REPUBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
TRIBUNAL MILITAR DÉCIMO OCTAVO DE CONTROL CON SEDE EN MACHIQUES
















EXPEDIENTE N° CJPM-TM18C-013-2016

Visto el desarrollo de la Audiencia Oral celebrada el día de hoy Jueves dos (02) de Junio de 2016, con motivo de la presentación del ciudadano RICARDO RIOS HERRERA, titular de la cedula de identidad N° V- 18.188.165, a quien se le sigue causa penal por la presunta comisión de los delitos militares de ABUSO DE AUTORIDAD previsto en el artículo 507 y sancionado 509; y APROVECHAMIENTO INDEBIDO PROPIO EN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR, previsto y sancionado en el artículo 570 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, al escuchar los alegatos de las partes y al observar que no están llenos los extremos del 236 del Código Orgánico Procesal Penal, Decretó la imposición de Medida Cautelar Sustitutiva; tomando en consideración para decidir lo siguiente:

DATOS PERSONALES DE LOS IMPUTADOS :

Ciudadano RICARDO RIOS HERRERA, titular de la cedula de identidad N° V- 18.188.165, domiciliado en el Sector Las Mandarinas, apartamento 5-A, Municipio Rojas, Guarenas Guatire, Area Metropolitana, Distrito Capital, acompañado de la Defensora Pública de Procesados Militares de Maracaibo ALFEREZ DE NAVÍO ANGÉLICA SAEZ SOLARTE.

DE LA COMPETENCIA:

La representación Fiscal Militar le imputa al ciudadano RICARDO RIOS HERRERA, titular de la cedula de identidad N° V- 18.188.165, la presunta comisión de los delitos militares ABUSO DE AUTORIDAD previsto en el artículo 507 y sancionado 509; y APROVECHAMIENTO INDEBIDO PROPIO EN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR, previsto y sancionado en artículo 570 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, en la cual este Tribunal de conformidad con el artículo 261 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela se declara competente para el conocimiento de la presente Causa.

ENUNCIACIÓN DE LOS HECHOS

De las actas que corren insertas en la causa se desprende del escrito presentado por el Fiscal Militar los siguientes hechos:
“…(omissis)… El día 16 de mayo del año en curso, siendo aproximadamente las 10:00 horas de la mañana, se presento por antes este comando el ciudadano: MORALES BRETT ARNOLDO NOEL, Titular de la Cedula de Identidad 12.477.747, de nacionalidad Venezolano, de 42 años de edad, fecha de nacimiento 07/03/1974, estado civil Soltero, de profesión u oficio Agricultor y vocero den concejo comunal Aguide Teléfono 0412-8648322, natural de Aguide estado Falcón y residenciado calle el estadio, casa sin número, Aguide Municipio Acostado Estado Falcón, con la finalidad de formular denuncia contra el ciudadano: RICARDO RIOS HERRERA, quien presuntamente era Sargento Primero de la Guardia Nacional Bolivariana y pertenecía al Ministerio de las Comunas y que mencionado ciudadano había realizado la recolección de documentos desde el día 09 al 15 de Mayo a los habitantes del sector Aguide del Municipio Acosta, en promesa de la adquisición de electrodomésticos (línea blanca) y productos de primera necesidad, los cuales tendrían un valor de setenta y cinco mil (75.000) bolívares; el día de ayer 15 de mayo, mencionado ciudadano manifestó haber sido víctima del robo de los documentos por parte de dos (02) sujetos a bordo de un vehículo tipo moto, motivo por el cual y dudosos de la veracidad de los sucesos y el cargo público del ciudadano RICARDO RIOS HERRERA, solicitaron el apoyo de este comando; Una vez colocada la denuncia se procedió a dar con el paradero del mencionado ciudadano, encontrado en el sector Aguide, a un ciudadano a quien se le realizo la correspondiente revisión corporal según el artículo 191 del Código Orgánico Procesal Penal, encontrando en el equipaje del mismo un (1) uniforme patriota, con las insignias de la Guardia Nacional Bolivariana, y jerarquías de Sargento Primero y un (01) par de botas de campaña; asimismo 1.- un (01) carnet militar de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Guardia Nacional Bolivariana), con la jerarquía de sargento primero; 2.- Credencial Otorgado por l EIOPSC (Escuela de Inteligencia y Operaciones Psicológicas) con fecha de vencimiento julio 2010, con la jerarquía de Sargento Segundo; 3.- Credencial Otorgado por la Comandancia General de la Guardia Nacional Bolivariana (Cuartel General) Departamento de Alimentación, con la jerarquía de Sargento Primero; 4.- Un teléfono celular Marca Samsung Modelo Gt-S679OL Serial S697OLGSMH, IMEI 359370-05-189824-9, color blanco con una (01) tarjeta SIM de la empresa Movistar. (omissis)…” (sic).

En fecha jueves (02) de Junio del año 2016, el Ministerio Público Militar hace la Presentación de manera verbal, en razón del Principio de Oralidad, y a su vez solicita la imposición de MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo previsto en el Artículo 242, numerales 3, 4 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, aplicable a la jurisdicción penal militar por mandato expreso de los Artículos 20 y 592 del Código de Justicia Militar, al ciudadano RICARDO RIOS HERRERA, titular de la cedula de identidad N° V- 18.188.165, por encontrarse presuntamente incurso en la comisión de los delitos militares de ABUSO DE AUTORIDAD previsto en el artículo 507 y sancionado 509; y APROVECHAMIENTO INDEBIDO PROPIO EN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR, previsto y sancionado en artículo 570 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar.

En esa misma fecha se realizó la Audiencia Oral Respectiva de la siguiente manera:

DEL DESARROLLO DE LA AUDIENCIA:

En este acto el MAYOR SILVIO ENRIQUE TORTABÚ MACHADO, Fiscal Militar Vigésimo con Competencia Nacional, expuso sus alegatos de manera verbal, en razón del principio de Oralidad, manifestando lo siguiente:

“…(omissis)… “Esta Vindicta Publica considera que existe la comisión de acuerdo a lo plasmado en las actuaciones presuntamente de los delitos militares de ABUSO DE AUTORIDAD previsto en el artículo 507 y sancionado 509; y APROVECHAMIENTO INDEBIDO PROPIO EN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR, previsto y sancionado en artículo 570 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, en razón de lo cual es nuestra competencia” Aunado a ello, esta Representación del Ministerio Publico, solicita LA IMPOSICIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES SUSTITUTIVAS A LA PRIVACIÓN JUDICIAL PREVENTIVA DE LIBERTAD, de conformidad con lo establecido en el artículo 242, numerales 3, 4 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, en favor del ciudadano RICARDO RIOS HERRERA, titular de la cedula de identidad N° V- 18.188.165, por encontrarse presuntamente incurso en la comisión de los delitos militares de ABUSO DE AUTORIDAD previsto en el artículo 507 y sancionado 509; y APROVECHAMIENTO INDEBIDO PROPIO EN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR, previsto y sancionado en artículo 570 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. Así mismo declare la FLAGRANCIA, de conformidad con lo previsto en el artículo 234 del Código Orgánico Procesal Penal y haciendo uso de lo dispuesto en el artículo 373 ejusdem se determine la aplicación del PROCEDIMIENTO ORDINARIO…(omissis)…”

En la oportunidad procesal se le otorgó el derecho de palabra a la Defensora de Procesados Militares de Maracaibo ALFEREZ DE NAVÍO ANGÉLICA SAEZ SOLARTE y expuso:

“…(omissis)… Buenas tardes a todos los presentes, en mi carácter de Defensora Pública del ciudadano SARGENTO PRIMERO RICARDO RIOS HERRERA, C.I N° V- 18.188.165, una vez analizadas las actas, esta defensa se adhiere a la Solicitud Fiscal, en consecuencia solicito para mi defendido la imposición de Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad de las establecidas en el artículo 242, numerales 3, 4 y 9 del Código Orgánico Procesal Penal, es todo ciudadana Juez.” (omissis)…”

De igual manera se le impuso al imputado RICARDO RIOS HERRERA, titular de la cedula de identidad N° V- 18.188.165 del Precepto Constitucional, en virtud que este Tribunal Militar Décimo Octavo de Control le indicó su oportunidad para declarar, este manifestó de manera clara y precisa a viva voz lo siguiente:

“…(omissis)…Si ciudadana Juez, deseo declarar”...(omissis)…”.

Seguidamente se procede a tomar la declaración del ciudadano imputado, quien expuso lo siguiente:

“estoy en la población de aguire, estando en la formación general, iba ayudar al consejo comunal, yo le dije que los podía apoyar en esa lista de línea blanca, cuando les dje que no los podía ayudar ellos lo tomaban como Estafa, entonces se perdieron unas planillas y yo llamo a un policía de la población, luego ellos me quitan el carnet y la cédula, luego me dijo que habían llamado a un Capitán de la Población, yo lego de civil, él estaba molesto, yo le dije que estaba en la Comandancia General, me reviso un bolso que yo tenía y saco mi carnet, él me dice que iba a llamar para la comandancia, me pregunta que si yo había pedido mi baja, yo le dije que no, entonces me dijo que yo era un desertor, y allí me detuvieron por 19 días hasta ahorita, cuando fuimos hacia la jurisdicción ordinaria, había una fiscal, un abogado dos denunciantes y yo, ella comenzó a leer el acta policial, ellos dijeron que yo estaba uniformado, que yo decía ser guardia y que yo les estaba quitando 70000 bs, la juez les pregunta si me habían dado dinero y ellos dijeron que no, y decidido declinar para caracas, me atendió el Primer Teniente Montero en la Fiscalía, me pregunto qué cuantos días estaba detenido, yo le dije que 16, yo le dije que solo había ido una sola vez al baño y que mi familia no sabía nada, él dijo que no era competencia de caracas sino de Punto Fijo, allá nos atendió un Alférez de Navío, el me pregunto si no me había bañado por que en verdad olía mal, luego de allá me vine para acá. Ya mi mama sabe mi situación, mis comandantes son Mi Coronel Arellano y Mi Mayor Briceño, yo les había dicho a la Comunidad hace tiempo que los iba a ayudar a comprar línea blanca allá en Falcón, allá tengo unos primos y familiares, luego ellos cuando me vieron me preguntaron que si íbamos a caracas y yo les dije que NO, yo no fui casa por casa, yo no puedo ni correr. El Capitán que me detuvo es de apellido Moronta, Comandante del Puesto de Mire Mire, yo estaba detenido en el calabozo del Comando de Zona 13133 en Tucacas, tengo 10 años de servicio, tengo 36 años, el capitán llamo y de una vez me puso las esposas por presunto desertor, me quitaron la cartera, mis útiles personales, mi maleta, mis zapatos, estando en el calabozo yo pensé que no iban a decir en ningún momento que yo era guardia porque me metieron con todos los presos, malandros, sicarios, de todo, el único funcionario era yo, me decían que yo estaba manchado, habían 30 detenidos, los iban sacando poco a poco pero a medida que iban llegando, iban sacando, yo no le debo nada a nadie, allí estaba un compañero mío de apellido Madroñero que lo mandaron hacer un curso que dura 6 meses, fue el único que me paso una colchoneta, yo estaba de civil, en mi maleta tenía mi uniforme de campaña, siempre lo llevo a todos lados. Fui víctima de una violación hace como 6 días, después que Salí de carcas, dure dos días en calabozo de tucacas y allí fui víctima de violación entre 5 personas, no me daban ni agua, tenía que acercarme hasta cualquier preso y allí tomaba un poquito de agua, de echo alli había un muchacho de 17 años también, las 5 personas que me violaron ya tenían dos meses allí detenidos, al momento de ocurrir el hecho habían 6 personas pero solo participaron 5, me hicieron eso por que decían que yo los manchaba, eso fue hace 2 domingo atrás, siempre estuve en el mismo calabozo, en ese calabozo hay trenzas de zapatos, correo, con eso amenazaban a uno, los guardias me decían que yo manchaba su institución, es todo ciudadana Juez.”


CONSIDERACIONES PARA DECIDIR:

Habiéndose escuchado a las partes y revisada las actas procesales que reposan en la causa, se procede a decidir en los siguientes términos:

PRIMERO: Observa este Juzgado Militar que el imputado RICARDO RIOS HERRERA, titular de la cedula de identidad N° V- 18.188.165, se encuentra presuntamente incurso en la presunta comisión de los delitos militares de ABUSO DE AUTORIDAD previsto en el artículo 507 y sancionado 509; y APROVECHAMIENTO INDEBIDO PROPIO EN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR, previsto y sancionado en artículo 570 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, según Actas Policiales y actuaciones presentadas por el Ministerio Público Militar, hecho que se encuentra en nuestra legislación militar, sancionado en el Código Orgánico de Justicia Militar. Toda esta actitud asumida por los hoy procesados atenta contra los pilares fundamentales en que descansa la Institución Armada, como lo es la Disciplina, La Obediencia y La Subordinación, previsto en el artículo 328 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en concordada relación con el artículo 125 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica de la Fuerza Armada Nacional; motivo por el cual se deben tomar los correctivos que permitan garantizar la buena marcha de la Fuerza Armada, y en especial evitar que las funciones Constitucionales de preservar la Paz y la Seguridad. De igual manera, ha sostenido la jurisprudencia que durante el desarrollo de la audiencia de presentación, el Ministerio Público Militar está obligado a señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar donde ocurrieron los hechos y la posible participación de las personas involucradas, así como subsumir los hechos con el derecho. La sentencia Nº 355 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº A11-271 de fecha 11/08/2011, señala:

“...(omissis)…el acto formal de imputación, constituye una actividad procesal, que en resguardo del principio de seguridad jurídica, y de los derechos a la Defensa, Debido Proceso y Tutela Judicial Efectiva; tiene por finalidad comunicar a las personas, la cualidad de imputado que les surge con ocasión de una investigación, que previamente iniciada, ha arrojado de manera coherente y racional, elementos de convicción en su contra. Ello a fin de que el imputado, debidamente asistido por su defensa técnica, y con resguardo de los derechos y garantías constitucionales y legales; sea impuesto del precepto constitucional que le exime de declarar en su contra y, en consecuencia, sí así lo desea, declare respecto de todo aquello que le favorezca y esté relacionado con la investigación, aunado a que se le permita el acceso a las actas que constituyen la investigación, y su intervención en la formación de los actos de investigación, y en fin pueda solicitar todo aquello cuanto sea necesario para el mejor ejercicio de su derecho a la defensa. Su finalidad es precisamente impedir, que el órgano encargado de ejercer la acción penal, esto es, el Ministerio Público, lleve a espaldas del imputado una investigación, de tal manera que puedan los investigados ejercer el control y contradicción de los diferentes actos de investigación y de prueba que surgen durante el desarrollo de la fase preparatoria, evitando además que el procesado sea sorprendido con una acusación cuyos fundamentos sean desconocidos, lo cual configuraría una violación real y efectiva de los derechos a la Defensa, al Debido Proceso y a la Tutela Judicial Efectiva. Debe recordarse que conforme a estos derechos, el Estado constitucionalmente garantiza el acceso a los órganos de administración de justicia, a la defensa y la asistencia jurídica como un derecho inviolable en todo estado y grado de la investigación y del proceso, lo cual comporta que a todo ciudadano le sea notificado, los cargos por los cuales se les investiga, y a acceder a las pruebas y de disponer del tiempo y de los medios adecuados para ejercer su defensa…(omissis)…”

De igual manera, en cuanto a la validez del acto de imputación en la audiencia de presentación, tenemos en la Sentencia Nº 355 de Sala de Casación Penal, Expediente Nº A11-271 de fecha 11/08/2011, que establece:

“...(omissis)…Así, en principio lo natural es que el mismo tenga lugar en sede fiscal durante el transcurso del procedimiento ordinario; sin embargo la notificación de los hechos investigados e imputados, con indicación de las circunstancias de tiempo, modo y lugar de su comisión, incluyendo aquellas de importancia para la calificación jurídica, y los datos que obtenidos de la investigación soportan esa imputación, así como la imposición del precepto constitucional que exime de declarar en causa propia, y en general la notificación de los demás derechos constitucionales y legales que a la personas en su condición de imputadas otorga el ordenamiento jurídico; puede tener lugar también en la audiencia que se celebre en razón de la aprehensión en flagrancia del imputado o por orden de aprehensión, conforme a lo dispuesto en el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal, o con ocasión de la audiencia de presentación celebrada de conformidad con el artículo 250 eiusdem…(omissis)”. Lo subrayado es propio.

En tal sentido, y concatenado con lo señalado anteriormente, se deja constancia de la realización del acto de imputación al ciudadano RICARDO RIOS HERRERA, titular de la cedula de identidad N° V- 18.188.165, a los fines que la defensa del imputado y este, pudiesen contradecir lo señalado por el fiscal militar. ASI SE SEÑALA.

SEGUNDO: Que el Ministerio Público en la persona del MAYOR TORTABÚ, Fiscal Militar Vigésimo con competencia Nacional y la Defensora Pública de Procesados Militares de Maracaibo ALFEREZ DE NAVÍO ANGÉLICA SAEZ SOLARTE, en sus declaraciones solicitan con fundamento al Principio de Inocencia, de Buena Fe y de Reafirmación de la Libertad, que este Tribunal imponga una medida menos gravosa en sustitución a la Medida Cautelar de Privación de Libertad (artículo 229 en su primer aparte), por considerar que los extremos legales del artículo 236 y 237, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, ya no están presentes en este momento.

TERCERO: Considera quien aquí decide que previo a escuchar los alegatos de las partes y afirmando los principios constitucionales y legales de: Afirmación de la Libertad y Presunción de Inocencia, considera ajustado a derecho decretar Medida Cautelar Sustitutiva a la libertad. Por lo que en consecuencia, de conformidad con el artículo 242 del Código Orgánico Procesal Penal se le impone Medidas Cautelares Sustitutivas de Libertad al ciudadano RICARDO RIOS HERRERA, titular de la cedula de identidad N° V- 18.188.165, por estar presuntamente incurso en e los delitos militares de ABUSO DE AUTORIDAD previsto en el artículo 507 y sancionado 509; y APROVECHAMIENTO INDEBIDO PROPIO EN ACTOS DE LA ADMINISTRACIÓN MILITAR, previsto y sancionado en artículo 570 numeral 2, todos del Código Orgánico de Justicia Militar; ya que considera esta Juzgadora además, que estas medidas son suficientes para garantizar las resultas de la investigación que realiza la FISCAL MILITAR VIGÉSIMA de esta jurisdicción. ASÍ SE DECLARA.

En relación a las medidas cautelares contenidas en el Código Orgánico Procesal Penal, nuestro legislador ha considerado que a los fines de solicitar una medida de privación judicial preventiva de libertad se deben cumplir con los extremos contenidos en el artículo 236 del texto adjetivo penal, que son las siguientes: 1) Un hecho punible que merezca pena privativa de libertad y cuya acción penal no se encuentre evidentemente prescrita; 2) Fundados elementos de convicción para estimar que el imputado ha sido autor o partícipe en la comisión de un hecho punible; 3) Una presunción razonable, por la apreciación de las circunstancias del caso particular, de peligro de fuga o de obstaculización en la búsqueda de la verdad respecto de un acto concreto de investigación. En relación a las medidas cautelares sustitutivas dispone el artículo 242 lo siguiente: “Siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para el imputado, el tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada, alguna de las medidas siguientes…omissis…”, con lo cual podemos afirmar que a los fines que sea dictada una medida cautelar sustitutiva, deben encontrarse satisfechos los mismos extremos que para dictar una privación judicial preventiva de Libertad, pero que por las circunstancias del caso se pueda ver satisfecha con una medida menos extrema, pero siempre teniendo en cuenta que dicha medida debe atender a la finalidad para la cual fue decretada que como se indicara ut supra, debe impedir la fuga del imputado, y de impedir que el imputado pueda borrar o impedir que sean traídas al proceso determinadas pruebas.

Estas medidas de coerción personal tienen unas características derivadas de su naturaleza jurídica, como lo son:

1) Instrumentalidad;
2) Provisionalidad;
3) Variabilidad o regla “Rebus sic stantibus”;
4) Jurisdiccionalidad.

Las medidas cautelares son instrumentales, porque ellas no son un fin en sí mismas, sino que atienden a garantizar la ejecución definitiva del fallo sobre el fondo del asunto, y su necesidad radica en la necesidad de tiempo para la tramitación del proceso y posterior culminación.

Son provisionales, porque las mismas tienen una duración limitada en el tiempo, comprendido este entre el tiempo en que son decretadas y el momento en que se dicta la sentencia definitiva, y delimitada en nuestra legislación en el artículo 230 del texto adjetivo penal, en relación al lapso de dos (02) años, o de cumplimiento de la pena mínima por el delito que está siendo procesado.

Es Jurisdiccional, porque sólo pueden los Órganos Jurisdiccionales dictar una medida de coerción personal, atendiendo a la naturaleza de indisponibilidad del derecho a la libertad, y atendiendo al principio de exclusividad jurisdiccional.

El cumplimiento de la regla “rebus sic stantibus”, se encuentra referido a que las providencias cautelares cualquiera sea su naturaleza queda sometida a los cambios o modificaciones que presenten las condiciones que hayan determinado su imposición.

En relación a esta última característica ASENCIO MELLADO, en relación al contenido y operabilidad de la misma ha indicado:

“…(omissis)…La regla “rebus sic stantibus” hace referencia a la dependencia de la vigencia de la prisión preventiva en un proceso determinado, de la subsistencia o invariabilidad de las razones y motivos que constituyeron la base de su adopción.
En su virtud, si dichos motivos desaparecen o varían a lo largo de la causa, correlativamente, la medida cautelar ha de sufrir los efectos derivados de tal modificación y, consecuentemente, debe ser levantada o acomodada a la nueva situación…(omssis)…”. Lo subrayado es propio.

De igual manera, en cuanto a la Medida de Privación Judicial de Libertad, de acuerdo al artículo 229 de la norma penal adjetiva, las normas relativas a las medidas de restricción de libertad son de interpretación restrictiva, lo que lleva a que se encuentren llenos los extremos del artículo 236 del Código Orgánico Procesal Penal. Sobre este particular y a fundamento de quien aquí decide, en el presente caso actualmente y motivado al cambio sustancial del proceso penal militar, no se encuentra acreditado el peligro de fuga, previsto en el artículo 237 del Código Orgánico Procesal Penal; y debemos señalar que el artículo 238 dispone que para decidir sobre tal peligro de obstaculización, se tendrá en cuenta especialmente la grave sospecha que el imputado o imputada: 1. Destruirá, ocultara o falsificará elementos de convicción. 2. Influirá para que coimputados, testigos, expertos informen falsamente o se comporten de manera desleal o reticente, o inducirá a otros a realizar tales comportamientos, poniendo en peligro la investigación, la verdad de los hechos y la realización de la justicia. Con ello, se sostiene que los imputados no pueden utilizar su libertad para entorpecer la búsqueda de la verdad, lo cual permitirá que los hechos fluyan libremente en el proceso penal. Se trata de tutelar el descubrimiento de la verdad, como factor preponderante de la realización de la justicia. Por ello, a través de la presunción razonable aplicada por el legislador en el numeral 3° del artículo 236 del mismo Código, toda vez que a través del raciocinio se puede obtener una convicción confiable y respetable.

La detención preventiva solamente encuentra justificación, cuando persigue alguno de los fines siguientes:

1. Asegurar la presencia procesal del imputado.
2. Permitir el descubrimiento de la verdad.
3. Garantizar la actuación de la Ley Penal Sustantiva.

Doctrinariamente como limitantes a la aplicación de la Privación de la Libertad, los Principios de Legalidad, Excepcionalidad y Proporcionalidad, y siendo que constituyen la figura de las Medidas Cautelares, aquellas que afectan también la libertad ambulatoria de una persona, pero en menor intensidad, o sea, de manera menos extrema que la privación preventiva de la misma, este Juzgador, considera que las medidas de coerción personal dada la afectación que comprenden a un derecho tan trascendental para el hombre como lo es su libertad de tránsito, han de ser tomadas en casos extremos, que de absoluta necesidad, cuando aparezca aprobatoriamente acreditada en alto grado, la probable responsabilidad y el grave peligro que representa la libertad para la suerte y la regularidad del proceso que se sigue, siendo en este caso en particular, a juicio de quien Juzga, el presupuesto que antecede.

En este mismo orden de idea, la Sala Constitucional en sentencia No. 2426 de fecha 27 de Noviembre de 2001 (Exp. No. 01-0897), ha establecido que:

“…(omissis)…con relación a la protección a la libertad del imputado en el proceso, la regla consagrada por la propia Carta Magna sobre la inviolabilidad de la libertad personal, tiene por fundamento el numeral 1 del artículo 44 que dispone que la persona encausada por hecho delictivo será juzgada en libertad, excepto por las razones determinadas por la ley y apreciadas por el juez o jueza en cada caso…(omissis)…” Lo subrayado es propio.

“…es importante recalcar que el juez que resuelva la restricción de la libertad del imputado debe atender al principio pro libertatis, es decir, tal y como básicamente lo señalaba el artículo 265 del anterior Código Orgánico Procesal Penal y ahora lo estable el artículo 256, siempre que los supuestos que motivan la privación judicial preventiva de libertad puedan ser razonablemente satisfechos con la aplicación de otra medida menos gravosa para la imputada, el Tribunal competente, de oficio o a solicitud del Ministerio Público o del imputado, deberá imponerle en su lugar, mediante resolución motivada alguna de las medidas previstas en este mismo artículo…” Lo subrayado es propio.

CUARTO: En razón a lo solicitado por el Fiscal Militar, que se continúe el presente proceso penal militar por el procedimiento ordinario, considera este Tribunal que la presente solicitud está ajustada a derecho, por ser el Ministerio Público Militar el titular de la acción penal, y es a este a quien le corresponde luego de tener los elementos inculpatorios o exculpatorios, presentar el correspondiente acto conclusivo que finalice esta fase de investigación.

Señala la sentencia de la Sala de Casación Penal, Nº 117, de fecha 29 de Marzo de 2011:

“...En la fase investigativa del proceso es donde se recaban los elementos tendentes a confirmar o descartar la sospecha acerca de la comisión de un hecho punible y sus posibles culpables, a fin de que el ministerio público, en definitiva, logre la presentación del correspondiente acto conclusivo, que bien puede ser para promover el juicio penal, (acusación), solicitar su archivo o para clausurar la persecución penal (sobreseimiento)…”.

DISPOSITIVA

En fundamento a todo lo antes expuesto, este JUZGADO MILITAR DÉCIMO OCTAVO DE CONTROL CON SEDE EN LA CIUDAD DE MARACAIBO, ESTADO ZULIA; Administrando Justicia, en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por Autoridad de la Ley, Decide: : PRIMERO: Se declara CON LUGAR la solicitud de calificación de flagrancia en la detención del ciudadano S/1 RICARDO RIOS HERRERA, titular de la cedula de identidad N° V- 18.188.165, en virtud a que el delito flagrante es aquel de acción pública que se comete o se acaba de cometer, y es presenciado por alguien que sirve de prueba del delito y de su autor, y viene dada por la prueba inmediata y directa que emana del o de los medios de prueba que se impresionaron con la totalidad de la acción delictiva, producto de la observación por alguien de la perpetración del delito, sea o no éste observador la victima; y si hay detención del delincuente, que el observador presencial declare en la investigación a objeto de llevar al Juez a la convicción de la detención del sospechoso. La aprehensión o detención in fraganti también forma parte del estado probatorio de la flagrancia, al punto de que es necesario que exista una vinculación entre el cúmulo probatorio que conforma la sospecha con el delito cometido. Es decir, que exista la comisión de un delito y que alguien en el sitio de los hechos probatoriamente pueda ser conectado con él; entre el delito flagrante y la detención in fraganti, existe una relación causa y efecto: la detención in fraganti, únicamente es posible si ha habido delito flagrante; pero sin la detención in fraganti, puede aún existir un delito flagrante. SEGUNDO: Se declara CON LUGAR la petición fiscal y se decreta la imposición de MEDIDAS CAUTELARES bajo el siguiente tenor: 1.- 1) Presentación cada sesenta (60) días ante este Tribunal Militar Décimo Octavo de Control. 2.) Prohibición de salida del País sin la debida autorización de éste Órgano Jurisdiccional. 3) Mantener una conducta intachable y ejemplarizante, para lo cual se exhorta al procesado evitar cualquier violación de normas constitucionales y legales, mientras dure el presente proceso penal militar.4) Tramitar la obtención de apoyo y orientación profesional desde el punto de vista psicológico y consignar ante este Despacho certificación de lo propio. TERCERO: Se ordena la práctica inmediata y urgente de examen Médico Forense en la persona del ciudadano SARGENTO PRIMERO RICARDO RIOS HERRERA, C.I N° V- 18.188.165. CUARTO: Se insta tanto al ciudadano imputado Ut Supra identificado como a su defensa a realizar las denuncias ante los órganos competentes de las presuntas agresiones de las que fue víctima el ciudadano SARGENTO PRIMERO RICARDO RIOS HERRERA, C.I N° V- 18.188.165. QUINTO: Se insta al Fiscal del Ministerio Publico a profundizar en la investigación por cuanto de la declaración del imputado se desprende la perpetración de otros delitos por parte de funcionarios actuantes. SEXTO: Oficiar al Comandante de la ZODI FALCON, a los efectos hacer de su conocimiento el hecho narrado. SEPTIMO: Oficiar al Comandante del Destacamento 13 del Comando de Zona 133 de la Guardia Nacional Bolivariana, Tucacas, Estado Falcón. OCTAVO: Se declara la continuación de la presente Investigación Penal Militar, a través del Procedimiento Ordinario tal y como lo señala el artículo 373 del Código Orgánico Procesal Penal. NOVENO: Se deja constancia que durante el desarrollo de la audiencia, se realizó el acto de imputación, conforme a lo señalado en los artículos 126 y 127 numeral 1º, ambos del Código Orgánico Procesal Penal. ASÍ SE DECIDE.

Regístrese y publíquese. Expídanse las copias certificadas de Ley.

Dada, firmada y sellada en el TRIBUNAL MILITAR DÉCIMO OCTAVO DE CONTROL CON SEDE EN MARACAIBO, a los dos (02) día del mes de Junio de Dos mil Dieciséis (2016). Años 206º de la Independencia y 157º de la Federación.

LA JUEZA MILITAR,

ANA MENDEZ RAMIREZ
TENIENTE DE NAVÍO

LA SECRETARIA JUDICIAL,

YOANNY LOURDES CABRERA MOLERO
TENIENTE

En la misma fecha de hoy se cumplió lo ordenado.

LA SECRETARIA JUDICIAL,


YOANNY LOURDES CABRERA MOLERO
TENIENTE