TSJ Regiones - Decisión

CAUSA No. CJPM-TM7C-046-16
Visto el Oficio No. FM26-379-16 de fecha 02 de junio de 2016, emanado de la Fiscalía Militar Vigésima Sexta, con sede en Barquisimeto, estado Lara, conjuntamente con escrito de solicitud de sobreseimiento constante de seis (06) folios útiles, relacionado con la causa que se le sigue al ciudadano JOSE GREGORIO ARAUJO HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad No. V-23.486.680, presuntamente incurso en la presunta comisión de los delitos militares de USO INDEBIDO E ARMAS, previsto y sancionado en el artículo 508 y NEGLIGENCIA, previsto y sancionado en el artículo 583, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, fundamentando dicha solicitud por la extinción de la acción penal, conforme a lo previsto en el artículo 300 numeral 3 del Código Orgánico Procesal Penal, de aplicación supletoria por mandato expreso de los artículos 20 y 592 del Código Orgánico de Justicia Militar, por lo cual este Tribunal Militar pasa a decidir de la siguiente manera:

IDENTIFICACIÓN DEL INVESTIGADO:
Ciudadano JOSE GREGORIO ARAUJO HERNANDEZ titular de la cédula de identidad No. V-23.486.680, quien fue plaza de la Base Aérea Teniente Vicente Landaeta Gil, para el momento de ocurrir los hechos.

DE LOS HECHOS:
“…En fecha cinco (05) de noviembre del 2007, se expidió Orden de Apertura de Investigación Penal Militar; oficio N° 09634, suscrita por el ciudadano GENERAL DE BRIGADA (ENB) MIGUEL ANGEL GARCIA BRAVO, COMANDANTE DE LA 13 BRIGADA DE INFANTERIA Y GUARNICION MILITAR de Barquisimeto, estado Lara, en relación al hecho ocurrido donde se encuentra involucrado el ciudadano JOSE GREGORIO ARAUJO HERNANDEZ titular de la cédula de identidad numero V-23.486.680, plaza de la Base Aérea “Teniente Vicente Landaeta Gil”, en perjuicio del ciudadano RAFAEL DAVID CUEVAS, titular de la cédula de identidad No V-7408.434, quien resulto herido por arma de fuego, sub ametralladora, marca UZI, calibre 9mm, serial 189755, en la pierna de derecha, a la altura de la pantorrilla.

En el folio cinco (05) de la presente investigación, se encuentra incurso informe realizado por el ciudadano JOSE GREGORIO ARAUJO HERNANDEZ titular de la cédula de identidad numero V-23.486.680, plaza de la Base Aérea “Teniente Vicente Landaeta Gil”, quien señala que se encontraba de guardia de puesto 8 con el SOLDADO RAZO ANDRES DE JESUS ALDANA, que aprovisionaron y cargaron la UZI, después de unas horas de guardia se fueron a pasar revista para el radar, hablaron un rato y el les ofreció una arepa con refresco, después de un rato como a las 05:40 pm, el SOLDADO RAZO ALDANA le dijo que le sacara el cargador a la UZI, se lo estaba quitando mientras el SOLDADO RAZO JESÚS ALDANA conversaba con el vigilante, cuando de repente se acciono el arma y sorprendido se dio cuenta que le había dado un disparo al vigilante en la pierna derecha y rápidamente se quito la guerrera para presionarle la herida, motivado que estaba sangrando, el vigilante llamo no sabe a quién, cuando llego el Jefe de Servicios de la Base, los trasladaron en el Toyota del Jefe de los Servicios, luego lo trasbordaron a la Cheyenne y se lo llevaron al seguro.
En el folio seis (06) de la presente investigación, se encuentra incurso informe realizado por el ciudadano SOLDADO RAZO ANDRES DE JESUS ALDANA ARRIECHI, titular de la cédula de identidad No19.640.480, plaza de la Base Aérea “Teniente Vicente Landaeta Gil”, quien señala que se encontraba de guardia de radar con el SOLDADO RAZO JOSE GREGORIO ARAUJO, C.I. 23.486680, luego de recibir la guardia se fue el Jefe de los Servicios, tomaron el cargador y se lo pusieron a la UZI, tres horas más tarde se fueron a pasar revista por el puesto de guardia, al llegar se consiguieron con el señor RAFAEL DAVID CUEVAS, C.I. 7.408434, que se encargaba de cuidar el Radar, se quedaron conversando con él , les ofreció una arepa con refresco, después de un rato , se hicieron como las 5:30 y le dijo al SOLDADO RAZO ARAUJO JOSE, que por la hora debería venir el relevo de guardia y que sacara el cargador a la UZI , estaban en un banco conversando que está viendo hacia la torre del aeropuerto, el vigilante de espalda al SOLDADO RAZO ARAUJO y al lado derecho de él, escucho un disparo y se percató que el vigilante recibió un disparo en la pierna derecha, el SOLDADO RAZO ARAUJO se quito la guerrera para presionarle la herida, motivado que estaba sangrando, el vigilante llamo no sabe a quién, cuando llego el Jefe de los Servicios de la Base, lo trasladaron en el Toyota del Jefe de los Servicios, luego lo trasbordaron a la Cheyenne y se lo llevaron al seguro.
En el folio treinta y nueve (39) de la presente investigación, se encuentra incursa entrevista realizada al ciudadano RAFAEL DAVID CUEVA, titular de la cédula de identidad No7.408.434, de profesión u oficio VILGILANTE, actualmente laborando en la empresa “SEGURIDAD ESCOR”, quien manifestó que el día cinco (05) de noviembre de 2007, se encontraba de guardia en el radar y como a las cinco y treinta (5:30) de la tarde, se le acercaron dos efectivos militares que estaban pasando revista por las instalaciones del radar, se le acercaron, se pusieron a conversar y al rato, al SOLDADO JOSE HERNANDEZ, revisto el armamento y cuando fue a sacar el cargador se disparo el arma y sintió que el proyectil había impactado en la pierna derecha más debajo de la rodilla, se reviso la pierna y tenía un agujero con entrada y salida, el soldado se quito la guerrera y se la coloco en la pierna de torniquete, llamando desde su celular a la Base Aérea, acercándose un Jeep para trasladarlo y luego lo pasaron a una Cheyenne y los trasladaron para el seguro Pastor Oropeza.
En el folio cuarenta y dos (42) se encuentra RECONOCIMIENTO MEDICO LEGAL, de fecha veintisiete (27) de noviembre de 2007, practicado al ciudadano RAFAEL DAVIV CUEVA, C.I.7.408.434 (48) años, teniendo entre sus conclusiones ESTADO GENERAL satisfactorio. TIEMPO DE CURACION sesenta días. PRIVACION DE OCUPACIONES sesenta días. ASISTENCIA MEDICA sí. TRASTORNO DE FUNCION a precisar en próximo reconocimiento médico. CICATRICES no. CARÁCTER grave.

DEL PETITORIO FISCAL:

Por lo anteriormente expuesto, esta Representación Fiscal, de conformidad con el numeral 7 del artículo 111 del Código Orgánico Procesal Penal, en concordada relación con el artículo 300, numeral 3, en su parte inicial ejusdem, articulo 37, 108 numeral 5 en su parte inicial y 110 del Código Penal Venezolano, de aplicación supletoria por mandato expreso de los artículos 20 y 592 del Código Orgánico de Justicia Militar, solicita de ese honorable Tribunal Militar Séptimo de Control, el sobreseimiento de la presente causa, en la cual se investigaba la presunta comisión del delito militar de Uso Indebido de Armas, previsto y sancionado en el artículo 508 y Negligencia, previsto en el artículo 538 todos del Código Orgánico de Justicia Militar, por parte del ciudadano JOSE GREGORIO ARAUJO HERNANDEZ titular de la cedula de identidad numero V-23.486.680, quien para el momento del hecho era plaza de la Base Aérea “Teniente Vicente Landaeta Gil”, ya que La acción penal se ha extinguido. Por un Estado Democrático, Social de Derecho y de Justicia, en la ciudad de Barquisimeto, sede de Sistema de Justicia Militar, a los dos (02) días del mes de Junio del año 2016.

DE LAS RAZONES DE HECHO Y DE DERECHO DE LA DECISION:

Una vez analizado el escrito de solicitud de sobreseimiento y los elementos que reposan en la causa, este Tribunal Militar para decidir hace las siguientes consideraciones:

PRIMERO: En materia penal militar, una vez iniciada la investigación penal militar existe el compromiso u obligación ineludible del Ministerio Público Militar de efectuar las indagaciones en caso de sospechas de acciones punibles, y una vez concluidas las actividades preparatorias, debe en sus respectivos casos ejercer la acción penal mediante acusación, ordenar el archivo de las actuaciones o solicitar al Juez de Control el sobreseimiento de la causa. Dicha obligación viene dada al Fiscal conforme lo proveen los artículos 280, 281, 283 y 300 del Código Orgánico Procesal Penal, o dicho en otras palabras, la investigación previa tiene por objeto establecer la ocurrencia de los hechos, su adecuación a un tipo penal, verificar si es procedente el ejercicio de la acción y lograr la identificación e individualización de autores o partícipe.

El artículo 302 del Código Orgánico Procesal Penal, establece que el Fiscal del Ministerio Público solicitará el sobreseimiento ante el Juez de Control cuando el resultado de la investigación demuestre la existencia de alguna de las causales por las cuales se hace innecesario continuar con el proceso. Dichas causales son las previstas en el artículo 300 ejusdem. En este sentido el numeral 3 de dicho artículo establece: El sobreseimiento procede cuando: (…) 3. “La acción penal se ha extinguido o resulta acreditada la cosa juzgada...”.Así se decide.-

SEGUNDO: En este mismo orden de idea, es conocido que para que se configure un delito, en su esencia, en primer lugar se requiere de la existencia de un hecho o comportamiento humano, derivado de la acción u omisión del hombre y además que este comportamiento cause un resultado, también se requiere que este resultado para ser objeto de una sanción debe estar tipificado en la Ley Penal y además, de los elementos de convicción colectados durante la investigación por el Ministerio Público, sirva para atribuírsele responsabilidad al investigado del hecho punible, y así el Ministerio Público ejerza como titular de la acción penal el ius puniendi, sin embargo existen causas que extinguen ese derecho del Estado a castigar, entre ellas la prescripción de la acción penal, que conlleva a poner término a la persecución penal cuando por el transcurso del tiempo y por voluntad de la ley no ha sido ejercido ese derecho a castigar, como sucede en la presente causa.

En este sentido, la Sala de Casación Penal, ha sosteniendo que “la prescripción penal es la extinción por el transcurso del tiempo del ius puniendi del Estado, es decir, la pérdida del poder estatal de imponer una pena a la persona acusada. Así mismo, en Sentencia N° 251 del 6 de junio de 2006, señalo lo siguiente:

“… La prescripción es una limitación al Ius Puniendi del Estado para la persecución y castigo de los delitos. Dicha limitación ocurre por el transcurrir del tiempo y la inacción de los órganos jurisdiccionales. Por tal motivo, el Código Penal dispone en el artículo 108 eiusdem, los presupuestos que motivan la prescripción ordinaria. La doctrina penal especializada, ha precisado dos circunstancias para el establecimiento de la prescripción: la primera de ellas referida al tiempo y a la falta de acción de los órganos jurisdiccionales sobre una determinada causa (prescripción ordinaria); mientras que la otra, referida al transcurso del juicio, cuando sin culpa del imputado se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable más la mitad del mismo (prescripción judicial)…”.

Del análisis del criterio jurisprudencial transcrito anteriormente, debe señalar este Tribunal que la figura de la prescripción constituye una institución de indudable relevancia procesal y constitucional, en el entendido de que la misma comporta una limitante de índole político criminal, que en atención al transcurso del tiempo, establece un freno al poder punitivo del Estado, para la persecución penal del delito, sancionándose la inactividad para perseguir y sancionar a los reos de delitos en todos aquellos casos de dilaciones procesales imputables al Estado y sus representantes En este orden de ideas, consecuencia del Estado democrático Social de Derecho y Justicia que propugna el artículo 2 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, debe precisarse, que la duración del plazo dentro del cual el Estado debe llevar a cabo la persecución penal y la ulterior materialización del castigo, se encuentra íntimamente ligado al derecho constitucional de ser juzgado dentro de un plazo razonable y al principio de seguridad jurídica, toda vez que a ningún ciudadano se le puede mantener indefinidamente bajo una investigación o sometido a un proceso, que le genere una situación de incertidumbre, ante la inacción de la persecución penal y la no imposición del castigo o absolución correspondiente, en los términos que pauta la ley. Así se decide.

TERCERO: Revisadas las actuaciones que conforman la presente causa, observa este Tribunal que se dio inicio a ella, en razón a los hechos suscitados en fecha cinco (05) de noviembre del año 2007, donde se encuentra involucrado el ciudadano JOSE GREGORIO ARAUJO HERNANDEZ titular de la cédula de identidad numero V-23.486.680, plaza de la Base Aérea “Teniente Vicente Landaeta Gil”, en perjuicio del ciudadano RAFAEL DAVID CUEVAS, titular de la cédula de identidad No V-7408.434, quien resultó herido por arma de fuego, sub ametralladora, marca UZI, calibre 9mm, serial 189755, en la pierna de derecha, a la altura de la pantorrilla, conducta tipificada en los delitos militares de USO INDEBIDO E ARMAS, previsto y sancionado en el artículo 508 y NEGLIGENCIA, previsto y sancionado en el artículo 583, todos del Código Orgánico de Justicia Militar.

Ahora bien, cabe señalar que el autor ERIC LORENZO PÉREZ, en su obra Comentarios al Código Orgánico Procesal Penal, quinta edición, refiere que:

“…La prescripción y la caducidad, son circunstancias establecidas únicamente en interés del imputado, pero deben declararse de oficio cuando existan, porque se refiere a un presupuesto esencial de la estabilidad de los procesos: su extinción por el tracto del tiempo, que es, a su vez, un presupuesto básico de la legalidad penal, ya que los juicios no pueden permanecer abiertos indefinidamente, y corresponde a los jueces velar por ellos. De este supuesto solo se excluirían los delitos que el sistema constitucional, violando una probable norma de derecho natural inmanente, declare como imprescriptible. Pero solo respecto a la prescripción y nunca a la caducidad…”.

Así las cosas, en fecha once (11) de julio de 2011, se recibió solicitud de orden de aprehensión, siendo acordada en fecha 14 de julio de 2011, así mismo, es procedente recalcar que el delito de USO INDEBIDO DE ARMAS, previsto y sancionado en el artículo 508 del Código Orgánico de Justicia Militar, tiene establecida una pena de SEIS (06) a DOCE (12) MESES DE ARRESTO, siendo su término medio NUEVE (09) MESES DE ARRESTO. En este orden de ideas, es importante resaltar que el artículo 108 ordinal 5 del Código Penal, refiere que la acción penal prescribe por tres (03) años, si el delito merece pena de prisión de TRES (03) años o menos.

De igual modo, el artículo 109 ejusdem refiere que comenzara la prescripción para los hechos punibles consumados desde el día de la perpetración; y conforme al artículo 110 idem, se interrumpe el curso de la prescripción de la acción penal por el pronunciamiento de la sentencia condenatoria, o por la requisitoria que se libre en contra del reo, si este se fugare, el auto de detención o citación para rendir indagatoria y las diligencias procesales que le siguen, pero si el juicio continuare sin culpa del reo, se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable, más la mitad del mismo, se declarara prescrita la acción penal, siendo esta ultima la prescripción judicial.

Así las cosas, se han precisado dos (02) circunstancias para el establecimiento de la prescripción: la primera de ellas referidas al tiempo y a la falta de acción de los órganos jurisdiccionales sobre una determinada causa (prescripción ordinaria); mientras que la otra, referida al transcurso del juicio, cuando sin culpa del imputado se prolongare por un tiempo igual al de la prescripción aplicable mas la mitad del mismo (prescripción judicial). (Sala de Casación Penal, de fecha 11 de noviembre del 2009, sentencia N° 559, ponente Eladio Aponte Aponte).

Igualmente, en la prescripción ordinaria su curso puede ser interrumpido, y nuevamente comienza a computarse desde el día de su interrupción. En este aspecto la Sala de Casación Penal en fecha 12/05/05, expediente N° 04-0422, estableció: … se observa que aún no se encuentra prescrita la acción penal, ya que desde el 05 de agosto de 2002, fecha de admisión de la acusación fiscal, acto que según jurisprudencia de este tribunal, es el acto de interrupción de la prescripción por excelencia, a la fecha, aún no han transcurrido los cinco años que dispone la ley.

Ahora bien, en cuanto al cálculo de la prescripción ordinaria de la acción penal, la Sala de Casación Penal, en sentencia N° 396, del 31 de marzo de 2000. (Caso: Raúl Eduardo Zambrano Lozada y otros), decidió: “…La prescripción ordinaria consagrada en el artículo 108 del Código Penal extingue la acción que nace de todo delito, el Tribunal debe declararla con el simple transcurso del tiempo y ésta debe calcularse con base en el término medio de la pena del delito tipo, sin tomar en cuenta las circunstancias que la modifican, como atenuantes, agravantes o calificantes…”.

Por lo que, mientras el proceso se encuentre vivo, la prescripción se va interrumpiendo en forma sucesiva, y todos los actos interruptores de la prescripción hacen que esta comience a correr de nuevo. En el caso en estudio, desde la fecha de la perpetración del hecho punible, es decir, desde el día cinco (05) de noviembre de 2007, hasta el día de hoy veinte (20) de junio de 2016, han transcurrido, OCHO (08) AÑOS. OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS, habiéndose suscitado en fecha 14 de julio de 2011, un acto de interrupción de la acción penal, mediante, la orden de aprehensión; y desde la mencionada fecha al día de hoy, han trascurrido TRES (03) AÑOS, OCHO (08) MESES Y VEINTIOCHO (28) DIAS, con la particular circunstancia que la prolongación de la presente causa se puede considerar no imputable al imputado, por cuanto, si bien es cierto, se le libro orden de aprehensión, siendo ratificada la misma en diversas oportunidades, no siendo a la fecha efectiva dichas ordenes, aunado a la pérdida del interés del Estado en agotar los mecanismos necesarios para materializarla, solo opera en contra del estado mismo; y no puede tal circunstancia prolongar indefinidamente la situación procesal del imputado. Por lo que, tal hecho hace que opera la prescripción judicial a favor del imputado JOSE GREGORIO ARAUJO HERNANDEZ titular de la cédula de identidad No. V-23.486.680, incurso en la presunta comisión de los delitos militares de USO INDEBIDO E ARMAS, previsto y sancionado en el artículo 508 y NEGLIGENCIA, previsto y sancionado en el artículo 583, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, al haber transcurrido a la fecha OCHO (08) AÑOS. OCHO (08) MESES Y QUINCE (15) DIAS, tal cual lo dispone el artículo 108 ordinal 4 del Código Penal en concordancia con el artículo 110 ejusdem. Así se decide.

DISPOSITIVA:

Con fuerza a lo anteriormente expuesto, este Tribunal Militar séptimo de Control con sede en Barquisimeto, Administrando Justicia en nombre de la REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA y por autoridad de la ley DECIDE: PRIMERO: De conformidad con los artículos 436 numeral 4º, 438 y 440, todos del Código Orgánico de Justicia Militar, en concordada relación a lo previsto en el artículo 49 numeral 8º y 300 numeral 3º, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO de la presente causa y consecuencialmente DECLARA LA EXTINCION DE LA ACCION PENAL, en la causa seguida al ciudadano JOSE GREGORIO ARAUJO HERNANDEZ, titular de la cédula de identidad No. V-23.486.680, quien fuera Plaza del de la Base Aérea “Teniente Vicente Landaeta Gil”, para el momento de ocurrir los hechos, incurso en la presunta comisión de los delitos militares de USO INDEBIDO E ARMAS, previsto y sancionado en el artículo 508 y NEGLIGENCIA, previsto y sancionado en el artículo 583, todos del Código Orgánico de Justicia Militar. SEGUNDO: Se ordena publicar la notificación dirigida al Sobreseído en la entrada principal de este órgano jurisdiccional, de conformidad con el artículo 165 del Código Orgánico Procesal Penal. TERCERO: Líbrese oficio de exclusión al Cuerpo de Investigación Científicas Penales y Criminalísticas (CICPC) a cardo del Departamento de Asesoría Jurídica. Notifíquese a las partes. ASI SE DECIDE.

Regístrese y publíquese. Expídanse las copias de ley. Háganse las participaciones correspondientes y remítase la causa al archivo Circuito Judicial Penal Militar, una vez transcurrido el lapso estipulado en el artículo 440 del Código Orgánico Procesal Penal.

Dada, firmada y sellada en el Tribunal Militar Séptimo de Control con sede en Barquisimeto, a los veinte (20) días del mes de junio del año dos mil dieciséis (2016), Años 206º de la Independencia y 157º de
la Federación.

EL JUEZ MILITAR;

JOSÉ COROMOTO BARRETO
TENIENTE CORONEL
LA SECRETARIA JUDICIAL;

KATHERINE GARCIA INFANTE
TENIENTE

En la misma fecha se dio cumplimiento a lo ordenado precedentemente.

LA SECRETARIA JUDICIAL;

KATHERINE GARCIA INFANTE
TENIENTE