TSJ Regiones - Decisión

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA

TRIBUNAL SUPREMO DE JUSTICIA
JUZGADO PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA AGRARIO DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ESTADO LARA

ASUNTO: KP02-S-2016-006370

SOLICITANTE (S): LORENA RUIZ BLANCO E IBRAHIM IBRAHIM DESBIE, Venezolanos, mayores de edad, titulares de la cédula de identidad N°: V-11.593.499 y V-13.033.341.

ABOGADA ASISTENTE: ELSY BEATRIZ ALVAREZ GARCIA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 136.032.-

MOTIVO: MEDIDA DE ASEGURAMIENTO A LA CONTINUIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRICOLA, PECUARIA Y ACUICOLA.

SENTENCIA: DEFINITIVA

NARRATIVA

.-En fecha 09 de noviembre de 2016, Se da por recibida y se ordena efectuar las anotaciones en los libros respectivos, SOLICITUD DE MEDIDA DE ASEGURAMIENTO A LA CONTINUIDAD DE LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA, PECUARIA Y ACUICOLA. (Folios del 01 al 12).

.-En fecha 14 de noviembre de 2016, de conformidad con lo establecido en los artículos 196 y 243 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se admitió y se fijó para el día 23 de noviembre de 2016 la práctica de la inspección judicial. (Folios 13 y 14).-

.-En fecha 25 de noviembre de 2016, Se indicó a los solicitantes que este Tribunal fijará nueva oportunidad para la práctica de inspección por auto separado. (Folio 15).

.-En fecha 12 de diciembre de 2016, se practicó inspección judicial en el lote de terreno ubicado en el sector Torrellero II, Parroquia Sarare, Municipio Simón Planas del Estado Lara. (Folios 16 y 17).-

SINTESIS DE LA SOLICITUD

Alegan los solicitantes, ciudadanos LORENA RUIZ BLANCO E IBRAHIM IBRAHIM DESBIE, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N°: V-11.593.499 y V-13.033.341, debidamente asistidos por la Abogada ELSY BEATRIZ ALVAREZ GARCIA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 136.032, que sobre un lote de terreno ubicado en el sector Torrellero II, Parroquia Sarare, Municipio Simón Plana del Estado Lara, constante de una superficie de QUINCE HECTAREAS CON DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA METROS CADRADOS (15 HAS 2700 M2), alinderado de la siguiente manera: NORTE: con terrenos ocupados por Ramón Pérez Soto; SUR: con terrenos ocupados por José Adahil Sandoval; ESTE: terrenos del I.N.T.i y vía principal el Torrellero II; OESTE: cerro La Vieja, existen diferentes tipos de cultivos de cambur y siembra de pasto, así como bienhechurías constante de una cerca perimetral de alambre de púas con estantillos de madera, un (01) tanque de agua de 30.000 litros aproximadamente y un portón de hierro.

DE LAS PRUEBAS PRACTICADAS POR ESTE TRIBUNAL
PARA LA COMPROBACION DE LOS HECHOS

INSPECCION JUDICIAL

En fecha 12 de diciembre de 2016, este Tribunal se constituyó en el lote de terreno objeto de la Medida y practicó inspección judicial, la cual es de tenor lo siguiente:

(…), En horas de despacho del día de hoy LUNES DOCE (12) DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL DIECISEIS (2016), siendo las (11:40 ) de la mañana, se trasladó y constituyó éste Tribunal en presencia del Juez Abg. ALONSO E. BARRIOS A., la Secretaria Abg. MARYELIS D. DURAN R, y el alguacil WILLIAN PARRA, sobre unas bienhechurías las cuales se encuentran enclavadas en un lote de terreno que en decir de los solicitantes es o fue del Instituto Nacional de Tierras (INTI), el cual mide aproximadamente QUINCE HECTAREAS CON DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA METROS CUADRADOS (15 HAS 2970 MTS2), las bienhechurías consiste en una cerca perimetral de alambre de púa con estantillos de madera, un tanque de agua de 30.000 litros aproximadamente, un portón de hierro, 20 matas de cambur y sembrada de pasto, dichas bienhechurías están ubicadas en el Sector Torrellero II, Parroquia Sarare, Municipio Simón Planas del Estado Lara, el cual se encuentra dentro de los siguientes linderos: NORTE: Con terrenos ocupados por Ramón Pérez Soto; SUR: Con terrenos ocupados por José Adahil Sandoval; ESTE: Terrenos INTI y vía principal el Torrellero II; OESTE: Cerro la vieja. Se deja constancia que se encuentran presentes los Solicitantes, ciudadanos: LORENA RUIZ BLANCO e IBRAHIM IBRAHIM DEBSIE, Venezolanos, mayores de edad, titular de la cédula de identidad Nros:11.593.499 y 13.033.341, asistidos por el Abogado KHARLIE CANIGIANI inscrito en el Inpreabogado bajo el No. 102.107. Se deja constancia que se encuentra presente el ciudadano CARLOS CHIRINOS, titular de la cédula de identidad Nº:7.301.437, funcionario adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, quien fue designado como Experto para acompañar al Tribunal durante la Inspección Judicial, quien ha sido juramentado para tal fin. Acto seguido, el Tribunal dio inicio a la inspección bajo los parámetros previstos en el artículo 472 del Código de Procedimiento Civil y 1429 del Código Civil Venezolano, se procedió a recorrer el lugar con el auxilio del Experto a fin de dejar constancia de las bienhechurías existentes en el lote de terreno objeto de la Solicitud. Seguidamente el Tribunal deja constancia que una vez recorrido el lote de terreno objeto de la Solicitud, se constató que en el mismo existen las siguientes bienhechurías: Cerca perimetral de alambre de púa con estantillos de madera, un tanque de agua de 30.000 litros aproximadamente, un portón de hierro, 20 matas de cambur, siembra de pasto y dos (02) hectáreas de maíz. Se deja constancia que para el desarrollo de la inspección se utilizó una cámara filmadora marca SONY, número de control interno 133, bien nacional 03-24, serial Nº: 958525. Es todo, terminó, se leyó y conformes firman.”

DE LOS PODERES DEL JUEZ AGRARIO PARA DICTAR MEDIDAS AUTÓNOMAS

Todo Juez Agrario a quien corresponda tomar una decisión en un controvertido o en un futuro conflicto, cuyo sustrato se encuentre regido por disposiciones de orden público, en particular, en materia agraria y ambiental está en la obligación de dictar las medidas que considere convenientes para resguardar la seguridad a la soberanía agroalimentaria, la protección al medio ambiente y la protección de la biodiversidad.
Tal es la preocupación del legislador, de semejante aspecto de derecho material, que la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, en su artículo 196, establece el desarrollo Constitucional de la Garantía que nos impone la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en su artículo 127, cuando dispone lo siguiente:

“El juez o jueza agrario debe velar por el mantenimiento de la seguridad agroalimentaria de la Nación y el aseguramiento de la biodiversidad y la protección ambiental. En tal sentido, el juez o jueza agrario, exista o no juicio, deberá dictar oficiosamente las medidas pertinentes a objeto de asegurar la no interrupción de la producción agraria y la preservación de los recursos naturales renovables, haciendo cesar cualquier amenaza de paralización, ruina, desmejoramiento o destrucción. Dichas medidas serán vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento del principio constitucional de seguridad y soberanía nacional”. (Negritas y subrayado de este Tribunal).

El objeto de este articulado, es la pretensión preventiva, que consiste en que se adopten medidas tendentes a asegurar la efectividad de la tutela judicial. En el poder cautelar agrario se contempla la posibilidad de que el Juez Agrario pueda dictar oficiosamente medidas autónomas provisionales orientadas a proteger el interés colectivo.
Estas medidas tienen por objeto la protección de los derechos del productor rural, de los bienes agropecuarios, la utilidad pública de las materias agrarias, así como también, la protección del interés general de la actividad agraria, cuando considere que se amenaza la continuidad del proceso agroalimentario y se pongan en peligro los recursos naturales renovables y a la biodiversidad.
Estas medidas autónomas judiciales son de carácter provisional y se dictan para proteger un interés de carácter general y por su naturaleza son vinculantes para todas las autoridades públicas, en acatamiento al principio constitucional de seguridad y soberanía nacional.
En este orden la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, con ponencia del Magistrado Francisco Antonio Carrasquero López, en el expediente número 03-0839, de fecha nueve (09) de mayo de dos mil seis (2006), estableció con respecto al artículo 207 (ahora 196) de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, lo siguiente:
“(Omissis)…La referida materia, según estableció esta Sala en sentencia del 16 de marzo de 2005 (caso: “Asociación Cooperativa Agrícola y de Usos Múltiples, “Valle Plateado”), criterio que hoy se ratifica, constituye una actividad que al garantizar la “seguridad alimentaria” de la población (en los precisos términos de los artículos 305 y 307 de la Constitución vigente), se encuentra sometida en mayor o menor grado a un régimen estatutario de derecho público que ha sido objeto de tutela por parte del legislador, no sólo mediante una serie de medidas relacionadas directamente con el régimen sustantivo de los derechos vgr. La afectación de uso y redistribución de las tierras, sino mediante la creación de una jurisdicción especial que permita a los particulares un acceso directo a órganos jurisdiccionales especializados; que estén en capacidad de atender con criterios técnicos, sus necesidades frente a las actividades u omisiones de la Administración, tomando en consideración el interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. (Cfr. Artículo 1 del Decreto con Fuerza de Ley de Tierras y Desarrollo Agrario).
Con el referido criterio, la Sala evidenció que, el legislador viene a reforzar la protección jurídico-constitucional de los particulares a través de normas garantistas de los derechos amparados por la Constitución, favoreciendo la tutela judicial efectiva y protegiendo para el presente caso, la vigencia y efectividad del derecho a la seguridad agroalimentaria en pro del interés general de asentar las bases del desarrollo rural integral y sustentable, asegurando la vigencia efectiva de los derechos de protección ambiental y agroalimentario de la presente y futuras generaciones. Todo en el contexto de la actuación eficaz del Poder Público, donde los órganos y entes del Estado gestionan efectivamente sus competencias, fomentando la consolidación del principio de paz social, el bien común y la convivencia, en un medio ambiente armónico.
CONSIDERACIONES DE HECHO Y DE DERECHO PARA DECIDIR
En importante y se hace preciso señalar que la cuestión agroalimentaria en Venezuela ha conducido a que el legislador venezolano preocupado y comprometido con el proyecto revolucionario, de lograr un Desarrollo Rural Sustentable, un Desarrollo Económico del Sector Agrícola y en fin, un Desarrollo Humano integral, construya apreciables instrumentos jurídicos, destinados a la protección y cumplimiento de la Seguridad y Soberanía Alimentaría como derechos sociales indispensables para la concreción de los más altos fines del Estado, tales como la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario y también la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria publicada en gaceta oficial extraordinaria Nº 5.889 del treinta y uno (31) de julio de 2008 según Decreto Nº 6.071 del catorce (14) de mayo de 2008 en el cual en su artículo 3 y artículo 5 respectivamente se definen los principios sociales de Soberanía y Seguridad Alimentaria, de la siguiente manera:
“Articulo 3: La Soberanía agroalimentaria es el derecho inalienable de una nación a definir y desarrollar políticas agrarias y alimentarias apropiadas a sus circunstancias especificas, a partir de la producción local y nacional, respetando la conservación de la biodiversidad productiva y cultural, así como la capacidad de autoabastecimiento priorizado, garantizado el acceso oportuno y suficiente de alimentos a toda la población…”
“Articulo 5”: La seguridad agroalimentaria es la capacidad efectiva que tiene el estado, en correspondencia con el sector agroalimentario nacional, para garantizar a toda la población, la disponibilidad, acceso, intercambio y distribución equitativa de los alimentos de manera estable, que aseguren las condiciones físicas y emocionales adecuadas para el desarrollo humano integral y sustentable, considerando el intercambio, la complementariedad y la integración económica entre los pueblos y naciones como elemento especial que garantiza el derecho a la alimentación …”

En este mismo orden de ideas, se resalta que el espíritu protector de los jueces agrarios es la efectiva tutela judicial postulado en el artículo 26 de nuestra Constitución, y fundamentalmente el deber de garantizar el goce y ejercicio de los derechos constitucionales. De manera que son dos principios centrales sobre los cuales se sustenta la tarea juzgadora de los jueces agrarios, tales como la protección de la producción agraria cuando ésta se vea menoscabada o amenazada de paralización, ruina, destrucción e, incluso, el desmejoramiento; y la efectiva tutela judicial que los órganos jurisdiccionales deben ofrecer a quienes acuden en búsqueda de justicia, y así lo ha establecido la Sala Político Administrativa en reciente sentencia n° 476 de 13 de abril de 2011 (Caso: Hidrológica Venezolana, C.A., exp. 10-0392) con ponencia del Magistrado Emiro García Rosas, en la cual entre otras cosas se expresa lo siguiente:
“(…) En virtud de lo expuesto, cabe destacar que en reiteradas oportunidades ha expresado la Sala que la garantía de la tutela judicial efectiva, prevista en el artículo 26 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, no se agota con el libre acceso a los órganos de administración de justicia, ni con la posibilidad de obtener un pronunciamiento expedito o de hacer efectiva la ejecución de un fallo, sino también con la protección anticipada de los intereses y derechos en juego, cuando éstos se encuentren apegados a la legalidad. Por tal razón, el ordenamiento jurídico coloca a disposición de los justiciables un conjunto de medidas de naturaleza preventiva, destinadas a procurar la protección anticipada de quien acude a juicio alegando ser titular de una posición o situación jurídico-subjetiva susceptible de ser protegida, de forma tal que el transcurso del tiempo no obre contra quien tiene la razón (Vid. Sentencia de esta Sala Nº 05653 del 21 de septiembre de 2005).
Asimismo, se ha señalado que el poder cautelar debe ejercerse con estricta sujeción a las disposiciones legales que lo confieren, en razón de lo cual la providencia cautelar sólo se concede cuando haya en autos medios de prueba que constituyan presunción grave de la existencia concurrente del riesgo manifiesto de quedar ilusoria la ejecución del fallo y del derecho que se reclama (…)”.
Y es que en efecto para lograr ambos propósitos arriba mencionados, las diversas leyes agrarias han dotado a los jueces agrarios de un poder cautelar especial para intervenir, a solicitud de parte o de oficio, de manera preventiva para evitar que, efectivamente se cause un daño irreparable o de difícil reparación, a los bienes jurídicos tutelados por el Derecho social agrario.
En este mismo orden de ideas, de la norma contenida en la Ley especial que rige la materia, tal como lo es la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, se desprende el régimen que se debe seguir respecto de las solicitudes de protección agrarias, por lo que tales medidas deben resultar cónsonas con los intereses efectivamente tutelados por el derecho, por ello resultan extensivas tanto al interés social y colectivo, al entorno social, así como a los bienes de producción agrícola; estas medidas se dictan fundamentalmente en resguardo del interés del social y colectivo.
Así pues, con fundamento en la Inspección Judicial realizada conjuntamente con el Experto adscrito al Ministerio del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, así como en cumplimiento y acatamiento de las normas constitucionales previstas en los artículos 305, 306 y 307 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículos 3 y 5 de la Ley Orgánica de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria y 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, todo en función de velar por la Soberanía y Seguridad Agroalimentaria del país considera este juzgador, procedente lo solicitado y en consecuencia Decretar la Medida de Aseguramiento a la Continuidad de la Producción Agrícola solicitada por los Ciudadanos LORENA RUIZ BLANCO E IBRAHIM IBRAHIM DESBIE, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N°: V-11.593.499 y V-13.033.341, debidamente asistidos por la Abogada ELSY BEATRIZ ALVAREZ GARCIA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 136.032, sobre un lote de terreno ubicado en el sector Torrellero II, Parroquia Sarare, Municipio Simón Planas del Estado Lara, constante de una superficie de QUINCE HECTAREAS CON DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA METROS CADRADOS (15 HAS 2700 M2), alinderado de la siguiente manera: NORTE: con terrenos ocupados por Ramón Pérez Soto; SUR: con terrenos ocupados por José Adahil Sandoval; ESTE: terrenos del I.N.T.i y vía principal el Torrellero II; OESTE: cerro La Vieja. Dicha medida recae sobre: veinte (20) matas de cambur y siembra de pastos, así como bienhechurías constantes de una cerca perimetral de alambre de púas con estantillos de madera, un (01) tanque de agua de 30.000 litros aproximadamente y un portón de hierro. Así se decide.-

DECISION:

Por todos los fundamentos de hecho y de derecho antes expuestos este Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, con sede en Barquisimeto, administrando justicia, actuando en nombre de la República Bolivariana de Venezuela y por autoridad de la ley decide:

PRIMERO: SE DECRETA Medida de Aseguramiento a la Continuidad de la Producción Agrícola solicitada por los Ciudadanos LORENA RUIZ BLANCO E IBRAHIM IBRAHIM DESBIE, Venezolanos, mayores de edad, titulares de las cédulas de identidad N°: V-11.593.499 y V-13.033.341, debidamente asistidos por la Abogada ELSY BEATRIZ ALVAREZ GARCIA, inscrita en el Inpreabogado bajo el No. 136.032, sobre un lote de terreno ubicado en el sector Torrellero II, Parroquia Sarare, Municipio Simón Planas del Estado Lara, constante de una superficie de QUINCE HECTAREAS CON DOS MIL SETECIENTOS NOVENTA METROS CADRADOS (15 HAS 2700 M2), alinderado de la siguiente manera: NORTE: con terrenos ocupados por Ramón Pérez Soto; SUR: con terrenos ocupados por José Adahil Sandoval; ESTE: terrenos del I.N.T.i y vía principal el Torrellero II; OESTE: cerro La Vieja. Dicha medida recae sobre: veinte (20) matas de cambur, siembra de pastos y dos hectáreas de maíz, así como bienhechurías constantes de una cerca perimetral de alambre de púas con estantillos de madera, un (01) tanque de agua de 30.000 litros aproximadamente y un portón de hierro.
SEGUNDO: La presente medida tendrá una vigencia de ocho (08) meses contados a partir de la publicación de la presente decisión.

TERCERO: Se prohíbe a terceras personas, realizar actividad alguna que genere la interrupción de la producción agrícola.

CUARTO: A los efectos de salvaguardar los Derechos de terceros, se ordena fijar en las puertas del Tribunal Cartel de Notificación a cualquier tercero interesado del decreto de la presente medida conforme a lo establecido en el artículo 602 del Código de Procedimiento Civil.

QUINTO: Notifíquese de la presente decisión, a la Oficina Regional de Tierras (ORT), del Estado Lara.

SEXTO: Notifíquese mediante oficio al Comandante del Destacamento 121 del Comando de Zona 12 de la Guardia Nacional Bolivariana, a los fines de su conocimiento de la Presente Medida y a su vez hacer el llamado a todas las autoridades del Estado y fundamentalmente los organismos de la Fuerza Pública que se encuentran en la obligación de hacer respetar y cumplir la presente medida dictada por este Juzgado Primero de Primera Instanciar Agrario, en virtud de que la misma es vinculante para todas las autoridades públicas, en acatamiento del Principio Constitucional de Seguridad y Soberanía Nacional, de conformidad con el artículo 196 de la Ley de Tierras y Desarrollo Agrario, 21 del Código de Procedimiento Civil y 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

Publíquese, regístrese y déjese copia certificada a los fines previstos en el artículo 248 del Código de Procedimiento Civil.

Dada, sellada y firmada en la Sala de Despacho del Juzgado Primero de Primera Instancia Agrario de la Circunscripción Judicial del Estado Lara, a los catorce (14) días del mes de diciembre del año dos mil dieciséis (2016).

El Juez,
La Secretaria,

Abg. Alonso E. Barrios A. Abg. Maryelis Duran