TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

PODER JUDICIAL

Tribunal Penal de Primera Instancia Estadales y Municipales en Funciones de Control del Estado Lara (Carora)
Carora, 25 de febrero de 2016
205º y 157º

ASUNTO PRINCIPAL: KP11-P-2013-001568
ASUNTO: KP11-P-2013-001568
Revisada la causa, así como la solicitud formulada el 24 de Febrero de 2016, por la defensa Pública del ciudadano: JUNIOR JOSE SALAZAR, titular de la Cédula de Identidad Nº 19.149.871, Abg. Nadezka Medina, donde solicita se revise la actual Medida Privativa Preventiva de Libertad; en virtud de que en fecha 15 de Octubre de 2013, se decretó la privativa en contra de su representado por la supuesta comisión del delito de OCULTACION ILICITA AGRAVADA DE DROGAS, Previsto y sancionado en el Artículo 149 segundo aparte en relación con el artículo 163 numeral 7 de la Ley Orgánica de Drogas, esto en menor cuantía. Que su representado lleva 2 años y 4 meses privado de su Libertad sin que se haya realizado audiencia preliminar pues no realizan su traslado desde el centro de reclusión donde éste se encuentra, por razones no imputable a su defendido, fijándose la fecha de realización del mismo para el día 03 de marzo del presente año.

Este Tribunal Once de Control para decidir hace las siguientes consideraciones:

Establece el Código Orgánico Procesal penal en su Artículo 107: Regulación Judicial.- Los jueces velaran por la regularidad del Proceso, el ejercicio correcto de las facultades procesales y la buena fe. No podrán bajo pretexto de sanciones disciplinarias restringir el derecho de defensa o limitar las facultades de las partes.

En este orden de ideas, comparte esta Juzgadora el criterio explanado por la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia mediante la cual afirma que la Revisión de la Medida se trata de un examen que debe realizar el Juez de manara particular a cada sujeto que se encuentre privado de la libertad y que la haya solicitado (Sentencia Nº 1507 de la Sala Constitucional del 03 de julio de 2002. Expediente Nº 02-0124) igualmente señala la Doctrina, El Proceso Penal es el Método por el cual se materializa la tutela Jurisdiccional en la actuación del Derecho Penal, la Pena es estadal y, solo puede ser aplicada por un tribunal penal, independiente e imparcial y, a través de un proceso sin dilaciones indebidas, así mismo plantea el autor italiano CESARE BECCARIA “la eficacia del Derecho Penal depende en gran medida No de la gravedad de las Penas que establezca sino, de la percepción Ciudadana respecto de la certeza de su aplicación y de la celeridad en su concreción como ya lo señalara el autor señalado Ut-Supra, cuando afirma, la Certeza de un castigo aunque moderado, hará siempre una Mayor impresión que el temor de otro más terrible unido a la esperanza de la impunidad pues los males aunque mínimos cuando son ciertos asustan siempre el ánimo del hombre” el método de juzgar agrega el gran pensador italiano debe ser regular y expedito”.

Nuestro Código Orgánico Procesal Penal consagra como uno de los Principios y Garantías Procesales del sistema penal venezolano, la Afirmación de Libertad, según el cual las disposiciones que autorizan preventivamente la privación o restricción de la libertad o de otros derechos del imputado, o su ejercicio, tienen carácter excepcional, solo podrán ser interpretadas restrictivamente, y su aplicación debe ser proporcional a la pena o medida de seguridad que pueda ser impuesta en la definitiva, principio éste que debe necesariamente concatenarse con el Estado de Libertad y Proporcionalidad señalados en los artículos 229 y 230 de la citada norma adjetiva vigente, con base a los cuales se ordenó la aplicación de Medida Cautelar por este Juzgado en su debida oportunidad.

Igualmente indica el principio de proporcionalidad de las medidas de coerción personal (privativas y menos gravosas), que las mismas no pueden sobrepasar la pena mínima prevista para el delito, ni exceder del plazo de dos años (cuando la pena sea igual o inferior a este lapso), además contempla la posibilidad de prorrogar su vigencia cuando de manera excepcional concurran circunstancias graves que a juicio del tribunal las justifiquen.

Aunado a lo anteriormente expuesto y pese a que la posible pena a imponer en la presente causa que configura la presunción juris et jure de peligro de fuga establecida en el artículo 237 parágrafo primero del Código Orgánico Procesal Penal, la actuación del justiciable JUNIOR JOSE SALAZAR, titular de la Cédula de Identidad Nº 19.149.871, hace procedente a criterio de esta Juzgadora la necesidad de revisar la medida decretada, tomando en cuenta ene. Presente caso, la Sentencia Vinculante de la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, de fecha 18-12-2014, en la cual señala que lo establecido en el segundo supuesto del Artículo 149 de la Ley de Drogas se consideran como Droga en menor cuantía, debiendo el Juez tomar en consideración los hechos en cada caso concreto.

Es de hacer notar, que al procesado le asiste el principio de presunción de inocencia que no puede ser desvirtuado solo por el quantum de la posible pena a imponer, y que por lo tanto determina para el Juez el deber de apreciar otro tipo de circunstancias que pueda afectar las resultas del proceso y no solamente la pena posible a imponer, se evidencia además que de la revisión efectuada al sistema Juris el imputado JUNIOR JOSE SALAZAR, titular de la Cédula de Identidad Nº 19.149.871, no ha sido trasladado a este Tribunal a fin de realizarle la audiencia preliminar, por razones que no le son imputables causando de esta manera un gravamen irreparable al imputado de autos.

No considera esta operadora de justicia que el decreto de revisión de esta Medida, incurra en los supuestos de impunidad, ya que los Jueces de la República debemos velar por el cumplimiento de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos, los cuales no pueden estar supeditados a prohibiciones de naturaleza procesal, ni limitados de forma alguna debido a la interpretación garantísta y progresiva de nuestra carta fundamental.

Con base a lo expuesto previamente, observa esta Juzgadora la necesidad de Revisar la Medida de Coerción Personal dictada al ciudadano acusado JUNIOR JOSE SALAZAR, titular de la Cédula de Identidad Nº 19.149.871, en fecha 15 de Octubre de 2013, por este Juzgado de Control Nº 11, Extensión Carora, de este Circuito Judicial Penal, de conformidad con el Artículo 250 en relación con el Artículo 242 numeral 3º del COPP les impone la medida de Presentación cada 15 días por ante la taquilla de presentaciones de este Circuito Judicial Penal.

DECISION

En mérito a las consideraciones que anteceden, este Juzgado Undécimo de Primera Instancia en Funciones de Control del Circuito Judicial Penal del Estado Lara, Administrando Justicia en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la Ley, emite el siguiente pronunciamiento:

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 250 del Código Orgánico Procesal Penal, declara con lugar el Decaimiento de la Medida y Sustituye la Medida Privativa Preventiva de Libertad, decretada en fecha 15 de Octubre de 2013, al ciudadano: JUNIOR JOSE SALAZAR, titular de la Cédula de Identidad Nº 19.149.871, y le impone la medida de de Presentación cada 15 días por ante la taquilla de presentaciones de este Circuito Judicial Penal, de conformidad con lo establecido en el Artículo 242 numeral 3º del COPP, a los fines de garantizar las resultas del proceso. En la Boleta de Libertad deberá notificarse al acusado de Autos de la fecha de celebración de la audiencia preliminar la cual esta fijada para el día 02-03-2016 a las 9 de la mañana.

Notifíquese a la partes y al Acusado JUNIOR JOSE SALAZAR, titular de la Cédula de Identidad Nº 19.149.871. Líbrense los respectivos oficios. Regístrese. Cúmplase.

LA JUEZA DE CONTROL Nº 11

ABG. MARILUZ CASTEJÓN PEROZO

LA SECRETARIA