimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra y el Ministerio Público apele en la Audiencia de manera oral y se oirá a la defensa…”

Es preciso para esta instancia superior indicar que el efecto suspensivo establecido en el artículo 430 del Código Orgánico Procesal Penal vigente, suspende la ejecución de la decisión de manera excepcional solo en aquellos casos en que se trate de los siguientes delitos: homicidio intencional, violación; delitos que atenten contra la libertad, integridad e indemnidad sexual de niños, niñas y adolescentes; secuestro, delito de corrupción, delitos que causen grave daño al patrimonio público y la administración pública; tráfico de drogas de mayor cuantía, legitimación de capitales, contra el sistema financiero y delitos conexos, delitos con multiplicidad de victimas, delincuencia organizada, violaciones graves a los derechos humanos, lesa humanidad, delitos graves contra la independencia y seguridad de la nación y crímenes de guerra, y el Ministerio Publico apele en la audiencia de manera oral y se oirá a la defensa.

Los medios recursivos y las garantías procesales de la doble instancia, se encuentran consagrados en el Código Orgánico Procesal Penal, los cuales se sustentan en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, que ha sido concebida como el instrumento que contiene la refundación del Estado Venezolano, y se encuentran inspirados en principios garantistas propios de un Estado Social Democrático de Derecho y de Justicia, que conducen la actividad jurisdiccional para arribar a la decisión, como sucede en el Estado Venezolano, donde debe respetarse el derecho que tiene todo venezolano de recurrir contra la decisión que le perjudique para que la instancia siguiente pueda revisar la legalidad y la constitucionalidad de la decisión proferida por la primera instancia, derecho este inviolable en materia penal y donde el legislador previó el sistema de recursos, pasando estos a formar parte de la tutela judicial efectiva y su lesión produce menoscabo de las garantías procesales constitucionales.

Así pues, debe considerarse que la Impugnación de una providencia del juez puede ser atribuida a vicios en el procedimiento; vicios en el derecho procesal ya sea de error de hecho o error de derecho.

El efecto suspensivo, es uno de los medios recursivos mas resaltantes, relacionado intrínsecamente con el acto jurisdiccional que hoy nos ocupa y el cual apunta a la posibilidad de intentar actualmente una apelación durante el plazo para proponerla y la efectiva interposición de la impugnación, lo que trae como consecuencia la suspensión de la ejecución de la providencia de manera excepcional, en los casos de los delitos que dispone el mismo artículo 430 del Código Adjetivo Penal, antes descrito, por que así lo requiere el fin a que tiende el gravamen y lo irreparable de algunos efectos.

En este mismo orden de ideas, desde el punto de vista de la normativa que se analiza, es general absoluto y constante en cuanto impide que la providencia venga a ser ejecutiva, esto es propio no solo de las impugnaciones regularmente propuesta, sino de las irregulares mientras no haya sido revocada por el juez competente, su inadmisión, por lo que subsiste su efecto hasta pronunciamiento definitivo de la instancia a la cual le corresponda conocer la declaratoria con lugar o sin lugar.

Por lo tanto, el efecto suspensivo en este caso, impide que se ejecute la decisión impugnada y produce el efecto de mantener en vida la acción penal, de manera que cualquier providencia, que deba tomarse, entre tanto se debe referir a las consecuencia del efecto y no a la condena o absolución contenida en el recurso de apelación que sobre esta se ejerza; la consecuencia inmediata es la suspensión de efectos de derecho material, es decir, si la sentencia inflige sanciones penales o contienen sanciones administrativas o civiles, su ejecución queda en suspenso.

Ha sido criterio de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia que cuando el juzgador acuerde la liberación del imputado y el Ministerio Público ejerza el recurso de apelación contra tal decisión, la misma se suspenderá provisionalmente, mientras se tramita el conocimiento del caso en alzada. Así, es posible afirmar que se trata de una medida de naturaleza instrumental y provisional, cuya eficacia está limitada en el tiempo, por cuanto la suspensión se extingue al dictarse la decisión de alzada, sea que confirme o que revoque la providencia apelada. De esta forma, y sin que ello contraríe el carácter garantista de los derechos del imputado y del acusado que caracteriza al Código Orgánico Procesal Penal, éste prevé expresamente el efecto suspensivo en referencia, a fin de asegurar la posibilidad de aplicar, posteriormente, la sanción privativa de libertad, en caso de que se revoque la decisión impugnada; ello, al objeto de garantizar la aplicación de la Ley penal y, por tanto, tutelar los bienes jurídicos que a través de ella se protegen.

En este orden de ideas, es importante tener presente que, ante la solicitud de la medida privativa de libertad, por parte de la Fiscalía, el Juez de Control deberá hacer una disección de los supuestos establecidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, el cual establece lo siguiente:
“…Procedencia. El Juez de control, a solicitud del Ministerio Público, podrá decretar la privación preventiva de la libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1. Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2. Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible;
3. Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación…”.

Observa esta Alzada, que en el caso en estudio, relacionado con la medida a imponer a los imputados JORGE JOSÉ ANTONIO JIMENEZ MATOS y HERIBERTO SAMUEL PEÑA ORTIZ, y el cumplimiento de los requisitos previstos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, citados en el párrafo que precede, el Tribunal a quo, señaló lo siguiente:
“…En el presente caso, los supuestos que motivan decretar una Medida Privativa de Libertad, tal como lo señala el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, considera procedente y en este particular, que puede ser razonablemente satisfecha la Privación de Libertad con la aplicación de otra medida menos gravosa, constatado como fue que la Mercancía Incautada vale decir, 20 Sacos de Maíz, atendiendo la Emergencia Económica decretada por la Presidencia de la República, impulsando la continuidad de la Construcción del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI como Alternativa al Sistema Capitalista asegurando la reivindicación del contenido social de la Democracia con aplicación de la Política en materia de Precios Justos referente a la Fluctuación de la Economía buscando el Interés de Proteger y Defender a los Usuarios y Evitar las Ondas Especulativas que pudieran arruinar las posibilidades adquisitivas del Pueblo Venezolano y desmejorar su calidad de vida, por lo que se concluye que la Mercancía Incautada de los Elementos extraídos del Acta policial a los Sujetos Activos quienes resultaron ser el Chofer del Vehículo que la transportaba y es su medio de subsistencia el Transporte de Mercancía y que para tal fin fue contratado y del otro sujeto quien posee junto a su Padre un Fundo Agropecuario quien señaló que dicha Mercancía está destinada a la Alimentación de los animales y personal del Hato, no constatándose en esta Etapa del Proceso bajo Elementos de Investigación presentado, que su accionar valla dirigido a Ejercer un Contrabando con la misma, de lo cual fue consignado a las Actas Copia del Registro Mercantil del Fundo Agropecuario y relación Fotográfica del mismo, constatándose así ser por un lado un ciudadano Comín dedicado al Transporte uno de los imputados y el otro un Productor en Materia de Ganadería, razón por la cual lo más ajustado a Derecho es otorgar la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de Libertad consistente en Detención Domiciliaria, conforme lo señalado en el artículo 242 ° 1 del Código Orgánico Procesal Penal…”
Evidencia así este Tribunal Colegiado que en la recurrida se explican las razones por las cuales están dadas las condiciones para acogerse a lo establecido en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, toda vez que esta medida es de naturaleza cautelar y no sancionadora, con la cual también se podrá garantizar los fines del proceso, dado que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad se pueden ver satisfechos con una medida menos gravosa que la privación de libertad.
Es importante tener presente, que si bien es cierto que la privación judicial preventiva de libertad, contra un ciudadano, es una medida que procede cuando se encuentran llenos los extremos legales exigidos en el artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal, y que una vez colectados los elementos de convicción, el Fiscal del Ministerio Público, a tenor de lo dispuesto en el referido artículo, tiene la facultad de solicitar ante el Juez de Control una medida privativa de libertad, si se encuentran llenos los extremos del precitado artículo 236 eiusdem, o en su defecto solicitar una medida menos gravosa de las establecidas en el artículo 242 eiusdem, e incluso la libertad plena del aprehendido, también es cierto, que el Juez está obligado a verificar si tales requisitos de procedencia se cumplen, pudiendo dictar en su defecto una medida cautelar sustitutiva de libertad cuando considere que los supuestos que motivan la privación pueden ser satisfechos con la aplicación de una medida menos gravosa para el imputado, tal como lo constituyen las medidas cautelares sustitutivas contempladas en el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal, quedando establecido por el Juzgador en la fundamentación de la decisión de la siguiente manera:
“…En el presente caso, los supuestos que motivan decretar una Medida Privativa de Libertad, tal como lo señala el Artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, considera procedente y en este particular, que puede ser razonablemente satisfecha la Privación de Libertad con la aplicación de otra medida menos gravosa, constatado como fue que la Mercancía Incautada vale decir, 20 Sacos de Maíz, atendiendo la Emergencia Económica decretada por la Presidencia de la República, impulsando la continuidad de la Construcción del Socialismo Bolivariano del Siglo XXI como Alternativa al Sistema Capitalista asegurando la reivindicación del contenido social de la Democracia con aplicación de la Política en materia de Precios Justos referente a la Fluctuación de la Economía buscando el Interés de Proteger y Defender a los Usuarios y Evitar las Ondas Especulativas que pudieran arruinar las posibilidades adquisitivas del Pueblo Venezolano y desmejorar su calidad de vida, por lo que se concluye que la Mercancía Incautada de los Elementos extraídos del Acta policial a los Sujetos Activos quienes resultaron ser el Chofer del Vehículo que la transportaba y es su medio de subsistencia el Transporte de Mercancía y que para tal fin fue contratado y del otro sujeto quien posee junto a su Padre un Fundo Agropecuario quien señaló que dicha Mercancía está destinada a la Alimentación de los animales y personal del Hato, no constatándose en esta Etapa del Proceso bajo Elementos de Investigación presentado, que su accionar valla dirigido a Ejercer un Contrabando con la misma, de lo cual fue consignado a las Actas Copia del Registro Mercantil del Fundo Agropecuario y relación Fotográfica del mismo, constatándose así ser por un lado un ciudadano Comín dedicado al Transporte uno de los imputados y el otro un Productor en Materia de Ganadería, razón por la cual lo más ajustado a Derecho es otorgar la Medida Cautelar Sustitutiva a la Privativa de Libertad consistente en Detención Domiciliaria, conforme lo señalado en el artículo 242 ° 1 del Código Orgánico Procesal Penal…”

Ahora bien, en la búsqueda de la justicia, durante el desarrollo del proceso judicial penal es que se impone la privación judicial preventiva de libertad y las medidas cautelares sustitutivas, en relación a estas medidas el Código Orgánico Procesal Penal Venezolano, establece algunas modalidades, pudiéndose distinguir dos (2) grupos importantes, las primeras de carácter gravoso como lo es la privación judicial preventiva de libertad, establecida en el artículo 236 del antes señalado código, y el segundo grupo ó bloque denominadas como menos gravosas, y las mismas se encuentran establecidas taxativamente en los artículos 242, 243, 244 y 245 del Código Orgánico Procesal Penal.
El artículo 236 de dicho texto legal el cual establece lo siguiente:
“…Procedencia. El Juez de Controla solicitud del Ministerio Público podrá decretar la privación preventiva de libertad del imputado siempre que se acredite la existencia de:
1.- Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita;
2.- Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o participe en la comisión de un hecho punible;
3.- Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de la investigación.
Dentro de las veinticuatro horas siguientes a la solicitud fiscal, el Juez de control resolverá respecto al pedimento realizado. En caso de estimar que concurren los requisitos previstos en este artículo para la procedencia de la privación judicial preventiva de libertad, deberá expedir una orden de aprehensión del imputado contra quien se solicitó la medida.
Dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes a su aprehensión, el imputado será conducido ante el Juez, quien en presencia de las partes y de las víctimas, si las hubiere, resolverá sobre mantener la medida impuesta, o sustituirla por otra menos gravosa.
Si el Juez acuerda mantener la medida de privación judicial preventiva de libertad durante la fase preparatoria, el Fiscal deberá presentar la acusación, solicitar el sobreseimiento o, en su caso, archivar las actuaciones, dentro de los treinta días siguientes a la decisión judicial.
Este lapso podrá ser prorrogado hasta por un máximo de quince días adicionales sólo si el Fiscal lo solicita por lo menos con cinco días de anticipación al vencimiento del mismo.
En este supuesto, el Fiscal deberá motivar su solicitud y el Juez decidirá lo procedente luego de oír al imputado.
Vencido este lapso y su prórroga, si fuere el caso, sin que el Fiscal haya presentado la acusación, el detenido quedará en libertad, mediante decisión del Juez de control, quien podrá imponerle una medida cautelar sustitutiva.
En todo caso, el Juez de juicio a solicitud del Ministerio Público decretará la privación judicial preventiva de libertad del acusado cuando se presuma fundadamente que éste no dará cumplimiento a los actos del proceso, conforme al procedimiento establecido en este artículo.
En casos excepcionales de extrema necesidad y urgencia, y siempre que concurran los supuestos previstos en este artículo, el juez de control a solicitud del Ministerio Público, autorizará por cualquier medio idóneo, la aprehensión del investigado. Tal autorización deberá ser ratificada por auto fundado dentro de las doce horas siguientes a la aprehensión, y en lo demás se seguirá el procedimiento previsto en este artículo...”

En este sentido, en el sistema penal venezolano, el principio de libertad se concretó con la instauración del sistema acusatorio y el legislador en el texto adjetivo penal estableció que durante la investigación el imputado permanecerá en libertad. Al respecto nuestro texto fundamental en el artículo 44, señala textualmente que:
“La libertad personal es inviolable, en consecuencia:
“1.- Ninguna persona puede ser arrestada o detenida sino en virtud de una orden judicial, a menos que sea sorprendida in fraganti. En este caso será llevada ante una autoridad judicial en un tiempo no mayor de cuarenta y ocho horas a partir del momento de la detención. Será Juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas en la ley…”.

En este contexto, la privación Judicial Preventiva de libertad, va dirigida a asegurar que el imputado no se sustraerá a la actuación de la justicia para dilucidar las responsabilidades penales en que haya incurrido. En ningún caso, puede perseguirse con esta medida fines punitivos o de anticipación de pena y así lo ha establecido la doctrina de la Sala de Casación Penal.
Para el decreto de la Privación Judicial Preventiva de libertad o el otorgamiento de una medida de coerción personal, el Juez de Control cuenta con los mecanismos para pronunciarse si continúa la detención o por el contrario otorga una medida cautelar menos gravosa, la legalidad o restricción, está consagrada en la norma adjetiva.

Para su adopción deben concurrir dos presupuestos:
El fumus boni iuris, esto es, la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; y
El periculum in mora, que debe integrarse con la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de esta medida, tal como evitar el riesgo de sustracción a la acción de la justicia.
En el proceso penal, estos presupuestos o requisitos, se traducen en la demostración de la existencia de un hecho concreto con importancia penal, efectivamente realizado atribuible al imputado con la inequívoca formación de un juicio de valor por parte del Juez, el cual debe haber llegado a la conclusión que el imputado probablemente es responsable penalmente por ese hecho o pesan sobre elementos indiciarios razonable.
Ahora bien, el Principio de Presunción de Inocencia que debe existir siempre, resguarda al imputado al cual se le sigue un Proceso Penal; es de destacar que tal derecho si bien es de supremacía Constitucional, el mismo se encuentra supeditado al propósito de las garantías judiciales, al afirmar la idea de que una persona es inocente hasta que su culpabilidad es demostrada. De esta manera, el constituyente ha reconocido la presunción de inocencia como un derecho fundamental. Sin embargo, este es un derecho iuris tántum, que implica que a todo procesado se le considera inocente mientras no se pruebe su culpabilidad; vale decir, hasta que no se exhiba prueba en contrario y rige desde el momento en que se imputa a alguien la comisión de un delito, quedando el imputado en esa condición durante toda la tramitación del proceso, hasta que se dicte la sentencia definitiva. De igual forma, se ha dicho que ésta se mantiene vigente en el proceso penal siempre que no exista una sentencia judicial que, como consecuencia de la investigación llevada a cabo con las garantías inherentes al debido proceso, logre desvirtuarla.
No obstante el desarrollo del derecho a la presunción de inocencia, es pertinente hacer algunas precisiones adicionales a efectos de una cabal comprensión y tutela del derecho en mención. En primer lugar, como todo derecho tiene un doble carácter, que comporta determinados valores inherentes al ordenamiento constitucional. Por otro lado, no es un derecho absoluto sino relativo. De ahí que, en nuestro ordenamiento, se admitan determinadas medidas cautelares de coerción personal como la medida privativa preventiva de libertad, sin que ello signifique su afectación, porque tales medidas sirven precisamente para esclarecer el hecho investigado y, en algunos casos son imprescindibles para llevar a cabo un procedimiento penal orientado en principios propios de un Estado de derecho; siempre, claro está, que tales medidas sean dictadas bajo criterios de racionabilidad y proporcionalidad. Parte de esa relatividad del derecho a la presunción de inocencia se vincula también con que dicho derecho incorpora una presunción relativa y no una presunción absoluta; de lo cual se deriva, como lógica consecuencia, que la presunción de inocencia puede ser desvirtuada o destruida mediante una mínima actividad probatoria.
En consecuencia de lo antes referido, la Sala, pudo constatar, que en el caso de autos no le asiste la razón a la representación del Ministerio Público, por cuanto el Juez A quo en su decisión, analizó y explicó las razones por las cuales consideró pertinente el otorgamiento de una Medida Cautelar Sustitutiva de la Privación Judicial Preventiva de la Libertad, siendo esta decisión una resolución motivada, con un razonamiento lógico que permite a las partes conocer el por qué de la decisión tomada.
Siendo así, ha quedado demostrado en el presente capítulo, que la decisión dictada por el Tribunal A Quo, cumplió con todos los requisitos legales exigidos por el Código Orgánico Procesal Penal, estando debidamente fundamentada y motivada en cuanto ha lugar en derecho, para imponer la medida cautelar de Detención Domiciliaria de conformidad con el 242.1 del Código Orgánico Procesal Penal, a los ciudadanos JORGE JOSÉ ANTONIO JIMENEZ MATOS y HERIBERTO SAMUEL PEÑA ORTIZ, por lo que se declara SIN LUGAR el presente Recurso de Apelación con Efecto Suspensivo y CONFIRMA la decisión judicial dictada por el Tribunal A Quo. Y ASÍ SE DECIDE.
DISPOSITIVA.
Por todas las razones expuestas, esta Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, ADMINISTRANDO JUSTICIA, EN NOMBRE DE LA REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA, Y POR AUTORIDAD DE LA LEY, dicta los siguientes pronunciamientos:

PRIMERO: Declara SIN LUGAR el Recurso de Apelación con Efecto Suspensivo interpuesto por la Fiscal Sexta del Ministerio Público del Estado Lara, contra la decisión dictada por el Tribunal de Primera Instancia en Función de Control Nº 06 de éste Circuito Judicial Penal del Estado Lara, en Audiencia Oral de conformidad con lo establecido en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal, celebrada en fecha 20/06/2016 y fundamentada en fecha 21/06/2016, mediante el cual acordó la medida cautelar sustitutiva a la Privación de Libertad a favor de los ciudadanos JORGE JOSÉ ANTONIO JIMENEZ MATOS y HERIBERTO SAMUEL PEÑA ORTIZ, consistente en Detención Domiciliaria.
SEGUNDO: Queda CONFIRMADA la Decisión dictada en fecha 20/06/2016 y fundamentada en fecha 21/06/2016, por el Tribunal de Primera Instancia en funciones de Control Nº 06 del Circuito Judicial Penal del Estado Lara.

TERCERO: Remítase el presente asunto al Tribunal de Primera Instancia que conoce de la causa principal, a los fines de que sea agregado al asunto principal.
Publíquese. Regístrese. Cúmplase.

Dada, firmada y sellada en la Sala de Audiencias de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial del Estado Lara, a los (29) días del mes de Junio de 2016. Años: 205° de la Independencia y 157° de la Federación.
Por la Corte de Apelaciones del Estado Lara
El Juez Profesional,
Presidente de la Corte de Apelaciones

Arnaldo Osorio Petit
El Juez Profesional, El Juez Profesional,

Luís Ramón Díaz Ramírez Jorge Eliecer Rondón
(Ponente)
La Secretaria

Maribel Sira
ASUNTO: KP01-R-2016-000287
JER/EMILI